Edil Diego Rodríguez: “La IM gobierna para el Centro, la franja costera y la Ciudad Vieja”

El curul nacionalista Diego Rodríguez manifestó su opinión sobre diversos temas de la actualidad de la capital, entre otras cosas dijo que en la Junta Departamental muchas veces falta calidad de debate y que eso es culpa del FA.

Rodriguez comenzó la entrevista con Espectador al Día hablando acerca de los dichos del el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Voelker, quien negó que la decisión de la comuna de utilizar parte del superávit del 2016 en la realización de obras fuera inconstitucional, como advirtió la oposición.

“Le recomendaria que lea la constitucion” sentencío el edil manifestando que Voelker es uno más de varios del equipo de Martínez que aconsejan mal al intendente.

Rodríguez manifestó que la ciudad precisa urgentemente de obras pero señaló que hace 20 años que no existe ninguna de importante magnitud.

“Tenemos que estudiar el pasivo que habla Voelker ya que a la Junta no llegaron los números” expresó el curul.

Consultado sobre que cambios se deberían realizar en la caja de la Comuna, Rodríguez expresó que hay que destinar más a obras, “La Intendencia gobierna para el Centro, la franja costera y la Ciudad Vieja” destacó.

A su vez, dijo que seguramente Martínez llegue a la promesa de déficit cero pero que eso será solo por el “afan recaudador” y expuso el centro de monitoreo del tránsito que genera millones a las arcas de la Intendencia.

Sobre los sueldos de los funcionarios que se pagan dijo que la Comuna “es un monstruo devorador” en ese sentido y dijo que hay que llevar dinero a más obras en la periferia de la ciudad.

Rodríguez también denunció que en la Junta Departamental no hay ningún proyecto en estudio sobre el futuro de la bahía de Montevideo y toda esa zona de la capital.

En particular cuestionó los dichos de las autoridades municipales sobre los terrenos adjudicados al Club Fénix.

También señaló que hay indicios qu refuerzan la teoría de que los pliegos fueron redactados “a medida” para quien resultó ser el único oferente y anticipó que pretende convocar a comisión “a varias personas cuyos nombres figuran en el expediente”.

“Lo del intendente ya no tiene nombre, su demagogia ya no tiene límites” subrayó el edil.

Fuente: El Espectador

Aprueban investigadora sobre licitación trunca de US$ 1.5 millones solicitada por el Edil Diego Rodríguez

Con 30 votos en 30, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer la conformación de una comisión para investigar la compra de un inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, por US$ 1.490.000, negocio que finalmente Daniel Martínez dejó sin efecto por los cuestionamientos y la repercusión mediática que tuvo.

En su informe presentado en la pre-investigadora, la bancada del Frente Amplio expresó su voluntad de indagar el tema “a los efectos de despejar cualquier duda o sombra que se ha vertido a la opinión pública a través de los medios de comunicación, que dieron a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas antes de haber sido notificada la Intendencia, generando alarma con el propósito de lesionar la gestión del gobierno departamental, que ha venido in crescendo y que ha bogado desde el inicio por la transparencia, la rectitud y la ética política en la gestión”.

También durante la sesión plenaria de ayer de la Junta, la coordinadora de la bancada oficialista, Adriana Barros, dijo que el diario El País (que publicó la noticia y las observaciones del Tribunal de Cuentas) ha causado alarma pública al difundir la información del negocio que finalmente quedó trunco. A diferencia de sus ediles, el intendente Martínez cuestionó varias veces que la prensa se enterara antes que la Intendencia de los cuestionamientos del organismo de contralor, pero no objetó la labor de los medios.

“A medida”.

Según el edil denunciante, Diego Rodríguez Salomón, hay varios elementos que refuerzan la teoría —insinuada por el propio Tribunal— de que los pliegos fueron redactados “a medida” para quien resultó ser el único oferente. Rodríguez anticipó que pretende convocar a comisión “a varias personas cuyos nombres figuran en el expediente”.

“No nos caben dudas de que es un traje a medida. Por un tema económico en su momento no se hizo el negocio. Pero había un conocimiento exacto de cómo era el local. Y seis meses después tenemos esta operación en la que terceros hacen la compra por US$ 750.000, vendiéndole el local a la Intendencia 48 horas después por US$ 1.490.000. La comuna no mandó a un tasador al inmueble para ver si el precio era el correcto. El pliego coincide con los metrajes, los galpones y los garajes que la Intendencia quería”, indicó el edil.

