Comunicado de prensa del diputado Gustavo Penades sobre MIDES

“200 millones de dólares por año divididos entre la población vulnerable es mucha plata. No está claro cómo se gasta y si la gente mejora su vida”

El MIDES podrá gastar más de mil millones de dólares en cinco años pero no está claro cómo lo hará” dijo el diputado Gustavo Penadés luego de recibir a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Según el diputado Penadés  “los estudios dicen que 20% de la población de clase media vulnerable está en condiciones de caer en pobreza” y agrega que para el Banco Mundial “clase media en Uruguay son las personas que ganan $ 300 por día y  hay 445.000 trabajadores que ganan $ 15.000”.

El Frente Amplio maneja las cifras alegremente y el Ministerio de Desarrollo Social maneja los recursos de los uruguayos como si tuviera la obligación de repartirlos. Lo cierto es que después de tantos años la realidad es “cuando la economía mejoró y apareció trabajo fue el trabajo lo que hizo que la gente mejorara y no las políticas estatales”.

Penadés se alegró de que el gobierno decidiera parar las contrataciones de organizaciones suministradoras de personal en el MIDES, pero dijo que hay cosas que no están bien explicadas”. “200 millones de dólares por año divididos entre la población vulnerable es mucha plata. No está claro en que se gasta”

 

Corruptio optimi

Un perro no tiene más derechos que una oveja”, dijo el filósofo (transitoriamente al mando del Ministerio de Ganadería y Agricultura) Tabaré Aguerre. Y mucha gente aplaudió.

El aplauso tenía justificación, porque lo que el ministro Aguerre estaba diciendo es que, finalmente, el Estado va a tomar medidas ante el grave problema de las jaurías que andan sueltas en el campo. Pero eso no oculta lo excedido de la retórica empleada.

La verdad es que ni los perros ni las ovejas tienen derechos. Y la razón por la que no los tienen es la misma por la que tampoco tienen deberes: no son, ni nunca van a ser, ni nunca hubieran podido ser, agentes morales. Decir que una oveja tiene derechos es tan extraño como decir que un perro tiene el deber de respetar su vida o su integridad física. Eso no quita que nosotros tengamos deberes hacia los animales (por ejemplo, el deber de no hacerlos sufrir innecesariamente). Pero los que tenemos deberes somos nosotros, que somos agentes morales. Y esos deberes nos obligan aunque los animales no tengan derechos. También tenemos el deber moral de cumplir nuestras promesas, aunque los demás no puedan invocar un derecho general a verlas cumplidas.

Las palabras del ministro Aguerre, y la aceptación del auditorio, reflejan un fenómeno muy extendido en estos días: la inflación retórica a la hora de justificar nuestras preferencias y decisiones. Parecería que el gobierno ya no es capaz de justificar sus políticas sin invocar los derechos de alguien. Y parecería que ya no es posible plantear una reivindicación sin ponerse en ejecutor de los mandatos de la justicia universal. El lenguaje del interés legítimo ya no es empleado ni por las organizaciones más ferozmente corporativas.

Alguien podría pensar que todo esto es una cuestión de palabras, pero la verdad es lo contrario. La inflación retórica conduce a una devaluación de los términos empleados. A esta altura, que alguien utilice la palabra “derecho” solo indica que está expresando un deseo muy fuerte o un objetivo que se ha propuesto defender con uñas y dientes. Pero no todo lo que deseamos es un derecho ni todos los objetivos que nos proponemos, por legítimos que sean, pueden traducirse a ese lenguaje. Ni siquiera existe un derecho a ser felices, que es lo que en última instancia más nos importa. Lo que existe es el derecho a buscar la felicidad sin quedar sometidos a prohibiciones u obligaciones arbitrarias que otros quieran imponernos. Pero el resultado no está asegurado.

Cuando todo pasa a ser un derecho, nada es un derecho. El filósofo Ronald Dworkin lo decía con una imagen muy elocuente: los derechos son como los comodines, es decir, cartas con un efecto muy poderoso que solo podemos usar en ciertas situaciones. Un mazo compuesto únicamente de comodines es lo mismo que un mazo sin comodines. Por eso conviene que haya pocos, pero que sean fuertes y respetados.

