Sendic es la táctica

El vicepresidente Raúl Sendic fue el orador en el acto oficial del 25 de agosto. Habló en nombre de todo el gobierno y en presencia del presidente de la República. En ese entorno, se permitió tocar un tema que lo tiene en falta ante los uruguayos: “Reafirmamos el compromiso con la educación de toda la sociedad, con la formación de capacidades, con la investigación científica”.

La pregunta no es si, desde el punto de vista institucional, Sendic puede hablar en nombre del gobierno. Desde luego que puede, porque es el vicepresidente en ejercicio. Nunca nadie puso eso en duda. La pregunta es qué significado político tiene el haberlo elegido, porque obviamente no se designó a sí mismo.

Raúl Sendic es hoy el político peor evaluado en las encuestas.

Eso se debe en parte a la ruinosa gestión de Ancap y en parte al papelón de su supuesta licenciatura. Sendic se presentó ante el país como licenciado y figuró repetidamente con ese título, cuando no con el de ingeniero. Después admitió que no lo era y dijo que jamás había pretendido serlo. Más tarde volvió a presentarse como licenciado y dio diferentes versiones sobre la duración de sus estudios. Hace medio año anunció que estaban por llegar los documentos probatorios desde Cuba. Los papeles nunca llegaron, pero sí llegó una alucinante explicación de la senadora Topolansky, quien sostuvo que una vez vio el título, que era “en una cuestión biológica” y que estaba a nombre de otro.

Cuando los uruguayos todavía se preguntaban por qué un niño mimado del régimen cubano estudiaría con nombre falso, cuando en todo lo demás usaba el verdadero, llegó la noticia de que no se había encontrado petróleo. Y entonces todos recordamos que Sendic había dado por seguro que había gas y petróleo, y se había jactado de escuchar a técnicos a los que nadie había hecho caso.

Si hay un personaje desacreditado en la política uruguaya, ese es Raúl Sendic. ¿Cómo entender que el gobierno lo haya elegido como portavoz, en lugar de recurrir, como es usual, a un ministro? Una explicación plausible es que está aplicando la vieja táctica de sostener las versiones oficiales sin conceder un milímetro, por más inverosímiles que sean y en especial cuando son inverosímiles. Lo que importa no es la verdad sino el blindaje político.

Cuando las cosas se ven de esta manera, lo de Sendic deja de ser un episodio para convertirse en una tendencia. Los uruguayos estamos cada vez más rodeados de explicacio-nes inauditas que se sostienen con cara de piedra. El ministro de economía dice sin sonrojarse que nadie podía prever el enfriamiento económico, cuando ese fue uno de los temas centrales de la última campaña electoral. Altas figuras del gobierno afirman que un refugiado sirio abandonó el país sin que nadie lo notara, pese a que su cara había salido en todos los medios, a que habla árabe y anda con muletas. Hasta hace poco el presidente Vázquez reunía a los expresidentes para discutir qué hacer con los recursos que generaría el petróleo, pero ahora se nos dice que todo está bien porque siempre se supo que la probabilidad de encontrarlo era de apenas el 14%.

Las cosas que se escuchan desde el gobierno suenan cada vez más difíciles de creer, pero se las presenta como si no hubiera nada que preguntarse. Es la táctica de quienes se sienten tan frágiles que temen que una pequeña fisura tire abajo el edificio.

Antes que sea tarde

Se silenciaron los comentarios, pero no las causas que directa o indirectamente costaron cuatro vidas jóvenes, de servidores públicos en la Fuerza Aérea. ¿Habrá que esperar otro accidente, o fueron lo suficientemente graves como para actuar?

La defensa y la seguridad del país y de los uruguayos no son baratas, está claro, pero son imprescindibles. Ahora estamos desguarnecidos, regalados para ser bien claros. En el siglo XXI no se arregla esto con perros cimarrones. Si queremos vivir con una frontera absolutamente porosa y sin control, que permite el pasaje con facilidad de cualquiera sea este un delincuente de barrio, un narcotraficante o un terrorista, no hay que tocar nada, será barato. Si estamos dispuestos a regalar el trabajo de los uruguayos en nuestro mar, nuestras riquezas, la pesca, y dejar librado a la mejor suerte las calamidades que puede suponer hoy un desastre ecológico por derrames, no hagamos nada, es más barato.

