Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios presentado por el Diputado Juan José Olaizola

COMISIÓN DE HACIENDA

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I N F O R M E

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Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado  el  proyecto  de ley de Mercadería en Abandono en Depósitos Intra y Extraportuarios, presentado por el señor Representante Juan José Olaizola el día 10 de junio de 2016  y aconseja al  Cuerpo su aprobación.

La mercadería abandonada en los depósitos aduaneros origina perjuicios para los depositarios, sin haberse conseguido hasta el momento una solución práctica al problema.

Si bien el Código Aduanero uruguayo (CAROU) -en su  artículo 99- establece un procedimiento para las mercaderías en abandono, el hecho de consagrar el producido del remate en un 100% a la Dirección Nacional de Aduanas, provoca por un lado el desinterés de los depositarios de poner  en funcionamiento  dicho mecanismo -ya que no pueden por esta vía cobrar sus honorarios impagos- y por otro que prácticamente   no existan remates de mercaderías en esta situación, privando por lo tanto a la Aduana de percibir ingresos por esta vía.

El proyecto de ley, que ha sido discutido y cuenta con  la  anuencia de la Dirección Nacional de Aduanas, sustituye los numerales 7 y 9 del artículo   99 del CAROU.

El nuevo procedimiento prevé -en el artículo 1º, que sustituye al numeral 7 del artículo 99 del CAROU- que una vez declarado el abandono no infraccional  de las mercaderías, el Juez ordenará el retiro de las mismas en un plazo no mayor a los ciento veinte días de dicha declaración, enviándolas a un depósito  designado  por  la  misma Sede Judicial, y designando un rematador que tendrá a su cargo el remate.

Si transcurridos los ciento veinte días no se hubieran retirado las mercaderías del depósito, el depositario podrá trasladarlas a otro depósito  aduanero,  dando noticia a la Sede Judicial interviniente y tramitando la operación aduanera correspondiente.

Se considerará que el depositario tiene la disponibilidad jurídica  de la mercadería, a efectos de realizar las operaciones aduaneras  necesarias para dicho fin. Los gastos de traslado y los honorarios del nuevo depósito serán de cargo del remate.

Por su parte, el artículo 2º, que sustituye al numeral 9 del artículo 99 del CAROU, dispone que del producido del remate se destinará hasta un 30% para el pago de los gastos y honorarios de los depositarios, y el resto a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.

La aprobación de este proyecto de ley permitirá rematar una importante cantidad de mercaderías en abandono que existen en los depósitos intraportuarios y en los depósitos aduaneros particulares, permitiendo descongestionar los depósitos y que los depositarios cobren sus honorarios impagos. El plazo de ciento veinte

 

 

 

días agiliza el procedimiento, permitiendo a los depositarios ingresar nuevas mercaderías  en esos espacios.

En el mismo sentido, el incentivo del remate de estas mercaderías, tendrá como consecuencia el ingreso de una importante suma de dinero a la Dirección Nacional de Aduanas, generada por dicho concepto.

Asimismo, permitirá poner en práctica los mecanismos previstos por el CAROU, para  el remate de las mercaderías en abandono.

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda solicita al Cuerpo  la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

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PROYECTO DE LEY

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Artículo 1°.- Sustitúyese el numeral 7 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“7) De no existir oposición, o de desestimarse las opuestas, el Tribunal declarará    el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará su retiro del depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente, todo dentro de un plazo de ciento veinte días a contar desde la declaración de abandono no infraccional.

Si en el plazo establecido en el inciso anterior no se hubiera retirado la mercadería del depósito, el depositario podrá trasladar la misma a otro  Depósito Aduanero, dando noticia a  la  Sede Judicial interviniente  y mediante la tramitación de la operación aduanera que corresponda. Se considerará que  el depositario tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería a los solos  efectos de realizar las operaciones aduaneras necesarias para dicho fin. Los gastos que ocasione este traslado serán de cuenta del remate”.

Artículo 2°.- Sustitúyese el numeral 9 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“9)  El producido líquido del remate se destinará hasta un 30% (treinta por ciento)   al pago de los gastos y honorarios del depositario y el saldo a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

Diputado Alejo Umpiérrez propone emisión de monedas conmemorativas a los 100 años de la primera interpretación de La Cumparsita

El diputado  por el departamento de Rocha, Alejo Umpiérrez , presentó un proyecto de ley,al conmemorarse los 100 años de la primera interpretación de La Cumparsita, que consiste en una emisión de monedas conmemorativas alusivas al hecho, para rescatar lo que es el himno popular universal del tango, patrimonio intangible de la humanidad declarado por la UNESCO .
El diputado Umpiérrez en su exposición de motivos expresa : “Al cumplirse un centenario de su creación, nuestro país debería conmemorar este significativo hecho también exteriorizando la trascendencia del mismo mediante la acuñación de monedas alusivas; como forma de reivindicar el origen de un símbolo auténtico de nuestra identidad cultural y contribuir a reafirmar la permanencia de La Cumparsita en nuestro acervo nacional”.

