Proyecto de Ley. Multas por tirar residuos desde vehículos del diputado Juan José Olaizola.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Introducción

En los últimos años se ha avanzado en la legislación referida a la preservación de los espacios públicos; a pesar de ello, es habitual ver personas que transitan por las calles, y no tienen reparos en tirar desperdicios y deshechos en la vía pública, provocando un desmejoramiento de la calidad ambiental.

Por esa razón, se hace necesario incrementar los controles y desalentar aquellas conductas que afecten el medioambiente y los espacios libres.

Siendo el Estado quien tiene la capacidad y obligación de controlar, y el ciudadano quien tiene la obligación de preservar y proteger el medio ambiente, entendemos que la tipificación de conductas específicas es herramienta útil a la hora de combatir más eficazmente el daño medioambiental.

El derecho medioambiental está enmarcado dentro de los derechos humanos de tercera generación, derechos que han tenido una evolución continua en los últimos años a nivel internacional, y nuestro país no ha sido ajeno a ese proceso.

2.- Política educativa

En el mismo sentido, solicitamos al Poder Ejecutivo la implementación de una política educativa en la materia, tendiente a concientizar a la población de las graves incidencias que tiene la contaminación.

Entendemos que no sólo el incremento de los controles y la aplicación de penas en los casos que corresponda, podrán mejorar la calidad medioambiental de nuestro país, sino que es menester incrementar las políticas educativas en escuelas, liceos y otras instituciones, con el fin de que la contaminación sea la excepción y no la regla.

Por otra parte, consideramos beneficiosa la implementación de campañas publicitarias masivas abordando esta temática. Uruguay tiene antecedentes positivos de campañas masivas que han logrado desalentar conductas perjudiciales: ejemplo de ello es la campaña contra el tabaquismo, que ha logrado disminuir de forma significativa el consumo del mismo.En síntesis, una campaña educativa complementada por una campaña publicitaria masiva, pueden ser la fórmula necesaria para lograr espacios públicos más limpios y con una mejor imagen, tanto para los uruguayos, como para los turistas que visitan nuestro país.

3.- Dinero recaudado

Como complemento de todo lo expresado anteriormente, y en atención al cuidado ambiental, consideramos que el producido por concepto de multas por arrojar residuos (conductas previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 364 del Código Penal) debe ser volcado a la recolección de residuos.

De esta forma, los recursos obtenidos por el mencionado concepto se volcarán íntegramente a mejorar la calidad medioambiental de las distintas ciudades y localidades de nuestro país.

Por todo lo precedentemente expuesto, es que presentamos el siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Modificase el artículo 364 del Código Penal, en la redacción dada por el artículo 4 de la ley 19.120, del 28 de agosto de 2013, por el siguiente :

“ARTÍCULO 364.- Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario o multa de 5 a 20 U.R.:

1. (Infracción de las disposiciones sanitarias relativas a la conducción y enterramiento de cadáveres).- El que infringiere las disposiciones sanitarias, relativas a la conducción e inhumación de cadáveres

2. (Arrojar basura en lugares no habilitados).- El que arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos específicos.

3. (Vandalismo con los depósitos de basura).- El que provocare deterioro, rotura o incendio en los depósitos de basura”.

4. (arrojar basura desde vehículos).- El que arrojare residuos, cualesquiera sea su naturaleza, desde vehículos en movimiento o detenidos en la vía pública.

En caso de reincidencia la multa o su equivalente en trabajo comunitario, podrá ser elevado al doble de la cantidad expresada en el primer inciso.

En los casos previstos en los numerales 2 y 4, lo recaudado en concepto de multas, será volcado al área de recolección de residuos del departamento donde se cometió la falta.

Senador Luis Lacalle Pou propone cambios a la Ley de Inclusión Financiera

El líder del sector Todos del Partido Nacional,senador Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley,que  tiene por finalidad modificar todas aquellas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera (LIF) que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico las remuneraciones de los trabajadores dependientes, honorarios profesionales, jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes.
 
Lacalle Pou propone dejar abierta la opción para que sean los beneficiarios finales quienes elijan el medio.
 
