Más control, más impuestos

La Cámara de Representantes analiza el proyecto denominado de Transparencia Fiscal Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Tan grandilocuente título esconde la voluntad de generar normas acordes a las exigidas por la OCDE. De lo que en esencia se trata, es de que todos los estados colaboren para que los países poderosos reciban un flujo mayor de capital financiero y puedan también cobrar más impuestos a sus ciudadanos. Para la obtención de dicho propósito la OCDE determina requisitos que los estados deben cumplir so pena de sanciones morales y materiales.

Estas decisiones no son inocuas. Es cierto que el mundo parece ir hacia un esquema de mayor transparencia en el manejo de la información financiera. Pero, esas políticas a quienes hacen correr mayores riesgos es a los países receptores de capital. Si los capitales son castigados por invertir en Uruguay: ¿por qué seguir haciéndolo?

Este proceder de los gobiernos del FA tiene estrecha relación con una actitud que se caracteriza por ampliar las potestades de la administración tributaria llevándola a erigirse como un súper poder que termina por afectar las garantías individuales.

Se alienta una concepción de la administración tributaria a la que se presenta imbuida de tan loables fines que le está permitido actuar por encima de la Constitución y de la Ley. Principios fundamentales del Estado de Derecho como el de que las personas son inocentes hasta que se demuestra su culpabilidad; de que todas las personas tienen derecho a ser oídos por un juez imparcial; que las personas tienen derecho a la intimidad y que a ella se puede acceder solamente con autorización judicial; que no puede usarse el poder del estado arbitrariamente y con desviación de poder, son ejemplos de lo que está en cuestión en estos tiempos. Si la Administración impide que un contribuyente pague en cuotas sus adeudos y que al mismo tiempo litigue; si no termina en un tiempo razonable las inspecciones; si fija un monto a pagar que después admite negociación; si amenaza con la policía al contribuyente, esa administración no está actuando en el marco del Estado de Derecho.

Asistimos diariamente a una acumulación de instrumentos de control de las personas sin que el controlado tenga posibilidades ni de saberlo ni de oponerse al uso de la información que se recaba. Con los eufemismos de “inclusión financiera” y de “disminuir el delito” se obliga a usar tarjetas y dinero electrónico, quitando libertad al individuo y acumulando información. En otro momento nos referiremos a los perjuicios que se están causando al pequeño y mediano comercio y a lo que puede venir el año próximo.

Transparencia, inclusión financiera lucha contra el terrorismo, bancarización, son palabras que encubren la decidida voluntad de controlar más para así estar en condiciones de cobrar más impuestos.

Desde la perspectiva frenteamplista del gobierno el contribuyente debe aportar cada vez más para que el Estado pueda gastar más, pero sin compromiso de mayor eficacia ni transparencia. Ancap. Pluna, regasificadora, Antel-Arena, el estado paralelo, Fondes, Alas-U, seguridad, infraestructura, son los ejemplos más obvios, pero hay mucho más.

Gustavo Penadés

“Not my president”

Donald Trump es el líder político más inquietante y desagradable que se ha visto en mucho tiempo. Su mezcla de rusticidad, prepotencia y demagogia resulta francamente perturbadora. Y ese hombre va a convertirse en breve en presidente de los Estados Unidos.

Entre las muchas expresiones de desagrado que generó su elección, hubo manifestaciones masivas en las calles de Nueva York, Los Angeles y otras grandes ciudades (Trump no ganó en ninguna de ellas). Los manifestantes denunciaron el lado intolerante y xenófobo del presidente electo, lo que suena perfectamente entendible. Pero también corearon una consigna que es al menos tan preocupante como la propia elección de Trump: “Not my president”, es decir, “No es mi presidente”.

Nos guste o no, Donald Trump fue votado por casi 60 millones de estadounidenses en el marco de un conjunto de reglas que todos habían aceptado. Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a instalarse en la Casa Blanca y a ser reconocido como presidente de todos.