Según el fallo del Tribunal, “el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no sólo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto por ejemplo que se indica la cantidad de metros cuadrados que debe contar para Servicios Higiénicos, en el caso 100m2 para cada una de las reparticiones a las que se destinará el inmueble”. En este sentido, el organismo de contralor advierte que “se presentó una única oferta, la cual cumple con todos los requisitos mínimos del pliego”.

El Tribunal también destaca que “no consta que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor”.

Sin ilegalidades.

Si bien el Frente dio sus votos para la investigadora, en el informe que elaboró considera que el cuestionamiento de la oposición “responde a un impulso político, puesto que la investigación que solicita ya había sido dispuesta por el intendente, más allá de que no existió incumplimiento por parte de la Intendencia en lo que respecta a observar los procedimientos del Tocaf, ni en lo que refiere a lo dispuesto por la Ley Orgánica”.

El documento, que lleva la firma de la edila Mariana Felártigas, anticipa que “las afirmaciones que realiza el edil (Diego Rodríguez) como fundamento de su solicitud, carecen de sustento y caen en el campo de las presunciones, conjeturas y especulaciones”. En su calidad de miembro informante, Felártigas destaca que “en virtud de la coherencia y de la larga y rica tradición de nuestra fuerza política y con el compromiso de informar y ubicar este asunto a la luz de la ciudadanía, dándole el alcance que corresponde, tomaremos la iniciativa de proponerle al cuerpo que constituya una Comisión Investigadora”.

OPOSICIÓN Y OFICIALISMO.

“Hay un proceso licitatorio oscuro”.

“Acá tenemos un proceso licitatorio oscuro, engorroso, que contiene violaciones a normas de Derecho. Corresponde que determinemos con claridad cómo se sucedieron los hechos, cuáles fueron las irregularidades, por qué se ocasionaron y quiénes fueron los responsables”, dijo el edil de la Lista 404 del Partido Nacional.

Según Diego Rodríguez, el plazo de 45 días para investigar, acordado con el Frente Amplio, es insuficiente. “Pedimos 120 días. Es mucha la gente la que debe venir a comisión, algunos están mencionados en el expediente”, destacó.

“Alarma para lesionar a la IMM”.

“La bancada del Frente Amplio expresa su voluntad de instalar la Comisión Investigadora a los efectos de despejar cualquier duda o sombra que se ha vertido a la opinión pública a través de los medios de comunicación que dieron a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas antes de haber sido notificada la IMM”, señala el informe del oficialismo firmado por la edila Mariana Felártigas. La legisladora agrega que eso “generó alarma con el propósito de lesionar la gestión del gobierno departamental, que ha venido in crescendo”.

Fuente: El País

Privado desiste de negocio con la Intendencia de Montevideo. Edil Diego Rodríguez insiste en que se investigue.

Con la presentación de un informe, la comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia de Montevideo dio por concluido su trabajo en torno a la polémica compra del inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria. Como se informara, la comuna adjudicó la compra por US$ 1.500.000 y luego se enteró que dos días antes la propiedad había sido vendida en US$ 750.000.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, la comisión resolvió aconsejar al intendente Daniel Martínez que desista de comprar el inmueble. Pero a su vez, la comuna informó en las últimas horas que el propio vendedor dio marcha atrás en el negocio.

Ayer, El País intentó obtener la palabra de Roberto e Isidoro Kosak, dos de los oferentes mencionados en el expediente, para conocer los motivos por los cuales decidieron retirar la oferta, lo cual no fue posible. Fuentes cercanas a la negociación indicaron a El País que los empresarios “se sintieron incómodos” por la repercusión pública que tuvo el tema.

Pese a que la propia Intendencia también resolvió dar marcha atrás, la resolución firmada por el intendente Martínez aclara que la administración se quedará con la garantía de mantenimiento de oferta depositada por el privado, la cual asciende a unos $ 100.000.

“No tengo claro cómo se podría justificar que la Intendencia no la cobre. Podría ser por razonabilidad, pero creo que normativamente no se puede”, declaró a El País el coordinador del gabinete municipal, Jorge Rodríguez.

