Donaciones Especiales.

El 26 de noviembre de 2013 el Presidente José Mujica firmó el decreto por el cual se elevó el monto total permitido para las donaciones especiales. Es de justicia recordar que fue el Dr. Ignacio de Posadas quien planteó la idea al Presidente, y también quien persistió hasta la aprobación del decreto. De Posadas había presentado la iniciativa en un evento en el que Mujica expresó que tenía las manos atadas en el tema de la educación y que ningún cambio era posible dado el intrincado nudo de intereses políticos y sindicales existente. También es oportuno recordar que el marco legal habilitante de las donaciones especiales fue sancionado en el marco de la reforma tributaria de 2006. Traigo estas referencias a colación ya que en estos días reaparecieron los cuestionamientos al régimen de donaciones especiales por parte de una legisladora integrante del MPP, sumándose así a las críticas de otros sectores políticos y gremiales. Entre los beneficiados del año pasado están los institutos Jubilar, Impulso, Providencia y Francisco. Pero también encontramos otras instituciones muy importantes como Aldeas Infantiles y las fundaciones Teletón y Peluffo Giguens.

Seguramente, muchas personas suponen que son exclusivamente las instituciones privadas quienes pueden recibir donaciones especiales, pero eso no es así, ya que la ley autoriza también a los organismos públicos a ser beneficiarios. Es de ese modo, entonces, que el año pasado la ANEP recibió aportes por más de ocho millones y medio de pesos y la UDELAR (oficinas centrales) por casi dos. A su vez, varias de sus facultades fueron beneficiadas con contribuciones, y también lo fueron algunas fundaciones dependientes de las mismas, como las fundaciones Manuel Pérez y Julio Ricaldoni. Fueron también beneficiados el INAU, el Instituto Clemente Estable y el Plan Juntos. Las empresas donantes abarcan una gran variedad de rubros, y el origen de sus capitales es tanto nacional como multinacional. El sistema de donaciones especiales se constituye en un elemento fundamental para el financiamiento de las instituciones de servicio a la comunidad. Estas llevan adelante  tareas que benefician a la sociedad (en algún caso casi en exclusiva, como la Fundación Teletón) y complementan la acción de los organismos estatales. En muchos casos – como el de los institutos educativos mencionados ­ generalmente obtienen resultados mejores que los de sus pares estatales. Los detractores del sistema aducen que el Estado realiza una renuncia fiscal que lo priva de recursos y que éste es más justo y sabio a la hora de canalizar los recursos públicos. Sin embargo, a la luz de la recaudación estatal los montos en cuestión son verdaderamente insignificantes y los resultados obtenidos muy buenos. La injusticia del tema radica en que los beneficios fiscales no alcanzan a la gran cantidad de personas, instituciones y empresas que diariamente contribuyen a las actividades de escuelas, liceos, hogares de ancianos, etcétera; siendo llamativo que institutos estatales con presupuestos en constante crecimiento deban recurrir al aporte de la comunidad para atender necesidades de funcionamiento. Las donaciones son parte fundamental del financiamiento de las instituciones de bien público, y responden, básicamente, al deseo de las personas de aportar al bienestar de sus semejantes. En el caso de las donaciones especiales lo que se hace es estimular ese comportamiento. Es un régimen que ha demostrado su utilidad y transparencia y que debe ser defendido y promovido.

Gustavo Penadés

Ladrones, traidores y aprovechadores.

El Sub Secretario de Defensa Nacional Dr. Menéndez, que ha hecho cuerpo con el Comandante de la Fuerza Aérea Gral Martinez, para defender la mutua incapacidad en conducir un Ministerio y una Fuerza, aprovecha un momento de réplica del triste papel que presentó el lunes en la Interpelación por la desaparición de nada más ni nada menos que 20.000 municiones, y califica a los que lo dejaron desnudo.

Ladrones les dice a los que robaron las municiones y tiene razón, son ladrones, corruptos y mafiosos que tiene bajo su mando y que sus servicios de inteligencia y los conducidos por el General del Aire no pudieron identificar a tiempo. Y durmieron durante seis meses sin enterarse de lo que pasaba en sus dependencias sin que nadie lo advirtiera. Prueba consistente de incapacidad y falta de vigor para mandar.

Traidores, dice de quienes, porque internamente sabían que si esto no lo denunciaban afuera lo iban a tapar, como lo taparon durante seis meses,  cuando lo que hicieron fue recurrir como corresponde a un parlamentario y hacerle saber la grave situación que se escondía vaya a saber hasta cuándo. Cuando el mando tiene que acusar de traición deliberadamente a sus funcionarios acosándolos y sometiéndolos al miedo de la venganza, ha dejado de ser mando, es solo cargo, oropel y fracaso.