 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE “LA CUMPARSITA”

SE AUTORIZA AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY A PROCEDER A SU ACUÑACIÓN

Gerardo Hernán Matos Rodríguez, “Becho” (Montevideo, 1897-1948), siendo un joven estudiante de arquitectura, pianista y compositor, creó una marcha musical que haría historia, y que llegó a convertirse en un Himno popular y cultural de la República Oriental del Uruguay (Ley N°16905) , entrando para siempre en la tradición musical de todo el Río de la Plata: La Cumparsita.

Se trata, sin dudas, del tango más difundido a nivel mundial, y seguramente el más representativo del género. No en vano se le ha llamado “el himno de los tangos”, y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Se estima que a comienzos del año 1916, Matos Rodríguez se propuso realizar una obra para estrenarse en el carnaval de aquel año por la comparsa de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Se afirma incluso que La Cumparsita se escribió en la misma sede de la FEUU.

El estreno público tuvo lugar en las instalaciones del café La Giralda, en 18 de Julio y Andes, en un día como el de hoy hace 100 años.

Ese día, el pianista argentino Roberto Firpo ejecutó la pieza en una nueva versión, con varios arreglos técnicos. Algunos sostienen que Firpo interpretó la obra a pedido del tío de Matos Rodríguez; otros dicen que fue a solicitud de amigos del autor.

El sello discográfico ODEÓN realizó la primera grabación, también por el maestro Roberto Firpo,quien decía que La Cumparsita era el tango universal, y fue quien realizó la difusión en Buenos Aires, integrándola al repertorio que hacía en el café porteño “Iglesias”.

Con posterioridad al gran éxito popular que había logrado “La Cumparsita”, Firpo le propone a Matos Rodríguez firmar la obra “en colaboración”, cosa que Matos no aceptó.

En la década del 20, Francisco Canaro comienza a difundir La Cumparsita desde París hacia toda Europa. Allí, en París, estaba viviendo Matos Rodríguez, quien se enteraría del suceso de su obra en el Río de la Plata.

Luego de una intensa lucha con sellos discográficos, letristas e intérpretes varios, Matos Rodríguez no verá la recuperación de sus derechos autorales, los que fueron reconocidos en 1948, después de su muerte.

La Cumparsita ha tenido diversas variantes, tanto desde el punto de vista musical como en cuanto a la letra. Muchas de esas variantes fueron realizadas por distintos músicos, no solamente por su autor original.

Desde lo instumental, Francisco Canaro destaca que una de las virtudes de La Cumparsita es que admite distintos arreglos y orquestaciones, cambios de melodía y posibilidad de incorporar variados efectos musicales.

En el año 1947 la obra fue llevada al cine, en una película que llevó su nombre, dirigida por Antonio Monplet y con la participación del actor y cantante Hugo del Carril. Posteriormente, a lo largo de los años, tuvo consagración en filmes extranjeros como “Una Eva y Dos Adanes”, “El ocaso de una vida”, “Alice”.

Al cumplirse un centenario de su creación, nuestro país debería conmemorar este significativo hecho también exteriorizando la trascendencia del mismo mediante la acuñación de monedas alusivas; como forma de reivindicar el origen de un símbolo auténtico de nuestra identidad cultural y contribuir a reafirmar la permanencia de La Cumparsita en nuestro acervo nacional.

Montevideo, 19 de abril de 2017.

ALEJO UMPIÉRREZ

Representante Nacional por Rocha


PROYECTO DE LEY


MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE “LA CUMPARSITA”

SE AUTORIZA AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY A PROCEDER A SU ACUÑACIÓN

Artículo 1º. Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del Centenario de la creación del tango “La Cumparsita”, del autor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta cinco mil unidades con las siguientes características. El valor facial de cada unidad será de $ 1.000 (pesos uruguayos mil). La moneda será de plata con un fino de 900 (novecientas) milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá 12,50 (doce y medio) gramos de peso y 33 (treinta y tres) milímetros de diámetro. Se admitirá una tolerancia de peso del 2% (dos por ciento) por cada millar. Su forma será circular y su canto estriado.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al Centenario de la creación de La Cumparsita.

Artículo 4º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas cuya acuñación se autoriza por la presente ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas demonetizadas.

