Proyecto de ley Creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

Proyecto de ley de los diputados Martín Lema y Gustavo Penadés: creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) con el cometido de ofrecer prestaciones a diferentes colectivos de nuestra sociedad a  los efectos de que puedan sobrellevar las situaciones que enfrentan en su diario vivir y que los colocan, muchas veces, en condiciones adversas.

Al mismo tiempo, a nueve años de su creación,  el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento,  que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del Sistema.

El estado de desarrollo de ambos sistemas es notoria y lógicamente diferente. El SNIC se encuentra en una etapa embrionaria. En efecto, el Poder Ejecutivo impulsó un abanico de acciones que incluyeron la instalación de la Secretaría Nacional de Cuidados y la reciente creación del marco institucional necesario, encontrándose la implementación de las estrategias que habrán de coordinarse con cada Institución recién en los comienzos.

Los loables y ambiciosos propósitos que animan al Gobierno y a todo el sistema político nacional en su conjunto en relación al SNIC, requieren para su cumplimiento, de la participación de una multiplicidad de actores estatales y de la sociedad civil en su conjunto. Al mismo tiempo, exige que los actores dispongan de los correspondientes recursos económicos que habiliten la formulación y concreción de programas y proyectos de gestión. Algunos de ellos implicarán una novedad en nuestro país, en tanto otros – como por ejemplo los que involucran al sistema educativo o al INAU-, tienen ya larga data.

A lo expresado se suma además, la lógica sensibilidad de los colectivos amparados por este Sistema, los que – por su vulnerabilidad y en muchos casos, indefensión-, deben ser protegidos para que puedan gozar efectivamente de los derechos que les fueran otorgados o reconocido. A su vez, serán muchas las instituciones no gubernamentales y sujetos individuales que confluirán con sus esfuerzos a la implementación y concreción de los objetivos trazados por la Administración.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, por su parte, se encuentra consolidado institucionalmente, no obstante lo cual presenta importantes problemas de naturaleza económico-financiera y déficits serios en relación a la atención de sus beneficiarios, lo que ha derivado en que los derechos de los mismos se hayan visto vulnerados en muchos casos .

Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos, se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales  desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente.

Es fácil comprender, que dada la complejidad de los procesos que implica la puesta en funcionamiento de ambos Sistemas, se hace imperiosa la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria.

La experiencia acumulada desde la instauración del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, ha confirmado el acierto del sistema político al crear la figura; habiéndose erigido esa Institución en una voz ecuánime, certera y por tanto, escuchada por todos.

En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone, pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas.

Al igual que sucedió con su antecesor, con la  creación del Comisionado Parlamentario para el SNIS y SNIC se procura dotar a la figura de los más amplios poderes para el cumplimiento de sus cometidos, a fin de que, con su labor, pueda contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos que los sistemas referidos confieren a la población y lograr así la aceptación general y el apoyo del sistema político con representación parlamentaria.

 

PROYECTO DE LEY DEFINITIVO- COMISIONADO PARLAMENTARIO 

EXPO DE MOTIVOS COMISIONADO PARLAMENNTARIO

Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés presentan proyecto de ley para crear Comisionado Parlamentario para fiscalizar los Sistemas de Salud y de Cuidados

Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud

Legisladores blancos proponen crear ombudsman que defienda los derechos de usuarios de los sistemas de salud y cuidados

El diputado blanco Martín Lema es categórico. “Los gobiernos del Frente Amplio han destruido el sistema de salud”, dice sin vueltas. Para Lema, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es “un eslogan”, y según su opinión eso se debe a que las autoridades se “dedicaron a promover titulares sin contenido, cortar cintas por cumplido, generar estadísticas y alimentar egos en vez de gobernar para la gente”.

“Después de una bonanza económica como la que tuvimos resulta sorprendente que lleguemos al absurdo de un sistema de salud colapsado”, afirmó. El diputado nacionalista Gustavo Penadés coincide con el diagnóstico y pone el foco en los “continuos problemas” que tienen los usuarios para ser atendidos y escuchados. Ambos legisladores entienden que la clave para “reconstruir” el sistema es poner al paciente, al usuario, en el centro. Darle una voz. La respuesta que encontraron fue la de crear un canal independiente que traslade los reclamos. “Una de las medidas que definimos es la necesidad de instalar la figura del defensor del paciente para la protección de sus derechos en los hechos y no en los discursos, como viene sucediendo hasta el momento”, dijo Lema.

Los dos diputados blancos (del sector Todos) presentaron el martes 31 de mayo un Proyecto de Ley para la Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud y de Cuidados. En la exposición de motivos, los legisladores mencionan las “permanentes dificultades” que los usuarios deben enfrentar para lograr que se respeten sus derechos. “Son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de estos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento, como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”.

Dicen que por lo complejo de ambos sistemas “se hace imperiosa” la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. “Han existido episodios lamentablemente graves, como el de Hogar de Ancianos que se incendió, que hacen necesario que haya en el Estado una voz independiente a la que se pueda recurrir para presentar quejas, denuncias, y eventualmente solicitar que los errores que se cometan sean corregidos por parte de los prestadores”, argumentó Penadés. Para el diputado “no es nuevo en el mundo que haya un criterio independiente para escuchar las voces de los usuarios y que estos sean defendidos en un sistema en el que a veces el ciudadano parece estar en desguarnecimiento y orfandad”.

