Diputado Juan José Olaizola propone la instalación de “ecoparadas”

El diputado Juan José Olaizola propuso que la Intendencia de Montevideo estudie la posibilidad de instalar “Ecoparadas”, paradas de ómnibus con paneles solares, que tengan puertos USB y permitan calentar agua.
El diputado nacionalista Juan José Olaizola propuso en una exposición escrita en la Cámara de Diputados, que extienda a la Intendencia de Montevideo la idea de instalar “Ecoparadas”.

En un texto, el diputado explica que solicitará a la IM que estudie la posibilidad de instalar este sistema. Estas paradas funcionarían con paneles fotovoltaicos o panales solares, que permitirán tener energía para “cargar celulares mediante puertos USB, iluminar el área y presentar la información de servicio de las líneas a través de pantallas”.

A su vez, las “Ecoparadas” ofrecerán, según detalla el texto, agua caliente a los usuarios del sistema de transporte.

Esta tecnología estará en las principales arterias de tránsito de la capital. Según el diputado, este sistema ya se encuentra en ciudades como Córdoba, Buenos Aires y Florianópolis.
Fuente: Montevideo Portal

Diputado Martín Lema solicitó que ASSE indique en cuantas camas de CTI se destinaron recursos

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) gastó 19.369.353 de dólares durante 2015 en alquiler de camas de cuidados intensivos. La cifra equivale a unos 53.000 dólares por día.

En tanto, durante el primer semestre de 2016, ASSE dice haber gastado 4.957.366 dólares en camas de CTI, lo que da un promedio diario mucho menor, de poco más de 27.000 dólares. Los datos se desprenden de un pedido de informes que le fue contestado al diputado nacionalista Martín Lema.

Pese a la diferencia entre 2015 y 2016, fuentes hospitalarias advirtieron a El País que han detectado un aumento en la cantidad de camas de CTI que fueron alquiladas durante el primer semestre de este año, con respecto a los mismos primeros meses de 2015. Este sería, señalaron, de un 73%.

De hecho, con el invierno que se adelantó, en mayo hubo un récord de pacientes internados en el CTI por enfermedades respiratorias, entre otras la gripe A (H1N1). Mientras en mayo de 2015 las internaciones en cuidados intensivos por Infecciones Respiratorias Agudas Graves no llegaron ni al 1% del total, en 2016 se llegó al 13%.

Los CTI pediátricos también se llenaron en las últimas semanas, por un incremento de los cuadros de infección causada por el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), que ataca a bebés de 0 a 2 años.

Dada esta diferencia entre la baja de la plata que ASSE dice haber pagado este año por camas de CTI y el posible aumento de las internaciones, Lema hizo otro pedidos de informes, reclamando que se le dé también el dato de la cantidad de camas que fueron arrendadas por ASSE en estos períodos, para así poder comparar.

“ASSE no nos respondió sobre la cantidad de camas que fueron alquiladas, siendo un dato fundamental para conocer cómo se invirtieron los recursos”, precisó Lema.

“Para un análisis profundo de la gestión, además del monto pagado necesitamos conocer la cantidad de camas que se contrataron. Al comparar las cifras del año 2015 y 2014 con el año 2008 —cuando se gastaron 362.055 dólares en todo el año, equivalentes apenas a 990 por día—, surge que ASSE con menos usuarios y más presupuesto, pagó 286% más en 2014 que en 2008 y 257% más en el 2015 que en el año 2008. Ya presentamos nuevo pedido de informes para que ASSE nos brinde la información que solicitamos y no nos dio, con algunos agregados para conocer más detalles de la situación”, enfatizó.

Fuentes de ASSE, en tanto, señalaron a El País que la disminución en los gastos con respecto a la anterior gestión —que estuvo en la mira por una serie de casos de corrupción que entre otras cosas terminaron con el procesamiento del director en representación de los trabajadores, Alfredo Silva— tendría que ver con una serie de acuerdos hechos con otros centros de salud, sobre todo del interior, por lo cual el prestador público ofrece otros servicios a cambio de las camas de CTI.

De hecho, la respuesta al pedido de informes da cuenta de que el mayor gasto se da por el alquiler de camas en el interior. De los 19.369.353 dólares que se gastaron en 2015, solo 7.625.119 dólares fueron para prestadores de Montevideo. En tanto que de los 4.957.366 dólares del primer semestre de 2016, 1.317.205 fueron para centros de la capital.

ASSE cuenta con 191 camas de CTI, 127 para adultos y 64 de pediatría. El centro que más camas tiene es el Hospital Pasteur, con 25, y le sigue el Maciel, con 24. Según las últimas cifras de la Comisión Honoraria de Medicina Intensiva, los hospitales cuentan con otras 105 camas más, que están repartidas en otros prestadores públicos (Hospital Policial, Hospital Militar y Hospital de Clínicas). En tanto, el sector privado cuenta con otras 471 camas.

Por otro lado, el informe dice que ASSE gastó 11.731.657 dólares en alquiler de ambulancias durante 2015, lo que da un promedio de más de 32.000 dólares por día. En tanto, hasta junio de 2016, ASSE gastó 1.796.068 dólares por este concepto: menos de 10.000 por día.

La dotación actual de ambulancias de ASSE es de 64 vehículos especializados y 249 comunes; de estas, 13 se añadieron en el primer semestre de este año.

