Edil Varela: cobraron multas de tránsito sin estar facultados desde 2010

El edil por el Partido Nacional Adolfo Varela, reveló, en entrevista en FM Gente, que se investiga que la administración de Oscar de los Santos omitió autorizar a la dirección de Tránsito de la Intendencia a cobrar multas entre 2010 y 2015 y que estudian la situación legal y el eventual perjuicio económico que ello podría ocasionar a la actual administración.

Varela, que respondió a los dichos del edil del MPP Eduardo Antonini, quién acusó al Partido Nacional de estar haciendo “terrorismo mediático” con la información de cómo encontraron la intendencia, reveló la información en su argumentación.

“Hay un caos administrativo que generó la administración del Frente Amplio muy grande; hay un tema en el que nosotros estamos trabajando en estos días que era la situación que se va a dar con las multas de tránsito que aplicó la intendencia durante el período de 2010-2015”, preparó Varela.

Agregó que “en el 2005, cuando asumió el intendente De los Santos, un acto administrativo que hizo fue delegar funciones al director general de Tránsito; una de las cosas que tenía que hacer era permitirle al director general de Tránsito que aplique multas de tránsito”.

ACTO FALLIDO DE ADMINISTRACIÓN
Varela agregó que “en el 2010, cuando es reelecto, (De los Santos) hace un nuevo organigrama de la intendencia, y la dirección de Tránsito deja de ser una dirección general, y pasa a ser una subdirección dependiente de Planeamiento”.

“En ese momento no se le delega la potestad de aplicar multas, y la intendencia estuvo aplicando multas de tránsito de 2010 al 2015 sin poder hacerlo”, afirmó.

Indicó que “hoy la intendencia tendrá que devolver esa plata cobrada por las multas que se aplicaron mal, o en el caso de las multas que aplicaban las cámaras, que la gente se enteraba al año que una cámara le había puesto una multa, y la gente no tenía la oportunidad de presentar un recurso, descargos, por esa multa mal aplicada”.

“Nosotros estamos estudiando si la intendencia tiene que dejar sin efecto esas multas, o devolver el dinero, y eso es pura y exclusivamente por una acto fallido de administración del intendente De los Santos y del partido que integra el señor Antonini y el MPP”, opinó Varela.

Recomendó a Antonini que “antes de salir a tratar de atacar o intentar desmentir los planteos que nosotros hacemos y la información que estamos dando de hechos reales, primero tienen que dedicarse a resolver el problema interno”.

“Porque tienen integrantes del MPP que están diciendo que la administración de De los Santos dejó un déficit de casi 140 millones de dólares y que tiene un montón de problemas, y que le dejó a la intendencia actual una situación muy complicada, una herencia muy complicada, que va a condenar el futuro, o por lo menos, la inversión en temas muy importantes que debía hacer la administración en estos cinco años, por mala administración del Frente Amplio”, disparó.

Sostuvo que “estoy recabando toda la información, ya tenemos las resoluciones que demuestran lo que nosotros decimos, es más, la intendencia actual tuvo que corregirlo y delegar las funciones como corresponde”.

MONTO DESCONOCIDO
Varela declaró que “estamos buscando y en estos días vamos a cursar un pedido de informes a la intendencia para que nos respondan de manera formal, cuál es el monto, cuántas multas se aplicaron, porque todos los días nos aparecen”.

“En estos días nos empezó a aparecer gente que decía que fueron a pagar la patente y le aparece que tienen una multa aplicada por una cámara de tránsito, y nunca nos avisaron”, indicó.

Reflexionó que “si al conductor no se le notifica que se le aplica la multa, cómo hace para presentar los descargos por si se le aplicó mal o se le aplicó bien, como se hace con cualquier multa que la aplica directamente un inspector”.

“Empezamos a revisar y vimos que ahí ya había un acto fallido de administración del ex intendente De los Santos”, consolidó.

Insistió con que “el monto total no lo tenemos, pero lo vamos a tener en breve cuando la intendencia nos curse información, que no va a pasar de esta semana o la que viene; la situación es compleja porque es otro acto fallido que le va a terminar costando plata o por lo menos un buen susto a la Intendencia Departamental”.

TERRENO DESCONOCIDO
Varela afirmó que el multado está en terreno desconocido, porque pudo “pagar en su momento, o el que no pudo pagar porque no tuvo recursos, porque se encontró con la sorpresa, que tal vez le está generando multas o recargos, o vaya a saber qué”.

“Es una situación que se sometió de mala forma a los usuarios de vehículos de Maldonado y está comprometiendo a la actual administración porque esto es como la Caja de Pandora: se abrió y todos los días salta una sorpresa nueva de que hay que pagar por acá, hay que pagar pro allá, o actos fallidos”, acusó.

