Basso a Comisión de Salud por pedido del diputado Martín Lema del Partido Nacional, que “no quedó conforme”

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, concurrió ayer a la Comisión de Salud a pedido del diputado nacionalista Martín Lema, para tratar el tema del otorgamiento de medicamentos oncológicos y otros que son muy costosos. El PN dice que “no se avanzó nada”.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, asistió ayer a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes a pedido del diputado del Partido Nacional, Martín Lema, para tratar el tema del otorgamiento de medicamentos oncológicos y otros de alto costo.

En esta instancia se cuestionaron los criterios y el trato que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le da al otorgamiento de medicación oncológica a determinados pacientes.

El ministro explicó que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorpora en su listado solo aquellos medicamentos (en particular los oncológicos) con probada y suficiente evidencia científica, según informa la página web de Presidencia de la República.

Basso puntualizó que el MSP negociará con la industria farmacéutica, mediante de acuerdos de riesgo compartido, la incorporación de medicamentos de altísimo costo que cuentan con suficiente evidencia científica: “El MSP debe tener políticas basadas en la evidencia científica y a partir de allí comenzar a estudiar el costo-efectividad de los medicamentos”.

También señaló que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2011, el FNR evalúa la relación costo beneficio de los medicamentos para dar sostenibilidad al organismo, que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 35 millones de dólares.

Basso precisó que el objetivo es que todas las personas que requieran procedimientos o medicamentos de alto costo puedan acceder a alternativas terapéuticas.

“Esto genera la necesidad de trabajar y negociar con los laboratorios para ver en qué medida los costos de los medicamentos se pueden aproximar a lo que los países pueden pagar. Este es un debate en todo el mundo”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que Uruguay cuenta con un listado de medicamentos eficientes pero que su costo no podría ser absorbido sin generar riesgos en el funcionamiento del FNR. Por eso se generó un ámbito de trabajo con la industria farmacéutica para definir en qué medida se puede llegar a un acuerdo.

En relación a la Ordenanza N° 86 (que refiere a ciertos fármacos que no se incorporan al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), Basso detalló que hay un pequeño número de esos fármacos que sí tienen evidencia científica y representan un altísimo costo, sobre los cuales se trabaja para negociar con los laboratorios su incorporación al financiamiento del FNR, mediante la modalidad de riesgo compartido.

Martín Lema: “No quedamos conformes”.

El diputado Lema dijo hoy entrevistado en Inicio de Jornada de radio Carve: “No nos quedamos conformes para nada” con lo tratado ayer en la comisión, “porque muchas de las interrogantes que planteamos quedaron sin contestar”.

“El Sistema Nacional de Cuidados se ha convertido en un eslogan”, opinó Lema, y agregó que “el MSP hace ciertas excepciones y no hay un trato igualitario a los pacientes”.

“Proponemos agilizar el procedimiento de evaluación”, aunque siempre “con un procedimiento serio”, dijo.

El diputado señaló que lo que su sector también pide es que se derogue la ordenanza N° 86, ya que “es inconveniente” e “inoportuna”, porque la misma “materializa la injusticia” y “va contra normas constitucionales”.

Esta ordenanza, explicó el diputado, “excluye medicamentos del FTM”  que “muchos de esos están comprobados en cuanto a eficacia y seguridad”.  “Va contra las prescripciones médicas”, porque lo que trata es de “frenar la ola de sentencias en contra que tiene el MSP por omisión  de estar brindando estos medicamentos a través de la inclusion al FTM”.

Ayer le reclamaron a Basso la derogación de esta ordenanza y reclamaron la creación de una nueva “que sea inclusiva a otros medicamentos”. Pero el ministro dijo que “en principio” la ordenanza “se va seguir manteniendo”.

“El ministro Basso no nos respondió sobre qué cantidad de pacientes es la que no puede acceder a la medicación oncológica”, dijo Lema esta mañana en radio Sarandí.

“No se avanzó nada con la presencia del ministro”, aseguró.

