Un proyecto nefasto. Editorial del Dr. Pablo Da Silveira

n estos días empieza el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que crearía la Universidad de la Educación. El oficialismo tiene gran interés en aprobarlo, porque así tendría al menos un resultado concreto que mostrar en el terreno educativo.

Pero, cuando se examina el articulado con atención, es inevitable concluir que el proyecto es inaceptable.

Lo que se propone no es crear una nueva universidad pública, sino dar ese nombre al conjunto de centros de formación docente que hoy existen, sin hacer ningún esfuerzo por reducir la inmensa distancia que los separa del mundo universitario.

¿Por qué se hace ese intento? En parte, porque el oficialismo cultiva el pensamiento mágico: parecería que, si empezamos a usar el vocabulario propio del mundo universitario, la formación docente alcanzará espontáneamente ese nivel. Desde luego, eso no va a ocurrir. Para saberlo alcanza con observar que el actual sistema de formación docente atiende a unos 25 mil estudiantes en todo el país, pero apenas tiene 7 profesores entre los 1.521 que integran el Sistema Nacional de Investigadores. Eso es un indicador de extrema debilidad académica.

Claro que no todo es ingenuidad. También hay aquí un operativo de control gramsciano. La idea es crear un monopolio que tenga en sus manos toda la formación docente nacional, porque no solo preparará de manera directa a buena parte de los futuros docentes, sino que se encargará de reconocer (con las condiciones que decida fijar) los títulos de las demás instituciones públicas o privadas que actúen en el área. Al mismo tiempo, y por ser una universidad autónoma, esa institución estará fuera del alcance de cualquier forma de control por parte de los representantes de los ciudadanos. Quien tome el control interno de la Universidad de la Educación, manejará a su antojo la formación de las futuras generaciones de docentes.

Ni universidad, ni mejora de la calidad académica. Solo endogamia y control político. Quien crea que esta interpretación es alarmista, haría bien en leer el Artículo 11 del proyecto de ley. Allí se establece que, para ser Rector de la Universidad de la Educación, “se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país, o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos diez años en instituciones públicas” vinculadas a la educación.

Esto significa que el rectorado de la Universidad de la Educación podría ser ejercido por un licenciado universitario, un maestro o un profesor de liceo titulado. También podría ser Rector alguien sin ningún título, mientras pueda exhibir “formación equivalente” (cualquiera sea el significado de esa frase), producción académica y diez años de trabajo en la educación pública.

Todo esto está muy lejos de las prácticas habituales en el ámbito académico, que exigen como mínimo títulos universitarios de posgrado, y normalmente de doctorado, a quienes aspiren a un puesto de Rector. La descripción está muy cerca, en cambio, del perfil de algunas personas que vienen impulsando desde hace años la creación de la Universidad de la Educación.

No hay nada en este proyecto que permita afirmar que se está creando una universidad. Aprobarlo tal como está nos hundiría en una gran mentira colectiva y dejaría al conjunto de la formación docente en manos de un monopolio sin control ciudadano.

Pablo Da Silveira 

Preocupación por el empleo. Editorial del diputado Gustavo Penades

Durante algunos años, la preocupación por el empleo había pasado a un segundo plano en la vida de los uruguayos. Lamentablemente, hoy está cada vez más presente, y lo único cierto es la incertidumbre.

La situación es diferente a la de otras épocas, en las que el desempleo iba directamente asociado a períodos de bajo o nulo crecimiento económico. En el presente las cosas son diferentes, porque crece la economía pero no aparecen los empleos necesarios para sustituir a los que se pierden y sumar a los nuevos trabajadores.

Hay sectores que vienen siendo muy castigados y no parece que en el mediano plazo se vayan a recuperar. La construcción, por ejemplo, que perdió 25.000 puestos en cinco años. Pero no solamente en ese rubro hay problemas, sino también en la industria, agro, y comercio donde vienen cerrando empresas de variado tamaño y rubro productivo. Entonces, como decíamos, se da el fenómeno de que puede registrarse crecimiento de la economía, pero sin generar la cantidad suficiente de puestos de trabajo para recuperar los perdidos.

Los especialistas ofrecen explicaciones variadas, pero todas marcan los temas de competitividad y la incidencia importante de las regulaciones y del peso que tiene el Estado.