Escurrió que “este es uno que nos dimos cuenta ahora, vaya a saber de cuánto nos vamos a dar cuenta en el camino de malas actuaciones del gobierno del Frente Amplio”.

 

Fuente: FM Gente

Luis Lacalle Pou pide información a Industria sobre grupo inversor que quiere comprar Aratirí

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou remitió un pedido de informes a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, referido al interés del grupo inversor Aurum Ventures de comprarle a la minera Aratirí sus derechos para explotar cinco minas de hierro en el este del país.

El legislador pretende saber cómo se instrumentará la operación y si el nuevo grupo inversor subrogará a Aratirí.

Días pasados trascendió que el fondo de inversión de la India, Aurum Ventures, se mostró interesado en comprarle a Pramod Agarwal sus derechos para explotar cinco minas de hierro en el Este del país que forman parte del proyecto Aratirí.

También trascendió que la ministra Cosse habría mantenido una reunión con representantes del mencionado grupo inversor.

A raíz de ello, el senador Lacalle Pou cursó un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El legislador blanco interroga a la secretaria de Estado  sobre la “reunión” que habría mantenido con los representantes del nuevo grupo inversor.

Solicita adjuntar actas de la/s reunión/es. Además, informar cómo se instrumentará la operación.

También pide a las autoridades ministeriales “indicar si el nuevo grupo inversor subrogará al grupo Aratirí en las áreas seleccionadas u operará lo dispuesto en el artículo 24 literal c) de la Ley de minería de gran porte”.

Asimismo, Lacalle Pou pregunta por las condiciones en las que queda el nuevo grupo inversor con respecto a la autorización ambiental previa y demás autorizaciones requeridas.

“Indicar qué autorizaciones se deberán volver a tramitar”, pide se le conteste el parlamentario.

Resoluciones

De acuerdo a la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con fecha 4 de diciembre de 2013 y según lo establecido en el artículo 3º de la Ley N.º 19.126 de 11 de setiembre de 2013, el Poder Ejecutivo resolvió declarar como minería de gran porte al proyecto Valentines promovido por el conjunto económico Minera Aratirí.

La Ley establece un plazo de 360 días para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones particulares del contrato con la posibilidad -según lo dispuesto por la reciente modificación operada por la  ley 19.318 de 10 de febrero de 2015- de extender dicho plazo por 360 días adicionales.

La redacción anterior ponía como fecha límite para alcanzar un acuerdo febrero de 2015. Con la redacción actual el plazo se extiende hasta noviembre del corriente año.

 

Fuente: La Red 21

Gerardo Amarilla será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados

El legislador del sector blanco que encabeza Luis Lacalle Pou ha ejercido una férrea oposición a la agenda de derechos impulsada por la izquierda.

Para los legisladores de la oposición, presidir la Cámara de Representantes es uno de los premios más importantes durante la gestión en el Parlamento. Se trata de un lugar donde pueden exponer ciertas capacidades de gestión, además de lo que habitualmente hacen al legislar y controlar al gobierno. También implica una exposición mayor a la del resto de los legisladores. Normalmente entre los 99 diputados se destacan unos pocos, ya sea por los temas que eligen tratar o bien por la llegada que tienen con los medios de comunicación. Por eso son un puñado de diputados los que tienen voz a nivel público, además de su voto en el Parlamento.

Presidir la Cámara resulta entonces un logro casi definitivo en la carrera de un legislador. Sin ir más lejos, el senador y excandidato Luis Lacalle Pou pudo avanzar en su carrera política con la visibilidad que le dio haber presidido la Cámara en el año 2011, en una elección a la interna de la bancada que no estuvo exenta de polémicas.

Desde el 1° de marzo de 2016 esa distinción será para el diputado blanco de Rivera Gerardo Amarilla, que pertenece al sector Todos. Ese grupo, que lidera Lacalle Pou, tiene por distribución proporcional que designar al presidente de Cámara para el segundo año de gestión, ya que fue el sector más votado dentro del segundo lema con más legisladores en el Parlamento.

Según supo El Observador, la resolución será adoptada en los próximos días por la bancada de Todos, pero ya es un hecho que Amarilla será el elegido. Hasta hace pocos días corría con chance una terna de legisladores. Además del diputado de Rivera, estaban con posibilidad de llegar a ese sillón el diputado por Maldonado Nelson Rodríguez, y el de Canelones Amín Noffouri. Estos dos últimos se bajaron de la candidatura una vez que observaron la ventaja con la que contaba Amarilla, explicaron fuentes del Partido Nacional a El Observador.