Obviamente que de cumplir con nuestros compromisos de rescate que llegan casi hasta Sudáfrica, ni hablamos. Y por último, si no nos importa que los traficantes y el crimen organizado usen nuestro cielo y solo los veamos pasar mientras llevan sus aviones cargados de droga y delincuentes, tampoco nos movamos. Es de republiquetas que pase eso, y es más barato.

Hay un doble discurso hipócrita. Si se acerca la aftosa y hay que cerrar la frontera en horas, se amontona basura que no levantan los municipales, viene un tornado, hay inundaciones, cae un puente, se incendian montes amenazando gente y bienes, hay que armar un campamento de apuro, pintar una escuela o trasladar enfermos graves, ahí pitazo y los militares a la cancha. Si llega el momento de pagarles el sueldo, nos quedamos quietitos, decimos que los milicos sobran, son todos torturadores en potencia, viven de privilegios jubilatorios, y les pagamos a los soldados 15 mil pesos y que agradezcan. Así no vale. No vale porque es inmoral que un gobierno haga eso o que algunos se callen y pasen en punta de pie cuando le salvan la petisa a la sociedad, y luego desde el comité den manija contra todo lo que se mueva uniformado. Algunos son incluso más sutiles. Van armando una transferencia silenciosa pero potente, bien equipada y armada, de funciones y poder, de las Fuerzas Armadas a la Policía, para que esta supla a aquellas. Eso está pasando hoy impulsado desde la jerarquía del ministerio de Interior, armando fuerzas que dependen no de un mando superior que integra el presidente y el ministro de Defensa, sino de una sola persona. Es evidente. ¿Qué hace la Republicana en la frontera cuando se la necesita en ciudades combatiendo el delito y no haciendo cosas que corresponde a otros, con armamentos de guerra desproporcionados para su función?

El discurso fácil y políticamente correcto es decir que hay otras prioridades. Pero después hay que hacerse cargo de un Uruguay indefenso e inseguro. No vamos a hacer la guerra a nadie, no hay que decir tonterías. Pero sí defendernos de las amenazas que nos rodean, que son peligrosas, matan gente, corrompen, nos roban el trabajo y nuestras riquezas naturales. Hay que asumir que estamos al borde de la indefensión. Que hay prioridades, sí, pero cualquiera de ellas necesita un Uruguay soberano, seguro y en paz. Y esto, hoy, está en peligro. No decirlo es políticamente correcto, pero también irresponsable.

¿La culpa es de los retirados?

En un escenario de angustia fiscal, el ministro Astori lanzó la idea de reformar los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas argumentando que “la Caja Militar” presenta “un déficit” de 400 millones de dólares. El Poder Ejecutivo está trabajando en proyectos cuya última formulación desconocemos. Trascendió que, en lo fundamental, se sancionaría otro impuesto a las prestaciones y se modificarían los tiempos de servicio.

De arranque se empieza mal: la “Caja Militar” no es tal. No es un ente recaudador y administrador de los aportes de patrones y trabajadores. Es un servicio que paga prestaciones a los beneficiarios determinados por las leyes. El Servicio de Retiros y Pensiones tiene muchos años; encontrando muchos antecedentes en la historia nacional. Manuel Oribe, por ejemplo, aprueba una ley fijando pensiones para las esposas e hijos de soldados de la Independencia.

Sumarle otro impuesto a los retirados, que ya tributan el IASS que se destina al BPS, es disparatado. ¡Y más disparatado y confiscatorio es, si cabe, si ese nuevo impuesto termina por fagocitarse la mitad de los haberes!

Fiel a su naturaleza, el FA quiere enfrentar a los militares con la población, como si los militares no fueran parte de la misma. Presentan a los beneficiarios del servicio co-mo si fueran privilegiados, cuando la verdad es que no lo son, y que la enorme mayoría está conformada por personal subalterno y pensionistas.