Aprovechadores, a los que cumplimos con nuestro deber de mostrar la frivolidad e irresponsabilidad del mando Ministerial y Militar, que debe reconocer que descubrimos una maniobra de la que estaban informados y tenían bien tapada, porque yo no puedo, nadie puede creer que en un lugar tan limitado como una ciudad del interior un hecho tan flagrante y vergonzoso pudiera mantenerse tapado.

Es una vergüenza, que elijan el camino del ataque al mensajero y no el de la dignidad y la renuncia ante el evento, grave, muy grave, sobre el que no tienen explicación alguna. Ahora resulta que aparecieron 600 casquillos en un contenedor. Y ? Que quieren demostrar con ello, que en vez de 20000 son 19400. En realidad son como las 18000 y no 20000 dato con el que Menéndez quiso minimizar el hecho al otro día de la denuncia.

Si hubiera un poco de dignidad, responsabilidad y desapego a los honores y choferes, ya estarían en sus casas.

 

Jaime M. Trobo

Comenzó a trabajar la mesa nacional del sector TODOS Hacia Adelante

Este lunes 3 de agosto comenzó a trabajar la mesa nacional del sector TODOS Hacia Adelante, electa el pasado 26 de julio en el encuentro nacional del sector en la ciudad de Trinidad. La misma está compuesta por 7 miembros, presidida por el intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso y el secretario general: Mario Silvera.

Durante la reunión, que  contó con la presencia del senador y líder del sector Luis Lacalle Pou,  se plantearon varias de las inquietudes recibidas en el Encuentro EntreTODOS, además de fijar los próximos pasos que realizarán las nuevas autoridades del sector.

 

 

 

 

Lacalle Pou: “la fiesta del gobierno la paga la gente”

“No dijo la verdad, Astori. Que el gurú del FA explique por qué no se guardó después de 10 años”, insistió Luis Lacalle Pou, que aseguró que “la fiesta del gobierno la paga la gente”.

El senador Luis Lacalle Pou ya había afirmado que el ministro de Economía, Danilo Astori, “no fue honesto intelectualmente en la campaña presidencial”, en referencia a que no se mencionó el estado de las finanzas del país por miedo a que tuviera repercusiones en la campaña.

Astori replicó a estas palabras la semana pasada, asegurando que no intercambiaría epítetos pero que en la campaña siempre habló de déficit, prudencia fiscal y cautela.

Hoy, Lacalle Pou volvió a insistir con este tema en diálogo con Informativo Sarandí. “No dijo la verdad, Astori”, respondió cuando se le explicó que el ministro había rechazado las acusaciones. “Menospreció nuestros argumentos, tapó el sol con un dedo. Lo que se venía haciendo sabíamos que iba a llevar a esto”, dijo Lacalle, que acotó que “no cabe la menor duda” que se cambió el discurso a raíz del proceso electoral.

El senador nacionalista opinó que “hay una falta de respeto al erario público, al bolsillo de la gente”, y remató: “la fiesta del gobierno la paga la gente”.

“Después de 10 años de bonanza no se guardó. El gurú del FA, Astori, ¿por qué no explica el gasto a diestra y siniestra, lo que pasó con Pluna, que está su firma en todos lados? El FA fue irresponsable en los negocios: Ancap, Pluna, la regasificadora”, enumeró.

También se refirió específicamente a la comisión investigadora por Ancap, que según Lucía Topolansky se otorgó para que la oposición “se deje de joder”.

“Esa señora está enojada por varios temas, pero a mí no me compete. Coherencia: el FA dio históricamente manija con todo. La senadora Topolansky y la mayoría del FA fue siempre ‘cuanto peor, mejor’. Apenas ingresaron al gobierno, propusieron comisiones investigadoras de todos los entes. Sumemos todas las comisiones que han propuesto. ¿Qué hacía el PN ante esas comisiones? Las votaba. Cuando el tema tocaba al FA, nunca se votó,. Esta vez lo hicieron porque rompía los ojos que después de 10 años de bonanza hayan vaciado la empresa”, remarcó Lacalle Pou, que sin embargo aclaró que no adjudica intenciones “hasta no tener elementos”.

“Lo que es claro es que la empresa más grande del país, después de 10 años de bonanza, disminuyó su patrimonio y da déficit todos los años. Que hay negocios inconvenientes no me cabe la menor duda, que hay visos de irregularidades por todos lados no me cabe la menor duda”, comentó.

 

Fuente: Montevideo Portal.

Martín Lema: “MSP niega medicamentos oncológicos y hace excepciones”

El diputado nacionalista Martín Lema afirmó que, si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) niega medicamentos oncológicos debido a su elevado costo, hace excepciones con afines al Frente Amplio

En una publicación de Twitter, Lema afirmó que el MSP hace excepciones “con afines al Frente Amplio”, basado en un artículo de Búsqueda.

