Martín Lema elevó un pedido de informes para conocer la cantidad de establecimientos de larga estadía para adultos mayores habilitados por el MIDES

Reclaman al Mides por hogares de ancianos

Al tiempo que se supo que el Ministerio de Desarrollo Social encontró 25 hogares de ancianos que no estaban en condiciones de funcionar, y luego de conocerse la noticia de que una anciana en Salto, que había sido internada por su esposo e hijos en un residencial para la tercera edad, murió tras pasar hambre, frío y ser atada a una silla durante varios meses según las pesquisas juidiciales, el diputado nacionalista Martín Lema elevó un pedido de informes a la titular del Mides, Marina Arismendi, para conocer la cantidad de establecimientos de larga estadía para adultos mayores habilitados por el Mides, discriminándose en “hogares” y “residencias” según la diferenciación efectuada por ley.

El legislador reclamó también información respecto a la cantidad de inspecciones realizadas por el Mides y el resultado que de ellas se obtuvieron, respecto a establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

También la cantidad y tipo de sanciones aplicadas por el Mides a establecimientos de larga estadía para adultos mayores, además de indicar los procedimientos que se siguen para realizar la tarea de fiscalización y de seguimiento de medidas correctivas que pudieran corresponder.

El Mides, en un año y medio de trabajo, amplió su base de datos sobre hogares para personas de la tercera edad de 480 a 1.030 hogares.

La directora de Inmayores, Adriana Rovira, dijo que se logró relevar tanta información utilizando herramientas alternativas a los registros formales o la información que llega en la denuncias y resaltó la importancia de las organizaciones civiles y otros actores que aportaron datos sobre establecimientos para ancianos que eran de difícil visualización para el Estado.

De los 1.030 hogares registrados, unos 25 no estaban en condiciones adecuadas para intentar la habilitación.

La jerarca aseguró que en caso de que las condiciones de esos establecimientos no estén dadas, se da intervención a la Justicia y se procede al cierre, con la participación del Ministerio de Salud Pública, tomando las medidas pertinentes en función de si existe riesgo de vida o no para las personas que se encuentran en el hogar.

Para el resto de los hogares que no están habilitados se plantea una serie de metas de acuerdo a cada situación, yendo de lo más sustantivo, lo que refiere a condiciones de alojamiento, alimentación higiene, a menos sustantivas como aspectos administrativos.

Bomberos

Uno de los problemas para las habilitaciones de los hogares para ancianos es la autorización del Departamento de Bomberos. La habilitación se otorga por 5 años. El Mides tiene en cuenta la situación de todas las personas independiente de si son mayores o menores de 65 años. La ley 17.066, en su artículo 2, considera adulto mayor a todas las personas mayores de 65 años.

 

Fuente: La República

El diputado Martín Lema cuestionó el hecho de que “el Directorio de ASSE sigue con solo tres miembros del Frente Amplio”.

En su cuenta de Twitter, Lema denunció que “no hay control de gestión y encima no nos contestan los pedidos de informes”.

A su vez, el diputado explicó que los pedidos de informes “no contestados” por el ente refieren a auditorías a empresas tercerizadas e investigaciones administrativas en colonias psiquiátricas.

Respecto al tema, su colega partidaria Adriana Balcarcel criticó que “sigue la joda, lamentable, se desprecia el capital más valioso: la vida”.

Fuente: La República

Pablo Da Silveira sobre la educación: “Estamos en una situación de empantanamiento terrible”

Las opiniones que tiene Pablo Da Silveira del estado actual de la educación pública pueden alinearse en una frase que dijo este viernes en diálogo con El Observador TV: “Estamos empantanados”. El profesor de filosofía política de la Universidad Católica y uno de los directores del nuevo Centro de Estudios del Partido Nacional señaló que “no queda la menor duda que los problemas (en la educación) están todos hiperdiagnosticados”, al tiempo que habló del “poco peso” que tienen las autoridades del Poder Ejecutivo para la ejecución y diseño de políticas educativas.
Sin embargo, reconoció que “los problemas de la educación no comienzan en 2005” aunque recordó que antes del primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se creó la educación de tiempo completo, la educación inicial y los bachilleratos tecnológicos.
Uno de los problemas que atraviesa Uruguay, puntualizó el experto, es la deserción en la educación. “El chico que a los 14 años deja de estudiar va a pagar los verdaderos costos de esa decisión cuando tenga 25 años. Y eso no se ve con tanta facilidad. Ahí hay una responsabilidad de todos para que veamos con claridad la gravedad del problema”, sostuvo Da Silveira, quien días atrás, en una columna publicada por el diario El País narró la historia de Juan, un joven de bajos recursos que pasa de grado a los tumbos y que “en marzo de 2020, cuando Vázquez esté entregando la banda presidencial, Juan habrá cumplido 16 años y es probable que a esa altura haya decidido dejar de estudiar”.
Por otra parte, el militante blanco indicó que se está ante un “problema muy serio” de diseño institucional y que las autoridades que representan a la ciudadanía tienen “poco peso”. “Nunca antes se había declarado la esencialidad de la educación. Nunca antes se había graffiteado el Palacio Legislativo. Y apenas van seis meses”, advertía Da Silveira a través de su cuenta de Twitter el 24 de setiembre.

