¿Debe existir un comisionado parlamentario para controlar los sistemas nacionales de salud, como lo hay para las cárceles? La Comisión de Salud de Diputados comienza a analizar un proyecto nacionalista que crea una suerte de “defensor del paciente”.
Así como existe un comisionado parlamentario de cárceles, que controla el cumplimiento de la normativa “supranacional, constitucional, legal y reglamentaria” referida a la situación de las personas privadas de libertad, un cargo similar podría crearse para controlar al Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema Nacional Integrado de Salud.
En octubre, la Comisión de Salud de Diputados tratará un proyecto creado por los representantes nacionalistas Martín Lema y Gustavo Penadés.
La persona que ocuparía este cargo debe tener al menos 30 años y tener “reconocida idoneidad en la materia”. Uno de los responsables del proyecto, Martín Lema, dijo a Montevideo Portal que quien ocupe este cargo será “una persona que se levante y se acueste pensando en el paciente”. Por ejemplo, “recorriendo instalaciones como las colonias o el Vilardebó, observando los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, estudiando la situación de pacientes que precisen medicamentos y no puedan adquirirlos, escuchando reclamos como el de asociación de Parkinson que solicita que sea declarada enfermedad crónica” y casos similares.
El legislador opinó que la figura del comisionado parlamentario de cárceles “fue un acierto del sistema político”, y con este proyecto se apunta a que esta nueva figura, una suerte de “defensor del paciente”, ayude a mejorar la situación de los usuarios y a enriquecer al sistema de salud en general. “Está claro que no va a solucionar todos los problemas que tiene el SNIS, pero si va a ayudar a resolver muchas injusticias. Es una medida que se nos ocurrió para aportarle al Sistema Integrado de Salud y ayudar en la implementación del Sistema de Cuidados”, dijo.
Las recomendaciones formuladas por el comisionado no tendrán carácter obligatorio, pero “no obstante, la autoridad administrativa o la institución pública a la que hayan sido dirigidas las recomendaciones deberá, dentro de los treinta días de notificadas las mismas, dar respuesta por escrito debiendo indicar expresamente las razones que le asistan para no seguirlas”.
En la exposición de motivos, Penadés y Lema explican que el país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) pero al mismo tiempo, “el Sistema Nacional Integrado de Salud, a nueve años de su creación, ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento, que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del sistema”.
“Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados
medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”, agregan.
A su juicio, la creación de esta figura pretende generar “una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.
Fuente: Montevideo Portal