“Creo que esto (no comprar el inmueble) baja mucho la intensidad del tema, aunque la investigación (por la vía administrativa) está dispuesta, por lo que supongo que se continuará. El grupo de trabajo integrado por los directores ya cumplió su cometido y se disolverá. Lo último será la presentación de un informe, lo cual ocurrirá probablemente mañana (por hoy)”, agregó.

Mientras tanto, en la Junta Departamental se reunió ayer una preinvestigadora a impulso del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, quien pretende que el Frente Amplio acompañe con sus votos la conformación de una investigadora.

Jorge Rodríguez anticipó que “el intendente no se meterá, dejará que los ediles hagan lo que crean correcto”.

Según el jerarca, lo único que hizo el grupo ad hoc fue pedir tasaciones.

“Se le pidió una tasación exacta al grupo de Catastro y Avalúo de la Intendencia y otra a un privado. La tasación del privado era más baja que la oferta que tuvimos, de US$ 1.200.000. La del Catastro municipal superó los US$ 1,5 millones, estaba un poco por encima de lo que se ofertó en el llamado”, indicó el coordinador del gabinete municipal.

La Junta al margen.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó distintas irregularidades en el proceso. Una de ellas es el incumplimiento a lo señalado por el artículo 36 numeral 1° de la Ley 9.515, que establece que “le compete a la Intendencia adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos, con acuerdo en ambos casos de la Junta Departamental, por dos tercios de votos”. Esto nunca no ocurrió.

Según una resolución municipal en poder de El País, el intendente Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien tiene una valoración de Catastro de exactamente la mitad de ese precio.

Sin embargo, la Intendencia consideró ayer que todavía estaba “a tiempo” de dar participación a la Junta. Según Jorge Rodríguez, el expediente se iba a mandar al deliberativo después que regresara del TCR.

“Lo hemos hecho muchas veces así. Es más, en los últimos tiempos empezamos a hacerlo así porque en cantidad de veces la Junta nos devolvía el expediente diciendo que quería tener primero el informe del Tribunal. Legalmente no se establece cuál va a primero, dice que debe ir a los dos lugares, pero no se establece un orden”, sostuvo el jerarca.

Rodríguez admitió que sin importar a dónde se envíe primero, debe ir a la Junta y al Tribunal antes de que el intendente resuelva adjudicar. En este caso, hay una incongruencia con la resolución firmada por Martínez el 16 de febrero de 2017, la cual sostiene que “el intendente de Montevideo resuelve adjudicar la licitación pública N° 318045/1” (sic).

El documento, en poder de El País, no refiere al envío del expediente a la Junta, pero tampoco al Tribunal de Cuentas.

“El Tribunal de Cuentas observó mal el proceso”.

Aunque el intendente firmó una resolución de adjudicación el 16 de febrero, el coordinador del gabinete municipal asegura que no fue tal.

“Es una propuesta de adjudicación, ésta no existe hasta que la Junta vote. Lo que hay es una resolución en la que se propone la adjudicación. El contrato se perfecciona una vez que la Junta se pronuncia. Capaz que hubo un problema de redacción con la resolución, pero no tiene valor jurídico si no pasa por el Tribunal y la vota la Junta. Nosotros teníamos claro que había que ir a la Junta, nunca dudamos en eso”, indicó Jorge Rodríguez.

Según el jerarca, “el Tribunal de Cuentas observa mal, porque sabe que podemos ir a la Junta antes o después. Tiene un millón de expedientes en los que hemos ido antes al Tribunal y después a la Junta; nunca había observado esto”.

El fallo del TCR también dice que “el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no sólo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir”.

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.

“La Intendencia no tiene que pagar”.

El intendente Daniel Martínez dijo ayer en rueda de prensa que tomó la decisión de poner fin al negocio para “darle la mayor transparencia y tranquilidad a todo el mundo, en particular al personal”.

También señaló que la compra del inmueble “no estaba adjudicada del todo, porque todavía tenía que ir a la Junta y terminar el proceso”.

En declaraciones formuladas durante el lanzamiento de la cuarta edición de la Maratón de Montevideo, anticipó que “comenzará de vuelta un proceso competitivo, con las mismas garantías pero eliminando estas dudas”.

