Lacalle Pou le ofrece a Nin forzar la aprobación del TLC con Chile

El senador nacionalista le propuso eludir el freno del FA y ratificar el acuerdo en el Parlamento con la ayuda de la oposición.
“Estas comparecencias, muchas veces, tienen el objeto de cuestionar la política interna del Frente Amplio. Al final de la jornada, vemos que todos están de acuerdo con lo que hacemos”.

La ironía del canciller Rodolfo Nin Novoa, expresada este jueves, tenía sus razones. Debió presentarse ante el Parlamento, una vez más, para explicar la política de inserción internacional que sigue el gobierno.

Es que en gran medida el llamado, promovido por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, abordó una serie de temas en los que existe una fricción entre el Palacio Santos y buena parte del oficialismo.

“Se va a votar, se va a votar, tengo muchas expectativas”,respondió Nin sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, firmado por el presidente Tabaré Vázquez a fines de 2016 pero que desde entonces duerme en la Cámara Alta por diferencias internas en el oficialismo.

El canciller sostuvo al respecto que habrá una pronta definición e insistió en relativizar los reparos que parte de sus correligionarios ponen al acuerdo.

“No habrá un mandato imperativo. Es un tema comercial que ni siquiera toca el comercio de bienes, que con Chile están desgravados desde hace años”, dijo. “Tendremos una solución satisfactoria y a la brevedad ese tratado estará firmado”,aseguró.

De todas formas, el canciller no pudo dar una fecha concreta sobre cuándo el TLC será discutido en el Parlamento. Y la oposición hizo su juego.

Lacalle Pou le propuso directamente a Nin que blancos, colorados e independientes lleven al Plenario y, junto con los sectores del Frente afines al acuerdo, el mismo se vote.

“Mujica, Astori y todos los dirigentes importantes dicen que lo votan”, recordó el senador.” Hay que terminar de ratificar este tratado, que fue firmado por el propio presidente”, dijo.

El canciller eludió responder. “Eso no depende de mí”.

Nin anunció que Cancillería y Economía ajustan los detalles del informe, reclamado por el Plenario del Frente Amplio, sobre los impactos concretos que tendrá el TLC con Chile.

El envío del documento es vital para avanzar en la discusión. El oficialismo ratificó la semana pasada que no moverá un dedo hasta que el informe sea presentado y pueda ser analizado.

El “secretismo” con el que fue negociado el acuerdo fue rebatido por el canciller, afirmando que la política exterior continuará en esa línea de trabajo.

“Ningún país puede adelantar, en el marco de unas negociaciones, las posturas de, otro país”, sostuvo. “Debe haber un marco mínimo de reserva”.

En ese marco aprovechó para fundamentar la inclusión de cláusulas “trinquete”, uno de los aspectos que generaron más controversia en el TLC.

Consiste en que, entre la firma del tratado y su entrada en vigor, ninguno de los dos países pueden generar legislación que altere los términos del acuerdo. “Es un principio de buena fe, previsto por la Convención de Viena”, afirmó.

Todas las manos

Si bien no integraba el plan de la convocatoria, Nin se vio obligado a responder sobre la polítca del gobierno uruguayo hacia Venezuela. Sobre todo luego de las polémicas elecciones en las que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro.

“Sacar continuos comunicados sancionando y cuestionando no aportan a la solución” dijo, reivindicando la línea seguida por Cancillería. “Lo que importa es jugar un papel de mediador, como lo hace Uruguay, para que las posiciones se acerquen”, sostuvo.

Nin ratificó que el país seguirá en ese camino. “Uruguay dará todas las manos que sean necesarias” para acercar posiciones en Venezuela.

En ese sentido recordó que “hemos sido critiquísimos” sobre el gobierno de Maduro, aunque aseguró que la oposición venezolana “también tiene su responsabilidad” en la crisis que vive ese país.

Para Lacalle Pou, la actitud del gobierno con respecto a Venezuela es “tímida, tibia y no genera dignidad” para Uruguay. “En ese país hubo una elección fraudulenta y claramente no existe una democracia plena”, aseguró.

Según el senador, con su actitud el gobierno pretende “quedar bien con Dios y con el Diablo”.

Despedido

Lacalle Pou aseguró este jueves que Cancillería incurrió en una claro caso de “persecución política” al remover recientemente al director de Asuntos Institucionales del Ministerio, Álvaro Moerzinger, luego que éste participara en una “reunión social” junto al líder nacionalista.