Montevideo, 19 de abril de 2017.

ALEJO UMPIÉRREZ

Representante Nacional por Rocha

Proyecto de ley del diputado Martín Lema sobre modificaciones a la ley de regulación de las técnicas De reproducción humana asistida

 

PROYECTO DE LEY

 

MODIFICACIONES A LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

 

Artículo único.- Sustitúyase el artículo 5 de la Ley Nº 19.167, de 22 de noviembre de 2013, por el siguiente:

“Artículo 5º.- (Procedimientos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad y su cobertura).- A los efectos de la presente ley se definen las técnicas o procedimientos de baja complejidad como aquellos procedimientos en función de los cuales la unión entre el óvulo y espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino.

Dichas técnicas o procedimientos quedan comprendidos dentro de los programas integrales de asistencia que deben brindar las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud y serán financiados por este.

Las técnicas o procedimientos de alta complejidad son aquellas en virtud de las cuales la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar fuera del aparato genital femenino, transfiriéndose a este los embriones resultantes, sean estos criopreservados o no.

Dichas técnicas o procedimientos serán parcial o totalmente subsidiados hasta un máximo de tres intentos, a través del Fondo Nacional de Recursos.

Las prestaciones a brindarse incluyen los estudios necesarios para el diagnóstico de la infertilidad así como el tratamiento, material de uso médico descartable y otros estudios que se requieran, el asesoramiento y la realización de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad, las posibles complicaciones que se presenten y la medicación correspondiente en todos los casos.

En ningún caso la edad de la mujer podrá ser impedimento o condición para el financiamiento o subsidios de las técnicas y procedimientos de baja y alta complejidad por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Fondo Nacional de Recursos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley”.

 

Montevideo, 2 de febrero de 2017.

 

Martin Lema

Diputado Nacional

 


 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 19.167, de 22 de noviembre de 2013, estableció en su artículo 5º, los procedimientos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad y su cobertura.

Se dispuso que las técnicas o procedimientos de baja complejidad fueran incluidos “…dentro de los programas integrales de asistencia que deben brindar las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud y serán financiados por este, cuando la mujer no sea mayor de 40 años”. Asimismo, se estableció que las mujeres mayores de 40 años serian igualmente cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud durante los 24 (veinticuatro) meses siguientes a la fecha de promulgación de la ley. Las técnicas o procedimientos de baja complejidad fueron reglamentados por el Decreto Nº 311/014 de 30 de octubre de 2014.

Respecto de las técnicas o procedimientos de alta complejidad la Ley estableció que debían ser parcial o totalmente subsidiados hasta un máximo de tres intentos, a través del Fondo Nacional de Recursos, con el alcance y condiciones que la reglamentación estableciera.

El Decreto reglamentario Nº 84/015 de 27 de febrero de 2015, reglamenta las técnicas de reproducción asistida referidas en el párrafo anterior, disponiendo en su artículo 7º que “…Serán de aplicación a toda persona mayor de edad y menor de cuarenta años a la fecha de promulgación

 

 

 

 

del presente Decreto…”

Resulta dudosa la legalidad de esta disposición reglamentaria, dado que establece una limitación de edad que la Ley no realizó. Si el legislador hubiese querido limitar la edad de la mujer en el caso de las técnicas de alta complejidad, así lo hubiese dispuesto a texto expreso al igual que lo hizo con las técnicas de baja complejidad en el mismo artículo.

A su vez, el Decreto Nº 84/015, al igual que lo dispuesto en la Ley para técnicas de baja complejidad, estableció un período de 24 meses para los procesos de alta complejidad durante los cuales no se tomará en cuenta la limitante de edad. Dicho plazo vence el 27 de febrero de 2017, por lo tanto, a partir de dicha fecha las mujeres mayores de 40 años que deseen realizar técnicas de alta complejidad, no estarán alcanzadas por la cobertura y subsidio del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Fondo Nacional de Recursos.

El presente Proyecto de Ley pretende generar una mayor justicia social al permitir que toda mujer mayor de 40 años que se encuentre  en condiciones de realizar procedimientos de baja o alta complejidad, pueda acceder a los mismos con los beneficios económicos que el marco jurídico establece.

 

Montevideo, 2 de febrero de 2017.

 

 

Diputado Martín Lema quiere incentivar el voluntariado social.

BENEFICIO A PERSONAS QUE DESARROLLEN

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 17.885, de 12 de agosto de 2005, regula una actividad que entendemos muy importante estimular y desarrollar como es el voluntariado social, donde las personas físicas pueden colaborar, inspiradas en una finalidad solidaria, altruista y de bienestar general, en diversas actividades a desarrollar por instituciones públicas o privadas.

