Preocupación por el empleo. Editorial del diputado Gustavo Penades

Durante algunos años, la preocupación por el empleo había pasado a un segundo plano en la vida de los uruguayos. Lamentablemente, hoy está cada vez más presente, y lo único cierto es la incertidumbre.

La situación es diferente a la de otras épocas, en las que el desempleo iba directamente asociado a períodos de bajo o nulo crecimiento económico. En el presente las cosas son diferentes, porque crece la economía pero no aparecen los empleos necesarios para sustituir a los que se pierden y sumar a los nuevos trabajadores.

Hay sectores que vienen siendo muy castigados y no parece que en el mediano plazo se vayan a recuperar. La construcción, por ejemplo, que perdió 25.000 puestos en cinco años. Pero no solamente en ese rubro hay problemas, sino también en la industria, agro, y comercio donde vienen cerrando empresas de variado tamaño y rubro productivo. Entonces, como decíamos, se da el fenómeno de que puede registrarse crecimiento de la economía, pero sin generar la cantidad suficiente de puestos de trabajo para recuperar los perdidos.

Los especialistas ofrecen explicaciones variadas, pero todas marcan los temas de competitividad y la incidencia importante de las regulaciones y del peso que tiene el Estado.

Pero ahora se suma la amenaza creciente de la tecnología, la que, según un estudio publicado el año pasado, podría afectar, en un futuro no lejano, a más del 60% de los puestos de trabajo. A lo anterior se agrega otro fenómeno que es el de las nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo dejó de ser novedad, y día a día aparecen situaciones en que empresarios, profesionales y emprendedores se vinculan de diferentes maneras para ofrecer sus productos y servicios.

Nada de esto está en la lista de prioridades del Pit-Cnt ni del Poder Ejecutivo, pero son realidades que ya se están viendo. Para la Central introducir el tema de la tecnología en la negociación colectiva de este año sería una muestra de debilidad —decían hace un tiempo— mientras que a nivel del gobierno la prioridad es la Rendición de Cuentas y los conflictos en la interna del Frente Amplio.

El Estado en estos años funcionó, de alguna forma, como amortiguador del desempleo ya que terminó empleando a cerca de 60.000 personas, pero su rol debería ser otro. Debería liderar un proceso para adaptar el país a todo esto que está pasando. Sistema político, trabajadores, empresarios, autoridades de la Educación, académicos, pensando en cómo aprovechar las oportunidades que se presentan y en cómo ayudar a quienes son perjudicados por todos estos cambios. Seguramente deberán incorporarse nuevas formas de contratación para acompasar las necesidades de patrones, obreros y destinatarios de sus productos.

En este mundo que se viene la educación será fundamental; pero nos acercamos al final de otro período del gobierno y la discusión sigue siendo el porcentaje del PBI para la Educación. Quienes menos importan son los que abandonan el sistema y lo que en él se aprende. Mientras tanto, el Pit-Cnt sigue con sus discursos más propios de la Guerra Fría que del siglo XXI.

Gustavo Penadés

“Eterno mirar al pasado”. Editorial del diputado Gustavo Penadés

El gobierno y el Fren-te Amplio sostienen permanentemente -palabra más o menos- que nada bueno hubo hasta el 2005, y que lo que hoy de malo hay es consecuencia del pasado. Parece mentira, pero se dicen cosas como que antes del Fonasa los uruguayos no tenían Salud, o que las políticas sociales son una creación de estos años. Hasta se desarrollan teorías que sitúan la raíz de la inseguridad pública en las políticas de los gobiernos anteriores.

La respuesta condicionada ante cualquier crítica es siempre la misma: la raíz de los problemas está en el “antes”; sea el 2004 o los ’90. Lo que no terminan de darse cuenta es que ya pasaron 13 años de gobiernos frenteamplistas y 23 años desde que los blancos fueron gobierno.

El Uruguay de aquellos años era bien diferente. El mundo cambió. Aparecieron la madera, la celulosa y la soja; y el valor de la carne no tiene nada que ver con el de antes. Cambiaron las costumbres, la tecnología, las comunicaciones, las corrientes de inversión, y muchas otras cosas. En 2005 el país estaba dejando la crisis atrás y subía el empleo, augurando años en que la coyuntura externa fue tremendamente favorable.

Pasados tantos años, el Frente Amplio no puede afirmar que no es responsable de lo que está pasando con la inseguridad pública; de que no es responsable de los problemas que existen en la Educación, en la Salud, en la persistencia de los asentamientos, la afectación del medio ambiente, y suma y sigue.