En filas de Lacalle Pou hay otros legisladores con más trayectoria que Amarilla, como por ejemplo Gustavo Penadés, pero la lógica de elección en la bancada nacionalista indica que se debe dar oportunidad a legisladores que no pasaron por ese cargo. Penadés ya fue presidente de Cámara en el año 2001, con 35 años.

Amarilla ha pulido un perfil radical a la hora de defender sus ideas y principios. Fue uno de los que ha levantado la voz con más fuerza en contra de la denominada agenda de derechos votada durante los gobiernos del Frente Amplio. Ha sido uno de los más críticos de la ley que despenalizó el aborto, de la regulación de la venta de marihuana, y otras leyes como el matrimonio igualitario.

Amarilla es integrante de una iglesia evangélica, y otorga una importancia relevante a la religión en su tarea política. Durante la última campaña, incluso, en su departamento pedía el voto a los ciudadanos con la promesa de cumplir con la misión divina. El legislador es autor del libro “Parlamento y fe”.

Su relación con el líder blanco Lacalle Pou creció con el tiempo. Juntos, han trabajado su posición en contra a la minería de gran porte a cielo abierto. Intervinieron en la discusión por la instalación de Zamin Ferrous (Araitirí) en el interior del país, y por ese tema impulsaron interpelaciones en el Parlamento.

 

Fuente: El Observador

Jaime Trobo presentó una denuncia penal por “hechos con apariencia delictiva” en la Fuerza Aérea

El diputado del Partido Nacional Jaime Trobo presentó ayer una denuncia ante el juzgado penal de Crimen Organizado por “hechos de apariencia delictiva” en la Fuerza Aérea, tras la desaparición de materiales adquiridos para la renovación de las instalaciones del Aeropuerto de Santa Bernardina en Durazno.

La denuncia surge a partir del artículo publicado por Búsqueda el 23 de julio, que informó que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) evalúa pasar a la Justicia irregularidades relacionadas con el suministro de sistemas de iluminación y aproximación para el aeropuerto internacional de alternativa Santa Bernardina.

El legislador dijo a Búsqueda que presentó y ratificó la denuncia en la tarde de ayer, “con el fin de que se investiguen una serie de hechos que están ocurriendo en la Fuerza Aérea, que necesitan esclarecerse”. Trobo agregó que el Directorio del Partido Nacional está informado sobre la decisión.

El escrito hace referencia a la información presentada en el artículo de Búsqueda, “así como a la desaparición inexplicable de materiales por valor de U$S 300.000 de los depósitos de la Base Aérea Número 1, en el Aeropuerto de Carrasco”. La denuncia de Trobo deja constancia de la desaparición de “material de guerra sin que sus autoridades actuaran con el celo y la responsabilidad que supone la grave situación”. La denuncia recuerda que la información fue de conocimiento público por medio de la prensa.

“Cabe destacar que las autoridades ministeriales realizaron la denuncia policial que hoy se radica en la Sede a su cargo, seis meses después de ocurrido el grave hecho y recién cuando nosotros realizamos la denuncia pública. La conexidad aparente de los temas hacen necesaria la intervención de esta Sede”, argumenta el escrito. Dice que los mandos ministeriales han estado “omisos en su deber de denunciar a la Justicia en forma concomitante a la actuación administrativa de la Fuerza”. “¿Qué obscuros intereses existen detrás del ocultamiento de hechos tan graves?”, pregunta en el escrito.

En el articulo de Búsqueda, el director de la Dinacia, Antonio Alarcón, admitió las irregularidades detectadas en el proceso de suministro de equipos para el aeropuerto. Ante eso se inició una investigación administrativa para detectar las causas del faltante. Los jerarcas del organismo no atendieron las sugerencias del asesor jefe de Jurídica, Jaime Torrondell, quien tiempo atrás informó de la situación y aconsejó presentar el caso ante un juez.

La denuncia se presenta en el momento en que la Fuerza Aérea está siendo cuestionada por el manejo de armamento. El 27 de julio el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, fue interpelado en la Cámara de Representantes por la desaparición de municiones también en la base aérea de Santa Bernardina.

El encargado de interpelarlo fue Trobo, quien pidió que “el hilo no se corte por el lado más fino”, al referirse al procesamiento del jefe de la base, decretado por la Justicia Militar. “Son muchos tiros, da para un buen rato y para hacer mucho daño, porque eso perfora un chaleco antibalas y perfora una pared”, opinó.

