Se ajusta por imprevisión

Después de diez años en que todo era favorable es increíble que el Frente Amplio esté llevando adelante un ajuste fiscal, y el país temblando ante la amenaza de perder el grado inversor.

Fueron diez años de crecimiento continuado como nunca se había visto en la historia, producto de la conjunción de factores externos positivos y de la sensatez de continuar las líneas fundamentales que venían de las administraciones anteriores. La actividad económica fue mejorando de año en año y esto llevó a que los gobernantes creyeran que esa dinámica se mantendría incambiada en el tiempo. Se olvidaron de razonar que en economía los ciclos existen, y que tras los buenos tiempos siempre vienen los malos. Se actuó con imprevisión, gastando más de lo que se lo debía haber hecho. Pero lo peor es que ese gasto no tuvo un correlato en la mejora sustancial de los servicios públicos.

En cuestiones básicas no se avanza, sino que se retrocede. Alcanza con ver el crecimiento constante de la violencia urbana pero también de la rural. La infraestructura básica sigue en vueltas con rutas destrozadas y un ferrocarril que languidece sin rumbo. En materia de educación pública, las inversiones en infraestructura y equipamiento sumadas a la justa e importante mejora de salarios, no se ven acompañadas de un principio de mejora en los resultados. Por el contrario, las administraciones van pasando y cada una que asume viene con diagnósticos y planes milagrosos que al tiempo son desechados sin ser siquiera evaluados.

Pero el aspecto más preocupante es el de que la sociedad uruguaya está muy lejos de empezar a estar más integrada sino que, por el contrario, ofrece a diario signos crecientes de fractura sin indicios de que ese proceso negativo comience a revertirse.

Lo que se hizo durante estos años fue inyectar dinero y sumar personas al Estado, cuya estructura y prácticas se mantienen incambiadas desde 1995; mientras que, por fuera del mismo, se fue ambientando otra red de organismos sin control alguno.

Hoy el gobierno no tiene ingresos suficientes para mantener el ritmo del gasto. Ya no hay espacio para aventuras como las de Ancap, Antel, Pluna puerto de aguas profundas, Fondes, AlasU, y Regasificadora. Estos son parte de los emprendimientos progresistas en los que se fueron miles de millones que todos seguimos pagando.

Todo esto pinta un Frente Amplio que se llenó la boca criticando a los partidos tradicionales, acusándolos de cuanto disparate se le ocurría decir, pero que no supo llevar a la realidad ninguna mejora sustancial en los servicios que el Estado le ofrece a los contribuyentes. Además, hace un par de años también escuchábamos que el país “estaba blindado” y los reclamos de prudencia del Partido Nacional eran tachados de ignorantes y alarmistas. Hoy, ese mismo equipo económico opina como si nada tuviera que ver con lo que pasó, siendo que ese equipo, con el Cr. Astori a la cabeza, estuvo en el timón desde 2005.

Lamentablemente, las consecuencias de los errores ya se están viendo y sufriendo. La actividad económica enlentecida, el empleo comenzó a afectarse, y la consecuencia inevitable será que el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias por una u otra vía se verán afectados.

Gustavo Penadés

Palabras y horrores.

Comparar es un arte difícil, sobre todo si intentamos hacerlo entre tiempos y contextos muy diferentes. Pero algo de lo que está ocurriendo en la región parece inscribirse en una larga historia de infamia.

En el inicio de esa historia está el nazismo. Una de las razones por las que este régimen llegó a convertirse en algo así como el paradigma del mal es que no solo hizo cosas horribles, sino que las dijo. Basta leer algunas páginas de Mein Kampf o casi cualquier discurso de Hitler para saber que se está ante un fanático xenófobo y racista.

Más o menos al mismo tiempo, los llamados “socialismos reales” dieron un giro. Mao, el histórico líder comunista chino, mató a mucha más gente que la que mató Hitler. Sus políticas demenciales y sus prácticas represivas llevaron a la muerte a una cifra que oscila entre 50 y 70 millones de personas. Para tener un punto de referencia, la Segunda Guerra Mundial llevó a la muerte a unos 50 millones, considerando la población civil y las bajas de todos los bandos. Las muertes causadas por Stalin son todavía objeto de debate, debido a la dificultad para acceder a la información. Pero las estimaciones más moderadas rondan los 20 millones.

A diferencia del nazismo, los crímenes cometidos por los “socialismos reales” no iban envueltos en un lenguaje repugnante, sino en un lenguaje admirable que hablaba de libertad, justicia y paz mundial. Esa innovación trajo enormes réditos a aquellos tiranos. Mucha gente fue engañada en su buena fe. Otros tuvieron más fácil la tarea de justificar durante décadas lo que era absolutamente injustificable.

Este quiebre entre lo que se hace y lo que se dice parece repetirse ahora en nuestra región. Con la diferencia de que las palabras bonitas ya no se usan para tapar masivos crímenes de sangre, sino para esconder la peor corrupción. El chavismo en Venezuela, el PT en Brasil y el kirchnerismo argentino construyeron su llegada al poder, y se mantuvieron largos años en él, apoyados en una retórica que hablaba de justicia, de inclusión social y de derechos humanos. Pero hoy hasta el más distraído sabe que detrás de esas palabras se había montado el sistema de latrocinio más gigantesco y sistemático que conoció América Latina. La corrupción existió siempre en nuestro continente, pero estos gobiernos progresistas la sacaron de su fase artesanal y la industrializaron. El costo, desde luego, lo están pagando los más pobres.