Quienes se niegan a reconocerlo como tal están ignorando, en primer lugar, la propia lógica del juego democrático. En el momento en que aceptamos participar de ese juego nos comprometemos a reconocer el resultado que surja de la aplicación de sus reglas, aun en el caso de que no resulte electo nuestro candidato. Tabaré Vázquez es hoy el presidente de todos los uruguayos, no solamente de quienes lo votaron. Y lo mismo ocurrió antes con José Mujica, independientemente de lo bien o mal que pudiera caernos. Si cada uno va a decidir qué presidente reconoce y cuál no en función de sus preferencias personales, la democracia pierde su capacidad de construir un orden compartido.

El desacierto es todavía más profundo. Quienes dicen “Not my president” no sólo están erosionando el orden democrático, sino que están defendiendo una forma de aristocracia apenas encubierta. Al negarse a aceptar a Trump como presidente de todos, están negándose a aceptar como válida y vinculante la voluntad de casi 60 millones de conciudadanos cuyos votos se traducen en una mayoría de delegados en el colegio electoral.

Complementariamente, quienes actúan de este modo demuestran que no entienden qué es lo que aporta la democracia a nuestras sociedades. La democracia no garantiza que se tomen buenas decisiones porque, como lo muestra una y otra vez la historia, las mayorías pueden equivocarse mucho. La democracia sólo asegura que las decisiones que se tomen sean legítimas, es decir, sean decisiones que todos reconozcamos como válidas y, por lo tanto, todos estemos dispuestos a respetar. Esto es enormemente importante, porque cuando no hay legitimidad sólo queda la imposición por la fuerza, con todas sus secuelas de dolor y dominación. Evitar ese extremo es la promesa fundamental de la democracia. No lo es elegir gobernantes perfectos.

Así como hay casi 60 millones de estadounidenses que votaron a Trump, hay casi 60 millones que votaron por Clinton. Pero todos ellos, junto a los millones que no votaron, deben reconocer a Trump como su presidente. Más aun, lo mejor que pueden hacer es reconocerlo como presidente de todos y exigirle que esté a la altura de esa condición. Si no lo hace, entonces tendrán una buena razón para combatirlo con todos los medios políticos e institucionales que los ciudadanos de las sociedades democráticas tenemos a nuestro alcance.

Pablo Da Silveira

Es la familia o la mafia.

Los diagnósticos están todos hechos. Las tribunas del estadio son un emporio de tráfico de drogas y transas de todo tipo, administrado por mafiosos que tienen vínculos con el poder. Lo sabe un niño de escuela y lo sabe, más que lo sabe, el ministro del Interior. Si tiene dudas que pregunte en su casa.

Si no paran con la violencia es porque no quieren. No es un tema de sistemas de vigilancia, de análisis sociológicos ni de hacer mucho seminario sobre la violencia en la sociedad y toda esa cantinela de boliche. A esta altura si no paran con los mafiosos simplemente es porque no quieren o porque si tiran de esa piola no saben dónde termina. Vamos a dejarnos de tantos rodeos. La violencia también es una mercancía y deja dinero. Y hay mafiosos que tienen tomado por asalto el fútbol para hacer plata, conquistar mercados de droga y hacer contactos, tienen silencios cómplices y tienen códigos, el que más usan es el de Omertá.

El Estadio Centenario en un partido medianamente importante, junta más gente que varias ciudades y capitales departamentales. A nadie se le ocurriría en su sano juicio sacar a la Policía de las ciudades para que administren su seguridad con guardias privados. Ningún ministro medianamente serio y con las manos libres para tomar decisiones plantearía dejar a la Policía en la radial de entrada de una ciudad y decir “avísenme si pasa algo”.

En el fútbol donde se juntan miles de personas la orden es que la Policía quede en la “radial” de los estadios. Estamos todos locos.

El Gobierno no toma decisiones porque está comprometido y no quiere enfrentar a las mafias. No lo quiere. Sabe quiénes son, los conoce, la Justicia los investiga, les pincha los teléfonos, los dirigentes contratan a algunos, les dan entradas para comprar paz, están en negocios conexos a los clubes; ahora nos enteramos que hasta reciben plata por dejar filmar una película de unos de los cuadros grandes a 60.000 mil dólares. ¿Andan con dudas de lo que tiene que hacer? El tema no son ni las cámaras famosas de identificación facial ni ocho cuartos.