Martínez aseguró que la IMM no deberá pagar ningún tipo de multa por dar marcha atrás en el negocio, porque “nos enteramos que la inmobiliaria también desiste de la venta”.

“Insistimos en que se investigue”.

El edil Diego Rodríguez dijo ayer a El País que le llama poderosamente la atención “que el intendente en febrero de 2017 adjudicara a través de una licitación pública el inmueble de la calle Penco y que ahora, ante los hechos de público conocimiento sobre la dudosa operación y compra posterior del inmueble, responsabilice de la caída del negocio a los oferentes. E incluso que disponga la retención de la garantía de mantenimiento de la oferta”.

“Solicitamos la conformación de una comisión investigadora a efectos de que la población sepa en qué y cómo se gasta su dinero. Vamos a agotar todas las instancias que tenemos como legislador departamental para que se sepa la verdad. Y esperamos contar con el apoyo del FA”, agregó.

 

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez: “Que hayan frenado la compra indica que hay algo sospechoso.Esto potencia la investigadora”.

La comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia de Montevideo resolvió aconsejar al intendente Daniel Martínez que desista de comprar el inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria. Fuentes municipales dijeron a El País que “esto habilitará a hacer una nueva convocatoria de adqui-sición” y que hasta ahora “no se pagó nada” de los US$ 1.490.000 que solicitó el único oferente de la licitación.

Además de conformar un grupo de trabajo integrado por directores de primera línea (un hecho inédito para una denuncia de este tipo), de forma complementaria, Martínez resolvió seguir el trámite normal para estos casos: la investigación administrativa.

Asimismo, ayer quedó instalada en la Junta Departamental una comisión preinvestigadora, que comenzará a trabajar hoy con un integrante de cada lema, en la que se encuentra el edil nacionalista Diego Rodríguez como denunciante. Este grupo recogerá pruebas y elaborará un informe que pasará al Plenario de la Junta para ser votado y crear una Investigadora. Para ello, necesitará los votos del Frente Amplio.

El trabajo que comienza hoy en el legislativo comunal se prolongará seguramente hasta el viernes. Si bien la preinvestigadora tiene dos días de plazo, se pedirá una ampliación para recibir el expediente de la licitación, que la IMM no envió a los ediles, como exige la norma municipal.

“Que hayan frenado la compra indica que hay algo sospechoso, no quieren pagar el costo político. Esto potencia la investigadora. Y tampoco le quita responsabilidad al intendente”, declaró anoche el edil Rodríguez a El País. “¿Cuál es la sanción económica que le cabe ahora a la Intendencia por haber hecho un negocio y recular con chancletas después?”, se preguntó.

Muchas coincidencias.

El legislador dijo que tiene información de que representantes de la Intendencia fueron a recorrer el local “entre julio y agosto del año pasado”, cuando estaba en manos de la empresa Merial, y que comunicaron que “no llegaban al precio”, aunque este era muy inferior al que finalmente se terminó pagando.

Según Rodríguez, esto refuerza la teoría —insinuada por el propio TCR— de que los pliegos fueron redactados “a medida” para quien resultó ser el único oferente.

“No nos caben dudas de que es un traje a medida. Por un tema económico en su momento no se hizo el negocio. Pero había un conocimiento exacto de cómo era el local. Y seis meses después tenemos esta operación en la que terceros hacen la compra por US$ 750.000, vendiéndole el local a la Intendencia 48 horas después por US$ 1.490.000. La comuna no mandó a un tasador al inmueble para ver si el precio era el correcto. El pliego coincide con los metrajes, los galpones y los garajes que la Intendencia quería”, indicó el edil.

Según el fallo del TCR, “el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto por ejemplo que se indica la cantidad de metros cuadrados que debe contar para Servicios Higiénicos, en el caso 100 m2 para cada una de las reparticiones a las que se destinará el inmueble”. En este sentido, el organismo de contralor advierte que “se presentó una única oferta, la cual cumple con todos los requisitos mínimos del pliego”.

El Tribunal también destaca que “no consta que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor”.

Irregularidades.

Si bien las dos comisiones de trabajo de la Intendencia y la que se pretende formar en la Junta investigarán hasta determinar si hubo algún hecho ilegal en el proceso —y eventualmente determinar responsabilidades—, el TCR ya observó la existencia de irregularidades.