En el encuentro, desarrollado en diciembre del año pasado, Moerzinger, embajador de carrera, presentó un informe crítico sobre la actual gestión de la política exterior, según divulgó en su momento El Observador.

El senador blanco afirmó que el funcionario fue convocado la semana pasada al Palacio Santos y destituido. “Eso es persecusión política”, concluyó.

Fuente: EcosUY 

Un proyecto nefasto. Editorial del Dr. Pablo Da Silveira

n estos días empieza el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que crearía la Universidad de la Educación. El oficialismo tiene gran interés en aprobarlo, porque así tendría al menos un resultado concreto que mostrar en el terreno educativo.

Pero, cuando se examina el articulado con atención, es inevitable concluir que el proyecto es inaceptable.

Lo que se propone no es crear una nueva universidad pública, sino dar ese nombre al conjunto de centros de formación docente que hoy existen, sin hacer ningún esfuerzo por reducir la inmensa distancia que los separa del mundo universitario.

¿Por qué se hace ese intento? En parte, porque el oficialismo cultiva el pensamiento mágico: parecería que, si empezamos a usar el vocabulario propio del mundo universitario, la formación docente alcanzará espontáneamente ese nivel. Desde luego, eso no va a ocurrir. Para saberlo alcanza con observar que el actual sistema de formación docente atiende a unos 25 mil estudiantes en todo el país, pero apenas tiene 7 profesores entre los 1.521 que integran el Sistema Nacional de Investigadores. Eso es un indicador de extrema debilidad académica.

Claro que no todo es ingenuidad. También hay aquí un operativo de control gramsciano. La idea es crear un monopolio que tenga en sus manos toda la formación docente nacional, porque no solo preparará de manera directa a buena parte de los futuros docentes, sino que se encargará de reconocer (con las condiciones que decida fijar) los títulos de las demás instituciones públicas o privadas que actúen en el área. Al mismo tiempo, y por ser una universidad autónoma, esa institución estará fuera del alcance de cualquier forma de control por parte de los representantes de los ciudadanos. Quien tome el control interno de la Universidad de la Educación, manejará a su antojo la formación de las futuras generaciones de docentes.

Ni universidad, ni mejora de la calidad académica. Solo endogamia y control político. Quien crea que esta interpretación es alarmista, haría bien en leer el Artículo 11 del proyecto de ley. Allí se establece que, para ser Rector de la Universidad de la Educación, “se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país, o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos diez años en instituciones públicas” vinculadas a la educación.

Esto significa que el rectorado de la Universidad de la Educación podría ser ejercido por un licenciado universitario, un maestro o un profesor de liceo titulado. También podría ser Rector alguien sin ningún título, mientras pueda exhibir “formación equivalente” (cualquiera sea el significado de esa frase), producción académica y diez años de trabajo en la educación pública.

Todo esto está muy lejos de las prácticas habituales en el ámbito académico, que exigen como mínimo títulos universitarios de posgrado, y normalmente de doctorado, a quienes aspiren a un puesto de Rector. La descripción está muy cerca, en cambio, del perfil de algunas personas que vienen impulsando desde hace años la creación de la Universidad de la Educación.

No hay nada en este proyecto que permita afirmar que se está creando una universidad. Aprobarlo tal como está nos hundiría en una gran mentira colectiva y dejaría al conjunto de la formación docente en manos de un monopolio sin control ciudadano.

Pablo Da Silveira 

Preocupación por el empleo. Editorial del diputado Gustavo Penades

Durante algunos años, la preocupación por el empleo había pasado a un segundo plano en la vida de los uruguayos. Lamentablemente, hoy está cada vez más presente, y lo único cierto es la incertidumbre.

La situación es diferente a la de otras épocas, en las que el desempleo iba directamente asociado a períodos de bajo o nulo crecimiento económico. En el presente las cosas son diferentes, porque crece la economía pero no aparecen los empleos necesarios para sustituir a los que se pierden y sumar a los nuevos trabajadores.

Hay sectores que vienen siendo muy castigados y no parece que en el mediano plazo se vayan a recuperar. La construcción, por ejemplo, que perdió 25.000 puestos en cinco años. Pero no solamente en ese rubro hay problemas, sino también en la industria, agro, y comercio donde vienen cerrando empresas de variado tamaño y rubro productivo. Entonces, como decíamos, se da el fenómeno de que puede registrarse crecimiento de la economía, pero sin generar la cantidad suficiente de puestos de trabajo para recuperar los perdidos.