La discusión tal como está planteada es equivocada. El costo de los retirados y pensionistas es un componente del gasto de defensa. No se puede desligar una cosa de la otra. Por tanto, la cuestión fundamental sería determinar cuánto se está dispuesto a gastar en el futuro en esto.

Mientras no se adopte una posición al respecto se continuará con lo que se viene haciendo desde hace años. Venimos asistiendo a un doble proceso en el que, por un lado se le asignan a las Fuerzas Armadas nuevas responsabilidades a sus misiones esenciales, pero, al mismo tiempo, se reduce su presupuesto a límites insostenibles. Las Fuerzas cumplen sus misiones a costa de grandes esfuerzos, pero, llegará un momento en que se verán imposibilitadas de continuar haciéndolo. Hoy asistimos a la paradoja de que por ley de Rendición de Cuentas se le encomiendan a las FFAA funciones policiales junto al Ministerio de Ganadería, pero, por otro lado, no hay recursos para cumplir cabalmente las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de búsqueda y rescate. En estos años el Ministerio del Interior ha sido una prioridad presupuestal, lo que ha derivado en una bienvenida mejora de salarios y equipamiento. Aumentó la cantidad de efectivos, compró aeronaves y armamento sofisticado e incluso se busca evitar el control de esas compras. ¡Sin embargo son militares quienes evitan que se escapen los presos!

Tenemos la esperanza de que el Gobierno actúe con sensatez y no incurra en el disparate de castigar injustamente a los militares retirados y a los pensionistas, para recaudar unos pesos más que no solucionan nada; pretendiendo, así, desviar la atención de los problemas importantes y de paso quedar bien con aquellos sectores que buscan la desaparición de las fuerzas armadas o su transformación en guardia nacional.

 

Gustavo Penadés

Aniversario esencial

El 4 de marzo de 1913, José Batlle y Ordóñez, en ejercicio de su segunda presidencia, publicó en el diario El Día sus célebres “Apuntes” de reforma constitucional. Allí propone un Poder Ejecutivo colegiado de nueve miembros, cada uno de ellos con un mandato de nueve años (excepto la primera tanda). Cada año se renovaría un miembro del órgano, en elecciones que se decidirían por mayoría simple.

La propuesta fue denunciada por el Partido Nacional como un intento de consagrar constitucionalmente el monopolio del ejercicio del gobierno en beneficio del batllismo. Para poder desalojar al oficialismo, la oposición debería ganar las elecciones durante cinco años consecutivos. En una situación de estabilidad electoral, la fracción mayoritaria del partido mayoritario podía llegar a colocar los nueve miembros del órgano. En palabras de Alfredo Vásquez Acevedo, se trataba de instalar “la tiranía bajo el disfraz de un gobierno plebiscitario”.

También se opusieron a la propuesta los colorados riveristas, conducidos por Pedro Manini Ríos. Esa doble resistencia obligó a Batlle a avanzar más despacio de lo previsto.

El 1° de marzo de 1915 asumió como presidente Feliciano Viera. Seis meses después se aprueba la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente. En las negociaciones que fueron necesarias para lograr la mayoría parlamentaria, el batllismo aceptó dos cambios a los que se había opuesto durante décadas: el voto secreto y la inscripción previa obligatoria en el registro electoral. Rechazó en cambio la representación proporcional integral.

El 30 de julio de 1916 se realiza la elección de constituyentes, en lo que representa la primera elección con voto secreto en la historia del país. Triunfó el Partido Nacional. El oficialismo resultó vencido en todo el país menos en Artigas. El revés fue tan duro para Bat-lle que nunca llegó a admitir la legitimidad del veredicto popular. Casi ocho años después, en un artículo publicado en El Día, todavía escribía: “El 30 de julio no merece figurar entre las fechas magnas de la República porque lo que ocurrió ese día fue pura y simplemente, que una grande y desvergonzada trapisonda falseó a mansalva la voluntad popular”.