Una de ellas es el incumplimiento a lo señalado por el ar-tículo 36 numeral 1° de la Ley 9.515, que establece que “le compete a la Intendencia adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos, con acuerdo en ambos casos de la Junta Departamental, por dos tercios de votos”. Esto no ocurrió.

Según una resolución municipal en poder de El País, el intendente Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien tiene una valoración de Catastro de exactamente la mitad de ese precio.

Cuando la observación del TCR tomó estado público, el intendente se molestó por haberse enterado “a través de la prensa”. Fue entonces que decidió dar cuerpo a la comisión ad hoc. La misma está integrada por directores de primera línea: Fernando Nopitsch (secretario general); Christian Di Candia (prosecretario general); Juan Voelker (Recursos Financieros); Fabiana Goyeneche (Desarrollo Social); Ernesto Beltrame (Jurídica) y Gustavo Cabrera (Sección Compras,).

Martínez también resolvió ayer iniciar una investigación administrativa (que indaga hechos y no personas), de donde eventualmente después podrían disponerse sumarios y la radicación de una denuncia penal, en caso que exista mérito para formularla.

“Conocidos operadores”.

En el petitorio presentado por el edil Diego Rodríguez a la Junta Departamental, para investigar el tema, se señala que “las personas que adquirieron el bien, o al menos dos de ellas, son conocidos operadores inmobiliarios del país, quienes ostentan la titularidad de una empresa inmobiliaria. En este sentido, el edil precisó que “ofertaron como personas públicas y no como empresa”. Rodríguez solicitó que la Intendencia remita a la Junta Departamental el pliego licitatorio por el cual se procedió a la compra del inmueble, así como “todas las resoluciones que se emitieron en el transcurso del proceso hasta su finalización”.

Según el legislador, “las actuaciones, por acción o por omisión, no se ajustan al principio de buena administración”.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez realiza Pedido de Informe por falta de control técnico obligatorio en vehículos

En Montevideo circula aproximadamente medio millón de vehículos. De ellos, 330.000 están empadronados por la IMM y el resto por intendencias del interior.

Según datos del Sucive, de los matriculados en la capital hay 240.000 anteriores a 2012, por lo que —de acuerdo a la norma vigente— deben pasar por el control técnico vehicular.

Pero los que pagan la patente en Montevideo son menos: unos 172.000. Los otros están morosos, son anteriores a 1975 (y por tanto se encuentran exonerados del tributo), o han sido dados de baja. Aún así, la ley establece que los vehículos en circulación previos a 1975 (unos 10.000) deben tener el control técnico como condición para permanecer exonerados. Solo el 1% de ese conjunto pasó por la inspección el año pasado.

“Nosotros tenemos capacidad para hacer 200 inspecciones diarias, pero recibimos 15 o 16 coches por día”, declaró a El País el gerente de la empresa Autotest, Germán Aguinaga.

Autotest es una de las tres firmas autorizadas por la Intendencia de Montevideo para hacer el chequeo, junto con Auto Ok y Auto Diagnóstico, con las que se divide el mercado proporcionalmente. En 2016 hizo 5.200 inspecciones (incluyendo unidades del transporte público y del Estado), por lo que se calcula que hay más de 150.000 vehículos (del cúmulo activo de 172.000) que están circulando sin tener el control técnico exigido por ley.

Sin control.

Aguinaga dijo que los vehículos que circulan sin el autotest lo hacen por la falta de fiscalizaciones de la Intendencia de Montevideo, que con esta actitud pasiva incumple también su propio digesto.

El empresario —técnico prevencionista y uno de los asesores que colaboró en la redacción de la actual Ley de Tránsito— indicó que tiene la expectativa de que la situación mejore con el reciente cambio de titularidad en la División Tránsito de la IMM. “Conocemos a la nueva directora de Tránsito, Mariela Baute, una persona de carrera que estuvo muchos años en la oficina de la calle Pedernal (donde se hacen los empadronamientos). Ella sabe de la importancia que esto tiene; esperamos que se le empiece a poner un poco de sensatez y seriedad al tema”, indicó.

Las empresas autorizadas a hacer el control técnico han hecho fuertes inversiones para poder desarrollar la tarea. “Siempre hemos tenido la planta actualizada y certificada en normas de calidad, en evolución de la tecnología a nivel de software y en la capacitación de nuestro personal”, destaco el gerente de Autotest.