En su exposición de motivos,el senador expresa : “Entendemos que todas las personas tiene derecho a elegir libremente la forma o el mecanismo mediante el cual desean cobrar su sueldo, pagar una cuenta o realizar un negocio jurídico. No somos partidarios de un sistema que obliga y por ende derriba el principio de libertad y de la autonomía de la voluntad.Si lo que verdaderamente busca la LIF es una mayor y mejor inclusión social, entonces el camino no debe ser el de la imposición, sino el de buscar los incentivos necesarios que terminen por generar en las personas una inclusión voluntaria al sistema propuesto”.
En otro pasaje de la exposición de motivos,Lacalle Pou establece que “es cierto que es más fácil implementar un mecanismo de imposición como el que llevo adelante el Gobierno, pero alcanza solo con educar y convencer que la herramienta es buena para el país y su gente, para lograr una inclusión verdadera”.
 

INCLUSION FINANCIERA

Modificación

________________________________________

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 10. (Pago de nómina).- El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador podrá, a opción del trabajador, efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. El sistema de pago que se instituye no implica aceptación de la liquidación por parte del dependiente, ni enerva la obligación del empleador de extender los recibos de haberes, en las condiciones previstas en las normas reglamentarias del artículo 10 de la Ley N° 16.244, de 30 de marzo de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico”.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 12. (Pago de honorarios profesionales).- El pago de honorarios pactados en dinero por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia podrá, a opción de cada profesional, efectuarse mediante medios de pago electrónicos o a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla.

El profesional que hiciera uso de la opción, elegirá libremente el o los medios de pago previstos en el inciso anterior a través de los cuales cobrar sus honorarios profesionales”.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 15. (Pago jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes).- El pago de jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, complementos salariales y subsidios de cualquier naturaleza, realizado por los institutos de seguridad social o las compañías de seguros podrá, a opción del beneficiario, efectuarse a través de acreditaciones en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. Cuando el beneficio, complemento, subsidio o prestación se derive de una relación laboral, el pago podrá realizarse en la institución en la cual el trabajador percibe su remuneración”.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley Nº 19.478 de 5 de enero de 2017, por el siguiente:

“Artículo 19. (Prestaciones de alimentación).- Las prestaciones de alimentación previstas en el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que no sean suministradas en especie podrán, a opción del trabajador, pagarse mediante instrumentos de dinero electrónico, los que deberán garantizar que los fondos acreditados para suministrar dichas prestaciones no puedan destinarse a otros usos. La reglamentación establecerá la fecha a partir de la cual regirá la presente disposición.

Los beneficiarios de las prestaciones de alimentación previstas en el artículo 167 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, tendrán derecho a solicitar la emisión de hasta un instrumento de dinero electrónico adicional, el que solo podrá ser emitido a nombre del padre, madre, hijo, cónyuge o concubino del beneficiario de estas prestaciones”.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, por el siguiente:

“Artículo 42. (Proveedores del Estado).- A partir del primer día del mes siguiente a los ciento ochenta días a contar desde la vigencia de la presente ley, todos los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley podrán, a opción del proveedor, cumplirse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera”.

Artículo 6º.- Derógase los artículos 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 46 de la Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014.

Luis Lacalle Pou

Senador

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se acompaña, tiene por finalidad modificar todas aquellas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera (LIF) que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico las remuneraciones de los trabajadores dependientes, honorarios profesionales, jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes, dejando abierta la opción para que sean éstos quienes elijan el medio.

Asimismo, se derogan aquellas otras disposiciones que establecen la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera, en instrumento de dinero electrónico u otros mecanismos cuando la ejecución de determinadas operaciones o negocios jurídicos superan los montos establecidos por la LIF. Tal es el caso de las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles; arrendamientos, subarrendamientos y crédito de uso de inmuebles; adquisiciones de vehículos motorizados; pago de tributos; ingresos o egresos dinerarios por aportes de capital, etc.

Entendemos que todas las personas tiene derecho a elegir libremente la forma o el mecanismo mediante el cual desean cobrar su sueldo, pagar una cuenta o realizar un negocio jurídico. No somos partidarios de un sistema que obliga y por ende derriba elprincipio de libertad y de la autonomía de la voluntad.