En agosto de 1916, el diputado blanco Duvimioso Terra presentó un proyecto de ley que extendía el voto secreto y la inscripción obligatoria a las elecciones de legisladores. Días después, un bloque de 55 diputados batllistas publicó en la primera plana del diario El Día, entonces dirigido por Batlle, una declaración de rechazo al voto secreto. Entre otras cosas argumentaban que el voto secreto “no constituye una garantía de pureza electoral” porque fomenta “la traición, (…) la intriga y la desorganización partidaria”. La consolidación del régimen de garantías electorales del que después nos enorgulleceríamos los uruguayos exigiría todavía una década de luchas políticas.

El próximo sábado se cumplen cien años de la elección con voto secreto del 30 de julio de 1916. Para conmemorarlo, el Centro de Estudios del Partido Nacional ha organizado una actividad abierta que se realizará el próximo viernes 29, a partir de las 9 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Fue allí donde sesionó la Convención Nacional Constituyente elegida aquel día.

Observe el lector que en todo lo anterior no hay juicios de valor. Solamente hechos.

Pablo Da Silveira.

Desde adentro

Hace exactamente una semana ocurrió un hecho que no fue recogido por los medios de comunicación, pero que hubiera merecido titulares.

Para ser exactos, parte de lo que pasó fue debidamente difundido: el 5 de julio pasado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) dio a conocer los resultados de un estudio que analiza las trayectorias de los alumnos que participaron en las pruebas PISA del año 2009.

También se divulgó que los resultados son desalentadores. En el momento de realizarse la prueba, esos chicos tenían quince años de edad. Quiere decir que todos hubieran debido terminar Bachillerato a fines de 2012. Aquellos que hubieran sufrido retrasos tendrían que haberlo terminado en 2013 o 2014. Pero el estudio revela que, al día de hoy, solo el 44% es bachiller. Un 15% de los evaluados en 2009 ni siquiera llegó a terminar un grado después de los 15 años.

Lo que los medios no recogieron fue lo que ocurrió en el cierre del acto de presentación de resultados. En ese momento tomó la palabra el Director Ejecutivo del Ineed, Dr. Mariano Palamidessi, quien, ante la mirada petrificada de las principales autoridades educativas, dijo algunas cosas muy claras. Por ejemplo, dijo que es falso que nuestra Educación Secundaria sea ineficaz, porque es tremendamente eficaz generando desigualdad. Y dijo también que nuestro sistema educativo está generando “dos razas” de uruguayos. Una integrada por poca gente, que tiene por delante una vida de crecimiento personal y oportunidades, y otra mucho más numerosa, integrada por personas que están condenadas a una vida sin horizontes.

El señor Palamidessi no ocupa ningún cargo político, sino un cargo técnico al que accedió tras presentarse a un llamado internacional. De hecho, ni siquiera es uruguayo. Tal vez por eso tenga la libertad de expresar lo que nuestras autoridades educativas no quieren escuchar.

Mientras todo el tiempo las vemos hacer malabarismos para poder decir que las cosas no andan tan mal, el señor Palamidessi (con un doctorado en Educación y abundante experiencia internacional a sus espaldas) describió la realidad sin cobardía ni meneos políticos.

La importancia del hecho no está en que se haya dicho algo nuevo. En realidad, tanto las conclusiones del informe como las palabras de Palamidessi confirman tendencias conocidas desde hace años. Lo nuevo es que lo haya dicho alguien colocado en el corazón del sistema, como es el Director Ejecutivo del Ineed. A partir del 5 de julio, a las autoridades les resultará un poco más difícil seguir fingiendo demencia. Las voces de alerta ante la debacle de nuestra educación ya no pueden ser descartadas diciendo que se trata de viles maniobras opositoras. Las mismas alarmas empiezan a sonar dentro de la institucionalidad educativa.

El episodio vuelve a confirmar lo mal que estamos, pero también incluye un elemento de esperanza. El señor Palamidessi ocupa su cargo porque las autoridades del Ineed decidieron hacer un llamado internacional y seleccionar con criterios técnicos a quien iba a desempeñar un rol crucial en la institución. Por una vez, el profesionalismo y la búsqueda de la excelencia primaron sobre la cuota política y el amiguismo. Al decir lo que dijo, el señor Palamidessi no se estaba saliendo de tono sino haciendo lo que tiene que hacer un evaluador independiente. Se trata de un paso en el camino correcto.

Pablo Da Silveira

¡Qué cinismo!