Queda por saber si estos regímenes progresistas son los únicos que montaron este gigantesco operativo de corrupción, o si lo mismo pasó en otros países de la región. Pero hay un efecto que está claro: las palabras nobles que estos regímenes usaron hasta el cansancio sufrieron una inevitable devaluación. La expresión “derechos humanos” ya no suena en muchos oídos como sonaba antes de que quedara envuelta en el discurso envenenado de Hebe de Bonafini. La expresión “justicia social” ya no suena como cuando Lula la usaba hace veinte años. La palabra “dignidad” se vuelve ridícula cuando es pronunciada por Nicolás Maduro.

Esta consecuencia parece poca cosa al lado de los miles de millones de dólares que fueron robados en la región durante la “era progresista”. Pero el problema es más grave de lo que parece. Nuestro próximo riesgo es que grandes masas de latinoamericanos se hundan en una ola de feroz escepticismo hacia la política.

Pablo Da Silveira

Diputados Martín Lema y Armando Castaingdebat proponen crear Instituto de Bienestar Animal

Presentan un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Bienestar Animal y otorgarle mayor potestad para penar el maltrato animal, ante el “fracaso” de la Conahoba, según explicó el diputado Martín Lema a Montevideo Portal.

Las dificultades en el funcionamiento de la Comisión Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), criticada por varias organizaciones de activistas por los derechos de los animales, provocaron la propuesta de crear un Instituto Nacional de Bienestar Animal por parte de dos legisladores nacionalistas.

Los diputados Martín Lema y Armando Castaingdebat recogieron el planteo de la organización Animales sin Hogar, que advirtió que la Conahoba no cumple los cometidos establecidos por la Ley 18.471 de Bienestar Animal.

“En gran parte esto se da por la estructura de la Conahoba que no tiene jerarquía y es muy heterogénea. Por tanto, es imposible determinar quién es el responsable que se encarga de ejecutar los cometidos que la ley le asigna. De esta forma, el Instituto Nacional de Bienestar Animal es quien deberá encargarse y el director del mismo es el responsable directo del cumplimiento de la ley. El gran problema de las políticas de bienestar animal es que no se cumplen”, dijo Lema a Montevideo Portal.

Juan Echeverría, director de Animales sin Hogar, dijo a Montevideo Portal semanas atrás que la Conahoba “es una comisión que nunca funcionó como debería funcionar”. “Está formada por 11 miembros pero nunca fue efectiva, no generó nada y había miembros que ni siquiera sabían que tenían presupuesto para gastar. Ha sido muy feo el manejo y funcionamiento de la Conahoba, pero no nos parece bien que pase al Ministerio de Ganadería porque no es la idea de una comisión de bienestar animal que esté dedicada a animales de producción. Esperemos que no se vote ese traslado, pero si se queda necesita un gran cambio para comenzar a funcionar”, concluyó.

La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal fue creada a partir de la aprobación de la ley 18.471, cuyo cometido es conservar y mejorar la calidad de vida de los animales, y funcionaba a cargo del Ministerio de Educación y Cultura.

Este nuevo proyecto de ley incluye “confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso, efectuando las comunicaciones pertinentes a la justicia en caso de ser necesario”.

También “aplicar las sanciones establecidas en el artículo 22 de la presente Ley, constituyendo las resoluciones que impongan el pago de una multa, título ejecutivo” y “recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus cometidos, así como denunciar ante la Justicia a los infractores de la presente ley y su reglametación”.

Los motivos expuestos por Lema y Castaingdebat

“El artículo 14 de la Ley 18.471 de fecha 27 de marzo de 2009, denominada Tenencia Responsable de Animales, creó la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, como órgano desconcentrado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por diez miembros, conformados por delegados de diferentes organismos del Estado, así como también de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y de organizaciones honorarias no gubernamentales protectoras de animales con personeria jurídica.

Posteriormente, los artículos 285 y 286 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015, modificaron la denominación, dependencia, integración y cometidos de la referida Comisión, pasándose a llamar Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, como órgano desconcentrado del Inciso 07 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, habiendo visto reducido el número de integrantes, conformándose por cuatro miembros, a saber, un delegado del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que la preside, un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Ministerio del Interior y un representante del Consejo de Intendentes.

Desde la creación de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal ha sido ineficaz su funcionamiento, no mejorándose con las modificaciones introducidas por los artículos 285 y 286 de la Ley 19.355, siendo inoperante al día de la fecha la actividad de la citada Comisión, careciendo incluso de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo tal como mandata el artículo 284 de la Ley 19.355.

Entendemos que para modificar la situación es necesario que los cometidos asignados por la ley, sean desempeñados por una única autoridad responsable, lo cual permitiría una actuación más eficiente y eficaz, y seguramente lograr los objetivos que persigue la ley .

En consecuencia, se entiende necesario modificar la legislación vigente a fin de dotar al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de las herramientas para la regulación y protección que en materia de tenencia responsable y bienestar animal ha adoptado el país.

A tales efectos, se remite el presente proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Bienestar Animal como unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el cual estará a cargo de un director.

La dirección del Instituto a crearse tendrá los cometidos que la Ley 18.471 en la redacción dada por el artículo 286 de la Ley 19.355 y el Decreto Nº 62/014 asignaran oportunamente a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal con las modificaciones correspondientes acorde a su nueva estructura y no obstante una innovación introducida por el presente proyecto, como lo es el otorgamiento de la calidad de título ejecutivo a las resoluciones que adopte el director del Instituto de Bienestar Animal, en las que se impone como sanción el pago de una multa.

A nuestro entender, el carácter punitivo de dichas sanciones requiere la posibilidad de hacer uso de un procedimiento acotado que permita la ejecución a corto plazo de la medida sancionatoria dispuesta”.

Fuente: Montevideo Portal