“Hay un decreto de la Presidencia de la República, pero no se cumple. Estamos esperando que alguien que conozca del tema se siente a trabajar realmente”, sentenció.

Para motos.

Otra empresa abrió hace pocos años una primera planta para hacer el control técnico a motos, en la zona de San Martín y Agraciada. Fuentes empresariales consultadas por El País dijeron que “se armó la planta con gente que trajeron de Dinamarca. En dos años la aprobaron todos los departamentos de la Intendencia, menos el director de Tránsito Pablo Ferrer” (quien fue removido esta semana), dijeron las fuentes. “Se pagaron alquileres, se montó todo, cartelería, maquinaria, computadoras. Y ahora está cerrada”, se agregó.

La Unasev.

Según Germán Aguinaga, a nivel nacional el trabajo de la Unasev “también ha sido muy pobre en general”.

“Hay normativas de la ley nacional que estaban escritas desde 2007, como el tema de las luces encendidas durante el día y los cinturones de seguridad, y que se reglamentaron recién en 2014, cuando la gente las venía cumpliendo desde 2008. Siempre ha sido una guerra eterna de la Unasev con la gente y con los departamentos. Y se ha caracterizado por una lentitud enorme”, concluyó el gerente de Autotest.

DIEGO RODRÍGUEZ

Edil pide informes por falta de fiscalización

A nivel político, la falta de fiscalizaciones de la Intendencia de Montevideo respecto al control técnico vehicular generó la preocupación del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.

“Es un tema no menor, porque esto implica la revisión de los frenos, las luces, la amortiguación, las cubiertas y otras calibraciones. Son vehículos que están circulando por las calles de Montevideo sin ningún tipo de control y que se transforman en un arma”, declaró Rodríguez a El País.

“Nos reunimos con las empresas, y entre otras cosas comentaron de un vehículo que se hizo recientemente el autotest, porque su dueño lo iba a vender, y que detectaron que se le podían salir las ruedas. Pasó por el control y le solucionaron el problema. Pero ocurrió porque se quería vender, no porque sea una exigencia. Lo importante es que el propietario tome conciencia de que si el vehículo tiene más de cinco años, debe hacerse el control”, agregó.

El edil envió un pedido de informes a la Intendencia y destacó que esta “no acompaña las campañas que a nivel nacional hace la Unasev sobre control y prevención del tránsito”.

En el documento, el legislador departamental destaca que el propio digesto municipal establece la obligatoriedad del test vehicular así como la fiscalización por parte de los equipos de inspección.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez calificó de “Tarifazo recaudador” el aumento del precio del estacionamiento.

Desde el 1° de enero de 2017 el valor del estacionamiento tarifado subirá de $ 28 la hora a $ 35, es decir un 25% más que ahora. Ya no se podrá pagar un ticket por media hora; la compra mínima de tiempo será de una hora. Otra novedad es que no existirá más el abono mensual, que desde el mes de marzo cuesta $ 2.116. Fue eliminado por la administración del intendente Daniel Martínez.

A partir del 1° de marzo de 2017 habrá otro cambio: se aplicará una tarifa progresiva en función de la cantidad de horas de uso por el mismo vehículo.

Por dos horas el costo será de $ 70 pero por tres se elevará a $ 140, por cuatro a $ 210, por cinco a $ 350 y así hasta llegar a los $ 1.050 por ocho horas de estacionamiento en calles de la Ciudad Vieja, el Centro y el Cordón.

En la actualidad, por 8 horas a $ 28 los 60 minutos, hay que abonar $ 224. Desde el 1° de enero, con el incremento de $ 7 por hora se deberá pagar $ 280. Pero esta cifra subirá a $ 1.050 desde el 1° de marzo de 2017, (o sea, un aumento de 468%).

También desde esa fecha, durante el Día del Centro, las dos primeras horas de estacionamiento serán gratuitas, pero resultará obligatorio adquirir el ticket de valor cero. Después de las dos primeras horas regirá el segundo escalón del valor de tarifa, es decir $ 70 por hora.

Del sistema actual solo se mantendrá el abono residencial y el libre estacionamiento de la prensa.

Controversia.

