Es la familia o la mafia.

Los diagnósticos están todos hechos. Las tribunas del estadio son un emporio de tráfico de drogas y transas de todo tipo, administrado por mafiosos que tienen vínculos con el poder. Lo sabe un niño de escuela y lo sabe, más que lo sabe, el ministro del Interior. Si tiene dudas que pregunte en su casa.

Si no paran con la violencia es porque no quieren. No es un tema de sistemas de vigilancia, de análisis sociológicos ni de hacer mucho seminario sobre la violencia en la sociedad y toda esa cantinela de boliche. A esta altura si no paran con los mafiosos simplemente es porque no quieren o porque si tiran de esa piola no saben dónde termina. Vamos a dejarnos de tantos rodeos. La violencia también es una mercancía y deja dinero. Y hay mafiosos que tienen tomado por asalto el fútbol para hacer plata, conquistar mercados de droga y hacer contactos, tienen silencios cómplices y tienen códigos, el que más usan es el de Omertá.

El Estadio Centenario en un partido medianamente importante, junta más gente que varias ciudades y capitales departamentales. A nadie se le ocurriría en su sano juicio sacar a la Policía de las ciudades para que administren su seguridad con guardias privados. Ningún ministro medianamente serio y con las manos libres para tomar decisiones plantearía dejar a la Policía en la radial de entrada de una ciudad y decir “avísenme si pasa algo”.

En el fútbol donde se juntan miles de personas la orden es que la Policía quede en la “radial” de los estadios. Estamos todos locos.

El Gobierno no toma decisiones porque está comprometido y no quiere enfrentar a las mafias. No lo quiere. Sabe quiénes son, los conoce, la Justicia los investiga, les pincha los teléfonos, los dirigentes contratan a algunos, les dan entradas para comprar paz, están en negocios conexos a los clubes; ahora nos enteramos que hasta reciben plata por dejar filmar una película de unos de los cuadros grandes a 60.000 mil dólares. ¿Andan con dudas de lo que tiene que hacer? El tema no son ni las cámaras famosas de identificación facial ni ocho cuartos.

En los partidos de Uruguay, como el del jueves, en el Centenario no pasa nada porque esas mafias no tienen mercado en esos partidos. Es un tema económico: allí va la familia y los mafiosos no tienen para transar ni la protección de estructuras que le permitan terreno libre para actuar y adueñarse de puertas, tribunas y baños que se usan como supermercado de drogas y cancha de duelos criollos y ajustes de cuentas de barrabravas y criminales del deporte. Saben quiénes son, dónde viven, su cédula de identidad y ¿nadie los agarra? ¿Desde cuándo un espectáculo donde concurren decenas de miles de personas es un espectáculo privado que se autorregula? ¿Tienen derecho a entrar los mafiosos?

O se defiende a las familias o a las pandillas, o se le entrega el poder a la gente de bien o se lo da a los delincuentes para que hagan sus negocios. Alcanza con mirar para el costado y dejarles las tribunas libres y sin policías. Y para resolver esto, antes que fuerzas especiales y cámaras de seguridad y toda la tecnología, lo que se necesita es voluntad política, que es lo que falta.

La vinculación del deporte y de los delincuentes, llamados “barrabravas”, con el poder y la protección política, es lo que pudrió el fútbol. Ese es su pase libre. Lo saben en el Gobierno, es su caballo de Troya y además lo protegen.

Javier García