Senador Javier García: “El FA financió con empresas públicas a los capitalistas de la salud”

Cada vez son más los recursos que se trasladan desde los hospitales públicos a las mutualistas. Entre 2010 y 2015 la contratación de servicios de CTI por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) creció a una tasa promedio anual de 13%. El arrendamiento de ambulancias, en tanto, aumentó un 10% por año.

Los datos se desprenden de un informe interno del Ministerio de Salud Pública (MSP) titulado “Desempeño económi- cofinanciero de los prestadores integrales del Seguro Nacional de Salud”, al que accedió El País. Este también señala que en el caso de la contratación de tratamientos por parte de ASSE a prestadores privados, el crecimiento fue de un 20% anual.

El documento, que es de octubre de 2016 y es el último análisis que hizo la cartera de los prestadores de salud, señala que la cantidad de usuarios de ASSE a diciembre de 2015 era de 1.312.298. En diciembre de 2010, en tanto, eran 1.226.422, según consigna la página web del organismo. Es decir que aumentó el dinero que se transfirió al sector privado para contratar camas de CTI, tratamientos y ambulancias; pero también creció la cantidad de usuarios en los hospitales públicos.

Incrementos.

De 2010 a 2015 el mayor aumento que tuvo ASSE fue el los servicios asistenciales contratados. Esos “crecieron a una tasa promedio anual de 10,8% y cerraron el período con un aumento total de 66,3% en valores constantes”, precisa el documento del MSP.

En total, en todos estos años, el crecimiento en lo gastado en ambulancias fue de 55,7%, en profesionales y técnicos 22,7%, en camas de CTI 79,6%, en estudios clínicos 53,3%, en tratamientos 136,6%, en servicios de internación 92,1% y en el rubro “otros servicios contratados” 70,9%.

La oposición suele denunciar que la contratación de servicios por parte de ASSE al sector privado se debe a una financiación encubierta de las mutualistas que están en aprietos económicos (ver nota aparte).

Recursos.

El documento del MSP también hace un análisis de la situación de los prestadores privados. Estos dan cobertura a 2.145.229 usuarios, lo que corresponde al 65% de la población del país. El 90% es parte del Fonasa. En el caso de las instituciones de Montevideo “el resultado ajustado por inflación fue deficitario en -0,18%, alrededor de $ 61 millones. A nivel operativo el resultado fue también deficitario en -0,48% de todos los ingresos operativos”.

Son solo dos las mutualistas de Montevideo que presentan resultados ajustados a inflación deficitarios. Y una de estas instituciones muestra resultados deficitarios desde el año 2008, según el trabajo de la cartera.

En lo que refiere al ítem “Liquidez y solvencia del sector”, se señala que en 2015 el pasivo del sector ascendió a alrededor de US$ 714 millones. En términos reales la deuda crece 8,3% respecto al ejercicio anterior, explicado por el aumento del pasivo corriente en 10,4%. El crecimiento del pasivo se acelera respecto a lo observado en el ejercicio anterior”.

La deuda se concentra en tres instituciones, las dos que presentaron déficit con los resultados ajustados a inflación, más otra. Estas “representan el 46% de la deuda del sector y 63% del pasivo de las instituciones con sede principal en Montevideo”.

El documento también señala que mientras “el 90% de la deuda de las instituciones del interior es de corto plazo”, en Montevideo “solo 66% es pasivo corriente”.

“Los principales rubros de endeudamiento sectorial son las deudas comerciales y diversas de corto plazo, en particular los Laboratorios de medicamentos y otros proveedores, y las deudas financieras no corrientes (Préstamos bancarios y Obligaciones a corto plazo)”, concluye.

DENUNCIA DE JAVIER GARCÍA.

“FA financia capitalistas de la salud”.

Para el senador nacionalista Javier García el incremento del dinero que se traslada desde los hospitales públicos al sector privado, para contratar ambulancias o camas de CTI, entre otras cosas, “denota claramente la gestión catastrófica que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)”.

“Multiplicó su presupuesto, disminuyó en gran medida los pacientes a atender, y sin embargo se terminó transfiriendo dinero por mala gestión al sector privado”, denunció García.

El senador advirtió que “el Frente Amplio habla mucho de capitalismo, pero financió con empresas públicas a los capitalistas de la salud. Esto es producto de la catastrófica gestión que tuvo ASSE”.

“Lo otro preocupante es el déficit que hay en Montevideo”, continuó García. “Y to-do esto genera una triste conclusión: el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es deficitario, la tercera parte es deficitaria, y terminó siendo un descontrol por mala gestión, la cual también está probada por la megaestafa de la que nos enteramos en estos últimos días”.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez: “Que hayan frenado la compra indica que hay algo sospechoso.Esto potencia la investigadora”.

La comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia de Montevideo resolvió aconsejar al intendente Daniel Martínez que desista de comprar el inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria. Fuentes municipales dijeron a El País que “esto habilitará a hacer una nueva convocatoria de adqui-sición” y que hasta ahora “no se pagó nada” de los US$ 1.490.000 que solicitó el único oferente de la licitación.