Concebimos al voluntariado social como una herramienta muy importante desde varios aspectos:

1) Dignifica al ser humano que oficia de voluntario social en tanto se siente importante para la sociedad, teniendo presente que puede ser útil en diversas áreas y con sus acciones significar una ayuda para otros sectores sociales que lo necesitan.

2) Se contribuye ostensiblemente a mejorar y estimular valores de solidaridad, humanidad y justicia social que el Estado debe propender e inculcar mandatado por normas programáticas constitucionales, legales e internacionales.

3) El voluntariado social también permite cierta capacitación a quien lo ejerza, contando luego con mejores herramientas para su inserción en el mundo laboral.

4) En especial en el caso de las personas jóvenes sirve como instrumento para estimular hábitos de trabajo y desplegar actividades que determinen la erradicación de ciertos vicios sociales y prácticas ociosas que el Estado y la sociedad en general pretenden combatir.

5) Implica una muy importante colaboración para organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro que contribuyen con el Estado, dado que cuentan con una mano de obra sin necesidad de erogación alguna (art. 2 de la Ley 17.885).

Nos parece adecuada la previsión establecida en el art. 4 de la Ley 17.885 en cuanto a que, el voluntario social, por su actuación, no genera derechos al ingreso a cargos de la Administración Pública.

No obstante, a efectos de estimular esta práctica y de recompensar en parte ese espíritu altruista que inspiró al voluntario social para el desarrollo de esta tan importante tarea, entendemos oportuno otorgarle cierto beneficio en los concursos o llamados a los que se postule.

Para eso proponemos insertar un inciso segundo al art. 4 de la Ley 17.885, manteniendo la previsión de no generación de derechos para ingresar

a la función pública, pero sí, en caso de que el voluntario social se postule en

un concurso o llamado, cuente con un reconocimiento por la tarea realizada, que además implica la certificación de haber generado cierta experiencia laboral a valorar en el proceso de selección.

El máximo de puntaje a asignar en el proceso de selección en un llamado o concurso será determinado en las bases del mismo, pero deberá guardar relación con la duración del voluntariado (horas, días, meses, etc). Dicha tarea deberá acreditarse fehacientemente mediante certificado original expedido por la institución pública o privada en donde haya prestado funciones el voluntario social.

Entendemos que se debe dejar librado a cada Administración la determinación precisa del puntaje a otorgar en el concurso o llamado a las tareas de voluntariado social, dado la heterogeneidad de los cargos a proveer en toda la Administración Pública.

A pesar de ello, en caso de aprobarse esta iniciativa, será obligatorio que en todos los concursos o llamados para ocupar cargos en la Administración Pública, las bases del mismo contemplen un puntaje extra a quienes han desarrollado las tareas de voluntariado social al amparo de la Ley 17.885.

PROYECTO DE LEY

BENEFICIO A PERSONAS QUE DESARROLLEN

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Artículo único.- Agrégase al artículo 4 de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 2005, el siguiente inciso:

No obstante a lo dispuesto en el inciso anterior, en todos los concursos y llamados a provisión de cargos en la Administración Pública, deberá adjudicarse un puntaje extra a quienes hayan revestido el carácter de voluntario social, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley. El puntaje a otorgar será determinado en las bases del llamado o concurso y guardará relación con la duración de la actividad de voluntariado social, la que deberá acreditarse debidamente con el certificado emitido por el organismo o institución respectiva”.

Martín Lema

Representante Nacional

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Proyecto de ley del diputado Martín Lema busca facilitar acceso a medicamentos de alto costo no cubiertos por el FNR

BENEFICIOS FISCALES PARA DONACIONES DE EMPRESAS CONTRIBUYENTES DE IRAE CON DESTINO AL MSP PARA EL FINANCIAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO NO INCLUIDOS EN EL FORMULARIO TERAPÉUTICO DE MEDICAMENTOS

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Solicito se curse a la brevedad una minuta de comunicación con destino al Poder Ejecutivo, la que constará de una iniciativa legislativa que recoja el texto o los conceptos fundamentales del Proyecto de Ley cuyo texto se transcribe a continuación:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase al numeral 3) del artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

  1. L) El Ministerio de Salud Pública con exclusiva finalidad de financiar prestaciones y adquisición de medicamentos de alto costo, que no se encuentren incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos según lo dispuesto en el artículo 7 inciso segundo de la Ley Nº 18.335 del 15 de agosto de 2008, y que cuenten con la respectiva prescripción médica.

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2016

 

MARTÍN LEMA

REPRESENTANTE NACIONAL

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud que el art. 133 inciso 2do. de la Constitución exige que las exoneraciones tributarias cuenten con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo es que se solicita se le envíe esta Minuta de Comunicación.