Pero ahora se suma la amenaza creciente de la tecnología, la que, según un estudio publicado el año pasado, podría afectar, en un futuro no lejano, a más del 60% de los puestos de trabajo. A lo anterior se agrega otro fenómeno que es el de las nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo dejó de ser novedad, y día a día aparecen situaciones en que empresarios, profesionales y emprendedores se vinculan de diferentes maneras para ofrecer sus productos y servicios.

Nada de esto está en la lista de prioridades del Pit-Cnt ni del Poder Ejecutivo, pero son realidades que ya se están viendo. Para la Central introducir el tema de la tecnología en la negociación colectiva de este año sería una muestra de debilidad —decían hace un tiempo— mientras que a nivel del gobierno la prioridad es la Rendición de Cuentas y los conflictos en la interna del Frente Amplio.

El Estado en estos años funcionó, de alguna forma, como amortiguador del desempleo ya que terminó empleando a cerca de 60.000 personas, pero su rol debería ser otro. Debería liderar un proceso para adaptar el país a todo esto que está pasando. Sistema político, trabajadores, empresarios, autoridades de la Educación, académicos, pensando en cómo aprovechar las oportunidades que se presentan y en cómo ayudar a quienes son perjudicados por todos estos cambios. Seguramente deberán incorporarse nuevas formas de contratación para acompasar las necesidades de patrones, obreros y destinatarios de sus productos.

En este mundo que se viene la educación será fundamental; pero nos acercamos al final de otro período del gobierno y la discusión sigue siendo el porcentaje del PBI para la Educación. Quienes menos importan son los que abandonan el sistema y lo que en él se aprende. Mientras tanto, el Pit-Cnt sigue con sus discursos más propios de la Guerra Fría que del siglo XXI.

Gustavo Penadés

Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios presentado por el Diputado Juan José Olaizola

COMISIÓN DE HACIENDA

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I N F O R M E

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Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado  el  proyecto  de ley de Mercadería en Abandono en Depósitos Intra y Extraportuarios, presentado por el señor Representante Juan José Olaizola el día 10 de junio de 2016  y aconseja al  Cuerpo su aprobación.

La mercadería abandonada en los depósitos aduaneros origina perjuicios para los depositarios, sin haberse conseguido hasta el momento una solución práctica al problema.

Si bien el Código Aduanero uruguayo (CAROU) -en su  artículo 99- establece un procedimiento para las mercaderías en abandono, el hecho de consagrar el producido del remate en un 100% a la Dirección Nacional de Aduanas, provoca por un lado el desinterés de los depositarios de poner  en funcionamiento  dicho mecanismo -ya que no pueden por esta vía cobrar sus honorarios impagos- y por otro que prácticamente   no existan remates de mercaderías en esta situación, privando por lo tanto a la Aduana de percibir ingresos por esta vía.

El proyecto de ley, que ha sido discutido y cuenta con  la  anuencia de la Dirección Nacional de Aduanas, sustituye los numerales 7 y 9 del artículo   99 del CAROU.

El nuevo procedimiento prevé -en el artículo 1º, que sustituye al numeral 7 del artículo 99 del CAROU- que una vez declarado el abandono no infraccional  de las mercaderías, el Juez ordenará el retiro de las mismas en un plazo no mayor a los ciento veinte días de dicha declaración, enviándolas a un depósito  designado  por  la  misma Sede Judicial, y designando un rematador que tendrá a su cargo el remate.

Si transcurridos los ciento veinte días no se hubieran retirado las mercaderías del depósito, el depositario podrá trasladarlas a otro depósito  aduanero,  dando noticia a la Sede Judicial interviniente y tramitando la operación aduanera correspondiente.

Se considerará que el depositario tiene la disponibilidad jurídica  de la mercadería, a efectos de realizar las operaciones aduaneras  necesarias para dicho fin. Los gastos de traslado y los honorarios del nuevo depósito serán de cargo del remate.

Por su parte, el artículo 2º, que sustituye al numeral 9 del artículo 99 del CAROU, dispone que del producido del remate se destinará hasta un 30% para el pago de los gastos y honorarios de los depositarios, y el resto a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.

