Senador Luis Lacalle Pou realizó Pedido de Informes sobre exportación de soja a China


El senador y líder del sector TODOS, Luis Lacalle Pou, efectuó un pedido de informes al Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca para recabar información en torno a la implementación del “Protocolo  de requisitos Fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China”. 


Este acuerdo se suscribió el 18 de octubre de 2016 entre el MGAP y el organismo correspondiente de la República Popular de China.

En el texto del pedido de informes se advierte que varios productores se han acercado para manifestar su preocupación por “las consecuencias negativas” que el protocolo puede generar.

El informe contiene 14 preguntas. Algunas de ellas son:

“¿Existe algún documento elaborado por el MGAP en donde se hayan evaluado las consecuencias positivas y/o negativas de firmar el Protocolo?”

“¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de no firmar el Protocolo y continuar con el mismo régimen con el que se venía exportando? ¿Estaba dentro de esas consecuencias que China dejara de comprar soja uruguaya? Existe algún documento de la República Popular de China que indique que dejarían de comprar soja uruguaya?”

“¿El MGAP evaluó al momento de firmar el Protocolo y disponer que entrara en vigencia para la zafra del año 2017, que los principales competidores de Uruguay (Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos) comenzarán a cumplir con el Protocolo recién en el año 2018, dejando a Uruguay en una clara desventaja?”

“¿Cuenta el MGAP con un cálculo económico de lo que le cuesta a los productores implementar el Protocolo suscrito?”.


 

PEDIDO DE INFORMES


Se nos han acercado varios productores de soja de nuestro país preocupados por las consecuencias negativas que puede generar la implementación del “Protocolo  de requisitos Fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China” (en adelante el Protocolo), firmado el 18 de octubre de 2016 entre el MGAP y la Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ).

En virtud de lo expuesto solicito:

1)      ¿Existe algún documento elaborado por el MGAP en donde se hayan evaluado las consecuencias positivas y/o negativas de firmar el Protocolo? En caso afirmativo se solicita adjuntar el documento.

2)      ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de no firmar el Protocolo y continuar con el mismo régimen con el que se venía exportando? ¿Estaba dentro de esas consecuencias que China dejara de comprar soja uruguaya? Existe algún documento de la República Popular de China que indique que dejarían de comprar soja uruguaya? En caso afirmativo se solicita adjuntar el documento.

3)      El MGAP en un comunicado de Prensa, manifestó haber celebrado diversas reuniones con la Mesa de Granos y con la Comisión Directiva de la Cámara Mercantil de Productos del País donde se abordó el tema del Protocolo. Se solicita adjuntar las Actas de las reuniones.

4)      ¿Por qué motivo el MGAP decidió firmar el Protocolo con entrada en vigencia para la zafra del año 2017 y no para la zafra del año 2018, lo que hubiera dado mayores posibilidades de preparación para los productores?

5)      ¿El MGAP evaluó al momento de firmar el Protocolo y disponer que entrara en vigencia para la zafra del año 2017, que los principales competidores de Uruguay (Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos) comenzarán a cumplir con el Protocolo recién en el año 2018, dejando a Uruguay en una clara desventaja? Se solicita adjuntar el informe de evaluación.

6)      ¿Por qué motivo no se negoció el Protocolo en bloque con los países del MERCOSUR?

7)      Según el artículo 3ero del Protocolo, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), deberá implementar actividades de vigilancia y establecer medidas de control. ¿Se han implementado por parte de la DGSA las actividades de vigilancia y las medidas de control? En caso afirmativo se solicita detallar cuáles son esas actividades y medidas.

8)      ¿Realizar las actividades de vigilancia y de control por parte de la DGSA implica destinar mayores recursos económicos? En caso afirmativo se solicita detallar los costos que debe asumir el MGAP para dar cumplimiento al artículo 3ero del Protocolo.

9)      ¿Cuenta el MGAP con un cálculo económico de lo que le cuesta a los productores implementar el Protocolo suscrito? En caso afirmativo se solicita adjuntar el informe.

10)   El artículo 5to del Protocolo dispone que la “DGSA deberá registrar a los exportadores y elevadores de granos que exporten soja a China…” Indique si el registro ya se encuentra en funcionamiento y que requisitos se les solicita a las empresas exportadoras y elevadores de granos para poder registrarse.