El Día del Patrimonio este año estará destinado a la escuela pública. Toda una paradoja. El gobierno del Frente Amplio, con la ministra Muñoz, lanzó la idea central para esta edición: se recordará aquello que destruyeron y que fue patrimonio de los uruguayos hasta que el Frente Amplio asumió y terminó con una institución generadora de igualdad y equidad, distintiva de nuestro país.

Uruguay fue su escuela pública, sus aulas fueron los mejores espacios de inclusión social, de fermento republicano y cimiento de una sociedad integrada. El director era una institución rectora, al que todos veíamos medio de lejos como el garante de una casa que en el silencio de sus patios durante la hora de clase o en el ruido del recreo garantizaba tranquilidad, disciplina que educaba y contención para aquellos gurises que carecían de un hogar que se los brindara. En la escuela pública la palabra del maestro era sagrada, y acatada cuando ponía límites, como es natural, porque participaba del proceso educativo. Ahora si pone límites la maestra termina en una asamblea insultada, cuando no agredida. La maestra o el maestro ocupaban el lugar de jefes del segundo hogar.

Así fue siempre, a pesar de los vaivenes políticos y económicos que atravesó el país. Siempre hasta que asumió el Frente Amplio que tenía un discurso a favor de la educación pública y contra la privada. Pero todos sabemos que el discurso es eso, palabra, y no necesariamente praxis. Acá quedó claro que, después de 11 años de gobiernos llamados progresistas, se consolidó el mayor proceso de privatización de la enseñanza con crecimiento en la matrícula de colegios como nunca existió y devastación de la calidad de la educación pública, la que ahora con cinismo recuerdan y evocan. En los gobiernos frentistas se abrió la mayor brecha social en la educación, base de nuestra fractura social. A partir de estos hay una educación pobre para los más pobres y una rica, bilingüe, con computadoras y materias extracurriculares para los más ricos. Hay una escuela pública que tiene un mes menos de clases al año, y ni que hablar de la cantidad de horas menos que supone esto, cuando se comparan muchas veces días perdidos de horario simple contra días dictados en escuelas privadas de horario doble.

Se gastaron en un debate estéril sobre porcentajes del PBI que deberían dedicarse a la educación, que el 4,5%, o el 6% y se olvidaron, durante estos pésimos gobiernos enemigos y verdugos de la escuela pública, de lo más importante: la calidad de lo que se enseñaba y aprendían los chiquilines. Entregaron, además, el destino de la educación pública a las corporaciones. Los representantes de los padres y de los escolares, las autoridades legítimas representantes de la soberanía, son simbólicas. En la educación pública mandan los sindicatos, que defienden por definición sus intereses, que no son los de los alumnos y sus familias. Esto está en la naturaleza de las cosas. La escuela formaba, no solo instruía, ahora muchos niños salen sin leer bien dos frases de corrido. Un horror.

Por eso más que dedicarle el Día del Patrimonio hay que reconstruir de cero la escuela pública porque la demolieron. Pero eso no lo puede hacer un gobierno que tiene de ministra de Educación a quien desprecia a los maestros. Del nombre de nuestras maestras nos acordamos siempre, pero el de esta ministra se olvidará rápido.

 

Javier García

La pata y el lazo

Todo parece indicar que estamos ante el naufragio definitivo de la política educativa del Frente Amplio. Una combinación de malas ideas, torpezas políticas y bloqueos corporativos hacen temer que no pasará nada importante de aquí hasta que termine el mandato del presidente Vázquez. Ya nadie habla de cambiar el ADN de la educación. Ni siquiera se habla de extender a dos años los efectos de la elección de horas en Secundaria, tal como se anunciaba hace menos de un año. No parece existir ninguna voluntad política de cambiar nada importante. Para peor, hay menos plata.

Ante esta oscura perspectiva, en el oficialismo empiezan a escucharse las voces de quienes quieren sacar la pata del lazo. Algunos concentran sus críticas en la ministra Muñoz, diciendo (con razón) que habla de más y no conduce. Otros responsabilizan al MPP, que controla a la enseñanza y bloquea los cambios.

