Educación y las baldosas.

La educación pública tocó fondo. Los episodios del martes de noche durante la desocupación del edificio del Codicen desnudaron sin piedad la destrucción de algo más que una oficina pública: colapsó el sistema. Ni el propio Vázquez se imaginaba que su error de 2010 con la nefasta ley de Educación llevaría a tal grado de destrucción a la enseñanza pública.

La transferencia del poder a las corporaciones desató una lucha política entre algunos grupos primero y grupúsculos radicales después, que sometió al olvido a los estudiantes y docentes que en su mayoría están muy lejos de donde se decide. Los que estaban el martes de noche no representan a nadie.

El año lectivo 2015 será testimonial, casi perdido.

Vázquez decidió en este mandato que en el Codicen no esté la oposición. Otra enorme equivocación. Si no fuera así hoy habría alguien sensato sentado ahí. Tenemos un Codicen con un presidente que da pena: sin liderazgo, sin ideas, y lavándose las manos para quedar bien con un grupito sin tener el valor de defender a sus estudiantes y sus docentes, que por miles y miles están de rehenes de unos pocos radicales y también de autoridades con intelecto tembloroso. En medio de la desocupación para lo único que se lo sintió fue para decir que él no tenía nada que ver.

Me acuerdo del año 1985 durante la ocupación del IPA. Fue hasta el edificio de Avda. del Libertador el presidente del Codicen de la época y solicitó a los dirigentes gremiales que se liberara la sede. Como no se aceptó, él mismo, con su pequeño físico, sombrero en mano, lo desalojó encabezando a la Policía. No mandó a nadie, él asumió la responsabilidad. Recibió algún insulto, pero sabía que él era responsable de lo que pasara. No hubo un solo altercado físico. La autoridad era don Juan Pivel Devoto que además de presidente del Codicen, primero era docente y por lo tanto, quienes ocupaban eran “sus” estudiantes. Comparar impresiona.

Hablemos del desalojo.

No ha salido nadie del FA a respaldar el procedimiento. Les quema el tema. Acá hay una cuestión principal y es si se actuó de acuerdo a Derecho. No hay que olvidarse que de hay una norma que prohíbe expresamente la ocupación de oficinas públicas y prevé el inmediato desalojo. Esto lo saben los ocupantes y saben que los desalojos los hace la Policía, no un coro de niños cantores. La acción policial fue proporcional y medida frente a quienes estaban para agredir.

Hay grupos que necesitan su bautismo de fuego y dan manija a algunos jóvenes para eso. Muchos pensaban en su intifada propia. Querían a un muchacho herido seriamente o peor, y no pasó de un bastonazo. Se encontraron a una Policía que actuó con prudencia, nada al lado de lo que se puede ver en un estadio cualquier fin de semana. Sería bueno, además, citar a los padres de los ocupantes y hacerlos responsables de que paguen lo que sus hijos destrozaron (el decreto hace responsable a los ocupantes por las roturas). Es un acto educativo básico. No se puede romper todo y después pedir más presupuesto.

Los uruguayos depositamos más de 2.000 millones de dólares al año en la educación, no para que un grupito con un pañuelo tapándose la cara y una baldosa en la mano terminen siendo la imagen más patética de un sistema que se derrumbó.

El pecado original es la ley de Educación de Vázquez. No hay que quejarse del chancho después de haberle rascado tantos años el lomo.

 

Javier García

Juristas cuestionan proyecto que exime al Estado de pagar medicamentos. Semanario Búsqueda

Varios videos muestran testimonios de pacientes con cáncer. “Cuando tu vida no vale lo suficiente. Las personas detrás de la ecuación costo beneficio”, dice un sobreimpreso. “La lucha mía no es contra el cáncer, porque están los medicamentos para curarlo”, declara Daniel Lorenzo, un paciente con un tumor en el pulmón. Después explica que ganó un juicio contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder a los fármacos, pero los perdió en la apelación del Estado a la sentencia. “Me condenaron a muerte, y mal, porque estoy vivo. Estoy demostrando que los remedios funcionan”, agrega. “El Estado abandona a sus enfermos”, culmina el spot. En otro video aparecen personajes mediáticos locales —como los cantantes Gucci y el Fata Delgado y el humorista Waldo— sosteniendo un papel con un mensaje. “Ellos no dejan solos a los más vulnerables. ¿Vos qué vas a hacer?”, se lee abajo en la pantalla.

Todo esto forma parte de una intensa campaña en contra de uno de los artículos previstos en el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento por el MSP. El artículo de la discordia es el 425, que prevé exonerar al Estado de la responsabilidad de financiar medicamentos de alto costo, ya que limita exclusivamente la cobertura de aquellos que estén protocolizados en el Formulario Terapéutico Médico (FTM).