 

Fuente: El País

Lacalle Pou impulsa derecho de admisión en las canchas.

A pocos días del comienzo del campeonato uruguayo de fútbol –que se inicia este fin de semana– el senador Luis Lacalle Pou y los diputados del sector Todos, Armando Castaingdebat, Amin Niffouri y Rúben Bacigalupe, presentaron este miércoles un proyecto de ley para que el Estado “aplique el derecho de admisión” a los estadios.

La idea que busca poner fin a la violencia en el deporte “es una herramienta” para que el gobierno pueda actuar, comentó Lacalle Pou al dar a conocer la iniciativa que, en principio, regirá para los espectáculos de fútbol y básquetbol.

En los próximos días, los legisladores nacionalistas se reunirán con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacional, Peñarol y los directivos de la Federación Uruguaya de Basquetbol.

La idea central es que haya un trabajo de coordinación con los clubes para determinar quién podrá entrar y quien no a los estadios, se explicó.

En algunos casos, esa lista se realizará en función de los antecedentes judiciales de los violentos y en otros bastará con que haya elementos de prueba que determinen –por ejemplo si alguien fue identificado por las cámaras– que se trata de una persona no grata para los espectáculos.

Fuente: Observador

Lacalle Pou propone que derecho de admisión sea ejercido por Interior.

El senador presentó hoy un proyecto para que sea el gobierno el que aplique la medida, con el fin de mejorar la seguridad en todos los espectáculos deportivos.

 

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou presentó hoy en el senado un proyecto de ley que exhorta al Ministerio del Interior a ser el ejecutor del derecho de admisión y exclusión en canchas y estadios de fútbol y básquetbol.

Para el legislador blanco, el interés general que concitan los espectáculos deportivos obligan a la cartera que dirige Eduardo Bonomi a “vigilar y garantizar la seguridad pública”, tanto en términos de derecho de admisión como de derecho de exclusión de individuos violentos que ponen en peligro la integridad de los concurrentes a los espectáculos.

Según argumentó Lacalle Pou, “la importancia sociocultural de los deportes son vitales en la identidad nacional, y además son elementos de destaque para Uruguay a nivel internacional”.

Por ese motivo, afirmó que se han realizado acuerdos entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Básquetbol, y “esos acuerdos no han tenido el éxito esperado y han devenido inaplicables, producto de los impedimentos jurídicos que alcanzan a los clubes en cuanto a ejercer el derecho de admisión por vía coercitiva y o permanencia de personas violentas fuera del dominio de sus actos en los espectáculos que ellos organizan; además de impedimentos de carácter económico como el uso de cámaras de seguridad en todos los recintos deportivos”.

Para Lacalle Pou, conforme a la Constitución, “es un derecho fundamental de la ciudadanía el ser protegido en el goce de su seguridad, poder-deber que recae sobre el Ministerio del Interior cuya actuación y procedimiento se encuentran regulados en la Ley 18.315 de 5 de julio de 2008”. Además, agregó que “si bien existe consenso en cuanto a que el derecho de admisión no se encuentra debidamente regulado en nuestro derecho positivo, no es posible sostener que por ser las actividades deportivas un espectáculo público de organización privada, el Estado no cumpla su rol de prestar seguridad, derecho humano fundamental, que admite como único límite el interés general”.

Proyecto de Ley

Artículo único: Establécese que el derecho de admisión y permanencia a los espectáculos públicos deportivos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y/o la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUB) será ejercido exclusivamente por el Ministerio del Interior, el que por razones de interés general podrá impedir el ingreso o permanencia de personas que hayan sido protagonistas o protagonicen actos de violencia, provocado o alentado incidentes violentos, que presenten signos de ingesta de alcohol o estupefacientes, debiendo proceder a su detención y puesta a disposición de la justicia competente cuando corresponda.