El legislador dijo a El Telescopio que hay un doble discurso del MSP porque hace una excepción. “No estamos diciendo que se le deje de dar al que se le dio, pero sí que se le dé a las personas a las cueles se les ha negado el acceso a esa medicación” señaló, al tiempo que reclamó que las autoridades actúen con “igualdad y justicia”.

Tiempo atrás, el diputado manifestó su iniciativa de llevar adelante una recolección de firmas para derogar la ordenanza del Ministerio que prohíbe entregar este tipo de medicamentos a los usuarios.

Esto generó la respuesta del Ministro, Jorge Basso, quien dijo que por una pequeña suma de dinero al mes todos los usuarios del sistema de salud podían tener acceso a todos los medicamentos que necesitaran.

Debido a esto, Lema citó al Parlamento a Basso, para que diera explicaciones sobre la situación.

 

Fuente: El Telescopio

La diputada nacionalista Gloria Rodríguez realizó un pedido de informe al MIDES por la ”muy grave” situación que se vive en el INAU

El mal del mañana

La diputada nacionalista Gloria Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, realizó un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Social por la situación en el INAU: “Hay muchas irregularidades y no está funcionando nada bien”, estimó Rodríguez en diálogo con Montevideo Portal.

Según explica la legisladora, la comisión viene trabajando hace tiempo sobre las situaciones de irregularidad en el INAU, pero luego de recibir el informe de la Institución de Derechos Humanos, que “corrobora lo que se venía creyendo”, según consideró Rodríguez, y tras no recibir respuestas directas de las autoridades, se decidió realizar este pedido de informe.

Además, este se ve motivado por “los hechos de denuncias de violaciones y otras irregularidades que han sucedido en diferentes hogares bajo la dirección del INAU”, subrayó. El informe pretende obtener información acerca de “qué medidas se han tomado frente a hechos que muchos salen a la opinión pública y otros que hay denuncias” pero que, según dijo Rodríguez, no son de público conocimiento porque “no les parece adecuado”.

“Esperamos una información a breve plazo, de compromiso”, explicó Rodríguez a Montevideo Portal, y agregó que le “preocupa enormemente el tema de las violaciones” en los centros de cuidados abocados a los menores.

Rodríguez retomó dos casos de público conocimiento, que generaron un amplio revuelo en las últimas semanas. Por un lado “El tema del chico de la ciudad de Melo, del hogar de varones, que sufría acoso sexual y que tenía salidas autorizas y no autorizas y se prostituía”, según explicó. Y, por otro lado, “El caso del chico violado en el Hogar Amanecer, de Maldonado, donde hay una denuncia”.

“Son cosas muy delicadas, estamos hablando de menores, y no podemos mirar para el costado”, sentenció la legisladora, y opinó que “Las autoridades que están al frente son quienes tienen que decir qué es lo que está sucediendo y qué medidas han tomado en los casos que se tuvo conocimiento y en los que las propias autoridades afirman que ‘presuntamente’ se habrían dado”.

En este sentido, consideró que “cuando hay presunciones, lo primero que debe hacerse es investigar”. Según dijo, la situación actual expone una “falta de certezas”: “Lo que supuestamente hay una falta de certeza es en el caso del chico de Melo, que se estaba prostituyendo, pero la presidenta del INAU dice que ‘presuntamente’ hace varios años se prostituye”, dijo la nacionalista, y considero de “muy grave” la situación actual.

Sirios e irregularidades

La legisladora tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario de Derechos Humanos de Presidencia y aprovechó el encuentro para consultarle si estaba enterado de la “llegada de sirios de forma irregular y del caso del chico con su papá que entraron por Brasil”.

Esta situación se dio hace un par de semanas, y concluyó, en primera instancia, con el padre recluido en instalaciones del Comcar y con el niño internado en un centro del INAU. Días después, ambos volvieron a estar juntos.

Sin embargo, Rodríguez encuentra confusa esta situación. “Un chico que está en un país extranjero, con una lengua diferente, separado de sus afectos, es una situación grave”, explicó la legisladora, y agregó: “Ese chico, ¿en qué situación está? ¿Qué contención ha tenido? ¿Qué le sucedió, en hogares que están viviendo una situación de irregularidades, que no hay una buena atención?”.

“Es otra falta que considero se suma a la serie de irregularidades que se vienen dando en el INAU”, sentenció la legisladora nacionalista.

No obstante, estimó que aunque la llegada de refugiados sirios fue una decisión del Gobierno de Mujica, “Ahora nosotros debemos cumplir con esa obligación, con ese compromiso asumido”.

“Más allá de que es una responsabilidad del Frente Amplio, es el país quien tiene que cumplir”, concluyó Rodríguez.