Los especialistas ofrecen explicaciones variadas, pero todas marcan los temas de competitividad y la incidencia importante de las regulaciones y del peso que tiene el Estado.

Pero ahora se suma la amenaza creciente de la tecnología, la que, según un estudio publicado el año pasado, podría afectar, en un futuro no lejano, a más del 60% de los puestos de trabajo. A lo anterior se agrega otro fenómeno que es el de las nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo dejó de ser novedad, y día a día aparecen situaciones en que empresarios, profesionales y emprendedores se vinculan de diferentes maneras para ofrecer sus productos y servicios.

Nada de esto está en la lista de prioridades del Pit-Cnt ni del Poder Ejecutivo, pero son realidades que ya se están viendo. Para la Central introducir el tema de la tecnología en la negociación colectiva de este año sería una muestra de debilidad —decían hace un tiempo— mientras que a nivel del gobierno la prioridad es la Rendición de Cuentas y los conflictos en la interna del Frente Amplio.

El Estado en estos años funcionó, de alguna forma, como amortiguador del desempleo ya que terminó empleando a cerca de 60.000 personas, pero su rol debería ser otro. Debería liderar un proceso para adaptar el país a todo esto que está pasando. Sistema político, trabajadores, empresarios, autoridades de la Educación, académicos, pensando en cómo aprovechar las oportunidades que se presentan y en cómo ayudar a quienes son perjudicados por todos estos cambios. Seguramente deberán incorporarse nuevas formas de contratación para acompasar las necesidades de patrones, obreros y destinatarios de sus productos.

En este mundo que se viene la educación será fundamental; pero nos acercamos al final de otro período del gobierno y la discusión sigue siendo el porcentaje del PBI para la Educación. Quienes menos importan son los que abandonan el sistema y lo que en él se aprende. Mientras tanto, el Pit-Cnt sigue con sus discursos más propios de la Guerra Fría que del siglo XXI.

Gustavo Penadés

Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios presentado por el Diputado Juan José Olaizola

COMISIÓN DE HACIENDA

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I N F O R M E

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Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado  el  proyecto  de ley de Mercadería en Abandono en Depósitos Intra y Extraportuarios, presentado por el señor Representante Juan José Olaizola el día 10 de junio de 2016  y aconseja al  Cuerpo su aprobación.

La mercadería abandonada en los depósitos aduaneros origina perjuicios para los depositarios, sin haberse conseguido hasta el momento una solución práctica al problema.

Si bien el Código Aduanero uruguayo (CAROU) -en su  artículo 99- establece un procedimiento para las mercaderías en abandono, el hecho de consagrar el producido del remate en un 100% a la Dirección Nacional de Aduanas, provoca por un lado el desinterés de los depositarios de poner  en funcionamiento  dicho mecanismo -ya que no pueden por esta vía cobrar sus honorarios impagos- y por otro que prácticamente   no existan remates de mercaderías en esta situación, privando por lo tanto a la Aduana de percibir ingresos por esta vía.

El proyecto de ley, que ha sido discutido y cuenta con  la  anuencia de la Dirección Nacional de Aduanas, sustituye los numerales 7 y 9 del artículo   99 del CAROU.

El nuevo procedimiento prevé -en el artículo 1º, que sustituye al numeral 7 del artículo 99 del CAROU- que una vez declarado el abandono no infraccional  de las mercaderías, el Juez ordenará el retiro de las mismas en un plazo no mayor a los ciento veinte días de dicha declaración, enviándolas a un depósito  designado  por  la  misma Sede Judicial, y designando un rematador que tendrá a su cargo el remate.

Si transcurridos los ciento veinte días no se hubieran retirado las mercaderías del depósito, el depositario podrá trasladarlas a otro depósito  aduanero,  dando noticia a la Sede Judicial interviniente y tramitando la operación aduanera correspondiente.

Se considerará que el depositario tiene la disponibilidad jurídica  de la mercadería, a efectos de realizar las operaciones aduaneras  necesarias para dicho fin. Los gastos de traslado y los honorarios del nuevo depósito serán de cargo del remate.