La bancada mayoritaria del Frente Amplio respaldó a su ministro. Fernández Huidobro dijo en sala que el Ministerio está trabajando en la investigación administrativa, y el hecho, del que se dio cuenta a la Policía, fue catalogado como “grave”.

El subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, explicó en su momento que el faltante de municiones “es una cantidad muy importante, que ronda las 18.000 municiones” y reconoció que desconocían el hecho hasta que fue informado por los medios de comunicación.

A su vez, en la edición del lunes 17, el diario “El País” publicó sobre un pedido de informes del legislador para solicitar datos al Ministerio de Defensa sobre la presunta existencia de “cuentas ocultas y sin control en la Fuerza Aérea” que estarían “a disposición de la firma del comandante en jefe”, general Washington

 

Fuente: Búsqueda

Diputado Nelson Rodríguez le planteó al intendente Enrique Antía solicitar una entrevista con el Presidente de la República.

Nelson Rodríguez, Diputado del Partido Nacional (UNION Y CAMBIO – TODOS),  le planteó al Intendente Ing. Agr. Enrique Antía  analizar una agenda común, en conjunto con todos los legisladores de Maldonado, sobre la situación del Departamento, en temas como Vivienda, Salud, Seguridad, Trabajo, etc. y solicitar una reunión con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, a los efectos de ponerlo en conocimiento de los principales problemas del Departamento de Maldonado y poder trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para solucionar los mismos.

El planteo fue hecho por Nelson Rodríguez en el marco de la reunión convocada por el Intendente Enrique Antía con todos los legisladores del Departamento a efectos de analizar a situación de CEREMA.

Pablo Da Silveira: “Lo de nuestra educación no es un problema, es una tragedia”

El integrante del Centro de Estudios del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, analizó en El Espectador la situación actual en materia de educación en Uruguay. Sobre esto dijo que “es de las peores cosas que le han pasado al país en muchisimos años”.

“Es una tragedia para hoy y mañana, porque muchos estudios muestran en varias partes del mundo que el funcionamiento del sistema educativo es un buen pronosticador del funcionmamiento de la sociedad a 15 o 20 años. Si seguimos teniendo mala calidad, vamos a tener una sociedad excluyente, con dificultades para asegurarse su propio sustento productivo”, opinó Da Silveira en diálogo con Daniel Castro.

Fuente: Radio El Espectador 

Foto: Javier Calvelo

Con el apoyo unánime.

Hace pocos días el Parlamento aprobó la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2014. Desde el Frente Amplio se hizo una entusiasta defensa de la gestión. Se exaltaron las virtudes de un gobierno que habría logrado importantes avances en el desarrollo social y en el fortalecimiento de la economía. No terminamos de sorprendernos ante los elogios que merecieron los logros macroeconómicos de la administración Mujica; palabras que en otro tiempo hubieran merecido la general repulsa de ese mismo Frente Amplio, Todos los especialistas son contestes en afirmar que el último quinquenio – al igual que el anterior­ presentó condiciones extraordinarias. La inversión extranjera alcanzó volúmenes muy importantes, las exportaciones crecieron en volumen y valor y las tasas de interés internacional fueron bajas. Uruguay tuvo la suerte de seguir creciendo, determinando que los niveles de ocupación se mantuvieran altos y que los ingresos, en líneas generales, mejoraran.

Con ese panorama, hubiera sido esperable que el gobierno pisara el acelerador para cumplir, por lo menos, con algún punto del programa anunciado por el Presidente en su discurso de asunción. Mirando el futuro en perspectiva, era un momento fundamental para aprovechar la coyuntura y ambientar el crecimiento de los próximos años. Sin embargo, cuando vamos a las realizaciones nos encontramos con que nada cambió sustancialmente. Si nos detenemos a contemplar el Estado podremos advertir que todo sigue más o menos igual. La administración central, con algún retoque, sigue siendo la misma, aunque con más funcionarios. Los entes autónomos y servicios descentralizados presentaron gestiones diferentes, siendo ANCAP y ANTEL casos paradigmáticos en una escalada de inversiones y gastos cuya necesidad y características son hoy objeto de cuestionamiento e investigación. Se consolidó el “Estado paralelo” con decenas de organismos y sociedades cuya gestión escapa al conocimiento y control parlamentario y ciudadano.

En la educación pública tampoco hubo nada diferente. Se estuvo muy lejos del cumplir los objetivos y metas anunciados, producto de la incapacidad y del conflicto de intereses que en ella tiene lugar. La novedad quizás pueda ser la UTEC, aunque también en esto fracasó el Presidente Mujica. Su buena idea de que la universidad tecnológica naciera a partir de la UTU, desgajándola de la ANEP, fue trancada por el Frente Amplio e instituciones afines. La centralizadora estructura organizativa de Educación se mantiene incambiada, siendo incapaz de solucionar sus problemas de administración al extremo de necesitar a la Corporación para el Desarrollo para gestionar sus inversiones en infraestructura.

