Edil Diego Rodríguez presentó iniciativa para regular las aplicaciones de transporte

Al tiempo que ayer la Junta Departamental comenzó a analizar el proyecto de decreto de la Intendencia para regular las aplicaciones de transporte, el edil Diego Rodríguez Salomón presentó una iniciativa propia para que sea analizada por la Comisión de Movilidad Urbana.

El trabajo sugiere la creación de un registro de choferes por parte de la dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia y la existencia de una habilitación municipal de acuerdo a dos categorías: taxis y remises por un lado y prestadores privados por el otro, definiéndose estos últimos como “toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de transporte privado de personas de forma habitual y profesional a cambio de una remuneración”.

A su vez, el proyecto del edil de la lista 404 del Partido Nacional establece que “la actividad de los transportistas identificados será libre mediante solicitud debidamente formulada por el interesado, que deberá cumplir con los requisitos que a tales efectos exija el gobierno departamental en su reglamentación”.

“La actividad desarrollada por los transportistas (…) será libre a solicitud de los interesados, una vez cumplidas las exigencias establecidas por el gobierno departamental en su reglamentación. Los prestadores mencionados, no gozarán de beneficio alguno, no debiendo abonar canon alguno al gobierno departamental como contrapartida de ello”, agrega el texto del proyecto.

La iniciativa señala que los conductores deberán poseer libreta profesional y un vehículo adecuado cuyas características fijará la Intendencia, así como “estar afiliados a un sistema informático, telefónico o presencial de intermediación de servicios de transporte debidamente habilitado, y contar con un sistema que permita identificar al pasajero y al transportista con un tratamiento adecuado de los datos de acuerdo con la Ley 18.331” (N. de R.: De protección de datos personales y acción de Habeas Data).

Los conductores también deberán hacer un curso técnico habilitante que será impartido por la administración.

 Rodríguez también quiere que la comuna exhorte al Poder Ejecutivo a que establezca “un régimen tributario más adecuado para los transportistas privados establecidos y para los intermediarios respectivos”.

“Toda actividad de intermediación en la venta del servicio de taxímetro con chofer, deberá ser reglamentada de forma tal de asegurar a la población un servicio a ser prestado de forma ágil y seguro por empresas debidamente constituidas en el país”, agrega el proyecto.

Fuente: El País

Más control, más impuestos

La Cámara de Representantes analiza el proyecto denominado de Transparencia Fiscal Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Tan grandilocuente título esconde la voluntad de generar normas acordes a las exigidas por la OCDE. De lo que en esencia se trata, es de que todos los estados colaboren para que los países poderosos reciban un flujo mayor de capital financiero y puedan también cobrar más impuestos a sus ciudadanos. Para la obtención de dicho propósito la OCDE determina requisitos que los estados deben cumplir so pena de sanciones morales y materiales.

Estas decisiones no son inocuas. Es cierto que el mundo parece ir hacia un esquema de mayor transparencia en el manejo de la información financiera. Pero, esas políticas a quienes hacen correr mayores riesgos es a los países receptores de capital. Si los capitales son castigados por invertir en Uruguay: ¿por qué seguir haciéndolo?

Este proceder de los gobiernos del FA tiene estrecha relación con una actitud que se caracteriza por ampliar las potestades de la administración tributaria llevándola a erigirse como un súper poder que termina por afectar las garantías individuales.

Se alienta una concepción de la administración tributaria a la que se presenta imbuida de tan loables fines que le está permitido actuar por encima de la Constitución y de la Ley. Principios fundamentales del Estado de Derecho como el de que las personas son inocentes hasta que se demuestra su culpabilidad; de que todas las personas tienen derecho a ser oídos por un juez imparcial; que las personas tienen derecho a la intimidad y que a ella se puede acceder solamente con autorización judicial; que no puede usarse el poder del estado arbitrariamente y con desviación de poder, son ejemplos de lo que está en cuestión en estos tiempos. Si la Administración impide que un contribuyente pague en cuotas sus adeudos y que al mismo tiempo litigue; si no termina en un tiempo razonable las inspecciones; si fija un monto a pagar que después admite negociación; si amenaza con la policía al contribuyente, esa administración no está actuando en el marco del Estado de Derecho.