En los partidos de Uruguay, como el del jueves, en el Centenario no pasa nada porque esas mafias no tienen mercado en esos partidos. Es un tema económico: allí va la familia y los mafiosos no tienen para transar ni la protección de estructuras que le permitan terreno libre para actuar y adueñarse de puertas, tribunas y baños que se usan como supermercado de drogas y cancha de duelos criollos y ajustes de cuentas de barrabravas y criminales del deporte. Saben quiénes son, dónde viven, su cédula de identidad y ¿nadie los agarra? ¿Desde cuándo un espectáculo donde concurren decenas de miles de personas es un espectáculo privado que se autorregula? ¿Tienen derecho a entrar los mafiosos?

O se defiende a las familias o a las pandillas, o se le entrega el poder a la gente de bien o se lo da a los delincuentes para que hagan sus negocios. Alcanza con mirar para el costado y dejarles las tribunas libres y sin policías. Y para resolver esto, antes que fuerzas especiales y cámaras de seguridad y toda la tecnología, lo que se necesita es voluntad política, que es lo que falta.

La vinculación del deporte y de los delincuentes, llamados “barrabravas”, con el poder y la protección política, es lo que pudrió el fútbol. Ese es su pase libre. Lo saben en el Gobierno, es su caballo de Troya y además lo protegen.

Javier García

Legado de desencanto.

El domingo pasado se realizó la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, y con ella terminó de concretarse el hundimiento electoral del otrora poderoso Partido de los Trabajadores (PT).

En la primera vuelta, realizada el 2 de octubre, el PT perdió casi dos tercios de las alcaldías que controlaba. La derrota más dolorosa la sufrió en San Pablo, su principal bastión durante años, donde apenas obtuvo el 16% de los votos. Pero el retroceso se produjo en todo el país. Mientras en la primera vuelta de las elecciones municipales de 2012 el PT había obtenido más de 17 millones de votos, en la de 2016 no llegó a 7 millones.

La segunda vuelta, realizada el domingo, se realizó en 57 municipios con más de 200.000 votantes donde ningún candidato había obtenido la mayoría absoluta. Entre esas ciudades había 17 capitales de estado, incluyendo Río de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba y Fortaleza. El PT volvió a sufrir una aplastante derrota. A partir de ahora sólo gobernará en la capital del pequeño estado amazónico de Acre. Esa ciudad es también la única de más de 200.000 habitantes en la que gobernará el PT, que hasta ahora controlaba 17 ciudades de ese porte.

Estas cifras merecen múltiples lecturas. Por lo pronto, parece claro que, a ojos de una contundente mayoría de los brasileños, el PT no es una víctima inocente que deba ser defendida en las urnas, sino un partido desacreditado que merece un duro castigo electoral. Eso pinta un panorama complicado de cara a las elecciones nacionales de 2018.

Pero hay otro aspecto que merece ser colocado en el centro de la reflexión. En cada una de las dos vueltas electorales, la suma de abstenciones, votos nulos y en blanco superó el 40% del total. En las ciudades más importantes, como San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y Curitiba, la suma de quienes se abstuvieron, votaron en blanco o anularon su voto fue mayor que la de quienes votaron al candidato que resultó electo. Es decir: en los sitios de mayor concentración de población, “ganaron” los que dieron la espalda a las elecciones.

Este es el peor legado de los “progresismos” que hoy empiezan a retirarse en la región. Esos partidos llegaron al gobierno enarbolando promesas de pureza política, de transparencia y de honestidad. Se suponía que se abría una época como no había habido otra. Y decenas de millones de ciudadanos les creyeron.

Una década más tarde, todo se ve muy diferente. Los Kirchner resultaron ser la cleptocracia más monstruosa que jamás existió en América Latina; el PT de Lula organizó el mayor operativo de corrupción sistemática que haya conocido Brasil; la chilena Bachelet vive rodeada de escándalos que involucran a miembros de su familia y el Frente Amplio se niega a que sean investigados los negocios con Venezuela de un oscuro monopolio de facto otorgado a un señor que vivía en la casa del presidente de la República.