Fuente: Montevideo Portal

El honor olvidado

La interpelación que el diputado Trobo le hizo al ministro de Defensa sobre la desaparición de miles de proyectiles en Durazno dejó claro que ese episodio se intentó ocultar deliberadamente a la ciudadanía y a sus representantes.

No hay forma de creerse la fábula montada que argumenta que durante más de seis meses eso lo sabía un pequeño círculo que se lo escondió al comando de la Fuerza Aérea y al ministro de Defensa Nacional y su subsecretario, que además vive en Durazno, donde “todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él”. Muchísimos lograron lo que suele ser imposible entre pocos: esconder el hecho. Dicen que secreto entre dos no es secreto, aquí si le creemos a la versión oficial se logró mantener el secreto entre muchos. Imposible. Lo sabían arriba y lo escondieron.

Este robo grave alcanzaría para que instantáneamente el comandante de la Fuerza Aérea y el ministro renunciaran. Cuando había honor sucedía. El primero por ser el responsable directo de la Fuerza, por aquello que en otros tiempos era un principio militar cardinal: se delega el mando pero nunca la responsabilidad. No lo hizo. Y en el caso del ministro por ser el responsable político y ejercer el mando superior, junto al presidente, de una Fuerza que no es autónoma sino sujeta al poder político.

Fernández Huidobro le pidió la renuncia en una interpelación al fallecido Luis Brezzo cuando era ministro de Defensa en 2001, por un robo bastante menor en el arsenal de la Armada. Ahora se refugió en una actitud cobarde que no asume su responsabilidad. Fue “valiente” para pedirle a otro que haga lo que él huye de hacer. La historia de Huidobro vuelve a repetirse, (aquella historia).

Y si el ministro no sabía porque le escondieron la infor- mación es peor y entonces se debería ir por inepto, por no tener mando y porque se entera por la prensa de lo que pasa en su cartera. Pero no es el caso, los servicios de inteligencia lo alertaron. ¿Por qué lo digo? Porque saben hacer su trabajo. La información se ocultó por ra-zones políticas, no hay posibi-lidad alguna que algo que sabían varios oficiales y subalternos no hubiera llegado a oídos del comando del arma y del ministro.

Algunos servicios de inteligencia le informaron en los últimos días a Fernández Huidobro que Amodio Pérez iba a venir a Uruguay a presentar un libro. Mire usted, ¿son inteligentes para saber que el escondido exguerrillero viene del exterior y no saben que se robaron miles y miles de balas a 190 kilómetros de Montevideo? Hacen inteligencia política para el ministro, pero se comen el gravísimo robo en Durazno. No, esa no corre.

Por muchas razones desde hace mucho tiempo este ministro no solo no nos da garantías a los blancos, tampoco se las da a la democracia uruguaya. A ningún partido, al Frente Amplio tampoco. Pero peor es que algunos militares en este hecho confundieron su lealtad. No es a un partido político en el gobierno al que se la deben o a un ministro, sino a la Constitución de la República, fue a eso que se juramentaron. Cuando no lo hacen nos fallan a todos y primero a su honor. Como pasó la tarde de la interpelación con algún alto oficial que estaba mezclado entre legisladores frentistas, en su bancada, agradeciendo sumisamente que lo hubieran defendido en algo tan deshonroso como es no hacerse cargo de su responsabilidad cuando le roban las armas que los uruguayos y la Constitución les dieron para cuidar.

Una deshonra.

 

Javier García

Álvaro Delgado: En Ancap “se le fue perdiendo el respeto a la plata ajena”

El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se mostró satisfecho con la decisión del Frente Amplio de habilitar una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap. En diálogo con En Perspectiva, dijo que el objetivo será generar un mecanismo de control sobre la empresa durante los 10 años de gobierno del FA, en donde la coalición de izquierda tuvo mayoría propia. La investigadora, según lo decidió la bancada oficialista, abarcará el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). En esta decisión, Delgado advierte una “estrategia” de extender el proceso para que haya menos tiempo para investigar las dos administraciones frentistas.

 

Entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN).

EN PERSPECTIVA
Jueves 30.07.2015, hora 8.15

EMILIANO COTELO (EC) —Ayer el Partido Nacional (PN) se anotó una victoria poco usual en el Parlamento, porque la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) dio el sí para la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap, algo que había sido solicitado por el senador blanco Álvaro Delgado.

El anuncio es toda una novedad, ya que desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, en 2005, recibió 19 pedidos de investigación y aprobó sólo 5.

Recién escuchábamos los fundamentos para este paso que dio el FA con el senador Marcos Otheguy, de Compromiso Frenteamplista.

Vamos a ver cómo se analiza la novedad en el PN con el senador Álvaro Delgado, impulsor de la comisión.

¿Qué balance hizo ayer cuando se enteró de la resolución del FA?