Si seguimos como hasta ahora, terminaremos por vaciar la palabra “derecho” de todo contenido. Y la historia nos enseña lo que ocurre cuando los derechos dejan de ser tomados en serio, ya sea por los gobiernos o por organizaciones políticas que se sienten llamadas a cambiar la historia: todos quedamos radicalmente desprotegidos.

Los antiguos romanos tenían un dicho muy sabio: “corruptio optimi pessima”. La corrupción de lo mejor es lo peor. Ese es el riesgo que estamos corriendo.

 

Pablo Da Silveira

Edil Diego Rodríguez reabre el debate por cuidacoches.

El edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón envió un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para conocer datos oficiales sobre la cantidad de “cuidacoches” que hay en la capital y la forma en la que se asignan las zonas para realizar esta tarea.

El legislador departamental también pretende saber detalles del contralor que ejercen los inspectores municipales y las sanciones que se hayan aplicado a quienes incumplen la normativa vigente.

Rodríguez dijo a El País que hace tiempo viene recibiendo quejas de parte de vecinos por abusos que cometen “cuidacoches”, algunos de los cuales ni siquiera están registrados en la Intendencia de Montevideo.

“Hay actitudes agresivas hacia los conductores que se niegan a entregarles dinero, siendo que además, en la mayoría de los casos, recién se presentan en el momento en que las personas van a proceder a abandonar el lugar de estacionamiento. También hemos encontrado cuidadores de vehículos que exigen el pago de una suma determinada de dinero. En consecuencia, lo que debería ser una propina se transforma en una tarifa única y obligatoria”, sentenció.

En octubre de 2012, la Junta cerró un debate que se prolongó durante meses sobre la labor de los “cuidacoches” y “limpiavidrios”, sin lograr una legislación al respecto. Según un informe jurídico de la Junta —ya consignado por El País—, la legislación actual “no les confiere funciones de custodia” a los “cuidacoches”, una figura que, al igual que la del “limpiavidrios”, ni siquiera reconoce la Real Academia Española.

 

Fuente: El Pais

Diputado Martín Lema presentó objeciones a los artículos 425, 438 y 439 que tienen como objetivo frenar los juicios que condenan al MSP a entregar a pacientes fármacos caros que el Estado no brinda.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se mostró abierto al diálogo, pero dejó en claro que “ningún país habilita todos los medicamentos que se necesitan”.

Dentro de la bancada oficialista se entiende que el artículo 425 puede ser inconstitucional, según lo advertido por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y el Colegio de Abogados. Ante el riesgo de que sea objetado por la Suprema Corte de Justicia, el Frente Amplio comenzó a negociar una modificación del articulado.

Fuentes de la bancada indicaron a El País que se buscan mecanismos para conciliar el hecho de que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) siga otorgando medicamentos de alto costo y que los jueces determinen quiénes son los que reciben o no tratamiento. Lo que se quiere conseguir es “una solución intermedia”, que permita mantener la estabilidad financiera del sistema de salud, “para que no se desfinancie”, comentó un legislador.

Una alternativa, puede ser incorporar dentro del artículo presupuestal el llamado “riesgo compartido” para que los medicamentos se financien entre las multinacionales y el MSP, tal como sucede en otros países. La oposición pidió retirar el artículo 425 del Presupuesto, pero el Frente se niega, aunque sí está dispuesto a flexibilizarlo.

El ministro de Salud, Jorge Basso, explicó ayer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que el MSP ya viene negociando con la industria farmacéutica la posibilidad de firmar “acuerdos de riesgo compartido” para la incorporación de medicamentos de altísimo costo que cuentan con suficiente evidencia científica.

Basso se mostró “abierto al diálogo”, aunque insistió en que “ningún país del mundo habilita todos los medicamentos que se necesitan, porque hay medicamentos de altísimo costo”.