Por su parte, el artículo 2º, que sustituye al numeral 9 del artículo 99 del CAROU, dispone que del producido del remate se destinará hasta un 30% para el pago de los gastos y honorarios de los depositarios, y el resto a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.

La aprobación de este proyecto de ley permitirá rematar una importante cantidad de mercaderías en abandono que existen en los depósitos intraportuarios y en los depósitos aduaneros particulares, permitiendo descongestionar los depósitos y que los depositarios cobren sus honorarios impagos. El plazo de ciento veinte

 

 

 

días agiliza el procedimiento, permitiendo a los depositarios ingresar nuevas mercaderías  en esos espacios.

En el mismo sentido, el incentivo del remate de estas mercaderías, tendrá como consecuencia el ingreso de una importante suma de dinero a la Dirección Nacional de Aduanas, generada por dicho concepto.

Asimismo, permitirá poner en práctica los mecanismos previstos por el CAROU, para  el remate de las mercaderías en abandono.

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda solicita al Cuerpo  la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

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PROYECTO DE LEY

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Artículo 1°.- Sustitúyese el numeral 7 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“7) De no existir oposición, o de desestimarse las opuestas, el Tribunal declarará    el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará su retiro del depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente, todo dentro de un plazo de ciento veinte días a contar desde la declaración de abandono no infraccional.

Si en el plazo establecido en el inciso anterior no se hubiera retirado la mercadería del depósito, el depositario podrá trasladar la misma a otro  Depósito Aduanero, dando noticia a  la  Sede Judicial interviniente  y mediante la tramitación de la operación aduanera que corresponda. Se considerará que  el depositario tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería a los solos  efectos de realizar las operaciones aduaneras necesarias para dicho fin. Los gastos que ocasione este traslado serán de cuenta del remate”.

Artículo 2°.- Sustitúyese el numeral 9 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“9)  El producido líquido del remate se destinará hasta un 30% (treinta por ciento)   al pago de los gastos y honorarios del depositario y el saldo a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

Repercusiones de citación del edil Diego Rodríguez por obras en 18 de Julio

Pese a que el director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, dijo ante la Junta Departamental que el Grupo Centro está “101% de acuerdo” con el proyecto de reforma de 18 de Julio, esta asociación que representa a unos 500 comerciantes presentó reparos respecto a la iniciativa que se anunció públicamente en agosto del año pasado.

El presidente del Grupo Centro, Marcelo Carrasco, concurrió a la Junta a solicitud del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, para explicar los puntos de vista del conglomerado sobre la iniciativa que la IMM confirmó que llevará adelante en este período de gobierno. Carrasco dijo que sabe que la comuna está ajustando el proyecto, aunque indicó que el Grupo Centro no ha vuelto a ser citado para aportar sus ideas.

“Nosotros manifestamos nuestro apoyo al proyecto, pero también discrepancias en algunos de sus aspectos. Por ejemplo, no estuvimos muy contentos con la implementación de la ciclovía en el medio de 18 de Julio. Muchos de nuestros comerciantes veían que no era del todo satisfactorio usar tres metros de la principal vía para ciclovía. Teníamos algunas mediciones y el resultado que nos daban era que, según la cantidad de bicicletas que circulan por 18 hoy, no valía la pena hacer una ciclovía”, indicó.

“Lo fundamental es no abarcar ese espacio de tres metros con la ciclovía sino buscar una alternativa. Estamos totalmente de acuerdo con el uso de la bicicleta y la movilidad eléctrica, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que se toque en 18 de Julio. Creo que hay otras alternativas. Los expertos en bicicleta dicen que ese es el lomo de la ballena y que estaría bueno poner una ciclovía, pero nosotros pensamos que el uso de las bicicletas entorpecería la relación comercial. Viéndolo desde el punto de vista estrictamente comercial, no creemos que los ciclistas vayan a gastar mucha plata en los comercios de 18 de Julio. Esa es la cruda realidad”, agregó.

También la empresa Cutcsa dio su punto de vista en la Junta sobre el proyecto de la Intendencia, y advirtió que si no se le hacen cambios podría hacer “colapsar” la circulación en algunos lados. Lo hizo a través de su gerente y subgerente, Fernando Barcia y Álvaro Santiago, respectivamente.

Malas vs. buenas ideas.

Santiago entendió que la bicisenda por el medio es “un factor de riesgo”. Y dijo que un solo carril de ómnibus por sentido sería “inconveniente”.