Si lo que verdaderamente busca la LIF es una mayor y mejor inclusión social, entonces el camino no debe ser el de la imposición, sino el de buscar los incentivos necesarios que terminen por generar en las personas una inclusión voluntaria al sistema propuesto.

Es cierto que es más fácil implementar un mecanismo de imposición como el que llevo adelante el Gobierno, pero alcanza solo coneducar y convencer que la herramienta es buena para el país y su gente, para lograr una inclusión verdadera.

Sabido es que la LIF ha tenido enormes problemas de implementación en el interior del país y principalmente entre los sectores más vulnerables. Esto ha motivado sucesivas postergaciones de entrada en vigencia de algunas de las disposiciones de la LIF. Basta solo con recordar que hay más de 400 localidades en el interior que no cuentan con cajeros automáticos y mucho menos con Bancos y que esa gente debe recorrer decenas o cientos de kilómetros para encontrar un punto de extracción de dinero. A esta gente no le estamos haciendo la vida más fácil, y mucho menos inclusiva.

Algo similar sucede con las cientos de transacciones y negocios jurídicos que se celebran día a día. Ya son varias las voces de los principales agentes que intervienen en estas operaciones que no han vacilado en afirmar cuan ridículos son los montos autorizados y cuan engorroso es poner en práctica un sistema que no se aggiorna a la realidad, y que por obligatorio termina siendo perjudicial.

Esperamos que el cuerpo legislativo acompañe el proyecto en el entendido que el espíritu que nos mueve, no es otro que el de defender el derecho de toda persona a elegir libremente.

Proyecto de ley. Responsabilidad patrimonial de los gobernantes. Senador Javier García – Diputado Rodrigo Goñi

Proyecto de ley Responsabilidad civil de los gobernantes por daño causado al Estado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.- No se debe olvidar que los ciudadanos son los dueños de los recursos que las instituciones públicas administran. La Administración es la cara visible del Estado para los ciudadanos: es allí donde se aprecia la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la función pública en el uso de los dineros públicos.-. El desempeño de la Administración Pública incide en que el sistema democrático gane o pierda credibilidad.-
Los funcionarios, por muy alto cargo que tengan, no son más ni nada menos, que gestores de intereses ajenos, por lo que no puede admitirse una administración de los recursos públicos que no estén orientados a satisfacer el interés general.-

2.- Existe consenso en el Derecho Público moderno, en el sentido de reconocer a la buena administración como regla de derecho, como deber de la Administración y como derecho ciudadano.-
Administrar bien o administrar mal los recursos públicos no es una opción dentro de la legitimidad: sólo es legítimo el actuar conforme a las reglas de la buena administración, o en otras palabras, la buena administración es el único terreno de lo legítimo ( ya no es un tema de mérito sino de legitimidad)
La buena administración implica elegir los medios adecuados para obtener el fin legal establecido, y obtener los resultados procurados con el menor costo posible, con transparencia y probidad.-
Los gobernantes deben servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno al derecho, y actuando con eficacia y eficiencia. No pueden hacerlo arbitrariamente, ni por intereses ideológicos o particulares.-
Por otra parte, los ciudadanos tienen el derecho de exigir un ejercicio de la administración eficiente, de calidad y transparente.-

3.- Si los gobernantes provocan daño al Estado ( material o moral) por un actuar doloso o culpable grave, incurren en responsabilidad y deben reparar los daños causados.
La responsabilidad en sus más diversas dimensiones, es un elemento fundamental entre los gobernantes y los gobernados representados por el Estado. Los gobernantes deben someterse al control y juzgamiento de sus actos y consecuencias.-
La responsabilidad de los gobernantes puede ser de distinto tipo: política (cuando su gestión es inconveniente o ilegítima en opinión del Parlamento), administrativa o disciplinaria ( sanción ante una conducta contraria al reglamento), penal (cuando cometen delito), civil o patrimonial: cuando causan daño

4.- En el campo de la responsabilidad civil o patrimonial de los funcionarios públicos y gobernantes, hay que distinguir cuando el daño se causa a un tercero, de los casos que el daño se causa al propio Estado.-
El supuesto de producción de un daño a terceros – ajenos a la Administración-, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección, se encuentra regulado por los artículos 24 y 25 de la Constitución y reglamentado por algunas disposiciones de nuestro Derecho positivo.
No se puede soslayar que junto a la responsabilidad civil del funcionario por los daños causados a terceros y exigidos por el Estado a través de la acción de regreso, hay otros casos de responsabilidad por daños y perjuicios causados al Estado o Personas Públicas no Estatales que merecen regulación especial de la ley, para impulsar la acción del Estado con la finalidad de lograr la reparación de los mismos.