“Lo que aspiramos es a que esto que está vinculado a una serie de decretos se consolide con la defensa de un instrumento, que es la posibilidad de adquirir medicamentos de alto costo cuando exista evidencia que esté vinculada a resultados y que el sistema lo pueda sostener. Esto es un tema planetario, algunos países de primer mundo que han incorporado medicamentos sin esta metodología los han tenido que retirar, porque no lo pueden sostener”, afirmó Basso. Pese a ello, el ministro dijo estar abierto al diálogo y dispuesto a “revisar la redacción” del articulado.

Según el ministro, la industria es la que debe “hacerse cargo” de financiar los tratamientos con medicamentos que todavía no fueron aprobados y están en investigación.

Puja por fármacos.

Existe una lista de medicamentos que los prestadores de salud están obligados a dar y otros, de alto costo, que deben ser brindados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) en caso que el paciente no pueda comprarlos.

El detalle está en que el FNR solo entrega aquellos fármacos que están dentro del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Cuando no está en la lista, los pacientes no tienen otra alternativa que hacer juicio, primero al FNR y luego al MSP, que tiene a su cargo la modificación del Formulario y la gobernanza del Fondo.

Los abogados, algunos médicos y sobre todos los pacientes, sostienen que la medicina va a una velocidad y los cambios en el FTM —que se modifica una vez año— a otra. Desde el gobierno se señala que se pagan casi todos los medicamentos de alto costo para los que está probada su eficacia, y que solo se niegan algunos por razones económicas.

El tema de la supuesta “judicialización” ha llevado al MSP a llevar adelante distintas estrategias. En la anterior administración, cuando la ministra era la hoy presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, se hicieron “talleres” para jueces, los cuales fueron criticados por abogados de pacientes.

Antes de dejar el cargo, Muñiz firmó una ordenanza donde se daba la lista de algunos medicamentos que no iban a entrar al FTM, algo que no había pasado jamás —las listas al formulario son siempre positivas, no negativas. Esto hizo que más jueces, basándose en la ordenanza, fallaran a favor del MSP. Por úl-timo, ya en esta administra- ción, en el proyecto de ley de Presupuesto se propuso el ar- tículo 425.

En los últimos diez años, se demandó al Ministerio de Salud Pública MSP en 176 oportunidades, y en 138 al FNR por medicamentos de alto costo, según un informe elaborado para el Banco Mundial y Saluderecho al que accedió El País.

Semanas atrás se hizo conocido el caso de Agustín Cal, un niño de 10 años, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral en 2012. Tras recibir radio y quimioterapia, este año le realizaron una intervención quirúrgica en EE.UU. y empezaron a aplicarle un tratamiento no experimentado. Para volver a Uruguay, la familia pedía que el MSP le pague la droga que necesita el niño. Se trata de Trastazumab. Los Cal perdieron el juicio en primera instancia que le hicieron al MSP y luego apelaron y le mandaron una carta el presidente. El mismo día que la Justicia falló a favor de Cal, Vázquez autorizó que le den el medicamento.

La semana pasada, los padres de Agustín Graña, un joven de 20 años también con un tumor cerebral, luego de perder en segunda instancia con el MSP, reclamaron al mandatario el medicamento Bevacizumab, que según los estudios clínicos que le fueron aplicados le estaría dando buenos resultados.

“Los artículos son inconstitucionales”

El diputado nacionalista Martín Lema presentó ayer, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, objeciones a los ar- tículos 425, 438 y 439 que tienen como objetivo frenar los juicios que condenan al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar a pacientes, la mayoría de ellos enfermos de cáncer, fármacos caros que el Estado no brinda.

Lema opinó que estos artículos son “groseramente inconstitucionales, porque violan varias normas consagradas en la Constitución y lo único que hacen es seguir profundizando la injusticia en el acceso a medicamentos de alto costo”.

“Le manifestamos al Ministerio de Salud Pública y al resto de los legisladores que lo único que intentan estos artículos es impedir la ola de sentencias que están en contra del Ministerio de Salud Pública”, acotó.

 

Fuente: El País