Diputados Gustavo Penadés y Martín Lema proponen crear la figura del comisionado para la Salud y el Sistema de Cuidados

Proponen crear la figura del comisionado para la Salud y el Sistema de Cuidados.

El Parlamento tiene a estudio un proyecto de Ley por el cual se propone crear la figura de un Comisionado Parlamentario para el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Los diputados del Partido Nacional Gustavo Penadés y Martín Lema presentaron un proyecto de Ley para crear la figura del defensor de la Salud y el Sistema de Cuidados. La iniciativa legal se encuentra a estudio de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes.

En el artículo 1º del proyecto se establece que el cometido principal de dicho comisionado será el de “asesorar” al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa vigente referida a los mencionados sistemas.

En la exposición de motivos, los diputados Penadés y Lema, quienes firman el proyecto, indican que desde la formación del Sistema de Salud, hace nueve años, “se han puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento, así como también dificultades económico-financieras y déficits en la atención a los usuarios, los que han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios”.

 Por otro lado, expresan que el Sistema de Cuidados además “está en etapa embrionaria”, pero requiere para su cumplimiento de la participación de una multiplicidad de actores estatales y de la sociedad civil en su conjunto, lo que “exige que los actores dispongan de los correspondientes recursos económicos que habiliten la formulación y concreción de programas de gestión”.

Acierto político de la creación de un comisionado

Los legisladores nacionalistas plantean que “dada la complejidad de los procesos que implica la puesta en funcionamiento de ambos sistemas, sumado a la experiencia acumulada desde la instauración del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, se ha confirmado el acierto del sistema político al crear la figura”.

Indican que al comisionado se le procura dotar de los más amplios poderes para el cumplimiento de sus cometidos y así garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población.

 

Fuente: La Red21

¿La culpa es de los retirados?

En un escenario de angustia fiscal, el ministro Astori lanzó la idea de reformar los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas argumentando que “la Caja Militar” presenta “un déficit” de 400 millones de dólares. El Poder Ejecutivo está trabajando en proyectos cuya última formulación desconocemos. Trascendió que, en lo fundamental, se sancionaría otro impuesto a las prestaciones y se modificarían los tiempos de servicio.

De arranque se empieza mal: la “Caja Militar” no es tal. No es un ente recaudador y administrador de los aportes de patrones y trabajadores. Es un servicio que paga prestaciones a los beneficiarios determinados por las leyes. El Servicio de Retiros y Pensiones tiene muchos años; encontrando muchos antecedentes en la historia nacional. Manuel Oribe, por ejemplo, aprueba una ley fijando pensiones para las esposas e hijos de soldados de la Independencia.

Sumarle otro impuesto a los retirados, que ya tributan el IASS que se destina al BPS, es disparatado. ¡Y más disparatado y confiscatorio es, si cabe, si ese nuevo impuesto termina por fagocitarse la mitad de los haberes!

Fiel a su naturaleza, el FA quiere enfrentar a los militares con la población, como si los militares no fueran parte de la misma. Presentan a los beneficiarios del servicio co-mo si fueran privilegiados, cuando la verdad es que no lo son, y que la enorme mayoría está conformada por personal subalterno y pensionistas.

La discusión tal como está planteada es equivocada. El costo de los retirados y pensionistas es un componente del gasto de defensa. No se puede desligar una cosa de la otra. Por tanto, la cuestión fundamental sería determinar cuánto se está dispuesto a gastar en el futuro en esto.

Mientras no se adopte una posición al respecto se continuará con lo que se viene haciendo desde hace años. Venimos asistiendo a un doble proceso en el que, por un lado se le asignan a las Fuerzas Armadas nuevas responsabilidades a sus misiones esenciales, pero, al mismo tiempo, se reduce su presupuesto a límites insostenibles. Las Fuerzas cumplen sus misiones a costa de grandes esfuerzos, pero, llegará un momento en que se verán imposibilitadas de continuar haciéndolo. Hoy asistimos a la paradoja de que por ley de Rendición de Cuentas se le encomiendan a las FFAA funciones policiales junto al Ministerio de Ganadería, pero, por otro lado, no hay recursos para cumplir cabalmente las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de búsqueda y rescate. En estos años el Ministerio del Interior ha sido una prioridad presupuestal, lo que ha derivado en una bienvenida mejora de salarios y equipamiento. Aumentó la cantidad de efectivos, compró aeronaves y armamento sofisticado e incluso se busca evitar el control de esas compras. ¡Sin embargo son militares quienes evitan que se escapen los presos!

Tenemos la esperanza de que el Gobierno actúe con sensatez y no incurra en el disparate de castigar injustamente a los militares retirados y a los pensionistas, para recaudar unos pesos más que no solucionan nada; pretendiendo, así, desviar la atención de los problemas importantes y de paso quedar bien con aquellos sectores que buscan la desaparición de las fuerzas armadas o su transformación en guardia nacional.

 

Gustavo Penadés

Se ajusta por imprevisión

Después de diez años en que todo era favorable es increíble que el Frente Amplio esté llevando adelante un ajuste fiscal, y el país temblando ante la amenaza de perder el grado inversor.