 

Fuente: El País

Lacalle Pou presentó proyecto sobre derecho de admisión en el deporte

El senador del Partido Nacional presentó en el Parlamento un proyecto de ley que busca “dar herramientas al Estado” para combatir la violencia en los espectáculos deportivos. “La seguridad corresponde dentro y fuera de los estadios al Ministerio del Interior y la Policía”, remarcó.

Luis Lacalle Pou junto a otros dirigentes blancos realizaron esta mañana la presentación del proyecto de ley en el Parlamento.

La iniciativa pretende “dar herramientas al Estado” para ejercer de forma efectiva las tareas de seguridad en los espectáculos deportivos y se podría aplicar tanto al fútbol como al basquetbol.

El senador consideró “lógico que muchos clubes no puedan sustentar los elementos técnicos” necesarios para aplicar el derecho de admisión, pero señaló que debe aparecer “la habilidad y capacidad del Estado para con los particulares establecer algún tipo de crédito o fideicomiso”.

Lacalle Pou remarcó que el Gobierno “no debe renunciar a su obligación de aplicar el derecho de admisión” a los hinchas violentos.

Fuente: (Montevideo/Monte Carlo) MDS

Nelson Rodríguez presentó un pedido de informes con destino al Banco de la República del Uruguay

El legislador solicito por intermedio del mecanismo de Pedido de Informe,  que el BROU, se sirva informar sobre su presentación al llamado público a Instituciones Financieras que realizo la Intendencia Departamental de Maldonado el pasado Julio de 2015 a fin de que dicha Institución informe sobre el otorgamiento de una línea de crédito a la comuna, y porque razón luego se retira de dicho llamado. Asimismo se solicita que se informe cuáles fueron las líneas de crédito que se le otorgaron a las demás comunas y si algunas de las mismas superaron el tope previsto en el art. 17 de la Carta Orgánica.

 

Montevideo, 11 de agosto de 2015.

 

Señor Presidente de la Cámara de Representantes

Don. Alejandro Sánchez

PRESENTE.-

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo establecido en el art. 118 de la Constitución de la República, me dirijo a Usted, a fin de solicitarle tenga a bien remitir al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, el siguiente pedido de informes.

El mismo es referido al llamado público a instituciones financieras realizado por la Intendencia Departamental de Maldonado en el mes de julio de 2015 para obtener líneas de crédito bancarias.

El B.R.O.U, ante dicho llamado, presentó oferta y resultó adjudicataria en los términos explicitados en las bases del procedimiento competitivo y de su propuesta.

Sin embargo, luego de efectizada la adjudicación y de enviarse incluso a la Intendencia los borradores de contrato, el B.R.O.U unilateralmente comunicó a la Intendencia que no iba a otorgar dicha línea de crédito.

Públicamente se ha manejado que el motivo del no otorgamiento por parte del Banco de dicha línea de crédito, se  motiva en el artículo 17° de su Carta Orgánica, el cual fija tope a lo que el B.R.O.U le puede otorgar en préstamo a cada Gobierno Departamental.  Se habría Invocado la existencia de una línea de crédito otorgada en el pasado período de gobierno departamental, afectada exclusivamente a un Fideicomiso relacionado con el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Se solicita se respondan las siguientes consultas:

 

  • ¿Por qué el Banco de la República Oriental del Uruguay presentó oferta en el llamado público, para el otorgamiento de una línea de crédito,  realizado por la Intendencia Departamental de Maldonado, sin tener en cuenta lo previsto por el artículo 17 de la Carta Orgánica de dicho Banco?
  • Especificar qué autoridad del B.R.O.U tomó la decisión de presentarse al llamado y quién o quienes tomaron la decisión de retirar la oferta presentada.
  • Se solicita se informe las líneas de crédito o empréstitos otorgados por el Banco República a cada uno de los Gobiernos Departamentales del País y especificar si en algún caso se ha superado el tope previsto en el artículo 17 antes referido.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente

 

                                                             Nelson Rodríguez

                                                  REPRESENTANTE NACIONAL

 

Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

Presentan proyecto de “delitos ecológicos” para el Código Penal.