Y recordó que el urbanista danés Jan Gehl, cuyo proyecto fue tomado como insumo de base por la IMM, no propuso ninguna de estas dos ideas. Cutcsa cree que, al igual que lo propuesto por Gehl, la bicisenda podría ubicarse en las calles paralelas a 18. O bien en un costado de la avenida.

“Gehl no habló de generar una troncal única de transporte colectivo en 18 de Julio, como propuso la IMM. Esto generaría un colapso del sistema. La propuesta original incluía un recorrido troncal único —es el actual 103— y, además, iba a ser con buses articulados y eléctricos”, indicó Santiago.

“En cuanto a lo que se conoce en la jerga del transporte como BRT —sistemas tipo subte de superficie—, entendemos que ese esquema de operación, tal como se conoce en otras capitales latinoamericanas, es naturalmente muy positivo en metrópolis con mayor densidad de población. Eso incluso lo reconoció Jan Gehl en 2015, cuando estuvo aquí; él hizo observaciones sobre algunos aspectos operativos, pero no habló básicamente de generar una troncal única en 18 de Julio”, indicó el subgerente de Cutcsa.

“Hay líneas que vienen de otras barriadas muy populosas que tienen demandas altas, y en las horas pico, e incluso fuera de estas, iban a hacer que colapsara el intercambiador Belloni. Por ejemplo, las que vienen de Camino Carrasco no iban a poder transbordar en 8 de Octubre, generando así un colapso del sistema”, agregó Santiago.

Estacionamientos.

El representante de Cutcsa dijo que, por sentido común, “uno no debe prohibir lo que no es un problema”. Y que en cuanto al estacionamiento en el Centro, “hay horas en las que no es un problema y horas en las que sí lo puede ser”.

“Entonces, en las horas en las que puede ser un problema, creo que hay medidas que se pueden tomar que afectarían muy poco a los automovilistas en tránsito, que tendrían que tomar otras vías paralelas, que tienen más capacidad que San José o Colonia. En definitiva, creo que se puede encontrar un equilibrio razonable para que todos andemos más rápido”, indicó el empresario.

Frente a estos planteos, el edil Rodríguez Salomón se manifestó molesto por la “improvisación” con la que —sostuvo— “se ha manejado la Intendencia con respecto a este proyecto, que nada tiene que ver con el que propuso el urbanista Jan Gehl”.

“Se plantea prohibir estacionar en San José y Colonia… Perfecto. ¿Y dónde se va a estacionar? La Intendencia hizo siete llamados para hacer parkingssubterráneos en Montevideo y fracasaron todos porque fueron mal hechos. El impacto de su propuesta para 18 de Julio va mucho más allá de la avenida. Y no fue medido. Recién se está midiendo ahora, y se piden aportes a Cutcsa después de que su presidente, Juan Salgado, dijera públicamente que el proyecto era peor al de Garzón”, se quejó Rodríguez Salomón.

“También nos dijo el director de Planificación (Ramón Méndez) que ahora se contrató a una consultora para que evalúe la viabilidad de la bicisenda, que por otra parte el secretario de la Intendencia, Fernando Nopitsch, dice que se mantiene. Y la consultora la pagan los montevideanos, claro está. ¿Eso no se pensó antes de hacer la presentación pública? ¿Cuánto costó hacer este proyecto que ahora vemos que adolece de errores por todos lados?”, agregó el edil.

No todos los buses pueden cambiarse por eléctricos

El gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia, aclaró que por temas técnicos y económicos, no todos los ómnibus que hoy recorren 18 de Julio pueden cambiarse por eléctricos, como le gustaría a la IMM.

“Más del 50% de los recorridos que tenemos no los podríamos prestar. Evaluamos la autonomía de los vehículos, los tiempos de recarga de las baterías y la capacidad de transporte. Si por la ubicación de las baterías se pierde un 10% de la capacidad de transporte, eso implicaría que en Montevideo, que hay 1.500 ómnibus, deberíamos tener 150 ómnibus eléctricos más para poder transportar la misma cantidad de pasajeros”, indicó.

“Un ómnibus eléctrico hoy anda entre los 450 y 550 mil dólares, cuando uno convencional anda en los 130 mil dólares. Cutcsa está teniendo una pérdida operativa”, agregó.