Que los gobiernos supuestamente progresistas lleguen y se vayan es parte del juego democrático. Lo terrible es la ola de desencanto ciudadano que dejarán a su paso. Millones de personas alimentarán un profundo escepticismo hacia las instituciones, como contracara de la fe que depositaron en promesas que resultaron ser demagógicas.

Esa decepción masiva y potencialmente peligrosa es la gran responsabilidad histórica con la que cargará la “ola progresista”.

Pablo Da Silveira

Días de furia

Justo cuando el oficialismo estaba más acorralado que nunca por su incapacidad para ofrecer una convivencia segura a los uruguayos, el senador Pedro Bordaberry habló de aplicar hasta el final los mecanismos previstos en los artículos 147 y 148 de la Constitución.

Entonces se desató la locura. Muchos dirigentes frentistas salieron a hablar de golpismo y de desestabilización. Lo hicieron ministros como Ernesto Murro, lo hizo la senadora Mónica Xavier, ex presidenta del Frente Amplio, lo hicieron varios legisladores y numerosos militantes en las redes. Hasta hubo una conferencia de prensa donde las principales autoridades frentistas llamaron con cara circunspecta a no desestabilizar.

Nada en ese despliegue fue genuino. Cada uno puede opinar lo que quiera sobre las declaraciones del senador Bordaberry, pero tratarlo de golpista es una canallada. Y más canallada es intentar hacerlo responsable de los actos de su padre. La dirigencia frentista lo sabe perfectamente, pero una vez más decidió recurrir a ese golpe bajo para zafar de una situación complicada. También lo hizo porque sabe que la oposición es mejor que ella. Porque no hay que olvidar que el Frente Amplio es la fuerza política que tiene más “hijos de”. Pero la oposición tiene la decencia de no atacarlos recordando los graves pecados de los padres, y la dirigencia frentista cuenta con eso.

Las bajezas cometidas en estos días no tuvieron únicamente como víctima al senador Bordaberry. La operación consistió en hacer un paquete con toda la oposición y luego enredarlo todo, para crear un falso ambiente de conspiración. La senadora Xavier llegó a mezclar en las redes las declaraciones de Bordaberry con otras de Larrañaga que no decían lo mismo, junto a otras de Lacalle Pou que decían exactamente lo contrario. Y a todo eso sumó las palabras de un militar retirado que habían generado una condena inmediata del Directorio del Partido Nacional, mientras que el Ministerio de Defensa demoró días en reaccionar.

Para completar el cuadro, fue insólito que el Frente Amplio asociara la invocación a los artículos 147 y 148 con el golpismo, cuando el propio Frente puso varias veces en marcha el mecanismo de censura parlamentaria y al menos una vez pidió la disolución de las cámaras.

Por cierto, no toda la izquierda actuó de la misma manera. En medio de la ordalía hubo voces sensatas y moralmente sanas como la del director del semanario Voces, Alfredo García, que escribió en las redes: “Algunos mensajes de compañeros frentistas dan vergüenza, aflojen con la pavada de la desestabilización, es muy gruesa la campaña sucia”. Es seguro que, por haber escrito estas palabras lúcidas, García será acusado de “jugar para la derecha”.

Lo que pasó es grave, pero más grave sería que fuera un anticipo de lo que nos espera en la próxima campaña electoral. Si la actual inacción del gobierno se prolonga, la próxima campaña deberá ser un momento para discutir cómo sacar al país de muchos problemas en los que se ha empantanado, como la inseguridad, la crisis educativa o el hecho de que, tras una década de abundancia, dos tercios de los uruguayos sigan teniendo bajos ingresos.

Sería una pena que, en lugar de discutir en serio, el oficialismo se dedique a denunciar falsedades y la oposición tenga que perder tiempo en desmentirlas. Los uruguayos nos merecemos algo mucho mejor que eso.