Asistimos diariamente a una acumulación de instrumentos de control de las personas sin que el controlado tenga posibilidades ni de saberlo ni de oponerse al uso de la información que se recaba. Con los eufemismos de “inclusión financiera” y de “disminuir el delito” se obliga a usar tarjetas y dinero electrónico, quitando libertad al individuo y acumulando información. En otro momento nos referiremos a los perjuicios que se están causando al pequeño y mediano comercio y a lo que puede venir el año próximo.

Transparencia, inclusión financiera lucha contra el terrorismo, bancarización, son palabras que encubren la decidida voluntad de controlar más para así estar en condiciones de cobrar más impuestos.

Desde la perspectiva frenteamplista del gobierno el contribuyente debe aportar cada vez más para que el Estado pueda gastar más, pero sin compromiso de mayor eficacia ni transparencia. Ancap. Pluna, regasificadora, Antel-Arena, el estado paralelo, Fondes, Alas-U, seguridad, infraestructura, son los ejemplos más obvios, pero hay mucho más.

Gustavo Penadés

“Not my president”

Donald Trump es el líder político más inquietante y desagradable que se ha visto en mucho tiempo. Su mezcla de rusticidad, prepotencia y demagogia resulta francamente perturbadora. Y ese hombre va a convertirse en breve en presidente de los Estados Unidos.

Entre las muchas expresiones de desagrado que generó su elección, hubo manifestaciones masivas en las calles de Nueva York, Los Angeles y otras grandes ciudades (Trump no ganó en ninguna de ellas). Los manifestantes denunciaron el lado intolerante y xenófobo del presidente electo, lo que suena perfectamente entendible. Pero también corearon una consigna que es al menos tan preocupante como la propia elección de Trump: “Not my president”, es decir, “No es mi presidente”.

Nos guste o no, Donald Trump fue votado por casi 60 millones de estadounidenses en el marco de un conjunto de reglas que todos habían aceptado. Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a instalarse en la Casa Blanca y a ser reconocido como presidente de todos.

Quienes se niegan a reconocerlo como tal están ignorando, en primer lugar, la propia lógica del juego democrático. En el momento en que aceptamos participar de ese juego nos comprometemos a reconocer el resultado que surja de la aplicación de sus reglas, aun en el caso de que no resulte electo nuestro candidato. Tabaré Vázquez es hoy el presidente de todos los uruguayos, no solamente de quienes lo votaron. Y lo mismo ocurrió antes con José Mujica, independientemente de lo bien o mal que pudiera caernos. Si cada uno va a decidir qué presidente reconoce y cuál no en función de sus preferencias personales, la democracia pierde su capacidad de construir un orden compartido.

El desacierto es todavía más profundo. Quienes dicen “Not my president” no sólo están erosionando el orden democrático, sino que están defendiendo una forma de aristocracia apenas encubierta. Al negarse a aceptar a Trump como presidente de todos, están negándose a aceptar como válida y vinculante la voluntad de casi 60 millones de conciudadanos cuyos votos se traducen en una mayoría de delegados en el colegio electoral.

Complementariamente, quienes actúan de este modo demuestran que no entienden qué es lo que aporta la democracia a nuestras sociedades. La democracia no garantiza que se tomen buenas decisiones porque, como lo muestra una y otra vez la historia, las mayorías pueden equivocarse mucho. La democracia sólo asegura que las decisiones que se tomen sean legítimas, es decir, sean decisiones que todos reconozcamos como válidas y, por lo tanto, todos estemos dispuestos a respetar. Esto es enormemente importante, porque cuando no hay legitimidad sólo queda la imposición por la fuerza, con todas sus secuelas de dolor y dominación. Evitar ese extremo es la promesa fundamental de la democracia. No lo es elegir gobernantes perfectos.

Así como hay casi 60 millones de estadounidenses que votaron a Trump, hay casi 60 millones que votaron por Clinton. Pero todos ellos, junto a los millones que no votaron, deben reconocer a Trump como su presidente. Más aun, lo mejor que pueden hacer es reconocerlo como presidente de todos y exigirle que esté a la altura de esa condición. Si no lo hace, entonces tendrán una buena razón para combatirlo con todos los medios políticos e institucionales que los ciudadanos de las sociedades democráticas tenemos a nuestro alcance.

Pablo Da Silveira