ÁLVARO DELGADO (AD) —Positivo, me parece que es una noticia positiva. Es un paso adelante para el Parlamento en retomar el control administrativo sobre el Estado, sobre las empresas públicas, sobre las posibilidades de la oposición más allá de las mayorías. Porque hasta ahora todos los caminos parlamentarios, en función de la mayoría del gobierno, habían terminado en vía muerta, ni interpelaciones ni ningún tipo de convocatoria prosperaban. Es un paso para la transparencia, para la democracia. Me parece que es un tema positivo en cualquiera de los escenarios. Creo que le hace bien a Ancap, le hace bien al propio gobierno y obviamente al Parlamento.

EC —De todos modos, el FA acepta con condiciones, modificando el pedido que usted había formulado: en vez de que se investigue la gestión de Ancap desde que el FA llegó al gobierno, o sea desde el año 2005, el oficialismo pide que se vaya más atrás, que se incluya también el gobierno anterior, el gobierno de Jorge Batlle, y además que se agregue lo que está ocurriendo este año con la gestión de Ancap, que se incorpore también el 2015. ¿Cómo ve esos dos cambios?

AD —Si esa es la condición para abrir una línea de investigación y de control parlamentario, me parece positivo. Creo que en algunos casos son sobreabundantes. Obviamente, acá hay una estrategia política de tratar de licuar la denuncia y el pedido que hemos hecho, es echarle bastante agua a la leche incluir del 2000 al 2005.

EC —¿Por qué “licuar”?

AD —Porque ya fueron investigados durante tres años y medio, casi cuatro años, entes autónomos, entre ellos Ancap, en una comisión investigadora, la única que el FA votó en estos 10 años, que fue en el 2005. Nosotros la integramos, me acuerdo. El título era “Sobre la legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos efectuados por entes autónomos –y ponía algunos entes, entre ellos Ancap– del 2000 al 2005”. Fue la que propuso el FA en el año 2005, apenas entró al gobierno, y duró, por sucesivas prórrogas que el FA impulsó para su consideración y para su trabajo, hasta fines del 2008, principios del 2009. El PN votó esa investigadora, como votó la que el FA propuso en el 2002 sobre la conveniencia o la gestión de Ancap en Argentina. Y votó todas las comisiones investigadoras que impulsó el propio PN en estos 10 años, de las que el Frente no votó ninguna, ni la de Pluna ni la de ASSE ni las 10 que se propusieron, el Frente se negó a investigarse a sí mismo. En ese sentido el cambio de criterio del FA me parece positivo.

EC —Pero yo lo consultaba sobre por qué llegar también al gobierno Batlle implicaba licuar. Se lo preguntaba porque el senador Otheguy señalaba recién en su fundamentación que el FA entiende que para poder evaluar lo que ocurrió desde el 2005 en adelante es importante tener la línea de referencia, tener bien entendido cómo recibió en particular a Ancap la izquierda cuando llegó al gobierno, qué había pasado inmediatamente antes. ¿Qué dice de eso?

AD —Justamente, fue lo que se estuvo investigando en la comisión investigadora anterior, que duró casi cuatro años. Obviamente vamos a pedir los antecedentes en Diputados. Ya fue investigado de sobra, si es sobreabundar sobre eso no tenemos inconveniente. El objetivo es generar todo un desarrollo del control en estos 10 años de gobierno del FA, en que se da la particularidad de que es la primera vez que hay un gobierno con mayoría propia de un solo partido. En el primer período de gobierno del FA, mayoría propia sin control de la oposición en los entes, y en el segundo gobierno del FA, mayoría propia con representantes de la oposición en los entes, que dejaron constancia de muchas de las cosas que planteamos en nuestro documento. Así que nos parece positivo. Obviamente hay una estrategia de extender el proceso para tratar de que el tiempo sea más limitado en lo que tiene que ver con el desarrollo del control y la investigación en el período por lo menos que nosotros presentamos, que es del 2005 al 2014.

EC —¿Y la incorporación del 2015 también?

AD —Tampoco tenemos ningún inconveniente. Hay que ver cómo se estipula después el tema del plazo, hasta qué fecha, pero ningún inconveniente. Le cuento una anécdota: recuerdo patente que cuando el FA en el 2005, apenas asumió, propuso la comisión investigadora sobre la oportunidad y conveniencia de gastos de entes autónomos, que incluía a Ancap –eso fue sobre mediados de año, por ahí–, el PN dijo: “Perfecto, nosotros la vamos a acompañar como siempre, pero vamos a incluir también el período de gobierno por lo menos hasta la creación de la comisión investigadora”, medio año del gobierno en curso de Tabaré Vázquez. Y el Frente se negó, diciendo que era sobre el gobierno anterior. Obviamente hay un cambio de criterio, pero el objetivo es lo más importante, que es tratar de hurgar en algunas decisiones, algunas situaciones que son irregulares o que son inconvenientes de la gestión de Ancap del 2005 al 2014.