Este festival del “yo no fui” adquiere especial fuerza entre los frentistas moderados. Pero la verdad es que su intento no tiene ninguna verosimilitud: el astorismo y el vazquismo tienen una gran responsabilidad en todo lo que ha ocurrido y en lo que ya no ocurrirá en la enseñanza.

Muchas de las peores decisiones educativas que se tomaron en estos años fueron impulsadas por gente que respondía a Danilo Astori. Tal es el caso de la Ley de Educación de 2009, que instaló a los sindicatos en el gobierno de la enseñanza e introdujo la convocatoria obligatoria a esa exhibición de fuerza corporativa que es el Congreso Nacional de Educación. El principal promotor de esa ley no fue ninguna figura del MPP sino el ex director de Educación del MEC Luis Garibaldi: un excomunista cercano al hoy muy crítico Esteban Valenti, que en aquella época era un estrecho aliado de Astori.

Otra política de consecuencias nefastas, el “pase social” en Primaria, fue amparada por el astorista Héctor Florit. El resultado de esa política de falsa inclusión puede resumirse en dos datos: a lo largo de estos años, la repetición en sexto año de primaria fue cayendo hasta rondar el 1%. Sin embargo, entre 2004 y 2012, la repetición en el Ciclo Básico subió del 25,9 al 32,3%. O sea, mientras muy pocos alumnos repiten el último año de escuela, uno de cada tres lo hacen en cuanto pasan a la enseñanza media. Es el precio de promover aunque no haya aprendizajes.

El presidente Vázquez es políticamente responsable de la Ley de Educación que se aprobó durante su primer mandato y que él promulgó entusiasta. Pero además tuvo una participación personal y directa en varias decisiones destructivas que se tomaron durante este mandato. Por ejemplo, la decisión de mantener a Wilson Netto al frente del Codicen, en un intento por comprar a cualquier precio algo de paz con el MPP. O el doble error de declarar la esencialidad de la enseñanza por primera vez en la historia de la República, para luego no aplicarla. La primera fue probablemente la más nefasta. El día que Vázquez confirmó en el cargo a ese mujiquista experto en guerras burocráticas, el destino de Filgueira y Mir quedó sellado.

Y en medio de todo, por supuesto, está la ministra Muñoz, que no es del MPP ni cayó del cielo, sino que llegó al cargo porque es una persona de confianza del presidente y tuvo el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio. Ese apoyo se mantuvo cuando destituyó a Filgueira y a Mir, y dura hasta hoy.

 

Pablo Da Silveira

Los pactos

Esta semana el presidente de la República y el ministro Astori repitieron, como una letanía, una frase dirigida a la interna del Frente Amplio: los pactos están para cumplirse. Y amplían el concepto diciendo, para que los más díscolos se enfilen, que esa ha sido la norma en la coalición. Todo a cuento de que el acuerdo logrado entre los sectores frentistas para votar el ajuste fiscal y la rendición de cuentas no logra el consenso en esa bancada y algunos legisladores de izquierda quieren hacerle cambios.

Es una obviedad que los acuerdos cuando son libres y se hacen a conciencia tienen un solo camino: cumplirlos. Sería bueno también que no solo se cumplieran los compromisos asumidos a la interna del Frente Amplio, sino lo más importante que es que se asuman y cumplan los que hacen con la ciudadanía. Porque a decir verdad el “pacto” que exigen cumplir Vázquez y Astori está hecho para violar uno previo que fue el que libre y conscientemente hizo Vázquez en la campaña electoral de no aumentar impuestos y que violará ahora, sin pudor, para lo cual pide que todos acaten.

En la escala de valores debería estar primero el más importante que no es el que asumen los dirigentes confabulados hombro con hombro pa- ra diluir costos políticos entre todos los sectores haciendo lo que dijeron que nunca harían, sino precisamente el que asumieron para juntar votos y que seguramente hizo confiar a varios uruguayos para votar al FA. La teoría del cumplimien-to de los pactos que hace el FA suena obvia, pero puesta con los antecedentes de esa mis-ma fuerza es una farsa que encubre el pisoteo de un compromiso político y público previo donde perjuró que no se aumentarían impuestos.

