Senador Luis Lacalle Pou propone cambios a la Ley de Inclusión Financiera

El líder del sector Todos del Partido Nacional,senador Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley,que  tiene por finalidad modificar todas aquellas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera (LIF) que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico las remuneraciones de los trabajadores dependientes, honorarios profesionales, jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes.
 
Lacalle Pou propone dejar abierta la opción para que sean los beneficiarios finales quienes elijan el medio.
 
En su exposición de motivos,el senador expresa : “Entendemos que todas las personas tiene derecho a elegir libremente la forma o el mecanismo mediante el cual desean cobrar su sueldo, pagar una cuenta o realizar un negocio jurídico. No somos partidarios de un sistema que obliga y por ende derriba el principio de libertad y de la autonomía de la voluntad.Si lo que verdaderamente busca la LIF es una mayor y mejor inclusión social, entonces el camino no debe ser el de la imposición, sino el de buscar los incentivos necesarios que terminen por generar en las personas una inclusión voluntaria al sistema propuesto”.
En otro pasaje de la exposición de motivos,Lacalle Pou establece que “es cierto que es más fácil implementar un mecanismo de imposición como el que llevo adelante el Gobierno, pero alcanza solo con educar y convencer que la herramienta es buena para el país y su gente, para lograr una inclusión verdadera”.
 

INCLUSION FINANCIERA

Modificación

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PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 10. (Pago de nómina).- El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador podrá, a opción del trabajador, efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. El sistema de pago que se instituye no implica aceptación de la liquidación por parte del dependiente, ni enerva la obligación del empleador de extender los recibos de haberes, en las condiciones previstas en las normas reglamentarias del artículo 10 de la Ley N° 16.244, de 30 de marzo de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico”.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 12. (Pago de honorarios profesionales).- El pago de honorarios pactados en dinero por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia podrá, a opción de cada profesional, efectuarse mediante medios de pago electrónicos o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla.

El profesional que hiciera uso de la opción, elegirá libremente el o los medios de pago previstos en el inciso anterior a través de los cuales cobrar sus honorarios profesionales”.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 15. (Pago jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes).- El pago de jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, complementos salariales y subsidios de cualquier naturaleza, realizado por los institutos de seguridad social o las compañías de seguros podrá, a opción del beneficiario, efectuarse a través de acreditaciones en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. Cuando el beneficio, complemento, subsidio o prestación se derive de una relación laboral, el pago podrá realizarse en la institución en la cual el trabajador percibe su remuneración”.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley Nº 19.478 de 5 de enero de 2017, por el siguiente:

“Artículo 19. (Prestaciones de alimentación).- Las prestaciones de alimentación previstas en el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que no sean suministradas en especie podrán, a opción del trabajador, pagarse mediante instrumentos de dinero electrónico, los que deberán garantizar que los fondos acreditados para suministrar dichas prestaciones no puedan destinarse a otros usos. La reglamentación establecerá la fecha a partir de la cual regirá la presente disposición.

Los beneficiarios de las prestaciones de alimentación previstas en el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, tendrán derecho a solicitar la emisión de hasta un instrumento de dinero electrónico adicional, el que solo podrá ser emitido a nombre del padre, madre, hijo, cónyuge o concubino del beneficiario de estas prestaciones”.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 42. (Proveedores del Estado).- A partir del primer día del mes siguiente a los ciento ochenta días a contar desde la vigencia de la presente ley, todos los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley podrán, a opción del proveedor, cumplirse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera”.

Artículo 6º.- Derógase los artículos 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 46 de la Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014.

Luis Lacalle Pou

Senador

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se acompaña, tiene por finalidad modificar todas aquellas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera (LIF) que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico las remuneraciones de los trabajadores dependientes, honorarios profesionales, jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes, dejando abierta la opción para que sean éstos quienes elijan el medio.

Asimismo, se derogan aquellas otras disposiciones que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera, en instrumento de dinero electrónico u otros mecanismos cuando la ejecución de determinadas operaciones o negocios jurídicos superan los montos establecidos por la LIF. Tal es el caso de las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles; arrendamientos, subarrendamientos y crédito de uso de inmuebles; adquisiciones de vehículos motorizados; pago de tributos; ingresos o egresos dinerarios por aportes de capital, etc.

Entendemos que todas las personas tiene derecho a elegir libremente la forma o el mecanismo mediante el cual desean cobrar su sueldo, pagar una cuenta o realizar un negocio jurídico. No somos partidarios de un sistema que obliga y por ende derriba elprincipio de libertad y de la autonomía de la voluntad.

Si lo que verdaderamente busca la LIF es una mayor y mejor inclusión social, entonces el camino no debe ser el de la imposición, sino el de buscar los incentivos necesarios que terminen por generar en las personas una inclusión voluntaria al sistema propuesto.