Según el diputado, los canales con los que los usuarios cuentan hoy para vehiculizar sus denuncias “no son independientes”. “Además esto tiene otro objetivo, que es la realización de un informe anual obligatorio por parte del comisionado para poner en conocimiento de la Asamblea General cuál es la situación y el nivel de funcionamiento de estos sistemas”.

Comisionado carcelario como espejo.

La figura del comisionado parlamentario para el sistema carcelario sirvió como inspiración para esta suerte de ombudsman de la salud que propone el Partido Nacional. En el proyecto, los legisladores subrayan que la experiencia acumulada desde la instauración del comisionado para las cárceles “ha confirmado el acierto del sistema político” al crear una figura que se consolidó como “una voz ecuánime, certera y, por tanto, escuchada por todos”. “En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

El texto del proyecto propone varias atribuciones para el comisionado parlamentario de los sistemas de salud y cuidados. Además de recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los usuarios, podrá formular recomendaciones a las autoridades para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de la normativa vigente.

Además podrá solicitar información a las autoridades respecto a las condiciones en las que se están prestando los servicios de salud y de cuidados en los respectivos sistemas integrados y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar los derechos de los usuarios.

También podrá realizar inspecciones de carácter general, en coordinación con las autoridades, a los centros de salud y de cuidados. En las instituciones públicas podrá ser sin aviso previo. Si se trata de una institución privada, las inspecciones estarán condicionadas a que las autoridades de esos prestadores resuelvan la autorización. “No obstante, el comisionado parlamentario podrá realizar las acciones constitucionales y legales pertinentes, así como las denuncias que correspondan, si considera que la institución privada no está cumpliendo con la normativa vigente en la materia o si se presume la existencia de lesión o peligro de lesión a los derechos de los usuarios”, dice el proyecto.

El defensor del paciente deberá remitir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. “El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, podrá brindar un informe extraordinario”.

Según el proyecto, el comisionado parlamentario tendrá autonomía técnica y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad excepto de la Asamblea General.

Fuente: Semanario Búsqueda
Jueves 2 de junio de 2016

Senador Luis Lacalle Pou: “sociedad fracturada tras 10 años de bonanza”

El senador blanco Luis Lacalle Pou, dijo que la violencia desatada la semana pasada en el barrio Marconi, debería servir para que “de una vez por todas” el Estado esté presente en las zonas más carenciadas. Además, cuestionó que “después de diez años de bonanza” la sociedad uruguaya “esté más fracturada y menos unida”.

“Que se termine con las viviendas tapiadas, cuando vecinos desesperados tratan de lograr una vivienda mejor y no lo pueden hacer. Que se termine que no ingresen las ambulancias, que se termine eso que no va a haber clases por falta de seguridad de los docentes y no docentes”, sostuvo Lacalle Pou en sus audiciones radiales.

“La vida en el Marconi como en otros barrios de Montevideo y del país, sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Lamentablemente, después de diez años de bonanza, allí no llegó la oportunidad, allí no llegó la ilusión, allí no llegó la esperanza”, agregó Lacalle Pou. Y dijo que se gastaron “cientos de millones de dólares conseguidos con el aporte de los uruguayos en base a impuestos”, sin que aparezca una “ventana de oportunidades para muchos niños y jóvenes”.

En lugar de hablar de los “ni-ni”, jóvenes que no estudian ni trabajan, Lacalle Pou dijo que la “causa” de esta situación es el “sin-sin, sin expectativas y sin oportunidades”. Agregó que “lamentablemente” el gobierno “quizás tomó el camino corto de las transferencias y no el camino largo de acompañar a esos uruguayos para que tengan una mejor vida”.

 

Fuente: El País

Pedido de Informes de la senadora Carol Aviaga con destino al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Senadora Aviaga ante anuncios de nuevo dragado, solicita saber que garantías ambientales hay para prevenir afectación de Playas y Bahía de Montevideo.

Dado que hemos tomado conocimiento de la decisión de la ANP de realizar importantes dragados en el Puerto de Montevideo y teniendo en cuenta de que hay antecedentes de que DINAMA constató irregularidades en similares procedimientos de dragados (Multa a la ANP por disposición de contaminados en zona no autorizada cuando se construyó el muelle C) Por tanto, solicitamos se nos informe que permisos y garantías ambientales ha otorgado y/o exigido DINAMA frente al proyecto de construcción del muelle D. Agradecemos se nos otorgue la siguiente información:
1- Si la DINAMA ha constatado infracciones respecto a la AAP concedida a la ANP para la construcción del Muelle C en el puerto de Montevideo.
2- Si se ha comunicado a dicha Dirección Nacional la finalización de la obra y si existe Autorización Ambiental de Operación respecto de la misma.
3- Si se ha solicitado AAP por parte de la ANP para la construcción de un nuevo muelle en el puerto de Montevideo.
4- Ante la eventualidad de que se esté por iniciar nuevas obras en el puerto de Montevideo, que garantías ambientales se le han requerido.
5- Si se ha solicitado para nuevos dragados en el puerto o ante puerto de Montevideo.

PEDIDO SOBRE OBRAS EN PUERTO DE MONTEVIDEO