Presentan proyecto de “delitos ecológicos” para el Código Penal.

 

 

Penas de prisión y penitenciaría para la contaminación de agua, suelos o aire, la destrucción de flora o fauna y la degradación de áreas naturales protegidas son algunas de las novedades que incluye el proyecto de un capítulo propuesto para el nuevo Código Penal que presentaron los diputados José Arocena, Rodrigo Goñi, Gustavo Penadés y Gerardo Amarilla. Amarilla explicó que el proyecto de un capitulo con delitos ambientales “es una necesidad ya que la contaminación y degradación es una realidad en todo el país y eso muestra que solo las medidas administrativas han sido insuficientes”. El diputado nacionalista agregó que el proyecto además de contar con la contribución de todos los firmantes tuvo la participación y aportes de la senadora Carol Aviaga, y los expertos Ricardo Gorosito, Enrique Sayagués, Rafael Seijas, Gastón Casaux, Mauricio Fioroni, Pablo Ligrone y Astrid Sanchez. El proyecto además de la protección especial de suelos, agua, aire, flora, fauna y áreas protegidas, incluye sanciones especiales para titulares o responsables de empresas y funcionarios públicos que participen en los controles o autorizaciones cuando esas acciones u omisiones causen daños al medio ambiente. “Este proyecto dotará a la sociedad uruguaya de un herramienta eficaz para la protección penal del ambiente y coloca al país a la altura de los países más avanzados en la materia” concluyó Amarilla.

Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

Reclaman intervenir la Colonia Etchepare.

La diputada nacionalista Gloria Rodríguez (Todos), que preside la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, dijo que las colonias de enfermos psiquiátricos Etchepare y Santín Carlos Rossi deben ser intervenidas.

La diputada Rodríguez realizó una exposición escrita el pasado miércoles 5 en el plenario de la cámara, sobre las noticias que revelaron la situación de malos tratos a internos en la Colonia Etchepare, que terminó con el cambio de director.

En dicha exposición la diputada expresó que “las autoridades de ASSE no respondieron al llamado del Parlamento, ignoraron las denuncias recibidas de muertes violentas y poco claras, abusos, violaciones, violencia hacia los pacientes, adulteración de documentación pública, desaparecidos, manejo dudoso de dinero y bienes”, además de señalar que “las autoridades negaron públicamente nuestras denuncias y como medida, ante los hechos de flagrante violación de los derechos humanos, se dispuso el retiro del cargo al director de ambas colonias”.

Frente a esa situación la legisladora del Partido Nacional reiteró en su exposición en Diputados una solicitud realizada el pasado 29 de mayo en el sentido de que se disponga “el control e intervención de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi”, por parte de las autoridades de la salud.

 

Fuente: El País

Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay

Delitos contra el ambiente: presentaron proyecto de ley

Este miércoles, con la presencia de varios legisladores del sector Todos, que responde al senador Luis Lacalle Pou, fue presentado en conferencia de prensa el proyecto de ley de “Delitos contra el ambiente”.

El vocero fue el diputado Gerardo Amarilla, que afirmó que buscan incluir en el derecho penal “penas serias para poder efectivizar el control sobre el medio ambiente”. “Penas de prisión y penitenciaria de acuerdo a la gravedad de los delitos, hay figuras de contaminación de agua, de aire, de suelo y también a funcionarios que no cumplan con su rol”, agregó el legislador.

Amarilla señaló que ha encontrado buena receptividad en el sistema político. “Seguramente haya que reformular alguna parte del texto y negociar, pero creo que se va a incluir en el Código Penal”, sostuvo.

 

Texto completo del proyecto de Ley

Incluyese en el Código Penal, el siguiente Capítulo titulado “Delitos contra el Ambiente”

Artículo 1.-  Contaminación de suelos.

El que contamine, deprede o deteriore de manera grave la composición y calidad del suelo de forma  que pueda perjudicar la salud humana, animal, vegetal o del medio ambiente,  será castigado con 6 (seis) meses de prisión a 5 (años) de penitenciaría.