Senador José Carlos Cardoso denuncia “resoluciones truchas”.

El senador José Carlos Cardoso se refirió a los avances en la Comisión Investigadora de la gestión de Ancap, de la que forma parte en representación de Partido Nacional, junto al denunciante Álvaro Delgado. En lo que respecta al análisis de la publicidad y los contratos, el nacionalista advirtió que “la publicidad del ente tuvo un crecimiento geométrico en 2013 y 2014, años claramente electorales”.

En una columna publicada en Montevideo Portal, Cardoso denunció que “Ancap gastó más de diez millones de dólares en promoción en esos dos años y eso, obviamente, da para pensar”, consideró.

“De un millón y poco pasó a cinco millones y medio en ese plazo que abarca el último año de la gestión de su entonces presidente, Raúl Sendic, que inmediatamente comenzó su campaña electoral que lo llevó a la Vicepresidencia de la República”, recordó el senador.

A su vez, Cardoso aclaró que no pretende debatir “las contradicciones en las que cae la izquierda que siempre criticó los gastos de publicidad y la forma de adjudicación de la misma, pero vale la pena recordarlo”, explicó.

Posteriormente, el nacionalista se refirió a la reciente presentación de “un dato vinculado a la adjudicación de publicidad a una radio de Paysandú, que no había empezado a funcionar y que recibió dinero de Ancap para comprar los equipos, un hecho que luego sus propios responsables reconocieron”, agregó. Cardoso explicó que no se analizará la gestión al frente del ente a la luz de un aviso publicitario, pero sostuvo que a partir de allí se puede desentramar “una mecánica de procedimiento”.

“Si el Directorio de Ancap es capaz de redactar una resolución y darle trámite tomando como punto de referencia cosas inexistentes, si tenemos un ejemplo de ello, la duda que me queda como legislador es cuántas de estas resoluciones y en cuántos asuntos diferentes pudo el organismo haber cometido esta irregularidad que tiene las características de un delito”, planteó Cardoso.

Por último, el senador reafirmó “el concepto de resoluciones truchas, porque si bien la resolución es del Directorio, el contenido es sustancialmente trucho porque se sabía que la radio no estaba al aire”, sentenció.

“La punta del iceberg”

Cardoso lamentó que “estamos todos detrás con nuestros impuestos para sostener este zafarrancho en materia de administración de los dineros públicos, este zafarrancho de gestión en Ancap, que se endeudó para obras que no le rentan porque no da renta el portland ni la cal, pero además el zafarrancho con estas maniobras como las que vimos en el caso Quebracho, que es la punta del iceberg”, advirtió.

Fuente: La República

Montesquieu con muletas

Que el Poder Judicial no sea tenido en cuenta y no se le destine un solo peso en la ley de Presupuesto no es un tema económico, es institucional. Es más que una señal, es un ataque con mano enguantada hacia uno de los tres pilares de la democracia. Es un golpe a la República. El presidente Vázquez dio la orden directa de que no se le diera nada.

Ni un solo artículo aunque no tuviera costo. Para la Ley de Presupuesto el Poder Judicial no existe; quiere decir que no existe para quienes redactaron y firmaron la ley, empezando por el presidente. No es una distracción, es una decisión.

En estos años de Poder Ejecutivo con mayorías propias y absolutas en el Poder Legislativo, el único poder del Estado que no pudo ser controlado por el Frente Amplio a su voluntad fue el Judicial. La Suprema Corte de Justicia decidió con independencia en asuntos que molestaron al gobierno. Todos los gobiernos democráticos coincidieron y discreparon con la Justicia, pero ninguno la ahorcó. En estos períodos del Frente Amplio, con mayor o menor estridencia se la acosó. El episodio de la toma violenta del edificio de la SCJ fue una muestra.

En la cabeza de los dirigentes del Frente Amplio con más poder, no se acepta la independencia de la Justicia, es un tema ideológico. No comparten a Montesquieu y su separación de poderes. A tal punto que están pergeñando un sistema de elección de los ministros de la Corte que pase por el colador de algunas organizaciones que no son más que sellos militantes disfrazados de opinión pública. La senadora Topolansky ha insistido con esto.

Es el mismo esquema que el kirchnerismo usa en Argentina con el llamado Consejo de la Magistratura, que somete a los jueces a sumarios y persecuciones si no se alinean con la voluntad del gobierno. Aquí se quiere hacer lo mismo: hacer desfilar a los jueces por los despachos oficialistas para ponerlos de rodillas pidiendo la bendición y someterlos. Dar esta batalla es oponerse a una idea institucionalmente golpista que terminaría con la separación de poderes y sería el fin de la República y de las garantías individuales.