Para la variación a la alza de las tarifas, el ejecutivo comunal no necesitó la aprobación de los legisladores de la Junta Departamental, como tampoco para establecer cualquier otro “precio”, como el costo de la Contribución Inmobiliaria, por ejemplo.

No bien se conoció la serie de medidas, ediles de la oposición manifestaron su asombro.

El nacionalista Diego Rodríguez dijo a El País que se trata de un “tarifazo” que muestra el “afán recaudador puro y duro producto de una mala gestión de la Intendencia”.

El Director de Movilidad Pablo Inthamoussu dijo, por el contrario, que el objetivo de los aumentos es “desestimular que las personas vayan en su auto particular al Centro y se queden todo el día”.

Para el edil Diego Rodríguez, esas declaraciones solo evidencian más contradicciones.

“Una persona utiliza el vehículo particular porque el servicio de transporte público es espantoso, con ómnibus llenos de bote a bote en horas pico, con incumplimiento de horarios, insufrible en estos días de calor, y con el boleto más caro de la región. Primero la Intendencia debería mejorar el transporte público para ahí estimular a la gente para que ingrese al Centro y la Ciudad Vieja en ómnibus”, dijo el edil.

En el portal de la IMM se comunica que las modificaciones apuntan a dar mayor dinamismo al sistema que funciona en Ciudad Vieja, Centro y Cordón, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 18:00.

“El objetivo es que más usuarios puedan acceder al servicio de estacionamiento”, informó la IMM.

Para el edil Diego Rodríguez los aumentos son un paso que da el intendente Daniel Martínez para llegar al fin de su gestión con déficit cero, pero sin gestión de obras.

“Inthamoussu se cree que esto es Ginebra en vez de Montevideo; esos aumentos además, indirectamente le vienen bien a Uber”, afirmó Rodríguez.

Ingresos.

A comienzos de marzo, el estacionamiento tarifado había ya tenido un incremento de $ 2, pasando de $ 26 a $ 28.

Por la venta de los tickets de estacionamiento tarifado, el año pasado la Intendencia de Montevideo terminó recaudando $ 107.513.077,32 (unos 3 millones y medio de dólares), según surge del balance de ejecución presupuestal de 2015.

Mayor rotación de vehículos.

La Intendencia de Montevideo ya tomó otras resoluciones a fin de “racionalizar el espacio de circulación vehicular, facilitando el tránsito” en zonas neurálgicas de la ciudad, es decir las que tienen estacionamiento tarifado: Cordón, Centro y Ciudad Vieja.

En enero de este año se quitó a funcionarios municipales el privilegio que tenían de estacionar gratis en 50 lugares. La administración de Daniel Martínez informó entonces que se pretendía que cualquier ciudadano usara esos espacios, consiguiendo así una mayor rotación de vehículos. El aumento del precio de la hora y la tarifa escalonada también tendrían el mismo fin.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez pide a la Intendencia de Montevideo datos sobre contratos de experto español y fotógrafos.

El edil Diego Rodríguez Salomón (PN) cursó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo por la contratación del comunicador español Antoni Gutiérrez – Rubí y de los fotógrafos Verónika Márquez y John Mraz.

La IMM contrató a Gutiérrez-Rubi para el dictado de un curso a realizarse el próximo sábado 17, denominado “Taller teórico-práctico sobre nuevas tendencias en comunicación política”. El pago por su trabajo fue aprobado el lunes por la Intendencia y —con impuestos incluidos— asciende a la suma de US$ 4.160.

A su vez, la Intendencia pagará US$ 1.386 a la fotógrafa Verónika Márquez (Gilda Inés Márquez) para dictar un taller titulado “El arte de la autopromoción”.

En abril, se aprobó un pago de US$ 4.150 a favor del fotógrafo John Mraz, quien vino a Montevideo a dictar un taller titulado “Funciones, géneros y metodologías para historiar la fotografía”, que se llevó a cabo entre el 1° y el 4 de marzo.

El edil Rodríguez quiere saber “cuál es el fundamento por el cual se resolvió la contratación de estas tres personas”, “a quiénes estuvieron dirigidos los talleres” y “cuánto se recaudó con los mismos”, entre otras cosas.