El único pacto que le conozco al FA que cumplió religiosamente fue el del Club Naval. Ese sí no requirió ninguna presión interna ni llamados a disciplina, todos se sumaron a quedarse calladitos (ese era el pacto) mientras los militares metían preso a Wilson (al que ahora usan impúdicamente en sus propagandas). Cuando lo cumplieron y fueron a la elección con el caudillo preso en un cuartel de acuerdo a lo que estaba implícito y “sobrevolando”, ahí sí les vino la amnesia y dejaron de cumplir lo otro que estaba tan implícito y sobrevolando como lo anterior vinculado a los derechos humanos. El resto es historia conocida, aunque cada tanto conviene recordarla, sobre todo cuando invocan a Wilson como si fueran todos recién nacidos.

Ahora veremos qué pasa con los acuerdos sobre seguridad que estamos haciendo en la Torre Ejecutiva. La sanata aquella de que el aumento de penas no solucionaba la inseguridad, adjudicando a las propuestas del Partido Nacional una descalificación que destilaba menosprecio, quedó por el camino. Esperemos que de boca de un dirigente del FA no se la escuche más porque en presidencia respaldaron con Tabaré Vázquez a la cabeza el aumento de penas en materia de narcotráfico, en delitos muy graves como los homicidios y se analizan en materia de minoridad infractora. Así que se ve que las propuestas nacionalistas eran buenas, o la izquierda se volvió repentinamente de derecha o no había derecha sino buenas ideas, centradas, que los “progresistas” no valoraban.

Lo que acordamos allí para nosotros es un contrato, veremos qué es para el oficialismo. Por aquello de que los pactos deben ser cumplidos. Incluido este.

Javier García

No da más

Durante la campaña electoral de 1999, la entonces secretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, atacó al candidato colorado Jorge Batlle insinuando que, si llegaba a ser electo, probablemente moriría en el ejercicio del cargo: “Es un señor muy mayor el doctor Bat-lle. Cinco años es mucho tiempo cuando la gente es tan grande. A mí me pone muy nerviosa que vaya a terminar de presidente un vicepresidente…”.

Después se supo que a Muñoz no le preocupaba mucho la edad de los candidatos. Batlle asumió la presidencia con 72 años de edad. En 2009 Muñoz apoyó a Mujica, que asumió con 74, y en 2014 hizo campaña por Vázquez, que asumió con 75. Pero ese no es el punto. El punto es la extrema brutalidad de sus declaraciones, en un Uruguay que se caracterizaba por un debate público civilizado. Muñoz estuvo en la vanguardia de quienes atentaron contra aquella cultura de discusión. No fue solo Mujica.

Las declaraciones de Muñoz sobre el maestro Juan Pedro Mir no tienen nada de nuevo. En todo caso, lo nuevo es que haya frentistas que se escandalicen. Mientras los denigrados fueron de otras tiendas, todos callaron o aplaudieron. Cuando el ataque se dirige a alguien de la casa, aparece la indignación. Los frentistas que, con razón, hoy critican a Muñoz por lo que dijo sobre Mir, olvidan que una brutalidad es siempre una brutalidad.

A estas horas parecería que el sindicato de magisterio va a terminar por aceptar las disculpas de la ministra, en un gesto de amplitud que, esperemos, se repita si un día hay un ofensor con otro color político. Para algunos, eso cerraría este triste episodio. Pero la realidad no es tan sencilla.

Muñoz no solo denigró al magisterio en su conjunto, sino que se ensañó en forma personal con dos antiguos subordinados. De Mir dijo que es un “pobre muchacho” y un “resentido social” (una expresión que suelen usar personas muy alejadas de la imagen que los frentistas tienen de sí mismos). Sobre Filgueira dijo que lo nombró por sugerencia de su hijo. Con esas palabras no solo ninguneó a un técnico de larga trayectoria, sino que hizo un reconocimiento implícito de lo que muchos sospechábamos: el Frente Amplio no tenía ningún plan para la enseñanza, ni había realizado los nombramientos con ninguna clase de cuidado. Todo se hizo a los ponchazos y con enorme frivolidad.