La SCJ le pidió una entrevista a Vázquez, pero el presidente no les contesta, los ignora. Es todo un signo de los tiempos que corren. El Poder Ejecutivo, enojado con la Justicia por sus decisiones, le pega un portazo. Como tiene además la iniciativa presupuestal, la ahorca económicamente. No le da recursos para jueces, para juzgados, para iniciar los trabajos del nuevo proceso penal, es decir para que el país tenga mejor Justicia y mejor calidad institucional. Quiere una Justicia que acogotada ceda y le diga, por ejemplo, que su Ley de Medios a estudio de la SCJ es constitucional, y con ella pueda someter también a la prensa. Busca despejar el camino sin temor a fallos en contra en estos años. Si se porta bien le tirará unos pesos mediante refuerzo de rubros año tras año, esa es la estrategia oficialista; regularle el presupuesto de acuerdo a como se porte con el gobierno.

Aquí está el centro del funcionamiento democrático: entender los límites del poder y los controles que la República le pone a los poderosos. Vázquez se siente desafiado, y enojado comenzó una cruzada que en Uruguay, por suerte, solo tiene un final: el fracaso. Son años de dictadura y de Justicia amordazada, como para que ahora la encapuchen en democracia.

Javier García

Senador Luis Lacalle Pou convocó al ministro Eleuterio Fernández Huidobro a la comisión de Defensa del senado

Ejército cierra unidad por fuerte recorte presupuestal

Con la oposición del Frente Amplio, la comisión de Defensa del Senado convocó al ministro Eleuterio Fernández Huidobro para conocer la política del Poder Ejecutivo de reducir las Fuerzas Armadas, tal como dispone el proyecto de ley de Presupuesto.

Según el artículo 140 de la iniciativa presupuestal oficial, desde enero comenzará a operarse la reducción del 50% de las vacantes que se produzcan en cargos de soldados y marineros, lo que, según los expertos, determinará el cierre de unidades militares y la imposibilidad de cumplir las actuales funciones primaria y las subsidiarias. De hecho, ya hay una unidad en el centro del país que será cerrada, según anticipó el jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, a senadores blancos.

La propuesta de convocar al ministro fue presentada en la comisión de Defensa del Senado por el senador Luis Lacalle Pou (Todos Hacia Adelante) y apoyada por los colorados. Según contó el senador en la comisión, cuando hace pocos días se entrevistó con el general Manini Ríos analizó esta situación con el jefe del Ejército.

Cuando le preguntó a Manini Ríos sobre el presupuesto “en busca de una explicación lógica de acción, de despliegue territorial, de funciones de las Fuerzas Armadas”, para sorpresa “nos enteramos de que no existe, textual ni verbalmente, una orden sobre dónde recortar, cómo hacerlo y si se adecua a una planificación estratégica”.

Lacalle Pou preguntó si el ministro “informó dónde se suprimirían las vacantes”, porque por otro lado “el presidente de la República avisa que va a aumentar el número de contingentes en las misiones de paz. El comandante en jefe dice que no puede cumplir con las tareas en nuestro país con el personal que ya tiene, pero si al mismo se compromete una mayor presencia de Uruguay en las misiones de paz, es imposible”.

El senador indicó que en su conversación con Manini Ríos el comandante le dio algunas pistas de dónde comenzará el cierre de unidades. Al respecto, Lacalle Pou dijo en la comisión que: “La sola noticia de que en el centro del país un batallón puede tener que cerrar por falta de recursos humanos ya es una novedad compleja, como en el caso del batallón de Santa Clara de Olimar”, donde hay unos 200 efectivos.

En la misma reunión, el senador nacionalista Javier García advirtió que en cuanto a efectivos “estamos en un número límite, catalogándolo de una forma generosa. Inclusive, nuestros asesores nos dicen que con esta reducción será muy difícil llevar adelante las próximas misiones de paz que se están planteando. Aclaro que esto que estamos diciendo el Poder Ejecutivo ya lo sabe”.

El tema preocupa además entre algunos legisladores del Frente Amplio. El representante Sergio Mier, de Treinta y Tres, se opuso a votar ese artículo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados, esta semana.

Tampoco es partidario de acompañar esa reducción el diputado frenteamplista por Canelones Víctor Semproni, que preside la comisión de Defensa de Diputados.

“Hacen piruetas para llegar a fin de mes”.

Los soldados “hacen piruetas para llegar a fin de mes”, dijo en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Durazno la edil nacionalista Daniela Barragán. Sostuvo que el 43% del Ejército vive debajo de la línea de pobreza y un 5% se encuentra en situación de indigencia.

“Observamos pasivamente cómo nuestros soldados realizan una dura batalla para llegar a fin de mes, lo que los lleva a que apremiados por las dificultades económicas a las que se enfrentan, buena parte del personal subalterno termine su guardia y en lugar de regresar a su hogar, se vean obligados a realizar ‘changas’ porque el sueldo no les alcanza”. La edil pidió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo “que mantengan las vacantes generadas y brindando un aumento de salario digno a las Fuerzas Armadas”. La edil agradeció al personal militar por ayudar en las inundaciones de Durazno de las últimas semanas.

Fuente: El País