El Proyecto de Ley procura incluir, dentro de las donaciones especiales previstas en los arts. 78 y 79 del Título 4 Texto Ordenado 1996, a las que se destinen al Ministerio de Salud Pública (MSP) con la finalidad de colaborar en la financiación de prestaciones y adquisición de medicamentos de alto costo que deban proporcionarse, según prescripción del médico tratante, pero que no estén incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) previsto en el art. 7 inciso 2do. de la Ley 18.335.

Estas donaciones efectuadas por contribuyentes de IRAE cuentan con un incentivo especial: según lo dispuesto en el art. 78 del Título 4 Texto Ordenado 1996 el 75% del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas se imputará como pago a cuenta del IRAE o IMP PAT, en tanto el 25% restante podrá ser imputado como gasto en el IRAE por parte del contribuyente.

Esto implica un beneficio fiscal cercano al 81% de la carga impositiva del contribuyente de IRAE que realiza la donación (un 75% lo

imputa como pago a cuenta del IRAE o IMP PAT y el 25% restante lo deduce como gasto en el IRAE cuya tasa a su vez es del 25% proporcional).

A su vez, el art. 70 del Decreto 150/007 estableció como tope para este beneficio que el total de las donaciones realizadas en el ejercicio no puedan superar el 5% de la renta neta fiscal del ejercicio anterior (en caso de exceder el beneficio fiscal se aplicará exclusivamente hasta dicho monto).

Además en dicha disposición reglamentaria se dispuso que el beneficio fiscal esté condicionado a que la donación no esté vinculada a la prestación de servicios al donante por parte de la entidad beneficiaria.

El art. 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 establece una serie de instituciones beneficiarias, muchas de ellas pertenecientes al sector privado, por lo que nos parece de estricta justicia incluir en este régimen a la financiación de tratamientos y medicamentos de alto costo no incluidos en el FTM.

Una de las cuestiones que ha venido planteando el MSP para no proporcionar ciertos fármacos no incluidos en el FTM, pese a que el paciente cuenta con prescripción médica, son los problemas de financiación y la escasez de recursos.

Esta disposición legal proyectada procura que el MSP pueda contar con la subvención de empresas privadas y así obtener una fuente de financiación a efectos de poder adquirir y proporcionar tratamientos y medicamentos de alto costo no incluidos en el FTM.

La reglamentación que luego deberá dictar el Poder Ejecutivo respecto a esta disposición, en caso de ser aprobada, determinará los términos y condiciones en que procederá esta donación.

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2016

 

 

MARTÍN LEMA

REPRESENTANTE NACIONAL

Proyecto de ley del diputado Juan José Olaizola sobre mercadería abandonada

EXPOSICION DE MOTIVOS

La mercadería abandonada en los depósitos significa un perjuicio tanto para el depositario como para el objetivo de los distintos regímenes existentes en los depósitos intra y extraportuarios.

Si bien la ley 19.276, Código Aduanero (CAROU), aprobado recientemente contiene normas sobre esta materia, las mismas no han dado solución al reclamo de los depositarios en el sentido de poder cobrar el almacenaje del producido del remate.

Esta situación produce un gran perjuicio, ya que no se les permite resarcirse por el tiempo en que la mercadería ocupó un lugar en los depósitos, sin tener la posibilidad de almacenar otra mercadería allí.

Los artículos proyectados dan solución al mismo, estableciendo que los depositarios podrán resarcirse de los honorarios de depósito, limitándolo hasta al 30% del producido del remate.

Por otro lado, se le otorga un plazo de 120 dias al Juez actuante para trasladar la mercadería, retirándola del depósito a los efectos de que no genere más costos y permita al depositario almacenar otra mercadería allí.

 

PROYECTO DE LEY

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 99 de la ley 19.276, que quedará redactado de la siguiente manera:

7.- De no existir oposición, o de desestimarse las opuestas, el Tribunal declarará el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará su retiro del Depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente, todo dentro de un plazo de 120 días a contar desde la declaración de abandono no infraccional.

Si en el plazo establecido en el inciso anterior no se hubiera retirado la mercadería del depósito, el Depositario podrá trasladar la misma a otro lugar habilitado, dando noticia a la Dirección Nacional de Aduanas y siendo los gastos de cuenta del remate.

Art. 2.- Sustitúyase el numeral 9 del artículo 99 de la ley 19.276, que quedará redactado de la siguiente manera:

9.- El producido líquido del remate se destinará hasta un 30% al pago de los gastos y honorarios del depositario y el saldo a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.