Además de conformar un grupo de trabajo integrado por directores de primera línea (un hecho inédito para una denuncia de este tipo), de forma complementaria, Martínez resolvió seguir el trámite normal para estos casos: la investigación administrativa.

Asimismo, ayer quedó instalada en la Junta Departamental una comisión preinvestigadora, que comenzará a trabajar hoy con un integrante de cada lema, en la que se encuentra el edil nacionalista Diego Rodríguez como denunciante. Este grupo recogerá pruebas y elaborará un informe que pasará al Plenario de la Junta para ser votado y crear una Investigadora. Para ello, necesitará los votos del Frente Amplio.

El trabajo que comienza hoy en el legislativo comunal se prolongará seguramente hasta el viernes. Si bien la preinvestigadora tiene dos días de plazo, se pedirá una ampliación para recibir el expediente de la licitación, que la IMM no envió a los ediles, como exige la norma municipal.

“Que hayan frenado la compra indica que hay algo sospechoso, no quieren pagar el costo político. Esto potencia la investigadora. Y tampoco le quita responsabilidad al intendente”, declaró anoche el edil Rodríguez a El País. “¿Cuál es la sanción económica que le cabe ahora a la Intendencia por haber hecho un negocio y recular con chancletas después?”, se preguntó.

Muchas coincidencias.

El legislador dijo que tiene información de que representantes de la Intendencia fueron a recorrer el local “entre julio y agosto del año pasado”, cuando estaba en manos de la empresa Merial, y que comunicaron que “no llegaban al precio”, aunque este era muy inferior al que finalmente se terminó pagando.

Según Rodríguez, esto refuerza la teoría —insinuada por el propio TCR— de que los pliegos fueron redactados “a medida” para quien resultó ser el único oferente.

“No nos caben dudas de que es un traje a medida. Por un tema económico en su momento no se hizo el negocio. Pero había un conocimiento exacto de cómo era el local. Y seis meses después tenemos esta operación en la que terceros hacen la compra por US$ 750.000, vendiéndole el local a la Intendencia 48 horas después por US$ 1.490.000. La comuna no mandó a un tasador al inmueble para ver si el precio era el correcto. El pliego coincide con los metrajes, los galpones y los garajes que la Intendencia quería”, indicó el edil.

Según el fallo del TCR, “el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto por ejemplo que se indica la cantidad de metros cuadrados que debe contar para Servicios Higiénicos, en el caso 100 m2 para cada una de las reparticiones a las que se destinará el inmueble”. En este sentido, el organismo de contralor advierte que “se presentó una única oferta, la cual cumple con todos los requisitos mínimos del pliego”.

El Tribunal también destaca que “no consta que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor”.

Irregularidades.

Si bien las dos comisiones de trabajo de la Intendencia y la que se pretende formar en la Junta investigarán hasta determinar si hubo algún hecho ilegal en el proceso —y eventualmente determinar responsabilidades—, el TCR ya observó la existencia de irregularidades.

Una de ellas es el incumplimiento a lo señalado por el ar-tículo 36 numeral 1° de la Ley 9.515, que establece que “le compete a la Intendencia adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos, con acuerdo en ambos casos de la Junta Departamental, por dos tercios de votos”. Esto no ocurrió.

Según una resolución municipal en poder de El País, el intendente Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien tiene una valoración de Catastro de exactamente la mitad de ese precio.

Cuando la observación del TCR tomó estado público, el intendente se molestó por haberse enterado “a través de la prensa”. Fue entonces que decidió dar cuerpo a la comisión ad hoc. La misma está integrada por directores de primera línea: Fernando Nopitsch (secretario general); Christian Di Candia (prosecretario general); Juan Voelker (Recursos Financieros); Fabiana Goyeneche (Desarrollo Social); Ernesto Beltrame (Jurídica) y Gustavo Cabrera (Sección Compras,).

Martínez también resolvió ayer iniciar una investigación administrativa (que indaga hechos y no personas), de donde eventualmente después podrían disponerse sumarios y la radicación de una denuncia penal, en caso que exista mérito para formularla.

“Conocidos operadores”.

En el petitorio presentado por el edil Diego Rodríguez a la Junta Departamental, para investigar el tema, se señala que “las personas que adquirieron el bien, o al menos dos de ellas, son conocidos operadores inmobiliarios del país, quienes ostentan la titularidad de una empresa inmobiliaria. En este sentido, el edil precisó que “ofertaron como personas públicas y no como empresa”. Rodríguez solicitó que la Intendencia remita a la Junta Departamental el pliego licitatorio por el cual se procedió a la compra del inmueble, así como “todas las resoluciones que se emitieron en el transcurso del proceso hasta su finalización”.

Según el legislador, “las actuaciones, por acción o por omisión, no se ajustan al principio de buena administración”.

Fuente: El País

Narcisismo moral. Editorial del Dr. Pablo Da Silveira

El Frente Amplio viene de pasar unos días de tensión interna como pocas veces había vivido.