Pablo Da Silveira

Los indefensos

Muchos gritan pero no escuchan. En el medio, escondidos entre los gritos, están los uruguayos. Dos sensaciones (no térmicas) recorren la sociedad: la impunidad y la indefensión.

Nos sentimos solos, a la buena de Dios, regalados, esperando ser víctimas de la violencia. La impresión que todos tenemos es que los delincuentes se apoderaron de las calles, golpean sin miedo, saben que no tienen límite y que el Gobierno está más preocupado de frenar a la oposición que frenarlos a ellos. Sacar un arma y disparar es un reflejo primario. La respuesta increíble, bastarda, desde el Frente Amplio (de algunos dirigentes) es que la indignación es porque el muerto es un privilegiado de Carrasco. Es decir: esa vida vale menos, no debería enojar tanto. La lucha de clases llegó hasta el extremo de clasificar a los asesinados. Es tan miserable el razonamiento que utiliza la muerte para discriminar. Es repugnante.
Es una tesis muy desarrollada por el ministro Bonomi que desde hace dos años justifica los homicidios en base al rubro “ajuste de cuentas”. Si son por esa causa los muertos no son muertos y la sociedad no debería preocuparse mucho. No valen tanto los homicidios si son en Carrasco porque son ricos y tampoco importan los de Casavalle o el Cerro porque son por “ajuste de cuentas”. En resumen, el problema no es tan grande.

En cualquier gobierno normal, donde el presidente es libre para tomar decisiones, ya se habría sacado al ministro. Ganaría tiempo y cierto aire para intentar cambios bajando la temperatura social, y que hasta solo por eso esperaría algún resultado ofreciendo un crédito. Es lo que haría cualquier presidente en estas circunstancias. El reflejo de Vázquez de mantenerlo no es como expresión de firmeza frente a la oposición sino justamente lo contrario, de debilidad en su interna. Bonomi reporta a Mujica, no a Vázquez. El presidente no lo puede sacar y el que lo va a hacer cuando le parezca es el expresidente. Es ministro del MPP, no del Gobierno. La interna del FA es la que dirige la política de seguridad (o la “despolítica”). Al igual que con las relaciones internacionales o con el tema de las exoneraciones a las universidades privadas, el mando real no lo tiene Vázquez sino la mesa política o el plenario o el comité, pero no el presidente.

La gente desespera, pero el organigrama del Frente Amplio está primero. No es un tema que preocupe solo al oficialismo, este es un problema también para la oposición, porque la sociedad pide respuestas a “los políticos” sin separar muchas veces quién tiene posibilidades de resolverlos o quién no. Es una línea muy fina donde en la desesperación y el drama cotidiano, la imagen del sistema haciendo oídos sordos apabullados por el ruido político no deja escuchar el grito popular. Muchos sienten un vacío de representación que es muy peligroso para el buen funcionamiento de la democracia. Lo dijimos el sábado pasado en esta columna: o alguien representa a los “sin voz” o aumentará la indignación generalizada desgastando, en forma generalizada, a todos sin distinción.

El presidente está solo y aislado, del FA y de la sociedad. Decidió por rencores no tener una relación política civilizada y adulta con el líder opositor Lacalle Pou. No es libre para tomar decisiones en su gobierno y tampoco lo es para salir de su aislamiento. Ya lo de Bonomi es secundario, antes está que haya un presidente que presida.

Futuro en riesgo

La senadora Mónica Xavier salió al cruce de cualquier sentimiento de superioridad que podamos sentir los uruguayos y advirtió que nuestro país no está a salvo de una crisis institucional como la que sufre Brasil. “Lo de Brasil no debe pasar en Uruguay -dijo-. Poder, puede. Las cosas son hasta que dejan de serlo. La democracia no es un maná del cielo”.

Las declaraciones de Xavier suenan tremendistas a corto plazo, pero son muy correctas si se considera un período más prolongado. La estabilidad democrática nunca está asegurada. Los uruguayos ya pasamos por la experiencia de creernos a salvo de las dictaduras que sufrían nuestros vecinos, sólo para descubrir un día que nos había pasado lo mismo que a ellos.