Artículo 2.- Contaminación de aire

El que emita sustancias contaminantes al aire, que puedan generar  daños a la salud humana, animal, vegetal o del medio ambiente, será castigado  con 6 (seis) meses de prisión a 5 (años) de penitenciaría.

Artículo 3.- Contaminación de aguas

El que contaminare o adulterare las aguas de manera con constituya un riesgo para la salud humana, animal, vegetal  o del medio ambiente, será castigado con 3 (tres) meses de prisión a 4 (cuatro) años de penitenciaría.

Artículo 4.-  Culpabilidad y actos preparatorios

Las conductas tipificadas en los artículos 1, 2 y 3 se castigan a título de dolo y los actos preparatorios serán castigados con  un tercio de la pena establecida.

Artículo 5.- Destrucción, depredación o sustracción de especies animales bajo protección especial

El que causare la muerte de un animal de una especie declarada por ley bajo protección especial será castigado con tres meses de prisión a cinco años de penitenciaría. Igual pena se aplicará a quien capture, retirándolos de su ámbito silvestre, animales protegidos declarados por ley vigente, incluidas las aves con igual protección o sus plumas o huevos, y a quien intervenga, en cualquier modalidad, en el transporte o la comercialización de ellos.

Artículo 6.- Destrucción o sustracción de especies vegetales bajo protección especial

El que causare la destrucción, total o parcial, de árboles, plantas u otras especies de flora, declaradas bajo protección legal, o sin destruirlas, las sustrajere de su ambiente originario, será castigado con tres meses de prisión a cinco años de penitenciaría. Igual pena será impuesta a quien intervenga, en cualquier modalidad, en el transporte o la comercialización de tales especies.

Artículo 7.- Actos de contaminación o degradación en Áreas Naturales Protegidas

El que, en un área natural protegida declarada de acuerdo a la ley, causare un daño grave a alguno de los elementos que hayan servido para calificarla o contravenga las prohibiciones establecidas de acuerdo al artículo 8° de la ley 17.234 del 22 de febrero del año 2000, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría. Quien incurra en tales conductas dentro de las zonas o regiones adyacentes de un Área Protegida declarada de acuerdo a la ley, será sancionado con la mitad de la pena anteriormente establecida.

Será obligación del MVOTMA determinar los límites de las zonas o regiones adyacentes de acuerdo a las formas y condiciones establecidas en la legislación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su reglamentación.

Artículo 8.- Formas Culposas

En los delitos previstos en los tres artículos anteriores, las conductas culpables se castigarán disminuyendo las penas previstas en dichos artículos entre un tercio y la mitad.

Artículo 9.- Responsabilidad de los representantes legales de las personas Jurídicas

Sin perjuicio de las reglas generales, se consideran penalmente responsables por los delitos comprendidos en este capítulo, cuando los hechos previstos fuesen atribuibles a una persona jurídica, sus propietarios, representantes legales, o en su caso, quienes ejerzan efectivamente el poder de dirección en la empresa y quienes con su participación hayan contribuido, de manera determinante, a la concreción de los mismos.

Se estimara suficiente prueba para eximir de la responsabilidad penal a las personas señaladas en el inciso anterior, la de haberse opuesto al acto u omisión que constituye el delito, intentando seriamente evitar su realización; o mediante el establecimiento previo de medidas de control administrativo que sus subordinados hubiesen infringido, sin su conocimiento o sin que les fuese posible evitarlo, por provenir de acciones de sabotaje u otras intervenciones de terceros de similares características.

En el caso de directores, administradores, titulares, socios o accionistas de una persona jurídica, su oposición al acto que constituye delito podrá acreditarse mediante la exhibición de las actas correspondientes a la sesión del órgano en que se haya resuelto su realización, si ese fuese su origen, o en su defecto, mediante la exhibición de comunicación fehaciente de oposición dirigida a la persona jurídica.