Fueron diez años de crecimiento continuado como nunca se había visto en la historia, producto de la conjunción de factores externos positivos y de la sensatez de continuar las líneas fundamentales que venían de las administraciones anteriores. La actividad económica fue mejorando de año en año y esto llevó a que los gobernantes creyeran que esa dinámica se mantendría incambiada en el tiempo. Se olvidaron de razonar que en economía los ciclos existen, y que tras los buenos tiempos siempre vienen los malos. Se actuó con imprevisión, gastando más de lo que se lo debía haber hecho. Pero lo peor es que ese gasto no tuvo un correlato en la mejora sustancial de los servicios públicos.

En cuestiones básicas no se avanza, sino que se retrocede. Alcanza con ver el crecimiento constante de la violencia urbana pero también de la rural. La infraestructura básica sigue en vueltas con rutas destrozadas y un ferrocarril que languidece sin rumbo. En materia de educación pública, las inversiones en infraestructura y equipamiento sumadas a la justa e importante mejora de salarios, no se ven acompañadas de un principio de mejora en los resultados. Por el contrario, las administraciones van pasando y cada una que asume viene con diagnósticos y planes milagrosos que al tiempo son desechados sin ser siquiera evaluados.

Pero el aspecto más preocupante es el de que la sociedad uruguaya está muy lejos de empezar a estar más integrada sino que, por el contrario, ofrece a diario signos crecientes de fractura sin indicios de que ese proceso negativo comience a revertirse.

Lo que se hizo durante estos años fue inyectar dinero y sumar personas al Estado, cuya estructura y prácticas se mantienen incambiadas desde 1995; mientras que, por fuera del mismo, se fue ambientando otra red de organismos sin control alguno.

Hoy el gobierno no tiene ingresos suficientes para mantener el ritmo del gasto. Ya no hay espacio para aventuras como las de Ancap, Antel, Pluna puerto de aguas profundas, Fondes, AlasU, y Regasificadora. Estos son parte de los emprendimientos progresistas en los que se fueron miles de millones que todos seguimos pagando.

Todo esto pinta un Frente Amplio que se llenó la boca criticando a los partidos tradicionales, acusándolos de cuanto disparate se le ocurría decir, pero que no supo llevar a la realidad ninguna mejora sustancial en los servicios que el Estado le ofrece a los contribuyentes. Además, hace un par de años también escuchábamos que el país “estaba blindado” y los reclamos de prudencia del Partido Nacional eran tachados de ignorantes y alarmistas. Hoy, ese mismo equipo económico opina como si nada tuviera que ver con lo que pasó, siendo que ese equipo, con el Cr. Astori a la cabeza, estuvo en el timón desde 2005.

Lamentablemente, las consecuencias de los errores ya se están viendo y sufriendo. La actividad económica enlentecida, el empleo comenzó a afectarse, y la consecuencia inevitable será que el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias por una u otra vía se verán afectados.

Gustavo Penadés

Diputado Gustavo Penadés cuestiona que la Rendición de Cuentas aumenta impuestos y la deuda externa

Nacionalistas critican que la Rendición de Cuentas aumenta impuestos y la deuda externa

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista, Gustavo Penadés, cuestionó que el Gobierno envió al Parlamento una Rendición de Cuentas “sin autocritica y echándole la culpa al mundo de nuestros problemas”, al mismo tiempo indicó que el mensaje presupuestal aumenta los impuestos y la deuda externa.

El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de la Ejecución Presupuestal correspondiente a 2015, el cual presenta un déficit de 44.6 millones de pesos.

En el informe del gobierno se asegura que las medidas de política fiscal propuestas son necesarias en cuanto aseguran la sustentabilidad de las cuentas públicas y, por lo tanto, constituyen un pilar de la estabilidad económica.

Culpa del mundo

En ese marco, el presidente de la Comisión de Hacienda, Gustavo Penadés, dijo que el “Gobierno envió al Parlamento una Rendición de Cuentas sin autocritica y echándole la culpa al mundo de nuestros problemas”.

“El Ejecutivo quiere hacernos creer que los problemas son culpa del mundo y que acá se hizo todo bien”, remarcó.

Lamentó que el Frente Amplio en la Rendición de Cuentas plantea “más de lo mismo, pero además profundiza el ajusta fiscal con aumentos de impuestos y de la deuda externa”.

El Partido Nacional se dedicará en los próximos días a analizar con detenimiento los gastos realizados el año pasado por el Gobierno.

Penadés expresó que “es necesario de una vez por todas que el Gobierno muestre el resultado concreto del esfuerzo que hace la sociedad”.

Dijo que el Ministerio de Desarrollo Social “representó el 14% del crecimiento que tuvieron los gastos de la administración central en los últimos 10 años pero que no se advierte un cambio sustantivo de progreso social”.