5.- El presente proyecto de ley tiene como objetivo abordar el caso que no se encuentra expresamente regulado en la Constitución, de la responsabilidad civil de los jerarcas o ex jerarcas de toda Administración, Ministros de Estado , Directores de Empresas Públicas y Directores de las Personas Públicas no Estatales por daño causado al Estado o Personas Públicas no Estatales, en su caso.-
Sólo indirectamente se alude genéricamente a las acciones por responsabilidad en el artículo 211 literal C) de la Constitución, respecto de las cuales debe pronunciarse el Tribunal de Cuentas al dictaminar e informar sobre las rendiciones de cuentas; y por otro lado, también se refiere genéricamente en el art 213 de la Carta a las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervinieren en la gestión del patrimonio del Estado.
Tampoco existe regulación legal para este campo de la responsabilidad civil excepto en los artículos 137 y siguientes del TOCAF para los casos de responsabilidad financiero contable de los funcionarios públicos con tareas vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado.

Por otra parte, no puede olvidarse las normas nacionales (Ley Nº 17.060 y sus reglamentaciones) e internacionales (Convención Interamericana contra la Corrupción) destinadas al combate de la corrupción.
Es, pues, contrario al Estado de Derecho soslayar la responsabilidad patrimonial de los gobernantes, cuando el damnificado es el erario público. Por ende se impone como requisito axiológico la exigencia a los jerarcas de un obrar diligente y coherente, no sólo respecto a terceros, sino también frente al Estado mismo, por estar representados aquí los intereses de la colectividad. Ello contribuye a revalorizar la función pública, en el marco del principio de legalidad y el deber de buena administración.-
CASSINELLI enseñaba que “…para que el Estado de Derecho sea realmente tal no basta con que se proclame la regla de que los actos de los gobernantes deben adecuarse al orden jurídico y tengan que fundarse en una norma jurídica para ser legítimos. Es necesario además, establecer procedimientos que tiendan a asegurar la efectividad de esta regla, es decir, medios eficaces de garantía de que los actos de poder público no se desbordarán de los cauces jurídicos”.
Los gobernantes son agentes responsables del sistema democrático. Debe existir una política estatal en asuntos tales como proteger derechos, prevenir perjuicios, efectuar investigaciones sobre prácticas de corrupción. En la medida que el Estado o Personas Públicas no Estatales, en su caso, sufran un daño, aquel debe tener la legitimación y el deber de reclamar la reparación al gobernante que lo haya ocasionado.-

6.- En consecuencia, consideramos necesario innovar con legislación que propenda a ejercer estas acciones, entre otras razones porque el sistema democrático no se compatibiliza con la irresponsabilidad de los gobernantes en ninguno de los ámbitos. Resulta ineludible abordar el tema de cuáles son los requisitos formales y sustanciales para reclamar la responsabilidad civil de los jerarcas.
Aunque parte de la doctrina y jurisprudencia han entendido que en estos casos la Administración se encuentra habilitada para demandar su reparación patrimonial sin necesidad que el perjuicio haya sido causado por culpa grave o dolo – requisito establecido por la Constitución cuando el Estado repite contra los funcionarios por daños causados a terceros-, este proyecto recoge el mismo fundamento de las normas constitucionales, exigiendo igual gravedad en el incumplimiento.
Se entiende que el sistema de responsabilidad irrestricta, lejos de ser una fórmula que garantice en forma eficaz el funcionamiento del Estado, constituye de por sí, una circunstancia inhibitoria y paralizante en el accionar de los gobernantes, por temor a verse enfrentados a futuros juicios.-
En tal sentido, corresponde responsabilizar a los jerarcas y ex jerarcas por su participación en la producción del daño con culpa grave o dolo, no alcanzando la responsabilidad patrimonial a los casos de error o negligencia excusables.-