11)   El artículo 8vo resultó ser el más polémico y el de mayores riesgos para los productores nacionales, pues un incumplimiento puede derivar en la suspensión de toda la soja uruguaya. En este marco: ¿Realizó el MGAP un estudio probabilístico (teniendo en cuenta antecedentes desde 2004 a la fecha) sobre los envíos de soja que pueden ser devueltos y los costos que eso implicaría?

12)   ¿Quién decide si la mercadería que no es aceptada en China es devuelta o destruida?

13)   ¿Cuenta el MGAP con un protocolo de contingencia en caso de que China resuelva suspender toda la soja uruguaya? En caso afirmativa se solicita adjuntar el protocolo de contingencia.

14)   El Protocolo dispone que la DGSA deberá realizar la cuarentena e inspección de la soja y expedirá un Certificado Fitosanitario que indique que la mercadería exportada está libre de cualquier plaga cuarentenaria listada en el Anexo I. Estos procesos son realizados bajo la observancia del exportador, importador y de la propia AQSIQ. Sin embargo y pese a los controles previos, una vez arribada la mercadería a China, la AQSIQ puede negar su ingreso. ¿Previó el MGAP la posibilidad de que China utilice su veto al ingreso de soja uruguaya como medida paraarancelaria? ¿Con qué mecanismos cuentan los exportadores uruguayos para evitar medidas abusivas por parte de la AQSIG?

 

Diputado Martín Lema convoca a Ministra Arismendi tras contrataciones directas observadas por el TCR.

Tal como había ocurrido en el mes de marzo de este año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) volvió a observar una serie de contrataciones directas hechas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por ser irregulares y, en algunos casos, inconstitucionales. Pese a eso, los gastos fueron reiterados por decisión de la ministra Marina Arismendi y de la subsecretaria Ana Olivera.

Las resoluciones del TCR observando los gastos por decenas de millones de pesos fueron tomadas desde mediados de 2016 hasta comienzos de 2017, y vienen a sumarse a la decisión del organismo de contralor que objetó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides, que fueron hechas para brindar servicios de cuidados. Aún así, en este caso la cartera también decidió reiterar el gasto.

“Las observaciones del Tribunal son repetitivas en cuanto a contrataciones directas que superan el monto permitido, otras contrataciones directas que no encuadran en las excepciones previstas en el Tocaf, y contrataciones que cuentan con principio de ejecución”, dijo a El País el diputado nacionalista Martín Lema, que solicitó la convocatoria de la ministra Arismendi a la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes.

En este nuevo caso, el Mides hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo para presentar propuestas de acompañamiento social y operativo a los grupos de clasificadores de residuos de Montevideo. El TCR observó ese gasto por casi $ 30 millones en agosto de 2016 y reiteró la objeción en diciembre de ese año. La observación fue por el incumplimiento de dos artículos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que dicen que no podrá omitirse ninguna de las exigencias esenciales requeridas en la base del llamado a ofertas y que una vez abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

Finalmente, el Mides siguió adelante con la adjudicación de cuatro plantas de procesamiento de envases a pesar de que uno de los integrantes de una asociación civil debía aclarar aún si era funcionario público, en cuyo caso no hubiese podido participar del proyecto. Esto, para el TCR es “vulnerar” la disposición del pliego.

Otro de los contratos irregulares es el suscrito con la cooperativa social “Arquitectas en la Vida”, firmado por un año y por la suma de $ 3,5 millones para acompañamiento y cuidado de personas en el Centro Nacional de Discapacidad Visual. En este caso, el Mides sometió el contrato a la intervención del Tribunal de Cuentas después de adjudicado el dinero, contraviniendo el artículo 211 de la Constitución. El contrato se comenzó a pagar el 1 de enero de 2017 y la intervención de la contadora delegada del TCR se autorizó después de esa fecha, según los documentos oficiales a los que accedió El País.

Solidaridad.

Parecido fue lo que ocurrió con la cooperativa social Armonía y Respeto (DAR) a la que se contrató en forma directa por $ 4,7 millones desde el 1 de octubre de 2016. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social autorizó la intervención de la contadora del TCR un mes más tarde.

Otra irregularidad, según el TCR, tiene que ver con el convenio suscrito con la cooperativa de trabajo “Factor Solidaridad” a la que se transfirió la suma de $ 2,8 millones para gestionar un centro nocturno para hombres solos con hasta 40 plazas, ubicado en Gil 1023. Para el Tribunal, la contratación “se debió realizar mediante proceso competitivo” y no en forma directa como se hizo por parte del Mides, “ya que la situación no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 33 del Tocaf”. Como en otros casos, cuando se analizó este contrato directo ya estaba en ejecución, dijo el Tribunal.