Fuente: El País

Edil Diego Rodríguez afirma que la Intendencia de Montevideo regula el tránsito con medidas arcaicas

Desde el Partido Nacional afirman que el nuevo sistema de Fiscalización en el tránsito puesto en marcha por la Intendencia es con afán recaudador y está basado en normas viales arcaicas.

Para el edil Diego Rodríguez, la Comuna no tiene un criterio de educar en esa materia a la población sino lograr incrementar el dinero de sus arcas en base a medidas que calificó como vetustas, un ejemplo es la sanción a aquellos que conduzcan a más de 45 km por hora en zonas como la rambla de Montevideo.

Para Rodríguez se debe concientizar a la población y no intentar tapar el déficit de la Intendencia “haciendo caja” con medidas de otra época.

Al ser consultado si estas multas podrían generar que muchos ciudadanos dejen de pagar la patente, el curul afirmó que es una posibilidad que se verá en el futuro próximo.

Rodríguez dijo que al mes del comienzo de la fiscalización hará un pedido de informes acerca de los nuevos datos a chequear por parte de la Junta Departamental.

El edil además señaló que los costos de las multas son excesivamente altos y que no se entiende muy bien el criterio con el cual se establecen los valores de las mismas.

Entrevista

Fuente: El Espectador

Edil Diego Rodríguez exige que la Intendencia de Montevideo actúe ante los cortes de calles

Era la hora 18:30 del miércoles y la calle San José explotaba. Miles de personas pretendían volver a sus casas tras la jornada laboral. Ómnibus, taxis y automóviles abarrotados. Sin embargo, un grupo de trabajadores de la Dirección de Cultura del MEC resolvió hacer conocer sus reclamos salariales cortando la calle San José, entre Gutiérrez Ruiz y Paraguay a la hora pico.

Sobre el escenario unos músicos hacían su arte, debajo no más de 30 personas bailaban o repartían volantes. En San José y Paraguay comenzaba la cola de vehículos que llegaba hasta la Ciudad Vieja. Miles debieron retrasar su final de jornada porque los dos policías de Tránsito no lograron hacer que el desvío fuera ágil y eficiente.

Reclamo.

Se trata de un caso más de paralizaciones del tráfico céntrico en horario pico. El edil nacionalista Diego Rodríguez ha trabajado en el tema y el 24 de agosto pasado hizo un pedido de informes sobre ese asunto a la Intendencia de Montevideo.

El edil pretendía saber el número de cortes registrado en los últimos tiempos y en particular la forma de actuar de la propia Intendencia. Además, consultaba sobre las medidas que se aplican ante estos casos.

Ayer la comuna acusó recibo. El director de Tránsito, Pablo Ferrer, firmó la respuesta. “Siempre que llegan solicitudes o informes de cortes de vías de tránsito por movilizaciones u otro tipo de eventos, la Unidad Inspectiva de Vigilancia (UIV) informa a la Unidad de Planificación de Transporte Urbano (UPTU), para el diseño de los desvíos y la comunicación a las empresas de transporte colectivos así como también a la Jefatura de Policía de Montevideo para la implementación de las medidas que estime correspondiente”, dice la respuesta.

El edil Rodríguez asegura que tras el pedido de informes se confirma que “la Intendencia no tiene ningún protocolo a seguir cuando surgen estos cortes de tránsito”. Advirtió que no es partidario de prohibir los cortes porque “todos tenemos derecho a manifestarnos libremente”.

“Me parece que es necesario tomar medidas con sentido común, utilizando a los más de 200 inspectores municipales para que los montevideanos no se vean perjudicados por estos cortes”, afirmó el edil.

Rodríguez aseguró que no hay cifras que permitan evaluar el problema pero que existe la tecnología para poder actuar en tiempo real. “El centro se vuelve intransitable en plena hora pico, el miércoles no había inspectores de Tránsito en San José y Paraguay. ¿Para qué los tenemos? ¿Están únicamente para recaudar?”, se preguntó.

18 de Julio, zona para protestar.

La avenida 18 de Julio es la vía más utilizada por los montevideanos, unos 350.000 la cruzan a diario. Tal vez por eso sea el lugar elegido por distintos grupos sociales que buscan dar a conocer sus reclamos o festejar. En los últimos meses taxistas y cooperativas de transporte se han movilizado con fuerza en la zona.

Fuente: El País