Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés presentan proyecto de ley para crear Comisionado Parlamentario para fiscalizar los Sistemas de Salud y de Cuidados

Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud

Legisladores blancos proponen crear ombudsman que defienda los derechos de usuarios de los sistemas de salud y cuidados

El diputado blanco Martín Lema es categórico. “Los gobiernos del Frente Amplio han destruido el sistema de salud”, dice sin vueltas. Para Lema, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es “un eslogan”, y según su opinión eso se debe a que las autoridades se “dedicaron a promover titulares sin contenido, cortar cintas por cumplido, generar estadísticas y alimentar egos en vez de gobernar para la gente”.

“Después de una bonanza económica como la que tuvimos resulta sorprendente que lleguemos al absurdo de un sistema de salud colapsado”, afirmó. El diputado nacionalista Gustavo Penadés coincide con el diagnóstico y pone el foco en los “continuos problemas” que tienen los usuarios para ser atendidos y escuchados. Ambos legisladores entienden que la clave para “reconstruir” el sistema es poner al paciente, al usuario, en el centro. Darle una voz. La respuesta que encontraron fue la de crear un canal independiente que traslade los reclamos. “Una de las medidas que definimos es la necesidad de instalar la figura del defensor del paciente para la protección de sus derechos en los hechos y no en los discursos, como viene sucediendo hasta el momento”, dijo Lema.

Los dos diputados blancos (del sector Todos) presentaron el martes 31 de mayo un Proyecto de Ley para la Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud y de Cuidados. En la exposición de motivos, los legisladores mencionan las “permanentes dificultades” que los usuarios deben enfrentar para lograr que se respeten sus derechos. “Son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de estos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento, como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”.

Dicen que por lo complejo de ambos sistemas “se hace imperiosa” la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. “Han existido episodios lamentablemente graves, como el de Hogar de Ancianos que se incendió, que hacen necesario que haya en el Estado una voz independiente a la que se pueda recurrir para presentar quejas, denuncias, y eventualmente solicitar que los errores que se cometan sean corregidos por parte de los prestadores”, argumentó Penadés. Para el diputado “no es nuevo en el mundo que haya un criterio independiente para escuchar las voces de los usuarios y que estos sean defendidos en un sistema en el que a veces el ciudadano parece estar en desguarnecimiento y orfandad”.

Según el diputado, los canales con los que los usuarios cuentan hoy para vehiculizar sus denuncias “no son independientes”. “Además esto tiene otro objetivo, que es la realización de un informe anual obligatorio por parte del comisionado para poner en conocimiento de la Asamblea General cuál es la situación y el nivel de funcionamiento de estos sistemas”.

Comisionado carcelario como espejo.

La figura del comisionado parlamentario para el sistema carcelario sirvió como inspiración para esta suerte de ombudsman de la salud que propone el Partido Nacional. En el proyecto, los legisladores subrayan que la experiencia acumulada desde la instauración del comisionado para las cárceles “ha confirmado el acierto del sistema político” al crear una figura que se consolidó como “una voz ecuánime, certera y, por tanto, escuchada por todos”. “En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

El texto del proyecto propone varias atribuciones para el comisionado parlamentario de los sistemas de salud y cuidados. Además de recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los usuarios, podrá formular recomendaciones a las autoridades para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de la normativa vigente.

Además podrá solicitar información a las autoridades respecto a las condiciones en las que se están prestando los servicios de salud y de cuidados en los respectivos sistemas integrados y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar los derechos de los usuarios.

También podrá realizar inspecciones de carácter general, en coordinación con las autoridades, a los centros de salud y de cuidados. En las instituciones públicas podrá ser sin aviso previo. Si se trata de una institución privada, las inspecciones estarán condicionadas a que las autoridades de esos prestadores resuelvan la autorización. “No obstante, el comisionado parlamentario podrá realizar las acciones constitucionales y legales pertinentes, así como las denuncias que correspondan, si considera que la institución privada no está cumpliendo con la normativa vigente en la materia o si se presume la existencia de lesión o peligro de lesión a los derechos de los usuarios”, dice el proyecto.

El defensor del paciente deberá remitir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. “El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, podrá brindar un informe extraordinario”.

Según el proyecto, el comisionado parlamentario tendrá autonomía técnica y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad excepto de la Asamblea General.

Fuente: Semanario Búsqueda
Jueves 2 de junio de 2016