7.- En otro orden, también corresponde innovar en relación a la forma de determinar internamente cuando, cómo y quién debe promover la acción de responsabilidad civil contra los gobernantes, asegurando la defensa debida de los investigados.
En tal sentido, se establece la intervención de la JUTEP como solución para resolver adecuadamente los casos en que los jerarcas de la Administración se encuentren involucrados en los hechos generadores de la responsabilidad, con las garantías del debido procedimiento que les permita su defensa antes de la promoción de las acciones judiciales que pudieran corresponder.-

8.- En cuanto a la pertinencia y oportunidad de aprobar este proyecto para facilitar los mecanismos para responsabilizar civilmente a los gobernantes cuando actuando con dolo o culpa grave causan daño al patrimonio estatal, cabe destacar que la realidad nos muestra que en la práctica no es común ni usual se promuevan las acciones de responsabilidad patrimonial correspondiente.-
Dicha situación genera una sensación de irresponsabilidad de los gobernantes que por un lado provoca un creciente malestar en la ciudadanía y por otro, un incentivo perverso para buenos y malos funcionarios.
En este contexto se considera entonces que este proyecto es pertinente y necesario porque la normativa existente parece no ser lo suficientemente clara y precisa para exigir la responsabilidad patrimonial de los gobernantes en los casos que estos causan un daño al Estado.
Con esta iniciativa, se pretende promover el control ciudadano y del propio Estado en relación a las acciones que causan un daño al patrimonio estatal, facilitando la concreción de acciones de reparación contra los gobernantes y funcionarios.
Convencidos que facilitar el ejercicio de la responsabilidad patrimonial contribuirá además a prevenir el despilfarro o uso irracional de los recursos públicos y a mejorar los estándares de administración y ética en la función pública, en cuanto que posibilidad cierta del reclamo de reparación, obligará al gobernante a analizar con más cuidado las distintas alternativas posibles del uso de los recursos, las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y a medir mejor sus consecuencias, lo que es esperable se traducirá en una reducción de los riesgos de improvisación, voluntarismo y arbitrariedad, al constituir un incentivo para “recordar” y hacer efectivo el deber de buena administración.

9.- En conclusión, el presente proyecto de ley procura:
a) establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una conducta de mayor diligencia, minimizando riesgos de uso irracional o arbitrario.
b) evitar que el erario público y los habitantes se vean afectados patrimonialmente por la conducta o hechos realizados por los gobernantes, que causan daño al propio Estado o Personas Públicas no Estatales en su caso, a través de mecanismos que facilitan la acción reparatoria
c) fortalecer la institucionalidad democrática y el combate a la corrupción, en la medida que posibilitará un mayor control y transparencia a la forma de administración de los recursos públicos con el consiguiente impacto positivo en la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus gobernantes
Como lo ha expresado DURÁN MARTINEZ la tesis de la irresponsabilidad de los gobernantes es un resabio del absolutismo, lo que ha permitido que hayan adquirido una sensación de invulnerabilidad y gracias a esa impunidad hayan ocasionado daños a la Administración estatal o no estatal que pudieron haberse evitado.
Este proyecto de ley pretende evitar, como dice DELPIAZZO, reductos de irresponsabilidad, y aspiramos a que permita la realización integral del Derecho con mayor trasparencia y una adecuada comunión entre la ética y el Derecho.
Una interpretación contextual de la Constitución teniendo en cuenta la noción de buena administración incluida en el artículo 311 de la Carta conduce a sostener que la acción civil resarcitoria contra los gobernantes que han actuado con culpa grave o dolo, es un acto debido, pues no debemos olvidar nunca que la Administración no administra un patrimonio propio sino ajeno. Conforme RODRÍGUEZ ARANA, la buena administración y el buengobierno son derecho fundamentales de todas las personas.
Uno de los cinco principios que constituyen la base de una buena gobernanza y de los cambios propuestos en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (2001) de la Comisión de las Comunidades Europeas, es precisamente el que propugna que: “las responsabilidades deben ser clarificadas de modo que cada actor responda por su obrar”.