EC —Entre las condiciones que ha puesto el FA está también el plazo, que la comisión liquide su tarea en este año 2015.

AD —Obviamente hay un tema de picardía política. Si algo hemos tratado en el Parlamento es de ser serios, la denuncia que presentamos ha sido seria y fundada. Es más, la ley que establece las condiciones para habilitar las comisiones investigadoras pone dos condiciones (artículo 6 de la ley 16698): que los asuntos a investigar se hayan denunciado con fundamento, y la existencia de irregularidades o ilicitudes. El FA vota una comisión investigadora dentro de estos parámetros.

EC —Yo le preguntaba por el plazo.

AD —Al ampliar el período [investigado] a 15 años, el plazo parece exiguo. Creo que acá está la picardía política de decir “tenemos que trabajar mucho”. Y me parece muy bien, aunque el plazo sea muy exiguo no tenemos inconvenientes, el objetivo lo amerita. Recordemos que en la otra, cuando el FA asumió el gobierno, la comisión duró tres años y medio, casi cuatro. Nuestra idea no es generar una cosa in eternum, es tratar de echar luz sobre algunos temas. El plazo después lo veremos.

EC —No lo veo muy convencido de que el plazo dé, de que efectivamente se vaya a terminar el trabajo en este año…

AD —Parece poco. Habrá que trabajar más, y no tenemos ningún inconveniente, lo tomamos como un avance. Yo no quiero hacer de esto una cosa negativa y decir “bueno sí, pero no”. No. Hubo un cambio de criterio y me parece positivo para todos, fundamentalmente para la democracia.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Queda claro que lo que motivó la aprobación de la comisión investigadora por el FA es bien distinto de lo que motiva al PN. Si uno repasa las declaraciones del senador Agazzi, por ejemplo, e incluso lo que Otheguy nos decía más temprano, en el FA señalan que, luego de analizar las denuncias y revisar toda la documentación, se concluyó que no hay irregularidades ni nada ilícito. Dicen que el tema está en la agenda, que se ha discutido demasiado públicamente sobre la situación de Ancap, que por eso que entienden que hay que mostrar los números, y destacan eso, que no hay irregularidades ni ilicitudes. Usted dice todo lo contrario.

AD —Yo presenté en la comisión preinvestigadora un documento con 12 capítulos y 16 anexos, en el que se presentan situaciones que a nuestro juicio son irregulares y situaciones que a nuestro juicio son inconvenientes. Si hay ilicitudes no lo puedo determinar, a priori fui muy cuidadoso y muy respetuoso al respecto…

RA —¿Cuáles son las irregularidades que usted plantea?

AD —… pero, y es importante decirlo, la condición que pone la ley para habilitar una comisión investigadora es que las denuncias sean fundadas y que se detecten irregularidades o ilicitudes. Son las condiciones que pone la ley, no las invento yo. El PN fundamentó su propuesta de comisión investigadora sobre la base de la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras. Si el FA dice que en realidad no tomó eso, tomó el tema público, también en eso hay un cambio de criterio, que me parece positivo.

Por ejemplo en el tema Pluna había obviamente un tema de manejo público, casi de alarma pública por la situación, se intentó votar una comisión investigadora y el Frente, a pesar de la situación pública, votó en contra, con el desarrollo que tuvo ese proceso. Con el tema de ASSE pasó lo mismo, era un tema muy público, muy notorio, muy discutido, y sin embargo el FA la votó en contra de la comisión investigadora que propuso el PN. Acá también hay un cambio de criterio, que también valoramos positivamente.

RA —¿Podemos repasar esos argumentos que usted señala que quedan en evidencia en el documento que entregó a la comisión preinvestigadora, en el que se señalan estas posibles irregularidades e inconveniencias?

AD —Hay situaciones muy grandes y después hay ejemplos concretos de manejo en este caso de dinero que entendemos que son inconvenientes, no necesariamente irregulares, pero demuestran que hay que cuidar todas las cosas.

Desde la presentación tardía permanente de todos los balances que Ancap ha hecho, contraviniendo normas establecidas, entre otros por el Tribunal de Cuentas.

La política financiera y los efectos de la política financiera. Para ponernos en caja en lo que es la situación hoy: Ancap perdió en los últimos dos años US$ 500 millones, en los últimos cuatro US$ 600, de los cuales US$ 500 millones los pierde en los últimos dos años. Hace cuatro años que da déficit, estos niveles de déficit. Hoy el endeudamiento es el 75 % del patrimonio de Ancap. Estamos hablando de una empresa monopólica, con precios administrados, que además se regulan en muchos casos con las tarifas, basta ver los aumentos de combustibles que hemos tenido, porque siempre los termina pagando el usuario, el que pone combustible del surtidor. A esos niveles llegamos.