La gestión del MTOP fue tan peculiar que, por primera vez, no se le presentó al Parlamento un plan de obras quinquenal. El déficit en vialidad es notorio en todo el país.

El ferrocarril, cuya resurrección fue anunciada varias veces tampoco llegó a nada, salvo la reparación –con dificultades­ de algunos tramos de vías. De PLUNA está todo dicho. Los acuerdos de participación público privado para obras de infraestructura no funcionaron, salvo en el caso del proyecto del Ministerio del Interior para la construcción de una cárcel (procedimiento en el que el Partido Nacional insistió durante muchos años). El puerto de aguas profundas se llevó recursos y tiempo, mientras que el mantenimiento del canal Martín García aguarda soluciones permanentes.

La vivienda, factor fundamental de inclusión, no logró llegar a los sectores de bajos ingresos en la cantidad necesaria, y el Plan Juntos, también fracasó. En materia de seguridad pública no hay mucho que agregar a lo que todos conocemos. Quizás, el elemento más destacable es que se consolida la sensación de que no existe lugar del país que esté a salvo de la delincuencia, siendo la inseguridad en el medio rural tan preocupante como puede serlo en el medio urbano.

Estas son, en apretada síntesis, algunas consideraciones sobre la gestión del Presidente José Mujica. Dicho esto también corresponde señalar que Mujica no gobernó en solitario, sino que lo hizo con el unánime respaldo de todos los senadores y diputados del Frente Amplio, en todo momento fervientes y solidarios defensores de la gestión del presidente y de sus ministros.

 

Gustavo Penadés.

Proyecto para sancionar el maltrato a animales.

Los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Gastón Cossia presentaron un proyecto de ley a fin de establecer sanciones penales para hacer efectiva la protección de animales domésticos ante el aumento de casos de maltrato y agresión.

Los legisladores pretenden incluir en el nuevo Código Penal un capítulo sobre esta materia, bajo el enunciado: “De las Faltas contra los animales”.

Entienden que la Ley de Bienestar Animal, vigente desde 2009, “presenta debilidades y fallas que requieren normas penales que den mayores garantías para su efectiva aplicación”.

El proyecto consta de tres artículos y prevé una sanción de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario al que maltrate “a un animal de compañía o equino de trabajo urbano y o deporte ocasionándole un daño grave a su integridad física”.

La pena sería de 20 a 90 días de trabajo comunitario “al que diere muerte con graves sevicias a un animal doméstico”.

También se contempla, en el artículo 3°, la adopción de medidas socio educativas en caso que la autoridad judicial confirme que el infractor haya participado previamente en otras situaciones de maltrato animal o de violencia doméstica.

Ley penal no prevé penas

Una reciente denuncia de maltrato animal, en Sarandí del Yi (Durazno), obligó a operadores judiciales a explicar públicamente que la ley no establece sanciones penales para este tipo de conductas. Una mujer conducía un ciclomotor llevando a un menor, mientras arrastraba a un perro sujeto con una cuerda. El animal fue abandonado con lesiones de entidad. La mujer no fue sancionada.
Fuente: El País

“ASSE admitió golpizas en colonias”

El Partido Nacional podría resolver en las próximas horas medidas políticas ante la situación de crisis en las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, anunció la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, Gloria Rodríguez.

La comisión recibió ayer a la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, para hablar sobre la situación de ambos establecimientos. Según Rodríguez, “primero la presidenta describió la vida en las colonias como un modelo cinco estrellas”, pero luego “admitió golpizas de funcionarios a pacientes y la muerte de otro paciente por mordeduras de perro”.

Tras una visita que hizo en estos días a las colonias, la diputada nacionalista Rodríguez reiteró la necesidad de que “haya una intervención de las colonias psiquiátricas”. “Ha habido traslado de internos judiciales a otro pabellón, pero en ese pabellón falta el cerco perimetral, no hay guardia y allí están los judiciales que son homicidas”.

Además sostuvo que fue al pabellón 9 y detectó que “que está en condiciones infrahumanas”.

“La vida de los pacientes corre peligro, aunque ASSE habla de muertes naturales”, dijo Rodríguez.

Para la legisladora “no se da cumplimiento a la Constitución. Los derechos de los pacientes fueron vulnerados por ASSE que no da respuestas”, dijo.

Fuente: El País