Claro que ni al Frente Amplio ni a ningún partido político se le puede exigir que mágicamente resuelva los temas. Lo que sí se le puede y debe exigir es que trace un rumbo y lo siga para, más o menos rápidamente, lograr resultados. Acá ni se trazó el rumbo ni se van logrando resultados. Pasados tantos años en que el dinero no fue el problema, y en que se tuvo mayoría parlamentaria, muchísimos asuntos se analizan y discuten como si fuera la primera vez que aparecieran. En muchos temas, además, es visible la puja constante entre los representantes políticos y sindicalistas -todos frentistas- como claramente se ve en la Salud y en la Educación.

Durante estos años el Partido Nacional criticó, pero también aportó en la discusión parlamentaria, partidaria y sectorial. Sin ir más lejos, hace pocos días, el senador Lacalle Pou le ofrecía al gobierno, tal como lo hace anualmente, un conjunto de ideas y propuestas sobre una variada temática.

El partido que gane las próximas elecciones lo hará seguramente sin mayorías parlamentarias. Esto implica retomar la cultura del diálogo político, de la negociación y de los acuerdos, prácticas estas que hacen a la esencia de la cultura democrática. Proceder de esa manera conlleva aceptar las diferencias, ser receptivo al pensamiento del otro sin descalificar a priori sus ideas. Implica abandonar la cultura del “nosotros y ellos”, de los “buenos y los malos” que es la base de la prédica de muchos sectores del Frente Amplio. Estos han preconizado que la “izquierda” era la suma de todo lo bueno, presentando al resto de los partidos como la encarnación del mal.

Empezar a solucionar el tema de la seguridad pasa, también, por dejar de mirar al pasado, aceptar los errores y buscar consensos políticos y sociales para políticas y medidas eficaces y de largo aliento.

Gustavo Penadés

La reforma de los cincuentones. Editorial del diputado Gustavo Penadés

La reforma de la Seguridad Social que se hizo en los años 90 no surgió por casualidad.

Se trató de dar una respuesta a la realidad porque el modelo existente, de solidaridad intergeneracional, no se podía seguir manteniendo en el tiempo. Nuestro país ya tenía, por suerte, una expectativa de vida muy extensa, y tenía ya también problemas demográficos de baja natalidad, a lo que se sumaba el impacto de la justa reforma constitucional de 1989 (acompañada por casi el 80% de la ciudadanía). La disyuntiva era clara: o se conseguía la sustentabilidad del sistema o terminaría por colapsar.

Después de muchas idas y venidas se terminó creando, con la ley N° 16.713, un sistema totalmente nuevo, que no respondía a ninguna receta externa y que sintetizó experiencias y esfuerzos nacionales e internacionales, incluyendo el sistema de AFAP pero manteniendo también el rol del BPS. En el segundo período del Dr. Sanguinetti, blancos y colorados aprueban la reforma después de dos intentos fracasados del Dr. Lacalle. Conviene de paso recordar que fue en 1992 cuando el BPS integró por primera vez los representantes sociales a su directorio.

Por supuesto, el Frente Amplio se opuso, retirándose de las reuniones que sobre el tema se hicieron antes de que asumiera el Dr. Sanguinetti, con posturas contradictorias en el Parlamento y llevando adelante un fallido plebiscito.

Lo cierto es que la reforma aseguró la sustentabilidad del sistema.

Ahora el Dr. Vázquez y el Frente Amplio quieren hacer puntos reformando el sistema para beneficiar a los llamados “cincuentones”, y preanuncian futuras reformas.

Estos temas son de enorme complejidad técnica y tienen muchas implicaciones. En lo que todos los técnicos están de acuerdo es en que quienes pueden verse perjudicados son las primeras jubilaciones de trabajadores de ingresos medios y altos. Porque los de ingresos más bajos se benefician con el nuevo sistema, ya que la reforma quiso premiar a quienes iban a recibir una menor jubilación. También se imaginó el sistema para que el mayor beneficio se obtuviera a partir del retiro a los 65 años, desincentivando hacerlo a edades menores.

Desde el Partido Nacional la solución que proponemos para corregir los eventuales perjuicios es que, al momento de retirarse, el trabajador pueda optar entre el sistema antiguo y el sistema actual. Que, con los números en la mano, el trabajador elija lo que le sirva más.