De modo que las palabras de la senadora Xavier son un buen antídoto contra la autocomplacencia. En lo que se equivoca por completo es a la hora de identificar dónde está el peligro. A ojos de Xavier, lo que puede desestabilizar nuestra democracia es la acción de una oposición que critica al gobierno y aspira a sustituirlo. Pero eso no puede ser malo para las instituciones, porque es justamente lo que toda oposición debe hacer. Lo que la senadora Xavier no percibe es que la mayor amenaza para nuestra estabilidad institucional reside en la incapacidad de su propia fuerza política para gobernar con seriedad y eficacia, porque eso impide solucionar los problemas que pueden terminar por acorralarnos.

Hagamos una única comparación con ese Brasil que hoy sufre una grave crisis política. Es verdad que la destitución de la presidenta Rousseff ha sido un episodio penoso, como también lo fue la corrupción generalizada de los gobiernos del PT. Pero, así y todo, nuestros vecinos se las han arreglado para tener una política educativa que incluye a grandes masas de alumnos, mejora la calidad y reduce las desigualdades internas (todas cosas que nosotros no hacemos). En el corazón de esa política hay una planificación estratégica que permite alinear las decisiones del gobierno federal con las que toman las autoridades de cada estado, al mismo tiempo que permite controlar el uso del dinero.

Hoy está vigente en Brasil un “Plan Nacional de Educación 2014-2024” que incluye 10 grandes directrices, 20 metas a ser alcanzadas, y un conjunto de indicadores y líneas de base que permiten monitorear avances y evaluar resultados. Cuando se pasa revista al listado de 20 metas para 2024, aparecen aspiraciones bien definidas como “triplicar la matrícula de la educación profesional técnica de nivel medio” o lograr que “al menos el 25% de los alumnos de educación básica” asistan a escuelas de tiempo completo. El grado de cumplimiento de estas metas es permanentemente monitoreado por un instituto independiente de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.

Brasil tiene hoy muchos problemas sociales y una institucionalidad democrática que enfrenta una situación límite. Pero, a pesar de todos los pesares, sus gobiernos han conseguido diseñar y aplicar políticas públicas modernas y profesionales que dan razones para esperar un futuro menos problemático. El partido de la senadora Xavier, en cambio, lleva más de una década despilfarrando recursos y perdiendo oportunidades. Sus políticas son antiguas, ineficaces e inevaluables. Aunque el riesgo no sea inmediato, allí es donde radican las peores amenazas para nuestra democracia.

 

Aprendizajes

Las democracias, como las personas, aprenden a los tropezones. El proceso es lento y a veces doloroso, pero la buena noticia es que se avanza.

Los uruguayos hemos aprendido, por ejemplo, que la llamada “democracia formal”, despreciada por muchos en los años sesenta y setenta, es un factor clave en la protección de nuestra vida y de nuestras libertades. O hemos terminado por admitir que la inflación es mala y debe ser evitada, tras haber convivido largas décadas con ella. O hemos asumido que lo mejor para un país es cumplir con sus obligaciones, lo que hizo desaparecer las pintadas contra el FMI que cubrían los muros en los años ochenta.

Sin duda sigue habiendo gente que se opone a cada una de esas ideas, pero hoy existe un amplio consenso social que las sustenta. También es cierto que estos aprendizajes pueden desvanecerse, pero ese riesgo también existe en nuestra vida personal y esa no es razón para que renunciemos a seguir aprendiendo.

Ya bien pasada una década de gobiernos frentistas, parecería ir llegando la hora de pasar raya e identificar cuatro o cinco cosas que deberíamos haber aprendido. Es bueno que lo hagamos como sociedad, para reducir el riesgo de repetir errores, y sería bueno que lo hiciera la izquierda, para sacar algo útil de sus múltiples fracasos e incumplimientos. Al cabo de estos años deberíamos haber aprendido, por ejemplo, que ni la enseñanza, ni la salud, ni la seguridad ni la protección social se mejoran aprobando leyes cargadas de palabras sonoras, ni creando grandes burocracias, ni gastando plata a manos llenas. Para generar resultados sostenibles no alcanza con anuncios ni con intenciones. Además hacen falta orientaciones estratégicas precisas, objetivos bien definidos y metas evaluables. Dicho de otro modo, hacen falta políticas públicas modernas.También deberíamos haber terminado de aprender que los ciclos económicos existen, de modo que ningún gobierno debe actuar como si la abundancia fuera a durar para siempre. La idea es tan vieja que ya aparece en la Biblia: después de los años de vacas gordas vienen los de vacas flacas. Pero parecería que todavía nos cuesta incorporar el dato.

