Senadora Carol Aviaga emite pedidos de informe al MGAP y al MVOTMA

Senadora Aviaga emite pedidos de informe al MGAP y al MVOTMA debido a denuncias realizadas por vecinos de Sarandí del Yi, sobre las actividades de extracción de agua del arroyo Malbajar.
Es importante saber si dicha extracción que está secando el arroyo tiene las debidas autorizaciones. Buscamos saber si se consideró y aprobó la plantación de soja que se realizan a menos 50 mts del arroyo. Actividad que contamina las aguas del arroyo y la zona.

Pedido informe mvotma Arroyo Malbajar

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¿Hasta cuándo el Estado paralelo?

Una de las cosas que permitió comprobar la investigación de ANCAP es la creciente importancia de lo que se ha dado en llamar “Estado paralelo”. Es decir, el complejo entramado de sociedades comerciales y de instituciones públicas no estatales que desarrollan actividades propias de las administraciones públicas.

La variedad de campos que abarcan las referidas instituciones es enorme.  Pueden ser instituciones financieras usadas en negocios internacionales; o sociedades propietarias de centros de atención telefónica;  productoras de biocombustibles y azúcar; o un fideicomiso para explotar el Estudio Auditorio del SODRE.  Cabe decir que esta práctica no es exclusiva de la administración central y autónoma, sino que también se la puede encontrar a nivel de la  UDELAR, ya que son varias las fundaciones dependientes de las facultades.

Estas fundaciones auspician proyectos y contrataciones que, naturalmente, se rigen por el derecho privado. Cabe reconocer que el proceder referido no es nuevo, pero, sí lo es el impulso fenomenal que le dio el Frente Amplio desde 2005.   Esto resulta sumamente paradójico, porque, si por un lado el Frente Amplio sostiene a capa y espada la defensa de un Estado   controlador y todopoderoso, por el otro es el primero en actuar fuera del Estado.  Se ve muy claro esto cuando consideramos lo que viene sucediendo en relación al Tribunal de Cuentas. Mientras se complejiza la estructura de compras del Estado y se le exige al Tribunal de Cuentas que disminuya los plazos de actuación, por otro lado, se genera una red de negocios que están por fuera de todo control. Ni el Tribunal de Cuentas ni  ningún otro órgano de contralor puede dictaminar sobre las contrataciones de una sociedad anónima dependiente de un ente autónomo, ya que dichas sociedades actúan sin que reciban otra supervisión que la que supuestamente deberían ejercer quienes las crearon.

En definitiva, con este proceder el Frente Amplio sigue demostrando que no quiere abordar el problema de fondo.  Este consiste en la definición de un nuevo estatuto que actualice el funcionamiento del Estado. Como no quiere asumir ese costo, ya que las resistencias internas y de los sindicatos serían fuertes, lo que hace es mantener la apariencia de que se preocupa por mejorar el funcionamiento de la administración pública, pero, al mismo tiempo promueve el crecimiento del Estado paralelo.

Este estado de cosas, de nuevas agencias, institutos, sociedades anónimas y fideicomisos, abrió el espacio para una nueva clase de funcionarios públicos –  lo son en un sentido amplio, en tanto la finalidad de su trabajo es alcanzar una finalidad pública a través de la administración de bienes públicos-. Estos nuevos funcionarios públicos serían los responsables de algunas de las cosas negativas que se han visto en ANCAP.  ¡Y, justamente, una de las defensas esgrimidas por el Frente Amplio es que no serían responsables en tanto se trata de empleados de una sociedad anónima…! Estos funcionarios acceden a sus trabajos por designación directa; no están alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades propias de los funcionarios públicos, reciben mejores salarios y no están sometidos al   contralor de los organismos especializados.

Es así entonces, que después de décadas de despotricar contra “las prácticas neoliberales” el Frente Amplio está generando una gran cantidad de entidades que se rigen por el derecho privado, que están al frente de proyectos de enorme magnitud, y que dan pie a cosas muy oscuras como las que pasaron en ANCAP.

El Partido Nacional viene, desde hace años, denunciando este estado de cosas, pero también proponiendo marcos regulatorios, pero sin que hasta el presente se lo haya escuchado.

De continuarse en este camino, Uruguay terminará manteniendo la tradicional administración pública y, junto a ella, existirá un complejo entramado de   entidades de derecho privado que serán patrimonio del partido de gobierno. Al final, quien terminará perdiendo será la sociedad. Malos servicios, más costos y un escenario propicio para la corrupción.

Gustavo Penadés