No se puede seguir toqueteando el sistema, desandando el camino recorrido y volviendo a las prácticas demagógicas que lo llevaron a la crisis. Otros quieren echar mano al sistema porque ideológicamente buscan su desaparición y quieren manejar el dinero que los trabajadores ahorran en las AFAP.

Debemos insistir en que el sistema de jubilaciones y pensiones no pertenece a ningún partido político, y que se sustenta en el apor-te solidario de todos nosotros. El gobierno debería recordarlo y actuar con la consiguiente prudencia, pensando más allá de las elecciones.

Gustavo Penadés

Diputado Gustavo Penadés espera que “se reinstale la cultura del diálogo” en Parlamento luego de renuncia de Sendic


El diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, dialogó esta mañana con En Pespectiva sobre la relevancia que tuvo la sesión de hoy en la Asamblea General, durante la cual se aceptó la renuncia del vicepresidente, Raúl Sendic, y procedió a asumir ese cargo la senadora Lucía Topolansky.


Dijo que espera que se “reinstale una cultura diálogo” entre los partidos políticos que integran el Parlamento, ya que Raúl Sendic era “bastante prescindente” al frente de la Asamblea General.

Fuente: En Perspectiva

Los temas de siempre. Editorial del diputado Gustavo Penadés

Después de casi 15 años de mejora constante de la economía, en esta Rendición de Cuentas la preocupación también vuelve a ser el déficit fiscal. Increíblemente, a tantos años del 2002, las cuentas públicas, el déficit y el endeudamiento externo son nuevamente tema de conversación. La actitud del Gobierno es achacar la situación a factores ajenos a su esfera de decisión -entre ellos al servicio de retiros militares – y apelar al aumento de la carga impositiva.

Se hace inexplicable que, después de tantos años de bonanza, las cosas estén así. Lo que sucede es que, a lo largo del tiempo, el Frente Amplio aumentó los gastos al barrer. Se jugó siempre al límite por la vía del famoso espacio fiscal que no era otra cosa que el plus de endeudamiento tolerable para el país. Cada año se verificaba la lucha por ver cómo se repartiría el espacio fiscal, lo que no significó otra cosa que pan para hoy y hambre para mañana. Porque, después de tantos años, al pasar raya y analizar los diferentes contenidos de los presupuestos y rendiciones de cuentas, nos encontramos con que nada sustancialmente cambió en el Estado. O, por lo menos nada cambió en proporción a la inyección de recursos que se realizó. No se estableció una contrapartida entre recursos y mejora de la gestión.

Al mismo tiempo, se viene operando un proceso de privatización que ni el más soñador de los liberales habría imaginado. Y, es así entonces, que funciones y actividades tan disímiles como vender supergás o administrar el Estudio Auditorio se realizan en el marco del Derecho Privado. Proliferan sociedades anónimas, institutos, agencias, y fideicomisos que sirven tanto para construir escuelas como para administrar los bienes de un ministerio, o los recursos originados en la cooperación internacional. Todo esto se hace sin conocimiento ni control del Parlamento, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y del Tribunal de Cuentas. Paradojalmente, no se escuchan protestas de la central obrera ante esta situación, pero sí reiteradas apelaciones al “neoliberalismo de los 90”.

En estos años, ni se obtienen mejores resultados ni tampoco mejoró la manera de gestionar el Estado; salvo en lo que hace a la administración tributaria. Sea que se piense en infraestructura, Educación, Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Defensa Nacional, etc. el resultado es deficitario. Claro está que se podrá señalar esta o aquella obra: se hizo tal o cual escuela o carretera, se instaló tal servicio, pero son excepciones que confirman la regla. Capítulo aparte mere- ce la gestión de los entes autónomos y servicios descentralizados con resultados bien conocidos, así como los inventos al estilo del Fondes y su “vela prendida al socialismo”.

Los expertos dicen que los presupuestos son “la expresión numérica de las políticas, planes y estrategias”. Considerados así, los presupuestos y rendiciones de cuentas del FA muestran la ausencia de una mirada seria y decidida a comenzar a generar las transformaciones que todos los uruguayos sabemos necesarias y que, históricamente, solo el Partido Nacional ha sido capaz de realizar.

Gustavo Penadés

Democracia y contralor

Además de la separación de poderes, la existencia del Estado de derecho exige la presencia de los llamados órganos de contralor. Estos conforman estructuras que cumplen la función de poner freno a las tentacio- nes autoritarias del poder político.

En nuestro país, uno de los órganos de contralor es el Tribunal de Cuentas de la República.