Pero todavía hay algo más. Al ser consultada sobre el pedido de renuncia formulado por los maestros, Muñoz declaró que está dispuesta a considerarlo por una sola razón: “es habitual que los partidos de oposición pidan la renuncia de ministros, pero que (lo haga) un gremio al cual aprecio y defiendo tanto como el magisterio me hace pensar”.

O sea: que los representantes de la ciudadanía le digan que tiene que irse, es algo que no le merece a la ministra la más mínima reflexión. En cambio, que se lo pida una corporación que, como todas las corporaciones, defiende intereses particulares, le parece mucho más relevante porque a ellos los quiere. Difícil encontrar un mayor desprecio hacia las reglas de juego democrático y una ausencia más total de ecuanimidad. Por lo visto, a Muñoz no le han advertido que es ministra de todos los uruguayos.

Lo de Muñoz es a esta altura impresentable. Pero a no confundirse: si está en el cargo, es porque la apoyan el presidente Tabaré Vázquez y toda la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

 

Pablo Da Silveira

Se ajusta por imprevisión

Después de diez años en que todo era favorable es increíble que el Frente Amplio esté llevando adelante un ajuste fiscal, y el país temblando ante la amenaza de perder el grado inversor.

Fueron diez años de crecimiento continuado como nunca se había visto en la historia, producto de la conjunción de factores externos positivos y de la sensatez de continuar las líneas fundamentales que venían de las administraciones anteriores. La actividad económica fue mejorando de año en año y esto llevó a que los gobernantes creyeran que esa dinámica se mantendría incambiada en el tiempo. Se olvidaron de razonar que en economía los ciclos existen, y que tras los buenos tiempos siempre vienen los malos. Se actuó con imprevisión, gastando más de lo que se lo debía haber hecho. Pero lo peor es que ese gasto no tuvo un correlato en la mejora sustancial de los servicios públicos.

En cuestiones básicas no se avanza, sino que se retrocede. Alcanza con ver el crecimiento constante de la violencia urbana pero también de la rural. La infraestructura básica sigue en vueltas con rutas destrozadas y un ferrocarril que languidece sin rumbo. En materia de educación pública, las inversiones en infraestructura y equipamiento sumadas a la justa e importante mejora de salarios, no se ven acompañadas de un principio de mejora en los resultados. Por el contrario, las administraciones van pasando y cada una que asume viene con diagnósticos y planes milagrosos que al tiempo son desechados sin ser siquiera evaluados.

Pero el aspecto más preocupante es el de que la sociedad uruguaya está muy lejos de empezar a estar más integrada sino que, por el contrario, ofrece a diario signos crecientes de fractura sin indicios de que ese proceso negativo comience a revertirse.

Lo que se hizo durante estos años fue inyectar dinero y sumar personas al Estado, cuya estructura y prácticas se mantienen incambiadas desde 1995; mientras que, por fuera del mismo, se fue ambientando otra red de organismos sin control alguno.

Hoy el gobierno no tiene ingresos suficientes para mantener el ritmo del gasto. Ya no hay espacio para aventuras como las de Ancap, Antel, Pluna puerto de aguas profundas, Fondes, AlasU, y Regasificadora. Estos son parte de los emprendimientos progresistas en los que se fueron miles de millones que todos seguimos pagando.

Todo esto pinta un Frente Amplio que se llenó la boca criticando a los partidos tradicionales, acusándolos de cuanto disparate se le ocurría decir, pero que no supo llevar a la realidad ninguna mejora sustancial en los servicios que el Estado le ofrece a los contribuyentes. Además, hace un par de años también escuchábamos que el país “estaba blindado” y los reclamos de prudencia del Partido Nacional eran tachados de ignorantes y alarmistas. Hoy, ese mismo equipo económico opina como si nada tuviera que ver con lo que pasó, siendo que ese equipo, con el Cr. Astori a la cabeza, estuvo en el timón desde 2005.

Lamentablemente, las consecuencias de los errores ya se están viendo y sufriendo. La actividad económica enlentecida, el empleo comenzó a afectarse, y la consecuencia inevitable será que el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias por una u otra vía se verán afectados.

Gustavo Penadés