El TCR objetó, además, un contrato directo del Mides con la cooperativa de trabajo “Sumando Opciones” por $ 2,5 millones para gestionar otro hogar para mayores en situación de calle, por varias razones. Se dispuso el pago de ese dinero en una sola cuota, algo que el Tocaf impide. “No se invocó por parte del Mides causal de excepción alguna que justifique” la contratación directa, dice el TCR. Dado el monto de la contratación, “el procedimiento debió ser el de la licitación abreviada como dispone el artículo 33 del Tocaf”, según señala la resolución del tribunal. Para Lema, “tras doce años de gobierno, no es aceptable que las irregularidades se fundamenten en razones de necesidad”.

Más plazas en los refugios invernales.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aumentará al doble la cantidad de plazas disponibles en refugios para la atención de personas en situación de calle, adelantó la titular de la cartera, Marina Arismendi. Según recoge la web de Presidencia de la República, la jerarca recordó que los liberados de prisión y las personas con problemas psiquiátricos y de adicciones conforman el grupo prioritario a atender. Arismendi dijo que la contingencia prevista para los meses de invierno es diferente a la del resto del año, por lo que “pensamos duplicar los cupos que teníamos disponibles el año pasado”. En 2016, el Mides había habilitado 1.791 lugares en sus centros para atender a personas en situación de calle. La próxima semana se darán más detalles sobre el plan, puntualizó la ministra. Arismendi señaló que se contará con un móvil de la Junta Nacional de Drogas, en el que un equipo de técnicos especializados atenderá a las personas con consumo problemático de sustancias que se encuentren en situación de calle. En caso de detectarse la presencia de menores, el INAU intervendrá en el tema. En este plan participan, además, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior. Paralelamente, el Mides trabaja de manera coordinada con la Intendencia de Montevideo para detectar situaciones en las que las personas se instalen en espacios públicos. Arismendi atribuyó parte de ese problema a la gran cantidad de sillones que, principalmente en la capital del país, desechan los vecinos y abandonan en las calles.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez: “La IM gobierna para el Centro, la franja costera y la Ciudad Vieja”

El curul nacionalista Diego Rodríguez manifestó su opinión sobre diversos temas de la actualidad de la capital, entre otras cosas dijo que en la Junta Departamental muchas veces falta calidad de debate y que eso es culpa del FA.

Rodriguez comenzó la entrevista con Espectador al Día hablando acerca de los dichos del el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Voelker, quien negó que la decisión de la comuna de utilizar parte del superávit del 2016 en la realización de obras fuera inconstitucional, como advirtió la oposición.

“Le recomendaria que lea la constitucion” sentencío el edil manifestando que Voelker es uno más de varios del equipo de Martínez que aconsejan mal al intendente.

Rodríguez manifestó que la ciudad precisa urgentemente de obras pero señaló que hace 20 años que no existe ninguna de importante magnitud.

“Tenemos que estudiar el pasivo que habla Voelker ya que a la Junta no llegaron los números” expresó el curul.

Consultado sobre que cambios se deberían realizar en la caja de la Comuna, Rodríguez expresó que hay que destinar más a obras, “La Intendencia gobierna para el Centro, la franja costera y la Ciudad Vieja” destacó.

A su vez, dijo que seguramente Martínez llegue a la promesa de déficit cero pero que eso será solo por el “afan recaudador” y expuso el centro de monitoreo del tránsito que genera millones a las arcas de la Intendencia.

Sobre los sueldos de los funcionarios que se pagan dijo que la Comuna “es un monstruo devorador” en ese sentido y dijo que hay que llevar dinero a más obras en la periferia de la ciudad.

Rodríguez también denunció que en la Junta Departamental no hay ningún proyecto en estudio sobre el futuro de la bahía de Montevideo y toda esa zona de la capital.

En particular cuestionó los dichos de las autoridades municipales sobre los terrenos adjudicados al Club Fénix.

También señaló que hay indicios qu refuerzan la teoría de que los pliegos fueron redactados “a medida” para quien resultó ser el único oferente y anticipó que pretende convocar a comisión “a varias personas cuyos nombres figuran en el expediente”.

“Lo del intendente ya no tiene nombre, su demagogia ya no tiene límites” subrayó el edil.

Fuente: El Espectador