Incorporado en la Constitución de 1934, tiene la responsabilidad de controlar la gestión financiera del Estado. En palabras del propio Tribunal su misión es la siguiente: “El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad”

Su desempeño a lo largo de los años ha merecido general consideración; fruto, tanto de la independencia con que tradicionalmente cumplió sus funciones, como del profesionalismo de su cuerpo de funcionarios.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no escapa a la política desarrollada por el Frente Amplio que erosiona la autoridad de los órganos de contralor cuando no le gustan sus resoluciones. Veamos lo sucedido con el asunto del avión presidencial.

A esta altura todos sabemos que la compra del avión no tiene fundamento y es un mal negocio. Desde el avión en sí -viejo y discontinuado-, a la pertinencia de la compra.

¿Un avión para traslados en la región? ¿Para visitar Artigas una vez al año? Por otro lado, el precio: se paga casi tres veces lo que cuesta en el mercado. Y, por último, pero no menos importante: se quiso comprar un avión con nombre y apellido.

El Tribunal de Cuentas oportunamente entendió que era ilegal recurrir a la compra directa.

Luego, cuando el Poder Ejecutivo recurre a la licitación pública para subsanar la observación, dictaminó que el llamado era observable por favorecer a uno de los oferentes.

A esa altura el Poder Ejecutivo debería haber desistido de la compra. Estaba más que claro que la compra era un disparate y que se estaban torciendo las normas para disfrazar de legalidad la operación.

No obstante, “casualmente”, renuncia un ministro e ingresa un suplente dispuesto a cumplir la voluntad del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo interviene la Fiscalía de Gobierno con un dictamen que no solo pretende justificar el accionar gubernamental sino desacreditar el legítimo accionar de los ministros opuestos al negocio y de los funcionarios del Tribunal.

La calidad de la demo- cracia tiene relación directa con la independencia con la que actúan los órganos de contralor y con la transparencia de la gestión de la administración.

La legislación de acceso a la información es un importante avance que se suma a la histórica actuación de los organismos de contralor. Pero, cuando esas instituciones se transforman en meras avaladoras de la voluntad de los decisores políticos, la institucionalidad se va resintiendo y la calidad de la democracia disminuye, ambientando desbordes autoritarios del poder que terminan por vulnerar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Gustavo Penadés

Diputado Gustavo Penadés convoca a los ministros Bonomi y Menéndez al Parlamento por eventuales ataques para robar armas.

Los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Jorge Menéndez (Defensa Nacional) fueron convocados al Parlamento para que informen de los documentos de Inteligencia que advierten de posibles robos de armas en dependencias estatales.

Uno de esos informes, en poder de El Observador, lleva la firma del jefe del Estado Mayor de la Defensa Juan José Saavedra, y el otro, según lo informó el domingo Montevideo Portal, es del subjefe de Policía Walter García.

Ambos solicitan a las unidades militares y policiales elevar las medidas de seguridad para proteger el armamento.

Los ministros Bonomi y Menéndez deberán concurrir a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento para brindar información sobre esos posibles atentados que según se sospecha pueden ocurrir en forma simultánea en procura de armamento.

Los ataques, según Inteligencia, apuntan a dependencias militares y policiales.

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Penadés dijo este martes a El Observador que el tema “es más grave de lo que parece”. “Estamos hablando de que por primera vez en años una organización planifica atentar contra el Estado”.

Lea también: Alerta ante “posibles atentados”: Inteligencia busca al conductor de un vehículo

Advertencia

El documento firmado por el general Juan José Saavedra, jefe del Estado Mayor de la Defensa, tiene como asunto “Probabilidad intento de hurto de armas”.

“Existe información de Inteligencia de que delincuentes con profusos antecedentes, con fecha de liberación a corto plazo, estarían planeando la obtención de armas largas, siendo un posible objetivo reparticiones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional”, dice el documento en poder de El Observador.

También se detectó la existencia de perfiles de Facebook “aparentemente falsos” que tendrían el objetivo de captar integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, para obtener información sobre el armamento utilizado y “cómo y dónde hacerse del mismo”.

Inteligencia evaluó la probabilidad de que estos ataques realmente ocurran como de “media-alta”.
Por la situación planteada se aconsejó incrementar los niveles de control y seguridad del armamento portátil, su munición y en los lugares de almacenamiento.

Los servicios de Inteligencia de la Policía están detrás de un automóvil cuya matrícula fue proporcionada por el coordinador de los servicios de Inteligencia del Estado, el brigadier general Washington Martínez.