La campaña es impulsada por la Clínica de Litigio Estratégico y el equipo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. “Al 425 borralo”, es la consigna de la iniciativa que denuncia que si se aprueba el artículo, los pacientes deberán recorrer el largo camino de anteponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para acceder a los fármacos para su tratamiento.

Anoche, en una mesa redonda organizada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el polémico artículo también estuvo en el centro del debate y recibió cuestionamientos. “El 425 me parece una aberración. Pero la forma como venimos funcionando es igualmente aberrante. Termina un 5% o 10% accediendo a un tratamiento a través de la acción judicial que desquicia todo y también termina dándoles a los jueces el rol de coadministradores del sistema de salud, cuando los jueces no están para eso”, opinó el abogado Daniel Ochs, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Católica.

“Este es un mecanismo de adaptación negativo frente al problema. El problema tiene una gravedad y una entidad suficiente como para que, quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante las políticas públicas, lo resuelvan por positiva. Es decir, con soluciones propositivas, no con propuestas y fórmulas castrantes como esta”, agregó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y asesor del SMU, Juan Delpiazzo.

“Ojo, no por ser abogados reivindicamos la solución judicial de los temas. Ojalá no hubiera que ir a un juez para que un paciente acceda a un medicamento o tratamiento, pero resulta que en vez de ver cómo solucionamos el problema le ponemos un obstáculo al juez, una norma que la va a impedir resolver como ahora está resolviendo”, detalló Delpiazzo.

Ochs coincidió. Dijo que los cambios previstos por el MSP “en lugar de atender la solución de base del problema” le ponen “una traba al juez” con “una norma que limita la responsabilidad del Estado”. “Le va a impedir fallar a favor y lo va a obligar —si no se interpone la excepción de inconstitucionalidad— a plantearla él de oficio para que la Corte resuelva. El que redactó la norma, que no sé quién es, seguramente sabe lo que dura un proceso de inconstitucionalidad. Y si la finalidad es presupuestal, el tiempo juega a favor. No se va a necesitar realizar ese gasto cuando salga la sentencia, es lo grave de que un poder se inmiscuya en otro”.

“Queremos que se redacte otro 425 distinto, que en vez de limitar la responsabilidad del Estado diga cómo va a hacer el Estado para encarar esta situación sin necesidad de que haya que llegar a la Justicia”, desafió Ochs.

El artículo 425 “afecta la calidad del Estado de derecho”, afirmó Delpiazzo. El “Estado existe por y para sus habitantes”, que son “el centro de su sistema jurídico y no un adversario y menos un enemigo”, explicó.

“Sin animosidad, crispa, enerva. Sí es verdad que hay medicamentos de alto costo y tratamientos de alto costo, tenemos que ver como colectividad organizada en el Estado cómo atenderlos y no, al contrario, generar un elemento de terrible desigualdad entre el que va a poder pagarlo y quien no, quien va a ir a Argentina o a Brasil y quien no”.

“Mejorar la redacción”. 

El tema fue ampliamente discutido el lunes 14 durante la comparecencia del ministro de Salud, Jorge Basso, en la Comisión de Presupuesto. “El artículo 425 es groseramente inconstitucional. Lo primero es que no se cumple con el artículo 216 de la Constitución, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con materia presupuestal”, le reprochó el diputado blanco Martín Lema durante el encuentro. También dijo que “se violan otros artículos de la Constitución: el 12 y el 72 —debido proceso, libre acceso a la Justicia, tutela jurisdiccional—; el 8, principio de igualdad, en este caso entre los que lograron promover acciones de amparo; el 24 y el 44 (…). Realmente, la violación es tajante y alarmante”.

Lema denunció además que, si bien el artículo propuesto por el MSP busca “frenar la ola de sentencias que tiene en contra”, por otro lado, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 establece un “presupuesto importante” para amparos por sentencias judiciales. “Es decir que se está consintiendo que habrá gente que, a través de los amparos —con pérdida de tiempo, con desgaste familiar, con estrés psicológico, con estrés afectivo—, obtendrá estos medicamentos oncológicos por sentencias judiciales”. El presupuesto asignado por año para los amparos es de $ 91.256.000.

El ministro Basso respondió en el Parlamento que tiene “disposición” a “mejorar la redacción” del artículo. Pero defendió la política que busca reducir la judicialización del acceso a los fármacos. “El país necesita sostener una política sanitaria a partir de una propuesta que consolide que los medicamentos que ingresan —que son financiados por toda la sociedad y apuntan a ayudar a los pacientes que tienen patologías que no tienen cura, pero pueden mejorar la calidad de vida o prolongársela— estén basados en fundamentos científicos de costo-efectividad, sosteniendo el sistema de salud”.

Fuente: Semanario Búsqueda