Al cabo de estos años deberíamos tener bien claro que las instituciones importan. Que los controles judiciales no son un estorbo ni la oposición un dato molesto con el que hay que convivir, sino componentes de un complejo mecanismo que nos permite procesar un debate público inteligente y mantenernos más o menos a salvo de la arbitrariedad y el abuso de poder.

Deberíamos haber aprendido asimismo que temas vitales para el país como la política exterior y el acceso a mercados no deberían basarse en afinidades ideológicas ni en supuestas amistades, sino en una defensa profesional y cuidadosa de nuestros intereses de largo plazo. A la hora de elegir gobernantes, por último, deberíamos tener claro que haber sido perseguido, encarcelado o torturado son hechos atroces que merecen consideración y respeto, pero no dan ninguna lucidez especial. Ni siquiera es seguro que esos padecimientos produzcan gente agradecida hacia quienes fueron solidarios, como lo muestra el patético apoyo de nuestra izquierda a los opresores del pueblo venezolano.

El inmenso desperdicio de dinero y de oportunidades que se ha producido en estos años será todavía más oneroso si no somos capaces de extraer algunos aprendizajes colectivos.

Pablo Da Silveira

De Argentina vienen noticias

La semana pasada, Argentina y el Reino Unido anunciaron la intención de profundizar sus relaciones políticas y comerciales. Se adelantó que existiría voluntad de reanudar los vuelos desde Argentina hacia las islas Malvinas y de avanzar en asuntos relacionados con la prospección petrolera. Estos cambios, de materializarse, tendrán impacto importante en la economía argentina y en el futuro de la región.

La noticia por supuesto nos alegra mucho, pero nos lleva a reflexionar nuevamente sobre los graves errores que nuestro país comete en su política internacional. Durante muchos años, Uruguay se privó de los ingresos derivados de la atención de la flota pesquera con bandera de las Malvinas. Se habló, en aquel momento, de que se estarían perdiendo entre 200 y 300 millones de dólares anuales por no atender a la flota gallega que operaba con la bandera de las islas. En la misma línea, nuestro país se niega a aprovisionar de combustible a buques y aeronaves militares inglesas con aquel destino. Este disparatado manejo de las relaciones internacionales termina a la larga perjudicando los intereses de los uruguayos. Argentina y el Reino Unido profundizan sus relaciones económicas mientras que la obsecuencia uruguaya le quita oportunidades de trabajar a los uruguayos.

Para peor, mientras eso pasaba, Argentina ignoraba reclamos históricos. Reclamos respecto a temas importantes para los uruguayos. Estamos hablamos de cosas como el dragado del canal Martín García, y los de obstáculos para la utilización de la Hidrovía. Y, del mismo modo, nos vimos perjudicados por la aprobación de normas para desestimular las operaciones de tránsito en Montevideo, con la consecuente afectación de la actividad marítima y portuaria. Sin olvidar, por supuesto, el asunto del cierre de los puentes y de las trabas a la importación que terminaron con miles de puestos de trabajo.

El problema de fondo radica en la concepción que tienen los grupos mayoritarios del Frente Amplio de las relaciones internaciones. Confunden sus simpatías políticas a líderes y regimenes con los objetivos y necesidades permanentes de los países. En el caso argentino, es una constante, desde los tiempos de la Colonia, que los intereses montevideanos y porteños estén enfrentados; más allá de simpatías y amistades de los gobiernos del momento; y, nada hace prever que esa constante desparezca.