Ese vehículo estuvo cerca de unidades militares y sus ocupantes sacaban fotos y observaban con binoculares.

Penadés recordó a El Observador que la sesión de la comisión parlamentaria, si los ministros lo piden, puede declararse reservada, es decir que lo que allí se diga no podrá trascender ni se tomará la versión taquigráfica.

Fuente: El Observador

Más control, más impuestos

La Cámara de Representantes analiza el proyecto denominado de Transparencia Fiscal Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Tan grandilocuente título esconde la voluntad de generar normas acordes a las exigidas por la OCDE. De lo que en esencia se trata, es de que todos los estados colaboren para que los países poderosos reciban un flujo mayor de capital financiero y puedan también cobrar más impuestos a sus ciudadanos. Para la obtención de dicho propósito la OCDE determina requisitos que los estados deben cumplir so pena de sanciones morales y materiales.

Estas decisiones no son inocuas. Es cierto que el mundo parece ir hacia un esquema de mayor transparencia en el manejo de la información financiera. Pero, esas políticas a quienes hacen correr mayores riesgos es a los países receptores de capital. Si los capitales son castigados por invertir en Uruguay: ¿por qué seguir haciéndolo?

Este proceder de los gobiernos del FA tiene estrecha relación con una actitud que se caracteriza por ampliar las potestades de la administración tributaria llevándola a erigirse como un súper poder que termina por afectar las garantías individuales.

Se alienta una concepción de la administración tributaria a la que se presenta imbuida de tan loables fines que le está permitido actuar por encima de la Constitución y de la Ley. Principios fundamentales del Estado de Derecho como el de que las personas son inocentes hasta que se demuestra su culpabilidad; de que todas las personas tienen derecho a ser oídos por un juez imparcial; que las personas tienen derecho a la intimidad y que a ella se puede acceder solamente con autorización judicial; que no puede usarse el poder del estado arbitrariamente y con desviación de poder, son ejemplos de lo que está en cuestión en estos tiempos. Si la Administración impide que un contribuyente pague en cuotas sus adeudos y que al mismo tiempo litigue; si no termina en un tiempo razonable las inspecciones; si fija un monto a pagar que después admite negociación; si amenaza con la policía al contribuyente, esa administración no está actuando en el marco del Estado de Derecho.

Asistimos diariamente a una acumulación de instrumentos de control de las personas sin que el controlado tenga posibilidades ni de saberlo ni de oponerse al uso de la información que se recaba. Con los eufemismos de “inclusión financiera” y de “disminuir el delito” se obliga a usar tarjetas y dinero electrónico, quitando libertad al individuo y acumulando información. En otro momento nos referiremos a los perjuicios que se están causando al pequeño y mediano comercio y a lo que puede venir el año próximo.

Transparencia, inclusión financiera lucha contra el terrorismo, bancarización, son palabras que encubren la decidida voluntad de controlar más para así estar en condiciones de cobrar más impuestos.

Desde la perspectiva frenteamplista del gobierno el contribuyente debe aportar cada vez más para que el Estado pueda gastar más, pero sin compromiso de mayor eficacia ni transparencia. Ancap. Pluna, regasificadora, Antel-Arena, el estado paralelo, Fondes, Alas-U, seguridad, infraestructura, son los ejemplos más obvios, pero hay mucho más.

Gustavo Penadés

Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés proponen la creación del “Defensor del Paciente”.

¿Debe existir un comisionado parlamentario para controlar los sistemas nacionales de salud, como lo hay para las cárceles? La Comisión de Salud de Diputados comienza a analizar un proyecto nacionalista que crea una suerte de “defensor del paciente”.
Así como existe un comisionado parlamentario de cárceles, que controla el cumplimiento de la normativa “supranacional, constitucional, legal y reglamentaria” referida a la situación de las personas privadas de libertad, un cargo similar podría crearse para controlar al Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En octubre, la Comisión de Salud de Diputados tratará un proyecto creado por los representantes nacionalistas Martín Lema y Gustavo Penadés.

La persona que ocuparía este cargo debe tener al menos 30 años y tener “reconocida idoneidad en la materia”. Uno de los responsables del proyecto, Martín Lema, dijo a Montevideo Portal que quien ocupe este cargo será “una persona que se levante y se acueste pensando en el paciente”. Por ejemplo, “recorriendo instalaciones como las colonias o el Vilardebó, observando los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, estudiando la situación de pacientes que precisen medicamentos y no puedan adquirirlos, escuchando reclamos como el de asociación de Parkinson que solicita que sea declarada enfermedad crónica” y casos similares.