Primero fue la aprobación de una comisión parlamentaria para investigar los vínculos entre empresas privadas y partidos políticos, incluyendo casos muy oscuros como el de Aire Fresco. Luego fue el golpe de Estado en Venezuela y la consiguiente necesidad de pronunciarse sobre esos hechos. Ambos episodios pusieron en evidencia fracturas muy profundas, que van mucho más allá de lo táctico y aun de lo estratégico. La tibia condena al golpe de Maduro que emitió la Mesa Política del Frente Amplio fue aprobada por un voto de diferencia.

Algunas figuras del oficialismo salieron a minimizar los hechos y hablaron de “circo político”. Pero la verdad es que esos cimbronazos los sacudieron. No sólo está en juego el espíritu de unidad entre las diversas fuerzas que conforman la izquierda, sino algo todavía más profundo: estos episodios suponen un duro golpe al narcisismo moral que, desde hace muchos años, ha sido uno de los rasgos distintivos del frenteamplismo.

El narcicismo moral es una actitud resumible en una única frase que se da por autoevidente: nosotros somos los buenos. Todo lo que hacemos está bien por definición, porque lo hacemos nosotros. Todo lo que hacen los otros está mal, porque lo hacen ellos. No hay nada que evaluar ni nada que vigilar respecto de nuestro propio comportamiento. Tampoco hay ningún mérito a reconocer en el comportamiento ajeno.

Un corolario político de esta visión es que lo mejor que puede ocurrir es que gobernemos nosotros. También por definición, nuestro gobierno será el gobierno de los buenos. En consecuencia, cualquier método que se utilice para llegar al gobierno es válido, como también es válido cualquier método para mantenernos en él. También es legítimo todo procedimiento que se utilice para impedir que gobiernen otros. Todo esto se justifica porque, nuevamente por definición, que ellos gobiernen es malo y que vuelvan a gobernar es un retroceso. En cambio, que lo hagamos nosotros es bueno para el mundo y supone un progreso en la historia.

Esta visión simplista y autocomplaciente es un pasaporte hacia la degradación moral. Dado que ya no hay cosas que estén bien o mal independientemente de quién las haga, todo se vuelve relativo: si lo hago yo es porque era necesario para asegurar el mejor resultado posible, que es, casualmente, que yo gane. Así es como uno termina permitiéndose mentir de manera descarada durante una campaña electoral (por ejemplo, prometiendo que no va a aumentar los impuestos aunque sepa que va a hacerlo), dar apoyo a un vicepresidente que engaña a un país entero acerca de sus títulos académicos o escandalizarse ante el ejercicio de una forma elemental de control democrático como son las comisiones investigadoras.

También por esta vía uno se autoriza a no considerarse responsable de nada. Uno no es responsable de las familias que sufren como consecuencia del delito, ni de los miles de “ni-ni” que se están quedando sin futuro, ni de las empresas que cierran porque no pueden con el costo del Estado, ni del despilfarro de centenares de millones de dólares en Ancap. Nada de eso es grave porque lo hice yo. Si lo hubiera hecho otro, sería escandaloso.

El narcisismo moral es una enfermedad infantil de la izquierda que nos gobierna. Felizmente, cada día es menos sostenible.

Pablo Da Silveira

Diputado Juan José Olaizola sugiere que puerto pesquero pase de Capurro a La Paloma

En el marco de una conferencia por los 25 años de la ley de Puertos que se llevó a cabo ayer en la antesala de la Cámara de Diputados, el legislador nacionalista e integrante de la comisión de Transporte, Juan José Olaizola, sugirió a las autoridades del Poder Ejecutivo detener la construcción del muelle y frigorífico pesquero en la zona de Capurro y destinar esos recursos a la terminal de La Paloma.

“Por más que la ley transformó radicalmente la concepción y gestión de nuestros puertos, hoy a 25 años de su promulgación no debemos descansarnos en las mejoras obtenidas”, dijo el diputado durante su oratoria.

En ese sentido, una de las propuestas que planteó Olaizola fue la necesidad “de potenciar” el puerto de La Paloma para la prestación de servicios portuarios, en línea con los objetivos definidos por el Ministerio de Transporte y las obras realizadas en esa terminal desde 2008. El diputado sugiere dedicar las “cifras millonarias” (unos US$ 90 millones) que la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene previsto ejecutar a partir de mediados de este año para construir un muelle pesquero a “otros prioridades. Utilizando el puerto de La Paloma para la pesca, se verificaría no solo una acción concreta de fomento de la descentralización portuaria, sino también una racionalización de las inversiones y la dinamización económica y laboral de una comunidad local muy importante, como se estableció la Ley de Puertos y su reglamento”, recordó.

La ANP tiene previsto culminar la obra del muelle Capurro en 2019. Actualmente, el ente portuario está aguardando que Presidencia habilite el llamado a licitación para la construcción y concesión de un frigorífico pesquero. Además del legislador Olaizola hicieron uso de la palabra, el presidente del Centro de Navegación (Cenave), Alejandro González, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Aishemberg, y director de la oposición en la ANP, Juan Curbelo.

Fuente: El Observador