Pedido de Informes del diputado Juan José Olaizola, empresa Alur pagó por duplicado a proveedores

La empresa ALUR (Alcoholes del Uruguay), colateral de ANCAP, reconoció que se realizaron pagos por duplicados a algunos de sus proveedores de lo que derivó en una investigación administrativa en la que fueron separados del cargo en forma preventiva a los responsables del episodio hasta tanto los hechos sean aclarados. “El objeto de dicha investigación será la determinación precisa de las causas que motivaron los hechos ocurridos y la implementación de las medidas correctivas pertinentes.

Paralelamente, la empresa ha intimado a los proveedores involucrados la devolución inmediata de los fondos percibidos”, dice el comunicado librado ayer por Alur.Los pagos duplicados fueron realizados los días 12 y 13 de octubre.

El diputado Juan José Olaizola (Partido Nacional) había consultado a la empresa sobre este tema. El legislador blanco accedió a un email enviado por ALUR, bajo el rótulo “estimado proveedor” donde reclama por los pagos extra que realizó le empresa y solicita que se haga la devolución del dinero.

“Debido a un error involuntario se duplicaron los pagos procesados entre el 12 de octubre y el 13 de octubre. Por tal motivo solicitamos se realice el reintegro de fondos a las respectivas cuentas de Alcoholes del Uruguay SA en Santander”, dice el email de ALUR al que accedió el legislador.
En ese texto se agregan dos números de cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares.
Según el legislador, el email reclamando la devolución es del día 20 de octubre.

El diputado Olaizola remitió un pedido de informes a ANCAP pidiendo saber si el directorio del ente está en conocimiento de esta situación. También preguntó por los motivos que llevaron a ALUR a duplicar pagos y “si es la primera vez que esto ocurre”. De haber antecedentes, reclamó que se informe las fechas y los montos pagos “por error”.

El diputado solicitó además la nómina de las empresas que están involucradas en esta situación y el monto total que se pagó en forma duplicada y el que se logró recuperar por parte de la empresa. ALUR integra las denuncias presentadas por los partidos de la oposición ante la Justicia especializada en crimen organizado donde se sospecha de delitos.

 

Fuente: Observador

Diputado Jaime Trobo solicita la conformación de una Comisión Pre-Investigadora por negocios entre Uruguay Venezuela

Montevideo, 24 de octubre de 2016

Señor 1er Vicepresidente de la

Cámara de Representantes,

en ejercicio de la Presidencia,

Dip. Felipe Carballo

P r e s e n t e.

De mi mayor consideración:

Solicito a Usted que disponga lo pertinente a fin de conformar una Comisión Pre-Investigadora, al amparo de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República y las disposiciones Legales y reglamentarias que regulan la creación de Comisiones Parlamentarias de Investigación.

La presente solicitud está referida a los muy importantes negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela, durante largo tiempo, por montos que suman varios cientos de millones de Dólares americanos, en el marco de las relaciones pautadas por acuerdos bilaterales que se han firmado entre funcionarios de los dos países.

El vínculo notorio de personas y empresas, con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se concedió por parte de las autoridades uruguayas, una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales monopólicas de Venezuela, da mérito suficiente para realizar una investigación parlamentaria. La administración del Fondo Bolívar-Artigas, sus decisiones, el financiamiento del FONDES para empresas cuya viabilidad solo se explica por negocios que se realizan exclusivamente con Venezuela, y la selección de empresas y personas amigas de jerarcas para realizar negocios en forma exclusiva, ofrecen una serie de elementos de apariencia irregular, que entendemos deben ser estudiados por el Parlamento.

La alta probabilidad que alguna de estas personas o empresas beneficiadas, contribuyan con sectores políticos cuyos representantes están cerca de las decisiones que los beneficiaron, incluso las propias declaraciones de jerarcas responsables del gobierno en relación a la legitimidad de las actividades de intermediación de estas personas o empresas, dan mérito suficiente para realizar una investigación.

Como claramente lo expresa el Dr. Diego Galante (1), “Una comisión investigadora es un instrumento parlamentario para controlar y vigilar la gestión del Estado y los temas relevantes de gobierno. Es un panel o tribunal formado por legisladores que investigan y dictaminan; no es un órgano de justicia, está claro.

El art. 120 de la Constitución dice: <<las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos>>. Una facultad que viene desde que se estableció en la Constitución del año 1918 (art. 51). En el año 1995 con la ley 16.698 se reguló la conformación y funcionamiento de estas comisiones. Los distintos legisladores tienen derecho a investigar, auditar, recibir informes y testimonios, hacer pruebas sobre hechos supuestamente irregulares y terminar con informes sobre los resultados de las investigadoras.

Pero las Comisiones Investigadoras son además de instrumentos legales, una forma republicana de gestionar el gobierno. Diríamos que de gran importancia: permite canalizar por medios institucionales la función de contralor y de investigación que tienen los legisladores y, por añadidura, los dirigentes políticos”.

En tal sentido, con el propósito señalado, solicito a usted proceda de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, conformando una Comisión Pre-Investigadora, a los efectos de dar cumplimiento a las funciones que la Constitución, las Leyes, y la ciudadanía han encomendado a este Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente

Jaime Mario Trobo

Representante Nacional