Senador Luis Lacalle Pou realizó pedido de informes al MGAP por excepciones a la ley sobre sociedades anónimas y posesión de tierras

El senador nacionalista y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, elevó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), referido a autorizar excepciones por parte del Poder Ejecutivo a ser titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias a quienes no son personas físicas.

A continuación lo presentado:
Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente.
Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP):

PEDIDO DE INFORMES

La Ley 18.092 de 16 de enero de 2007, declara que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas.

Sin embargo, la propia ley facultó al Poder Ejecutivo, a autorizar excepciones a cualquiera de los tipos sociales, cooperativas o asociaciones mencionadas en el articulado, así como a otros sujetos tales como sucursales de entidades no residentes, fideicomisos y fondos de inversión, a ser titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias “…cuando el número de accionistas, integrantes o la índole de la empresa impida que el capital social pertenezca exclusivamente a personas físicas. La autorización del Poder Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella”.

El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, también habilita la posibilidad de obtener una excepción mediante la presentación de un proyecto de desarrollo productivo. Este deberá incorporar un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Se tendrá en cuenta la creación de nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, la incorporación de tecnología; el desarrollo de nuevas cadenas productivas en nuestra economía y la promoción de la descentralización territorial.

Para proceder respecto de estas excepciones existe una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En oportunidad de votarse la ley en la Cámara de Representantes, advertí sobre la discrecionalidad con la que el gobierno de turno, podía autorizar a una entidad a ser titular de un inmueble rural, quedando expuesto el Poder Ejecutivo al “lobby” de las grandes corporaciones. En este sentido, solicitamos que se incluyera en la ley un párrafo que diera cuenta a la Asamblea General de cada una de las autorizaciones otorgadas. Lamentablemente la propuesta no prosperó y hoy nos vemos en la obligación de solicitar mediante este medio, información que es de vital importancia para nuestro país y que debe ser de conocimiento de todos.

En virtud de lo expuesto solicito:

1) ¿Cuántas excepciones ha otorgado el Poder Ejecutivo desde el año 2007 a la fecha? Se solicita detallar la información discriminada por año.

2) ¿Cuáles son las entidades que han sido autorizadas por el Poder Ejecutivo desde el año 2007 a la fecha? Se solicita detallar la información discriminada por año y mencionado cada subsidiaria. En caso de entidades que hayan solicitado nuevos permisos, por aumento de tierras o sustitución, se deberá detallar cada caso.

3) ¿Con cuántas hectáreas propias y cuántas hectáreas arrendadas cuenta cada una de las entidades autorizadas por el Poder Ejecutivo? Se solicita detallar la información según cada entidad y departamento donde se encuentra cada campo.

4) ¿Cuáles de las entidades autorizadas han presentado un proyecto productivo según el artículo 2, literal B del Decreto Reglamentario 225/007?

5) ¿Cuáles de las entidades autorizadas, cedieron o vendieron sus tierras a otras entidades?

6) ¿Cuántas hectáreas se encuentran en la actualidad en manos de entidades extranjeras y cuántas a nombre de personas físicas de nacionalidad extranjera? Se solicita detallar la información desde el año 2000 a la fecha.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Senador Luis Lacalle Pou

Diputado Martín Lema: TCR observó el 90% del dinero que el Mides gastó en pasajes en 2016


En los últimos tres años el Tribunal de Cuentas cuestionó $38 millones de pesos que el Ministerio de Desarrollo pagó a ONG para traslados dentro del país.


El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el 90% de los gastos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en pasajes dentro del país en 2016, según se desprende de las resoluciones analizadas por el diputado del Partido Nacional Martín Lema. De los $20 millones que se gastaron en este rubro, $18 millones fueron observados.

Este tipo de observaciones se vienen reiterando desde, por lo menos, 2014. Tanto ese año como en 2015, el Tribunal observó el gasto de $10 millones en este rubro. El Mides siempre ha decidido reiterar los gastos. La advertencia del Tribunal se debe a que los pasajes no son utilizados por funcionarios del ministerio sino por dependientes de otras organizaciones, como por ejemplo organismos no gubernamentales (ONG). “No existe norma que habilite el pago del mismo”, dicen las distintas resoluciones del TCR a las que accedió El Observador.

“Se habrá de reiterar el gasto por resultar necesario continuar abonando partidas por concepto de pasajes dentro del país para cumplir con los cometidos de esta Secretaría de Estado”, dice una resolución de setiembre de 2016 en la que el Mides resuelve reiterar uno de los gastos observados. En esa oportunidad se trataba de pasajes por $377.725.

En este contexto, Lema decidió exhortar al Mides a que publique en su página web el detalle de los gastos. A través de un escrito presentado al presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, el legislador pide al Ministerio que se detallen todos los pasajes pagados desde el año 2005 a la fecha a funcionarios dependientes de otras organizaciones, discriminando la información por año, identificación de las personas, criterio de elección, motivo del viaje y monto pagado en cada caso.


Lema decidió exhortar al Mides a que publique en su página web el detalle de los gastos.


El pago de pasajes a personas dependientes de ONG ya había estado sobre la mesa en el llamado a comisión de población que Lema había realizado a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a principios de junio. “Con qué criterio una persona que no integra el Mides recibe ese dinero. Estamos frente a un clientelismo político”, dijo en aquel entonces el representante nacionalista.
La ministra Arismendi respondió que puede haber procedimientos observados por razones de inmediatez o por razones de necesidad. “Siempre estamos dentro de la ley”, dijo.

El Mides es el organismo de la administración central que más observaciones ha recibido por parte del TCR en los últimos dos años.

En los últimos meses el tribunal también observó algunos contratos millonarios de la cartera por distintas irregularidades, pero el Ministerio siempre decidió reiterar el gasto.

El cometido principal del tribunal es vigilar “la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda la gestión relativa a la Hacienda Pública”, según lo establece el artículo 228 de la Constitución. A grandes rasgos, eso significa que controla que el dinero que gastan los organismos del Estado se esté usando dentro de las normas que rigen la gestión pública. Cuando un organismo es observado puede desistir del gasto, insistir en él, o solicitar que el TCR reconsidere la resolución.

 

Fuente: El Observador