Junta Departamental se interesó en propuesta para ciegos del Edil Diego Rodríguez.

La Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental de Montevideo abordó la propuesta del edil Diego Rodríguez Salomón (PN) sobre la instalación de semáforos para ciegos y cartelería en lenguaje Braille en las paradas de ómnibus.

La minuta de aspiración fue estudiada y aceptada por unanimidad. “Coordinamos para citar al responsable de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la IMM, Federico Lezama, y al presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Gabriel Soto, para que ambos nos comenten qué les parece la idea de instalar semáforos e información en braille”, comentó a El País el edil Rodríguez.
“Si bien Soto ya me manifestó su agrado ante la propuesta, la comisión quiere escuchar su postura ante las diversas dificultades que la ciudad presenta para los no videntes. Destacamos el gesto político del Frente Amplio que aceptó tratar nuestra propuesta para esta población (más de 40.000 personas) que enfrenta dificultades todos los días en una ciudad poco accesible”, agregó.

Fuente: El País

Entrevista al senador Alvaro Delgado en La Mañana Espectador

“Ancap no está mal gestionada, está fundida”

Álvaro Delgado –senador nacionalista– manifestó que Ancap era una empresa “emblema” de Uruguay y que, actualmente, está “precarizada” y “desfinanciada”. Asimismo, expresó que la situación es “insostenible”, ya que se está perdiendo mucho dinero: “Toda inversión sale cuatro veces más que la prevista y nadie se hace cargo”. El precio del combustible no baja debido a que, en su opinión, la empresa “necesita hacer caja”. “Ancap no está mal gestionada, está fundida”, agregó.

“Ya nadie duda de que haya problemas de gestión e irregularidades en la gestión”, manifestó. La mala imagen de Ancap, para Delgado, la ha generado “la pésima gestión” que los últimos gobiernos han tenido. Igualmente, en sus palabras, es una “oportunidad” para que haya un “sacudón” para las empresas públicas, en general. Para ello, es clave apuntar al profesionalismo y hacer una reestructura en la gestión.   “Hay que respetar la plata gente”, finalizó.

 


Fuente: Espectador.com

 

 

Fondo de Solidaridad

El Fondo de Solidaridad nació como una idea impulsada por el Senador Luis Alberto Lacalle a la que él mismo, siendo Presidente, dio finalmente sanción. El propósito de la iniciativa era generar instrumentos para que los estudiantes con dificultades económicas recibieran apoyo para acceder a los estudios universitarios. El espíritu del proyecto se puede deducir de una expresión que, en aquel momento, se utilizó mucho. Se decía que el fin perseguido con el Fondo de Solidaridad era que, quien había mejorado su vida por haber logrado un título universitario, colaborara con el joven que se iniciaba para que éste tuviera  las mismas oportunidades de progresar. El proyecto terminó por aprobarse por la unanimidad de ambas cámaras.

Con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando y se desnaturalizó el espíritu original. En  2002, con la crisis, se aprueba un  adicional al Fondo de Solidaridad que afectó a las carreras de mayor extensión con un gravamen cuyo destino ya no fue la financiación de becas sino los gastos universitarios. Este adicional se dedica a inversiones en infraestructura, descentralización, enseñanza y publicaciones. La intención fue aportarle recursos a la Universidad cuando presupuestalmente era imposible hacerlo.

Yendo por ese camino de apartamiento de la concepción original, la obligación de aportar terminó por alcanzar  a egresados de la enseñanza pública terciaria y universitaria, sin importar si efectivamente trabaja en la profesión que estudió. También se volvió irrelevante que los ingresos percibidos por el egresado sean bajos. (con la Rendición de Cuentas se modifican los montos).

Al  mismo tiempo, la burocracia comenzó a luchar por sus fueros y el porcentaje de las contribuciones usadas para gastos de administración fue creciendo. En la ley de 1994 se autorizaba hasta el 1%  de los ingresos para gastos de funcionamiento pero, por ley de 2011, el porcentaje a usar subió al 7%. El Fondo se transformó en una persona pública no estatal y en el futuro su dirección será generosamente rentada y en la misma no tendrán intervención los profesionales, siendo éste uno de los muchos cambios que operarán a partir de la aprobación de la  Rendición de Cuentas que está tratando el Parlamento.

Todo esto ocurre en una realidad diferente a la de 1994. En efecto,  la aportación que realizan los profesionales universitarios es sustancialmente mayor a partir de la aprobación de la reforma tributaria. Y, a ese aporte, debe sumarse el que se efectúa –cuando así corresponde- a la Caja Profesional. Así mismo, es también  muy diferente la situación económica del país y la magnitud del gasto público

Creemos que llegó el momento de ordenar este proceso –del que todos de alguna manera somos responsables- que a la larga podría terminar eliminando,  en los hechos, la gratuidad de la educación terciaria y universitaria. Bajo el argumento de aumentar la cantidad de becas, se va transformando el aporte solidario de los profesionales universitarios en la base y fundamento de la política nacional de becas universitarias,  y se  presenta a los profesionales como los únicos responsables de la misma.

No sabemos si el propósito del gobierno es ir, por una vía indirecta, hacia un sistema en el que pague una matrícula pero en forma diferida. Si esa fuera la intención sería bueno que se explicitara, porque el Frente Amplio sería quien estaría terminando con la tradición de la gratuidad de la educación superior pública.

Si para lograr que un mayor número de jóvenes accedan a la universidad se necesitan más becas: ¿Por qué no crear un Sistema Nacional de Becas financiado por rentas generales y ejecutado  por el Ministerio de Educación y Cultura? De esta manera se alcanzaría el objetivo perseguido y se avanzaría hacia un más justo reparto de las cargas públicas.

Gustavo Penadés

 

Reforma para la gente y no para los políticos

Audición semanal del senador Luis Lacalle Pou correspondiente al 18 de noviembre, en la misma hace referencia a la posibilidad de una nueva reforma constitucional y afirma “no es momento de reforma para los políticos es momento y obligación de reforma para la gente”.

 

Audición