Artículo 10.- Responsabilidad de funcionarios públicos

El funcionario público con competencia para intervenir, controlar o emitir resolución en actos de autorización, planificación, gestión o inspección sobre normas de protección del medio ambiente, omitiere exigir su cumplimiento, generando un peligro grave y concreto para el medio ambiente, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría e inhabilitación especial de uno a tres años.  La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el presente Titulo y que por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales facilite la comisión de los delitos previstos en el presente Titulo.

En caso que el funcionario público actuare mediante engaño, la pena se agravará de un tercio a la mitad.

Artículo 11.- Responsabilidad por Información falsa contenida en Informe

EI que, conociendo la falsedad, suscriba o realice estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo u otro documento de gestión ambiental, exigido conforme a las normas, en los que se incorpore o avale información falsa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría e inhabilitación especial de uno a tres años.

Artículo 12. – Agravante especial

Los delitos establecidos en el presente capítulo serán castigados con un aumento de un sexto a un tercio de la pena cuando se cometieren, en el desarrollo de actividades, construcciones u obras que requieran autorizaciones de la autoridad públicas, sin que las mismas se hayan obtenido o las hubieren obtenido fraudulentamente o  con engaño.

Artículo 13.- Medidas cautelares.-

Sin perjuicio de lo que ordenado por la autoridad administrativa, el Juez dispondrá la suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, así como otras medidas cautelares que correspondan para la protección efectiva del bien jurídico tutelado.

 

dfp

Fuente: uypress

“Si hoy te digo que hay ilícitos en ANCAP, soy una bestia” Entrevista a Luis Lacalle Pou en Observador

 

Entrevista completa con el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. En la entrevista, se refirió a la comisión investigadora de la gestión, también sobre la situación económica y política del país.
Propuso “aflojar tarifas e impuestos” a los emprendedores en este contexto de desaceleración, indicó que concuerta con parte de la proclama del PIT-CNT y se refirió a las críticas de Pedro Bordaberry.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou estima los anuncios de inversiones del gobierno como “un grito en la oscuridad”. Dijo que comparte con el PIT CNT que haya “aumentos selectivos” de salarios y rechazó que las empresas públicas inviertan más en este momento de enlentecimiento de la economía, porque eso significará más tarifas. Entrevistado en El Observador TV por Leandro Gómez, el líder blanco no descartó que en ANCAPse hayan cometido ilícitos.

 

¿Quedó conforme con la investigadora de ANCAP?

A grandes rasgos sí. Porque después de 10 años de bonanza, la empresa pública más importante de Uruguay, está fundida. Si fuera privada estaría en las esquinas buscando prestamistas. Malas decisiones políticas, malas decisiones empresariales, mal gasto, no acompañó las políticas macroeconómicas del gobierno y malas inversiones. Rompía los ojos que había que había investigar.

 

¿Por qué el Frente la votó?

Son momentos políticos, sociales y económicos del país distintos al 2005, 2006, 2007, 2008, etcétera. Estamos en un punto de inflexión, en el cual hay descontento popular. Aparte es grosero lo de ANCAP.

 

Lo de ASSE también fue grosero.

Tantas groserías, tantos cántaros fueron a la fuente que al final se rompieron. El Frente quiso licuarla al principio. Plantearon una comisión con fines legislativos, nada que ver. Lo que se pide es investigar. Ahí el Frente, que ya había pedido agregar cinco años más, que ya se habían investigado, acota el plazo, la achica a siete, y después presenta una moción que para nosotros es invotable porque dice sin presunción alguna de irregularidades. Nosotros llegamos a esta etapa porque presumimos que hay irregularidades. Es una presunción relativa, no tenemos la certeza.

 

Esa presunción implica pruebas.

Qué elemento más contundente puede haber que fundir una empresa en 10 años de bonanza económica del país. Puede haber explicaciones a eso en los números. Si fuera presidente de ANCAP te contrataría como abogado. No hay explicaciones.

 

Una cosa es sospechar que hubo dinero destinado a otros fines.