El legislador opinó que la figura del comisionado parlamentario de cárceles “fue un acierto del sistema político”, y con este proyecto se apunta a que esta nueva figura, una suerte de “defensor del paciente”, ayude a mejorar la situación de los usuarios y a enriquecer al sistema de salud en general. “Está claro que no va a solucionar todos los problemas que tiene el SNIS, pero si va a ayudar a resolver muchas injusticias. Es una medida que se nos ocurrió para aportarle al Sistema Integrado de Salud y ayudar en la implementación del Sistema de Cuidados”, dijo.

Las recomendaciones formuladas por el comisionado no tendrán carácter obligatorio, pero “no obstante, la autoridad administrativa o la institución pública a la que hayan sido dirigidas las recomendaciones deberá, dentro de los treinta días de notificadas las mismas, dar respuesta por escrito debiendo indicar expresamente las razones que le asistan para no seguirlas”.

En la exposición de motivos, Penadés y Lema explican que el país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) pero al mismo tiempo, “el Sistema Nacional Integrado de Salud, a nueve años de su creación, ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento, que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del sistema”.

“Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados
medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”, agregan.

A su juicio, la creación de esta figura pretende generar “una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

 

Fuente: Montevideo Portal

De Argentina vienen noticias

La semana pasada, Argentina y el Reino Unido anunciaron la intención de profundizar sus relaciones políticas y comerciales. Se adelantó que existiría voluntad de reanudar los vuelos desde Argentina hacia las islas Malvinas y de avanzar en asuntos relacionados con la prospección petrolera. Estos cambios, de materializarse, tendrán impacto importante en la economía argentina y en el futuro de la región.

La noticia por supuesto nos alegra mucho, pero nos lleva a reflexionar nuevamente sobre los graves errores que nuestro país comete en su política internacional. Durante muchos años, Uruguay se privó de los ingresos derivados de la atención de la flota pesquera con bandera de las Malvinas. Se habló, en aquel momento, de que se estarían perdiendo entre 200 y 300 millones de dólares anuales por no atender a la flota gallega que operaba con la bandera de las islas. En la misma línea, nuestro país se niega a aprovisionar de combustible a buques y aeronaves militares inglesas con aquel destino. Este disparatado manejo de las relaciones internacionales termina a la larga perjudicando los intereses de los uruguayos. Argentina y el Reino Unido profundizan sus relaciones económicas mientras que la obsecuencia uruguaya le quita oportunidades de trabajar a los uruguayos.

Para peor, mientras eso pasaba, Argentina ignoraba reclamos históricos. Reclamos respecto a temas importantes para los uruguayos. Estamos hablamos de cosas como el dragado del canal Martín García, y los de obstáculos para la utilización de la Hidrovía. Y, del mismo modo, nos vimos perjudicados por la aprobación de normas para desestimular las operaciones de tránsito en Montevideo, con la consecuente afectación de la actividad marítima y portuaria. Sin olvidar, por supuesto, el asunto del cierre de los puentes y de las trabas a la importación que terminaron con miles de puestos de trabajo.

El problema de fondo radica en la concepción que tienen los grupos mayoritarios del Frente Amplio de las relaciones internaciones. Confunden sus simpatías políticas a líderes y regimenes con los objetivos y necesidades permanentes de los países. En el caso argentino, es una constante, desde los tiempos de la Colonia, que los intereses montevideanos y porteños estén enfrentados; más allá de simpatías y amistades de los gobiernos del momento; y, nada hace prever que esa constante desparezca.

Esa visión de guiar las relaciones internacionales desde la perspectiva de las ideologías llevó a que ya en los primeros meses de la administración Vázquez quedara por el camino la posible integración al TISA. Así cómo Gargano vetó todo intento de negociación de un TLC con Estados Unidos, otra vez también el Frente Amplio y el Pit-Cnt privan al país de la eventualidad de participar en la mesa de negociación del TISA. Otra vez se pierden oportunidades interesantes como fruto de las concepciones de grupos que viven anclados en el pasado. Algunos todavía sueñan con el nuevo orden americano promovido por Venezuela y su otrora generosa billetera; y con proyectos de integración transformados en proyectos políticos que desconocen que el comercio de bienes y servicios es la causa principal del desarrollo de los estados.

Uruguay tiene intereses que van más allá de los gobiernos y de las ideologías.

Gustavo Penadés