Esa visión de guiar las relaciones internacionales desde la perspectiva de las ideologías llevó a que ya en los primeros meses de la administración Vázquez quedara por el camino la posible integración al TISA. Así cómo Gargano vetó todo intento de negociación de un TLC con Estados Unidos, otra vez también el Frente Amplio y el Pit-Cnt privan al país de la eventualidad de participar en la mesa de negociación del TISA. Otra vez se pierden oportunidades interesantes como fruto de las concepciones de grupos que viven anclados en el pasado. Algunos todavía sueñan con el nuevo orden americano promovido por Venezuela y su otrora generosa billetera; y con proyectos de integración transformados en proyectos políticos que desconocen que el comercio de bienes y servicios es la causa principal del desarrollo de los estados.

Uruguay tiene intereses que van más allá de los gobiernos y de las ideologías.

Gustavo Penadés

La moña de Vázquez.

Lo peor no es que utilice niños en una escuela para hacer política, en todo caso la frontera de cuándo hace política partidaria el presidente y cuando está en funciones es muy borrosa.

Además detenerse en eso es estéril. Lo malo no es lo que dijo acerca del famoso cambio de ADN de la educación y de lo revolucionario de las reformas que en esta materia lleva adelante su gobierno, lo malo es que se lo crea. Si de tanto repetirlo llega por un instante a tener esa fantasía sería preocupante.

Esos niños todos los días tienen a su lado un “simple” maestro de escuela, de aquellos que desprecia la ministra de educación de Vázquez. Concurren a una escuela pública que en otros tiempos era un bazar de oportunidades para las clases populares del Uruguay. Hoy la escuela pública se derrumba junto a todo el sistema educativo. Más de 2500 millones de dólares de presupuesto educativo para que un alumno uruguayo a los 17 años apenas sepa lo que uno de 12 ya sabe en varios países asiáticos o uno a los 14 aprendió en Europa. Es mucha ventaja. Pero además la brecha también se da adentro de Uruguay: entre los alumnos de mejores condiciones económicas y los más rezagados hay más de dos años de distancia. Eso es inequidad y pobreza futura. Y esto luego de años de bonanza. Una educación pobre, para pobres. Criminal.

Mientras desde el Frente Amplio los sectores vinculados a quienes tienen el poder burocrático en la enseñanza discuten ideología, el sistema educativo se cae a pedazos. Lo único que se debate aquí es salario. Pero como dijo en El País Ariel Fiszbein, director de grupo Diálogo Interamericano, que presentó un documento sobre nuestra realidad educativa y la de América latina “Si el tema solo pasa por mejores salarios o más computadoras en las aulas estamos jorobados porque eso, por sí solo, no asegura que los chico vayan a aprender”.

Padecemos una fractura expuesta en materia social y los resultados de la educación pública son la causa. Las corporaciones piden más, 6% del PBI para educación. Dicen que es lo que se asigna en países desarrollados al rubro. Un trabajo de un reconocido educador uruguayo que me acercara estos días demuestra que esos países asignan esos recursos pero con los mismos atienden a muchos más estudiantes que terminan bachillerato (casi 100% contra 30 y 40% aquí) y por lo tanto entran muchos más a las universidades, les dan más horas de clase (40% más). Además de que en esos países los sistemas son financiados públicamente, mientras aquí la educación privada atiende a cerca del 20% de alumnos y no recibe dinero presupuestal. Plantea que la equivalencia no es real y que la cifra de PBI ajustada, restando poblaciones no atendidas y mayores cargas horarias, es del 2,4 % para cubrir lo que allí se cubre con el 6%. Ni hablar de comparar porcentajes de PBI asignados con resultados obtenidos. Da vergüenza.

El presidente se rodea, con gran demagogia, de escolares. Esos niños usados involuntariamente como arma política por un adulto, Vázquez, terminaran la escuela con una enseñanza precaria y pobre y la mayoría no terminará el liceo, en un país que se enriqueció al mismo tiempo. La entrega irresponsable del poder de la educación a las corporaciones, que prohijó Vázquez en su primer gobierno, es la causa. Esa fue su gran moña, que los niños más pobres y sus familias pagarán muy cara. Y se dicen progresistas.

Javier García