Además la mayor parte del endeudamiento, más de la mitad, es a corto plazo y en dólares, con una exposición al riesgo del tipo de cambio y contra todas las advertencias de los servicios, de las auditorías. Contraviniendo también la política general del Ministerio de Economía de reperfilar la deuda de Uruguay a largo plazo y tratar de desdolarizarla.

Tenemos que ver algunos elementos de lo que tiene que ver con la gestión y con los gastos de Ancap.

RA —¿A qué se refiere?

AD —Antes del 2005 Ancap estaba gastando US$ 1 millón y poquito en publicidad, y recuerdo que el diputado Mahía, del FA, cuando propuso la investigadora en el 2005 dijo: “Hay que investigar esto, no puede ser que Ancap, una empresa monopólica, gaste en publicidad. ¿Es necesario?”. Ancap terminó gastando en 2013-2014 US$ 10.700 millones en publicidad.

Creó una planta de cal en el departamento de Treinta y Tres a través de una subsidiaria, que es Cementos del Plata, sin la habilitación para hacerla, porque Cementos del Plata no tenía la competencia, se la dieron después. Se hizo con el objetivo de concretar un negocio con Brasil. Además esa cal fue devuelta por mala calidad y por problemas de cantidad, y estamos pagando una multa de US$ 7 millones.

Tenemos gastos de publicidad, de donaciones, de un stand en una feria en Paraguay que gastó casi US$ 300.000.

Son algunos de los ejemplos para decir que hay plata grande pero también plata chica en la factura general de Ancap. Estamos hablando de una empresa que tiene ingresos brutos cercanos a los US$ 4.000 millones. Capaz que decir US$ 300.000 en una feria en Paraguay es muy poca plata, pero ¿es necesario? Ese es el tema, se le fue perdiendo el respeto –a mi juicio– a la plata, sobre todo cuando estamos manejando plata ajena.

Incorporamos el tema de Pluna, hay un tema de incobrable de Pluna. Recordemos que contraviniendo todo el protocolo interno, según el cual a los proveedores se los habilitaba a pagar a 30 días, Ancap dejó pagar a Pluna que pagara a 180 días, y terminó Pluna quebrando, en una situación más que pública. Quien denuncia esto es un contador delegado del Tribunal de Cuentas que venía advirtiendo sobre la falta de controles en la gestión de cobro a proveedores. Después hubo una sanción administrativa a una funcionaria, pero queremos saber cuáles fueron los controles que se contravinieron en este caso y de qué forma.

Ancap aumenta su costo de personal de US$ 43 millones a US$ 185 millones, aumenta en casi 2.000 trabajadores. ¿Será necesario? Capaz que sí, o capaz que no. Entre el 2013 y el 2014 aumentaron 33 % los gastos de honorarios, en honorarios y servicios contratados fueron US$ 85 millones.

Ancap participó en una triangulación de petróleo con Ecuador en un negocio general, contraviniendo el espíritu del acuerdo con Petroecuador. Ancap lo que hizo fue triangular el petróleo, no procesarlo, en un negocio de US$ 6.400 millones en el que ganó US$ 5 millones y pico, hipotecando, a mi juicio, todo un prestigio internacional, porque esto fue denunciado por el presidente Correa.

Y podemos seguir. La modificación de un contrato entre Ancap y ALUR con efecto retroactivo para mejorarle los márgenes y la utilidad a ALUR en función de su balance. Son algunos ejemplos. Hay algunas situaciones irregulares y algunas situaciones inconvenientes.

EC —Teniendo en cuenta eso, que para usted y para el PN varios de estos puntos constituyen presuntas irregularidades y que en el FA dicen que no, que ellos no perciben que haya elementos que avalen la idea de irregularidades, teniendo en cuenta esa diferencia de criterio, ¿cómo termina resolviéndose el tema en la comisión preinvestigadora?, ¿va a haber dos mociones, hay una sola moción? No me quedó claro eso.

AD —Hay una sola moción, que es habilitar la comisión investigadora, que era lo importante. Después, los fundamentos que cada uno tiene para hacerlo obviamente son diferentes. Nosotros decimos –y por eso fuimos muy respetuosos– que para nosotros hay situaciones irregulares y hay situaciones inconvenientes. Yo no estoy hablando de ilicitudes, al menos no lo puedo decir hoy. Pero sí se dan esas dos premisas. El FA lo hará por otra motivación. El fin es el mismo.

EC —¿Y cómo se va a llamar la comisión, “comisión investigadora sobre…” ¿qué?

AD —No está definido todavía.

EC —Ese es el punto.

AD —Sí, sí.