La aprobación de este proyecto de ley permitirá rematar una importante cantidad de mercaderías en abandono que existen en los depósitos intraportuarios y en los depósitos aduaneros particulares, permitiendo descongestionar los depósitos y que los depositarios cobren sus honorarios impagos. El plazo de ciento veinte

 

 

 

días agiliza el procedimiento, permitiendo a los depositarios ingresar nuevas mercaderías  en esos espacios.

En el mismo sentido, el incentivo del remate de estas mercaderías, tendrá como consecuencia el ingreso de una importante suma de dinero a la Dirección Nacional de Aduanas, generada por dicho concepto.

Asimismo, permitirá poner en práctica los mecanismos previstos por el CAROU, para  el remate de las mercaderías en abandono.

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda solicita al Cuerpo  la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

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PROYECTO DE LEY

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Artículo 1°.- Sustitúyese el numeral 7 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“7) De no existir oposición, o de desestimarse las opuestas, el Tribunal declarará    el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará su retiro del depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente, todo dentro de un plazo de ciento veinte días a contar desde la declaración de abandono no infraccional.

Si en el plazo establecido en el inciso anterior no se hubiera retirado la mercadería del depósito, el depositario podrá trasladar la misma a otro  Depósito Aduanero, dando noticia a  la  Sede Judicial interviniente  y mediante la tramitación de la operación aduanera que corresponda. Se considerará que  el depositario tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería a los solos  efectos de realizar las operaciones aduaneras necesarias para dicho fin. Los gastos que ocasione este traslado serán de cuenta del remate”.

Artículo 2°.- Sustitúyese el numeral 9 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“9)  El producido líquido del remate se destinará hasta un 30% (treinta por ciento)   al pago de los gastos y honorarios del depositario y el saldo a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

Repercusiones de citación del edil Diego Rodríguez por obras en 18 de Julio

Pese a que el director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, dijo ante la Junta Departamental que el Grupo Centro está “101% de acuerdo” con el proyecto de reforma de 18 de Julio, esta asociación que representa a unos 500 comerciantes presentó reparos respecto a la iniciativa que se anunció públicamente en agosto del año pasado.

El presidente del Grupo Centro, Marcelo Carrasco, concurrió a la Junta a solicitud del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, para explicar los puntos de vista del conglomerado sobre la iniciativa que la IMM confirmó que llevará adelante en este período de gobierno. Carrasco dijo que sabe que la comuna está ajustando el proyecto, aunque indicó que el Grupo Centro no ha vuelto a ser citado para aportar sus ideas.

“Nosotros manifestamos nuestro apoyo al proyecto, pero también discrepancias en algunos de sus aspectos. Por ejemplo, no estuvimos muy contentos con la implementación de la ciclovía en el medio de 18 de Julio. Muchos de nuestros comerciantes veían que no era del todo satisfactorio usar tres metros de la principal vía para ciclovía. Teníamos algunas mediciones y el resultado que nos daban era que, según la cantidad de bicicletas que circulan por 18 hoy, no valía la pena hacer una ciclovía”, indicó.

“Lo fundamental es no abarcar ese espacio de tres metros con la ciclovía sino buscar una alternativa. Estamos totalmente de acuerdo con el uso de la bicicleta y la movilidad eléctrica, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que se toque en 18 de Julio. Creo que hay otras alternativas. Los expertos en bicicleta dicen que ese es el lomo de la ballena y que estaría bueno poner una ciclovía, pero nosotros pensamos que el uso de las bicicletas entorpecería la relación comercial. Viéndolo desde el punto de vista estrictamente comercial, no creemos que los ciclistas vayan a gastar mucha plata en los comercios de 18 de Julio. Esa es la cruda realidad”, agregó.

También la empresa Cutcsa dio su punto de vista en la Junta sobre el proyecto de la Intendencia, y advirtió que si no se le hacen cambios podría hacer “colapsar” la circulación en algunos lados. Lo hizo a través de su gerente y subgerente, Fernando Barcia y Álvaro Santiago, respectivamente.

Malas vs. buenas ideas.

Santiago entendió que la bicisenda por el medio es “un factor de riesgo”. Y dijo que un solo carril de ómnibus por sentido sería “inconveniente”.