Fuente: El País

Ministerio del Interior busca “esconder” información. Senador Luis Lacalle Pou planteó que no responde los pedidos de informe.

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que tiene la impresión de que el Ministerio del Interior pretender “esconder” información “porque sabe que lo que está haciendo está mal”.

Lacalle Pou hizo este planteo durante una exposición escrita en la que se queja de las demoras de los ministerios para responder los pedidos de informes de los legisladores.

El planteo vino a partir de un pedido de informe que el senador presentó el 15 de marzo pasado al Ministerio del Interior sobre la compra directa de equipamiento policial a la empresa china Xinxing Import & Corporation. El Ministerio del Interior respondió solo 11 de las 23 presuntas que le envió Lacalle Pou.

“La información es transparencia y la transparencia en la función pública es otro de los pilares sobre los que se sostiene un Estado de Derecho y su cumplimiento no pasa solo con brindar la información requerida, sino también en brindarla de forma clara, precisa y en tiempo”, sostuvo el senador del Partido Nacional.

Lacalle Pou pidió que su exposición fuera enviada al presidente Tabaré Vázquez, a los ministros y a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados.

Los organismos públicos tiene por ley un plazo de 45 días hábiles para responder los pedidos de informe de los legisladores, con posibilidad de una prórroga de otros 30 días. Sin embargo, para los organismos o jerarcas que no responden, la ley no prevé ninguna sanción.

 “Lo cierto es que un 40% de los pedidos de informe no son contestados en tiempo. En algunos casos las demoras superan el año de espera y en otros casos las respuestas nunca llegan. Particularmente, en un periodo de dos años, me vi obligado a reiterar 24 pedidos de informe”, sostuvo Lacalle Pou.

“El otro problema es que los pedidos que sí son contestados en tiempo, no lo son en su forma, contienen respuestas de mala calidad, ambiguas, inconclusas y pocas veces se adjunta la documentación requerida”, agregó.

Más adelante, Lacalle Pou cuestionó la actitud del Ministerio del Interior en este caso: “Por momentos da la impresión que lo que se busca es esconder la información y cuando uno esconde, lo hace porque sabe que lo que está haciendo está mal, y en el caso de las compras a China hay algo que no cierra”, afirmó.

 

Fuente: El País

¿La culpa es de los retirados?

En un escenario de angustia fiscal, el ministro Astori lanzó la idea de reformar los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas argumentando que “la Caja Militar” presenta “un déficit” de 400 millones de dólares. El Poder Ejecutivo está trabajando en proyectos cuya última formulación desconocemos. Trascendió que, en lo fundamental, se sancionaría otro impuesto a las prestaciones y se modificarían los tiempos de servicio.

De arranque se empieza mal: la “Caja Militar” no es tal. No es un ente recaudador y administrador de los aportes de patrones y trabajadores. Es un servicio que paga prestaciones a los beneficiarios determinados por las leyes. El Servicio de Retiros y Pensiones tiene muchos años; encontrando muchos antecedentes en la historia nacional. Manuel Oribe, por ejemplo, aprueba una ley fijando pensiones para las esposas e hijos de soldados de la Independencia.

Sumarle otro impuesto a los retirados, que ya tributan el IASS que se destina al BPS, es disparatado. ¡Y más disparatado y confiscatorio es, si cabe, si ese nuevo impuesto termina por fagocitarse la mitad de los haberes!

Fiel a su naturaleza, el FA quiere enfrentar a los militares con la población, como si los militares no fueran parte de la misma. Presentan a los beneficiarios del servicio co-mo si fueran privilegiados, cuando la verdad es que no lo son, y que la enorme mayoría está conformada por personal subalterno y pensionistas.

La discusión tal como está planteada es equivocada. El costo de los retirados y pensionistas es un componente del gasto de defensa. No se puede desligar una cosa de la otra. Por tanto, la cuestión fundamental sería determinar cuánto se está dispuesto a gastar en el futuro en esto.

Mientras no se adopte una posición al respecto se continuará con lo que se viene haciendo desde hace años. Venimos asistiendo a un doble proceso en el que, por un lado se le asignan a las Fuerzas Armadas nuevas responsabilidades a sus misiones esenciales, pero, al mismo tiempo, se reduce su presupuesto a límites insostenibles. Las Fuerzas cumplen sus misiones a costa de grandes esfuerzos, pero, llegará un momento en que se verán imposibilitadas de continuar haciéndolo. Hoy asistimos a la paradoja de que por ley de Rendición de Cuentas se le encomiendan a las FFAA funciones policiales junto al Ministerio de Ganadería, pero, por otro lado, no hay recursos para cumplir cabalmente las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de búsqueda y rescate. En estos años el Ministerio del Interior ha sido una prioridad presupuestal, lo que ha derivado en una bienvenida mejora de salarios y equipamiento. Aumentó la cantidad de efectivos, compró aeronaves y armamento sofisticado e incluso se busca evitar el control de esas compras. ¡Sin embargo son militares quienes evitan que se escapen los presos!

Tenemos la esperanza de que el Gobierno actúe con sensatez y no incurra en el disparate de castigar injustamente a los militares retirados y a los pensionistas, para recaudar unos pesos más que no solucionan nada; pretendiendo, así, desviar la atención de los problemas importantes y de paso quedar bien con aquellos sectores que buscan la desaparición de las fuerzas armadas o su transformación en guardia nacional.

 

Gustavo Penadés