Fuente: El País 

Diputado Martin Lema pide Informe: ASSE descuenta 10 % del sueldo a sus trabajadores cuando están licenciados por enfermedad, situación “ilegítima”

Desde el año 2009, ASSE descuenta el 10 % del sueldo a los trabajadores que tienen licencia por enfermedad, cuando no hay ninguna norma que habilite a hacerlo.

El diputado nacionalista Martín Lema, al percatarse de esta situación, elevó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE.

En el documento, Lema explica que según una resolución de ASSE de 30 de octubre del 2009, el organismo otorga un “subsidio por enfermedad para los funcionarios equivalente al 90% de todos los rubros de naturaleza salarial o compensatoria que ha percibido como promedio en los últimos 6 meses”. Es decir, al reglamentarse tal disposición en julio 2010, “se establece un sistema de descuentos por certificaciones médicas a regir a partir de agosto de ese año”.

Ante esta situación, el contador delegado del Tribunal de Cuentas promovió una consulta solicitando asesoramiento jurídico en relación a los descuentos efectuados a funcionarios de ASSE.

El 19 de enero del 2011 el Tribunal de Cuentas evacúa la consulta “considerando que la resolución del directorio de ASSE es contraria a Derecho dado que, en virtud de lo previsto en los arts. 59 y 61 de la Constitución, todo lo relacionado a las licencias por enfermedad de funcionarios de servicios descentralizados es materia reservada a la Ley; y que además lo dispuesto contraviene los arts. 6. 11 y 17 de la Ley 16.104 (Regulación de licencias de funcionarios públicos)”.

Pese a que ese dictamen es del año 2011, “aún hoy se mantiene el régimen de descuentos que el Tribunal de Cuentas ha considerado ilegitimo”, explica Lema. Por ese motivo, el contador delegado del Tribunal, cuando existen descuentos por enfermedad, “observa el gasto por no existir norma habilitante, situación que obliga al Directorio de ASSE a reiterar el gasto de las liquidaciones de haberes mensuales”.

Debido a ello, Lema pide que se informe detalladamente las razones que motivaron la decisión incluida en la Resolución del Directorio No. 2857/09 del 30(1012009.

Pide a ASSE que informe también “las razones de mantener una situación al margen de las normas por tantos años, y que obliga al Directorio a reiterar los gastos por liquidaciones mensuales de haberes”.

También que informe si al día de la fecha existe una propuesta para regularizar esta situación. Lema pide que de ser así se desarrolle la propuesta y se proporcione la fecha estimada en que se presentará. En caso negativo, que indique las razones de no considerar necesaria dicha regularización.

La resolución el Tribunal de Cuentas, a la que accedió Montevideo Portal, explica que el artículo 6 de la Ley 16.104 establece que “en ningún caso se descontarán los días que el funcionario no hubiese trabajado por enfermedad”. Aclara que salvo disposición expresa en contrario las licencias por enfermedad son remuneradas.

En enero de este año, según consta en otro documento proporcionado a Montevideo Portal, ASSE volvió a reiterar el gasto, aclarando que se obligada a hacerlo al “carecer de norma habilitante”, tal cual quedó en evidencia tras la consulta referida. Es decir, se reiteró porque el gasto permanece observado

El diputado Martín Lema explicó a Montevideo Portal que pedirá una reunión con la Federación de Funcionarios de Salud Pública para interiorizarse de la situación y que luego exigirá al Directorio de ASSE que regularice esta situación, ya que para modificar la normativa que rige para las licencias debe cambiarse la ley.

Edil Diego Rodríguez pide informe por viajes de Daniel Martinez

Varios ediles de la oposición denuncian que el intendente Daniel Martínez y sus principales directores realizaron casi 100 viajes a diferentes puntos del mundo y reclamaron conocer los detalles de las misiones.

El edil nacionalista Diego Rodríguez aseguró a Informe nacional que intendente viajó en misiones oficiales en 25 oportunidades desde que asumió en mayo de 2015. El año pasado Martínez hizo 13 viajes, más de uno por mes, agregó

Los destinos fueron Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Francia e Italia, detalló el edil. “Queremos saber por qué se fue de viaje; los pedidos de informes no se han respondido correctamente”, afirmó.

Rodríguez anticipó que reiterará la solicitud de información y que incorporará nuevas preguntas. Reclama conocer el detalle de todos los viajes realizados por las autoridades municipales a fin de lograr mayor transparencia en la gestión, dijo.