10.- El proyecto reconoce en su artículo primero el principio general de responsabilidad civil de los gobernantes cuando su accionar doloso o gravemente culpable provoca un daño al Estado, definiendo el alcance subjetivo en la persona de los jerarcas máximos de toda Administración, Ministros de Estado y Directores de las Empresas Públicas no Estatales. En cuanto a los primeros se imputa la responsabilidad por el daño utilizando el mismo criterio que la ley ha adoptado para la definición de quién es ordenador primario de gastos (artículo 26 del TOCAF), lo que servirá a su tiempo para despejar posibles dudas interpretativas que pudieran ocasionarse. Se ha dejado a salvo, sin embargo, la responsabilidad de los integrantes de los órganos jerarcas colegiados que hubieran manifestado por escrito su oposición.
El artículo segundo tiene como objetivo establecer una solución legal precisa para habilitar al Estado a demandar la reparación cuando sus gobernantes lo hayan perjudicado patrimonialmente, regulando el procedimiento, las formas de iniciación, las competencias para la instrucción y posterior demanda judicial, los plazos, las garantías de la debida defensa, etc.-
El artículo tercero alcanza a ex funcionarios o terceros que hayan causado daño al Estado, sometiéndolos al mismo régimen de responsabilidad, la que se mantendrá por el tiempo de prescripción regulado en el artículo cuarto, que no se aparta en el caso de los términos fijados por las normas generales en materia de responsabilidad. También regula el cómputo del término de prescripción cuando los imputados deban ser sometidos a juicio político, adoptando la misma solución que el TOCAF.
El artículo cinco determina el destino de las sumas provenientes de las condenas obtenidas judicialmente a un sector de actividad que exhibe necesidades crecientes e insatisfechas como es la educación.
Finalmente, y a los efectos de hacer posible la intervención de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el artículo sexto amplía sus competencias mediante el agregado de tres numerales al artículo 2° de la Ley Nº 19.340 de su creación:
El numeral 9) le confiere poderes destinados a la prevención y erradicación del daño, así como potestades de instrucción y sancionatorias, y mediando orden judicial, habilita el examen de las cuentas y papeles de los indagados mediando orden judicial, así como otros elementos de prueba como podría ser declaraciones de testigos, en solución que ya reconoce antecedentes en nuestro Derecho.
Los numerales 10) y 11) le asignan legitimación activa para accionar judicialmente en los casos regulados por la presente ley y las acciones de repetición en los supuestos del artículo 25 de la Constitución.
Entendemos que la ampliación de la competencia de JUTEP asignándole legitimación procesal para accionar, cumple con el principio de eficacia administrativa, que se vincula al de buena administración. GIORGI lo ha caracterizado como la adecuada elección de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se quiere satisfacer. Concentrar en la entidad especializada todos los poderes jurídicos hasta la satisfacción efectiva de los perjuicios causados contribuirá sin duda a la eficacia administrativa.

Proyecto de Ley de Responsabilidad civil de los jerarcas por daño causado al Estado