Y recordó que el urbanista danés Jan Gehl, cuyo proyecto fue tomado como insumo de base por la IMM, no propuso ninguna de estas dos ideas. Cutcsa cree que, al igual que lo propuesto por Gehl, la bicisenda podría ubicarse en las calles paralelas a 18. O bien en un costado de la avenida.

“Gehl no habló de generar una troncal única de transporte colectivo en 18 de Julio, como propuso la IMM. Esto generaría un colapso del sistema. La propuesta original incluía un recorrido troncal único —es el actual 103— y, además, iba a ser con buses articulados y eléctricos”, indicó Santiago.

“En cuanto a lo que se conoce en la jerga del transporte como BRT —sistemas tipo subte de superficie—, entendemos que ese esquema de operación, tal como se conoce en otras capitales latinoamericanas, es naturalmente muy positivo en metrópolis con mayor densidad de población. Eso incluso lo reconoció Jan Gehl en 2015, cuando estuvo aquí; él hizo observaciones sobre algunos aspectos operativos, pero no habló básicamente de generar una troncal única en 18 de Julio”, indicó el subgerente de Cutcsa.

“Hay líneas que vienen de otras barriadas muy populosas que tienen demandas altas, y en las horas pico, e incluso fuera de estas, iban a hacer que colapsara el intercambiador Belloni. Por ejemplo, las que vienen de Camino Carrasco no iban a poder transbordar en 8 de Octubre, generando así un colapso del sistema”, agregó Santiago.

Estacionamientos.

El representante de Cutcsa dijo que, por sentido común, “uno no debe prohibir lo que no es un problema”. Y que en cuanto al estacionamiento en el Centro, “hay horas en las que no es un problema y horas en las que sí lo puede ser”.

“Entonces, en las horas en las que puede ser un problema, creo que hay medidas que se pueden tomar que afectarían muy poco a los automovilistas en tránsito, que tendrían que tomar otras vías paralelas, que tienen más capacidad que San José o Colonia. En definitiva, creo que se puede encontrar un equilibrio razonable para que todos andemos más rápido”, indicó el empresario.

Frente a estos planteos, el edil Rodríguez Salomón se manifestó molesto por la “improvisación” con la que —sostuvo— “se ha manejado la Intendencia con respecto a este proyecto, que nada tiene que ver con el que propuso el urbanista Jan Gehl”.

“Se plantea prohibir estacionar en San José y Colonia… Perfecto. ¿Y dónde se va a estacionar? La Intendencia hizo siete llamados para hacer parkingssubterráneos en Montevideo y fracasaron todos porque fueron mal hechos. El impacto de su propuesta para 18 de Julio va mucho más allá de la avenida. Y no fue medido. Recién se está midiendo ahora, y se piden aportes a Cutcsa después de que su presidente, Juan Salgado, dijera públicamente que el proyecto era peor al de Garzón”, se quejó Rodríguez Salomón.

“También nos dijo el director de Planificación (Ramón Méndez) que ahora se contrató a una consultora para que evalúe la viabilidad de la bicisenda, que por otra parte el secretario de la Intendencia, Fernando Nopitsch, dice que se mantiene. Y la consultora la pagan los montevideanos, claro está. ¿Eso no se pensó antes de hacer la presentación pública? ¿Cuánto costó hacer este proyecto que ahora vemos que adolece de errores por todos lados?”, agregó el edil.

No todos los buses pueden cambiarse por eléctricos

El gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia, aclaró que por temas técnicos y económicos, no todos los ómnibus que hoy recorren 18 de Julio pueden cambiarse por eléctricos, como le gustaría a la IMM.

“Más del 50% de los recorridos que tenemos no los podríamos prestar. Evaluamos la autonomía de los vehículos, los tiempos de recarga de las baterías y la capacidad de transporte. Si por la ubicación de las baterías se pierde un 10% de la capacidad de transporte, eso implicaría que en Montevideo, que hay 1.500 ómnibus, deberíamos tener 150 ómnibus eléctricos más para poder transportar la misma cantidad de pasajeros”, indicó.

“Un ómnibus eléctrico hoy anda entre los 450 y 550 mil dólares, cuando uno convencional anda en los 130 mil dólares. Cutcsa está teniendo una pérdida operativa”, agregó.

Fuente: El País