Eso no es irregularidades, eso es ilícito, que puede haberlos. Si hoy te digo que hay ilícitos soy una bestia, soy un osado.

 

¿Pero no lo descarta tampoco?

No lo descarto. No lo afirmo hoy. Capaz que me tenés dentro de seis meses acá, y te digo que fue un desastre la gestión, está comprobado, malas decisiones, despilfarro y capaz que no hay figura penal. Ojalá. No sé.

 

¿Cómo vio la posición del en este tema?

No me corresponde analizar lo que haga Pedro Bordaberry.

 

Le tiró algunos viajes, dijo que recién se enteraron de lo de ANCAP.

No me corresponde hablar de la estrategia y táctica de Bordaberry, que la desconozco y en realidad me tiene sin cuidado.

 

¿Hoy tenemos un país en crisis?

Voy a tratar de no decir esa palabra.

 

¿Por qué no?

Porque no me gusta.

 

¿O por qué no hay crisis?

A priori porque no me gusta. Tenemos que remarla entre todos para hacer los deberes. Algunos más que otros. Obviamente al gobierno más que otros. Veo en este momento al Frente Amplio parado mirando a la gente, a los trabajadores, a los emprendedores, a los profesionales y mirando al gobierno. Está en duda a quien rescata. Hasta el momento la opción es rescatar al gobierno. Y no optan por la gente. Tarifazos, suba de combustible, cayó la deducción tributaria de las tarjetas, le aumentan el 10% del IVA en determinadas carnes que estaban exoneradas. Suben los peajes. Para mí en este momento de enlentecimiento, que se están perdiendo puestos de trabajo en la construcción, industria láctea, y eso genera menos gastos en el bar, en un restaurante, en la peluquería, creo que hay que apostar a liberar al trabajador, al emprendedor.

 

¿Y cómo lo hubiera hecho usted?

Aflojando las tarifas, aflojando los impuestos a los emprendedores

 

¿Pero hay que bajar el déficit?

Hay que constreñir al gobierno a través del Estado en lo periférico. Apretar por todos lados. Buena gestión en educación, seguridad y en salud.

 

¿Qué es apretar por todos lados?

Desde cargos de confianza, gastos superfluos, viajes, donde quede. Los pesos chicos hay que cuidarlos porque los grandes se cuidan solos. Hay algunos elementos, servicios públicos, combustibles, que apenas uno ceda en su precio se van a utilizar más. Hay una contracción en los pequeños emprendedores que les pesa mucho el costo de producción porque el combustible les cuesta caro. La otra que queda es hacer lo que pide el PIT-CNT. Más inversión de empresas públicas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque eso supone más tarifas. Debió existir una regla fiscal de cuidado de dinero, porque la gastaron toda.

 

El anuncio del gobierno de inversiones, ¿qué le pareció?

Estamos haciendo un estudio. Hay 200 millones (de dólares) que eran del Focem (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) del gobierno anterior para las vías. Hay 390 millones de dólares de la regasificadora. Eso es lo que hace a los públicos.

 

¿No es una señal que da el Ejecutivo?

Para mí es gritar en la oscuridad.

 

¿Qué significa eso?

Cuando tenés temor gritás para sentirte acompañado.

 

¿Hay que dar una señal también?

No quiero emitir un juicio final. Pero de los US$ 12.000 millones, hay que sacarle US$ 600 millones de arranque. De esos 12.000 millones, 66% son públicos y 34% jugados a las PPP. Van por las AFAP.

 

El PIT-CNT dice que este paro es el de mayor acatamiento desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo lo toma?

Puede ser. El PIT-CNT estuvo muy jugado al gobierno, fue el brazo sindical del gobierno. Es corresponsable del gobierno que tenemos. Nada le quita que pueda hacer estas manifestaciones, es más, yo comparto parte de la plataforma. No comparto lo de las inversiones de las empresas públicas porque le pega al bolsillo.

 

¿Qué comparte de la plataforma?

Lo de los aumentos selectivos de salarios.