Artículo 1º.- Los jerarcas máximos de toda Administración, los Ministros de Estado y los Directores de las Personas Públicas no Estatales serán civilmente responsables del daño causado al Estado o alas Personas Públicas no Estatales en su caso, cuando se comprobare su participación con culpa grave o dolo en el hecho o acto dañoso.
Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados, que se hubieren opuesto al acto y dejado constancia escrita de su oposición.
Artículo 2º.- El procedimiento administrativo para la determinación de la configuración del daño y las personas responsables podrá iniciarse a petición de parte o de oficio, mediando o no denuncia, ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
Dentro del plazo de noventa días la Junta instruirá el asunto y producirá un informe del que se conferirá vista a los jerarcas o ex jerarcas involucrados por el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación personal.
Evacuada la vista o transcurrido el término sin haberlo hecho, si de las resultancias administrativas derivaran indicios de participación de los investigados con culpa grave o dolo, la JUTEP, previa intervención del Tribunal de Cuentas cuando corresponda -artículo 211 literal C) de la Constitución- promoverá las acciones de responsabilidad civil correspondientes.
Artículo 3º.- El cese en sus funciones no exime de responsabilidad al ex jerarca. La renuncia o la separación del cargo del jerarca responsable, no impiden ni paralizan el examen de sus cuentas y gestión en el manejo de bienes y fondos públicos ni las acciones civiles de resarcimiento que correspondan.
Artículo 4º.- Las responsabilidades emergentes en materia civil a que refiere la presente ley prescriben a los diez años, a contar de la fecha del acto o hecho que diera origen a las mismas
En caso que los responsables deban ser sometidos al previo juicio político, el término de la prescripción comenzará a contarse a partir de la separación del cargo dispuesta por la Cámara de Senadores.
Artículo 5º.- Las sumas provenientes de las condenas de resarcimiento obtenidas judicialmente se destinarán a la Administración Nacional de Educación Pública.
Artículo 6º.- Agréganse al artículo 2º de la Ley Nº 19.340, de 28 de agosto de 2015, los siguientes numerales:
9) Prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas administrativas que causen daño al Estado o a las Personas Públicas no Estatales en su caso, para lo cual podrá dirigirse a cualquier repartición pública a fin de obtener los documentos y demás elementos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. Podrá, asimismo, previa orden judicial, examinar las cuentas, papeles, documentos y demás elementos de las personas investigadas que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido.
10) Promover las acciones civiles de resarcimiento del daño causado al Estado o Personas Públicas no Estatales, contra los jerarcas o ex – jerarcas responsables ante la jurisdicción competente cumplidos los presupuestos y procedimientos administrativos correspondientes de acuerdo a la ley.
11) Promover la acción de repetición prevista en el artículo 25 de la Constitución ante la jurisdicción competente contra los jerarcas o ex jerarcas de toda Administración que hubieran causado daños a terceros con culpa grave o dolo previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 400.7 y 401.7, en su caso.

Senador Javier García – Diputado Rodrigo Goñi

El senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, presentan Proyecto de Ley: “Responsabilidad Civil de los Gobernantes”

El senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, legisladores blancos del Espacio 40 (Sector Todos), presentarán hoy un proyecto de ley para responsabilizar civilmente a los gobernantes cuando estos —actuando con dolo o culpa grave— causen daño al patrimonio estatal. Los legisladores anticiparon que el proyecto procura “establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos”. Por otro lado, dijeron que se pretende evitar que el erario y los habitantes se vean afectados patrimonialmente por la conducta de los gobernantes, a través de facilitar la acción reparatoria.

El proyecto de ley de García y Goñi en su artículo 1º establece que “los jerarcas máximos de toda administración serán civilmente responsables del daño causado al Estado en caso que se comprobare su participación con culpa grave o dolo en el hecho o acto dañoso”.

Fuente: El País

Senadora Carol Aviaga presenta proyecto de Ley.

Senadora Carol Aviaga presentó proyecto de Ley Interpretativo del artículo 17 de ley 17.250

Ante denuncias por parte de ciudadanos preocupados sobre la falta de información sobre el contenidos en el agua de mesa, se constató la omisión de información en etiquetas y rotulados en especial de las bebidas no alcohólicas, incluyendo las aguas minerales y demás aguas destinadas a consumo humano. Dicha obligación se encuentra consagrada en normas de la FAO como el CODEX ALIMENTARIUS y en la Ley de Defensa del Consumidor Nro. 17250.

Es un derecho fundamental de todos los habitantes conocer qué productos se ingieren y fundamentalmente conocer la calidad de los mismos, pues está en juego la salud y la vida de todos los habitantes, lo cual resulta trascendente, en la medida que gran parte de los consumidores han recurrido al consumo de aguas envasadas.

En consecuencia ,se elaboró el Proyecto de Ley Interpretativa, donde se aclara el alcance del artículo 17 de la ley de Defensa del Consumidor, donde originalmente establece que, en ese y otros aspectos “se estará a lo que disponga la reglamentación”, por ,lo que entendemos que a efectos de su aplicación su alcance debe ser aclarado.

PROYECTO LEY INTERPRETATIVA y EXPOSICION DE MOTIVOS