EC —Porque ustedes pretendían que fuera una “comisión investigadora sobre presuntas irregularidades” o “comisión investigadora sobre la gestión de Ancap”, etcétera.

AD —No me parece que el nombre sea el tema, me importa el objetivo más que el fin. El objetivo es que se pueda investigar, que el Parlamento, por primera vez en 10 años en un gobierno con mayoría, pueda perforar ese bloque que había para poder investigar las gestiones del FA en el gobierno. Si ese objetivo se logra… y ojalá que transitemos todos bien, con seriedad, con respeto, acá se trata de trabajar positivamente.

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EC —Otro asunto que irrumpió en la agenda política esta semana, aunque todavía faltan elementos, es la noticia que publicó el diario El País ayer. El lunes el consorcio GNLS, integrado por Gaz de France y Marubeni, presentó una nota a Gas Sayago SA en la que sostiene que le resulta imposible continuar con el desarrollo de la planta regasificadora en las condiciones previstas para el negocio inicialmente.

En realidad, por lo que hemos podido averiguar, el consorcio todavía no comunicó expresamente su decisión de retirarse, hay un contacto informal con ese mensaje. Sí hubo, por lo visto, una notificación a los trabajadores en torno a esa dificultad, y por otro lado la respuesta que de inmediato ha surgido del gobierno. Allí se tiende a dar la salida como un hecho y se advierte que si esa situación se configura está la decisión de exigirle a GNLS el pago de una multa de US$ 100 millones que está prevista en el contrato. Con los elementos que están sobre la mesa, ¿cuál es su evaluación?

AD—Lo hablamos la otra vez, cuando convocamos a la ministra de Industria por el tema regasificadora dijimos que se estaba llegando a una situación en la que, aun continuando GNLS con nuevos contratistas –ya había presentado y había conseguido nuevos contratistas–, había dos escenarios, porque en octubre era una dead line, si no había un cumplimiento del cronograma de avance de obras el contrato establecía que se podía ejecutar la garantía de US$ 100 millones a primera demanda.

La cosa está peor que antes, ya no es que no llegamos al cronograma de avance de obras pero tenemos los contratistas, toda la arquitectura montada operativa para poder hacer la obra con el proyecto original, aunque la vamos a hacer en otros plazos. Recordemos que la construcción del barco regasificador ya está encaminada y viene sobre fin de año. El tema es peor, porque GNLS, que ya había pedido un cambio de contrato en condiciones vinculadas al plazo y al canon y se le había dicho que no, ahora está preconstituyendo prueba y diciendo “bueno, le quiero avisar que si no hay cambio, en estas condiciones este proyecto no lo puedo hacer”.

Ahí se desencadena todo un proceso que tiene que ver con lo laboral, con lo estratégico, con lo energético y también con lo jurídico. Porque entramos en un entramado de cosas en que GNLS va a argumentar, seguramente –espero que no lo haga–, que hubo algunos cambios de reglas de juego –sentí por ahí ese tema–, que hubo algunos inconvenientes ajenos a la empresa que le impidieron cumplir con determinadas cosas… Obviamente el Estado tiene derecho –y creo que lo tiene que hacer– a cobrar la garantía correspondiente. Pero está claro que si GNLS decide no continuar, se cae el proyecto de la regasificadora.

EC —¿Por qué? ¿Cuál es su interpretación?

AD —El proyecto más importante en materia energética creo que desde Salto Grande. Se cae, si GNLS decide no seguir, por lo menos este proyecto se cae. Y ahí Gas Sayago, los accionistas, el Estado tendrán que definir si hacen algo de otro tamaño, si continúan con el mismo tamaño pero con otra licitación, un nuevo llamado…

EC —Usted dice que si efectivamente este consorcio, que fue el ganador de la licitación, se retira, hágalo de la manera que lo haga, eventualmente incluso pagando la multa de US$ 100 millones, se retrocede al momento de la licitación.

AD —Y sí, a fojas cero. Y ahí hay que tomar una definición…

EC —Hay que definir quién se encarga del proyecto.

AD —… hacer un nuevo llamado sobre el proyecto anterior o por lo menos del proyecto en curso de GNLS, o reformular el proyecto para hacerlo más adecuado a la realidad uruguaya, en dimensiones y en tamaño diferentes, o tomar otra alternativa.

EC —Mi pregunta apuntaba a saber cómo se resuelve si no es GNLS quien queda. ¿No se puede volver a la licitación y adjudicar al que había quedado segundo?

AD —No, hay un problema bien complicado. Hay que ver las cláusulas chicas del contrato. Es un contrato muy grande, y los anexos son enormes, tendríamos que ver con mucho detalle eso. Estamos en un problema jurídico bien complicado.

 

Nota: En perspectiva

Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: D. Battiste