Fuente: Radio Uruguay

“Se extraña al Estado”. audición del senador Luis Lacalle Pou

El senador y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, lamentó en su audición semanal que el Estado ha sido noticia en los últimos días por el procesamiento de jerarcas públicos dictaminado por un fiscal, o por temas como “el despilfarro de Ancap y sus malos negocios” o proyectos truncos como el de la regasificadora y, más atrás en el tiempo, el “mal negocio” de Pluna. Estos hechos, dijo, son propios de un “Estado empresario, casi siempre ineficiente” y que “le ha costado mucho a los uruguayos”.

El senador opinó que se “está extrañando al Estado donde es necesario que se guarde el orden, o en los lugares donde se necesita brindar educación y salud”. Agregó que la presencia estatal no existe en zonas del país que “han sido tomadas” por delincuentes y narcotraficantes.  “Se extraña el Estado justo y social”, finalizó.

“Eterno mirar al pasado”. Editorial del diputado Gustavo Penadés

El gobierno y el Fren-te Amplio sostienen permanentemente -palabra más o menos- que nada bueno hubo hasta el 2005, y que lo que hoy de malo hay es consecuencia del pasado. Parece mentira, pero se dicen cosas como que antes del Fonasa los uruguayos no tenían Salud, o que las políticas sociales son una creación de estos años. Hasta se desarrollan teorías que sitúan la raíz de la inseguridad pública en las políticas de los gobiernos anteriores.

La respuesta condicionada ante cualquier crítica es siempre la misma: la raíz de los problemas está en el “antes”; sea el 2004 o los ’90. Lo que no terminan de darse cuenta es que ya pasaron 13 años de gobiernos frenteamplistas y 23 años desde que los blancos fueron gobierno.

El Uruguay de aquellos años era bien diferente. El mundo cambió. Aparecieron la madera, la celulosa y la soja; y el valor de la carne no tiene nada que ver con el de antes. Cambiaron las costumbres, la tecnología, las comunicaciones, las corrientes de inversión, y muchas otras cosas. En 2005 el país estaba dejando la crisis atrás y subía el empleo, augurando años en que la coyuntura externa fue tremendamente favorable.

Pasados tantos años, el Frente Amplio no puede afirmar que no es responsable de lo que está pasando con la inseguridad pública; de que no es responsable de los problemas que existen en la Educación, en la Salud, en la persistencia de los asentamientos, la afectación del medio ambiente, y suma y sigue.

Claro que ni al Frente Amplio ni a ningún partido político se le puede exigir que mágicamente resuelva los temas. Lo que sí se le puede y debe exigir es que trace un rumbo y lo siga para, más o menos rápidamente, lograr resultados. Acá ni se trazó el rumbo ni se van logrando resultados. Pasados tantos años en que el dinero no fue el problema, y en que se tuvo mayoría parlamentaria, muchísimos asuntos se analizan y discuten como si fuera la primera vez que aparecieran. En muchos temas, además, es visible la puja constante entre los representantes políticos y sindicalistas -todos frentistas- como claramente se ve en la Salud y en la Educación.

Durante estos años el Partido Nacional criticó, pero también aportó en la discusión parlamentaria, partidaria y sectorial. Sin ir más lejos, hace pocos días, el senador Lacalle Pou le ofrecía al gobierno, tal como lo hace anualmente, un conjunto de ideas y propuestas sobre una variada temática.

El partido que gane las próximas elecciones lo hará seguramente sin mayorías parlamentarias. Esto implica retomar la cultura del diálogo político, de la negociación y de los acuerdos, prácticas estas que hacen a la esencia de la cultura democrática. Proceder de esa manera conlleva aceptar las diferencias, ser receptivo al pensamiento del otro sin descalificar a priori sus ideas. Implica abandonar la cultura del “nosotros y ellos”, de los “buenos y los malos” que es la base de la prédica de muchos sectores del Frente Amplio. Estos han preconizado que la “izquierda” era la suma de todo lo bueno, presentando al resto de los partidos como la encarnación del mal.

Empezar a solucionar el tema de la seguridad pasa, también, por dejar de mirar al pasado, aceptar los errores y buscar consensos políticos y sociales para políticas y medidas eficaces y de largo aliento.

Gustavo Penadés