Es cierto que es más fácil implementar un mecanismo de imposición como el que llevo adelante el Gobierno, pero alcanza solo coneducar y convencer que la herramienta es buena para el país y su gente, para lograr una inclusión verdadera.

Sabido es que la LIF ha tenido enormes problemas de implementación en el interior del país y principalmente entre los sectores más vulnerables. Esto ha motivado sucesivas postergaciones de entrada en vigencia de algunas de las disposiciones de la LIF. Basta solo con recordar que hay más de 400 localidades en el interior que no cuentan con cajeros automáticos y mucho menos con Bancos y que esa gente debe recorrer decenas o cientos de kilómetros para encontrar un punto de extracción de dinero. A esta gente no le estamos haciendo la vida más fácil, y mucho menos inclusiva.

Algo similar sucede con las cientos de transacciones y negocios jurídicos que se celebran día a día. Ya son varias las voces de los principales agentes que intervienen en estas operaciones que no han vacilado en afirmar cuan ridículos son los montos autorizados y cuan engorroso es poner en práctica un sistema que no se aggiorna a la realidad, y que por obligatorio termina siendo perjudicial.

Esperamos que el cuerpo legislativo acompañe el proyecto en el entendido que el espíritu que nos mueve, no es otro que el de defender el derecho de toda persona a elegir libremente.

Coalición para el cambio.

En el correr de los últimos días se ha producido una situación extraña: si uno repasa los espacios en la prensa y la distribución del tiempo en radio y TV, resulta claro que se ha dedicado más atención a una organización privada y sin ninguna capacidad de imponer decisiones (la iniciativa Eduy21) que a las propias autoridades de la enseñanza.

Eso pese a que las autoridades manejan enormes cantidades de dinero y son las únicas que tienen la potestad de adoptar decisiones vinculantes.

Puede argumentarse que se trata de una situación coyuntural, muy influida por el lanzamiento de un plan de actividades del que se espera surja una hoja de ruta para el cambio educativo. Y nadie razonable puede negarlo. Pero lo curioso es que ese nivel de atención no se logró a fin de año, cuando el MEC puso en marcha la organización de un nuevo congreso educativo, ni en el pasado mes de febrero, cuando ANEP lanzó una consulta popular sobre un Marco Curricular de Referencia, ni en ocasión de ninguna iniciativa lanzada recientemente por los consejos desconcentrados.

Eduy21 genera expectativas, mientras que las autoridades educativas no las generan. Y la explicación reside en un extendido escepticismo respecto de lo que vayan a hacer los responsables de la enseñanza en lo que resta de este período de gobierno.

Este escepticismo ha sido alimentado durante más de una década por el oficialismo. A lo largo de ese período hubo demasiadas declaraciones rimbombantes (“educación, educación, educación”) que no condujeron a nada. Hubo demasiado dinero gastado sin resultados que guarden una mínima relación con el esfuerzo realizado. Hubo dos grandes acuerdos educativos multipartidarios que no se cumplieron. Hubo anuncios mentirosos, como el que dio la directora de Secundaria cuando dijo que los docentes ya estaban eligiendo horas por dos años. Hubo ocultamiento de información, que solo fue superado cuando medios de prensa acudieron a la justicia. Hubo varias ediciones de las pruebas Pisa que nos quisieron presentar como exitosas cuando claramente no lo eran. Y hubo errores de conducción garrafales, como la doble metida de pata de declarar la esencialidad y luego no aplicarla.

Pero, sobre todo, hubo un proceso de profundo descrédito de las autoridades educativas, que en todo este tiempo han demostrado carecer de estrategia y no han exhibido la menor disposición a hacerse cargo de nada. Los uruguayos nos hemos aburrido de verlos actuar como una banda de pícaros que se dedican a cultivar la vaguedad y el aburrimiento para no contestar preguntas ni comprometerse a nada medianamente concreto.

El interés generado por las actividades recientes de Eduy21, en claro contraste con la indiferencia que generan las autoridades, es un mensaje que la sociedad uruguaya se está dando a sí misma. Y ese mensaje dice que la cosa no da para más. Al oficialismo se le han dado todos los medios y se lo ha esperado durante demasiados años. Ya no hay excusas que puedan explicar su parálisis. Simplemente está claro que no serán ellos quienes vayan a generar los cambios que el país está necesitando. Hay que buscar en otros espacios y seguir otros caminos.

Desde luego, lo que ha pasado hasta ahora es apenas un comienzo. Lo que viene es la larga pulseada entre la gran coalición que está a favor del cambio educativo y los defensores del inmovilismo.

Pablo Da Silveira