“Usaron casi 50 millones dólares más de lo presupuestado el año pasado para las personas en situación de calle y Tarjeta Social, entre otros programas, pero vemos  cada vez más gente durmiendo en las calles, pidiendo en las esquinas y más asentamientos”, lamentó el legislador blanco.

Penadés también cuestionó que el Gobierno “gasta mucho, pero ello no se ve resultados”.

Fuente: La Red21

Proyecto de ley Creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

Proyecto de ley de los diputados Martín Lema y Gustavo Penadés: creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) con el cometido de ofrecer prestaciones a diferentes colectivos de nuestra sociedad a  los efectos de que puedan sobrellevar las situaciones que enfrentan en su diario vivir y que los colocan, muchas veces, en condiciones adversas.

Al mismo tiempo, a nueve años de su creación,  el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento,  que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del Sistema.

El estado de desarrollo de ambos sistemas es notoria y lógicamente diferente. El SNIC se encuentra en una etapa embrionaria. En efecto, el Poder Ejecutivo impulsó un abanico de acciones que incluyeron la instalación de la Secretaría Nacional de Cuidados y la reciente creación del marco institucional necesario, encontrándose la implementación de las estrategias que habrán de coordinarse con cada Institución recién en los comienzos.

Los loables y ambiciosos propósitos que animan al Gobierno y a todo el sistema político nacional en su conjunto en relación al SNIC, requieren para su cumplimiento, de la participación de una multiplicidad de actores estatales y de la sociedad civil en su conjunto. Al mismo tiempo, exige que los actores dispongan de los correspondientes recursos económicos que habiliten la formulación y concreción de programas y proyectos de gestión. Algunos de ellos implicarán una novedad en nuestro país, en tanto otros – como por ejemplo los que involucran al sistema educativo o al INAU-, tienen ya larga data.

A lo expresado se suma además, la lógica sensibilidad de los colectivos amparados por este Sistema, los que – por su vulnerabilidad y en muchos casos, indefensión-, deben ser protegidos para que puedan gozar efectivamente de los derechos que les fueran otorgados o reconocido. A su vez, serán muchas las instituciones no gubernamentales y sujetos individuales que confluirán con sus esfuerzos a la implementación y concreción de los objetivos trazados por la Administración.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, por su parte, se encuentra consolidado institucionalmente, no obstante lo cual presenta importantes problemas de naturaleza económico-financiera y déficits serios en relación a la atención de sus beneficiarios, lo que ha derivado en que los derechos de los mismos se hayan visto vulnerados en muchos casos .

Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos, se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales  desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente.

Es fácil comprender, que dada la complejidad de los procesos que implica la puesta en funcionamiento de ambos Sistemas, se hace imperiosa la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria.

La experiencia acumulada desde la instauración del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, ha confirmado el acierto del sistema político al crear la figura; habiéndose erigido esa Institución en una voz ecuánime, certera y por tanto, escuchada por todos.

En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone, pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas.

Al igual que sucedió con su antecesor, con la  creación del Comisionado Parlamentario para el SNIS y SNIC se procura dotar a la figura de los más amplios poderes para el cumplimiento de sus cometidos, a fin de que, con su labor, pueda contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos que los sistemas referidos confieren a la población y lograr así la aceptación general y el apoyo del sistema político con representación parlamentaria.

 

PROYECTO DE LEY DEFINITIVO- COMISIONADO PARLAMENTARIO 

EXPO DE MOTIVOS COMISIONADO PARLAMENNTARIO

Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés presentan proyecto de ley para crear Comisionado Parlamentario para fiscalizar los Sistemas de Salud y de Cuidados

Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud

Legisladores blancos proponen crear ombudsman que defienda los derechos de usuarios de los sistemas de salud y cuidados

El diputado blanco Martín Lema es categórico. “Los gobiernos del Frente Amplio han destruido el sistema de salud”, dice sin vueltas. Para Lema, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es “un eslogan”, y según su opinión eso se debe a que las autoridades se “dedicaron a promover titulares sin contenido, cortar cintas por cumplido, generar estadísticas y alimentar egos en vez de gobernar para la gente”.

“Después de una bonanza económica como la que tuvimos resulta sorprendente que lleguemos al absurdo de un sistema de salud colapsado”, afirmó. El diputado nacionalista Gustavo Penadés coincide con el diagnóstico y pone el foco en los “continuos problemas” que tienen los usuarios para ser atendidos y escuchados. Ambos legisladores entienden que la clave para “reconstruir” el sistema es poner al paciente, al usuario, en el centro. Darle una voz. La respuesta que encontraron fue la de crear un canal independiente que traslade los reclamos. “Una de las medidas que definimos es la necesidad de instalar la figura del defensor del paciente para la protección de sus derechos en los hechos y no en los discursos, como viene sucediendo hasta el momento”, dijo Lema.

Los dos diputados blancos (del sector Todos) presentaron el martes 31 de mayo un Proyecto de Ley para la Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud y de Cuidados. En la exposición de motivos, los legisladores mencionan las “permanentes dificultades” que los usuarios deben enfrentar para lograr que se respeten sus derechos. “Son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de estos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento, como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”.

Dicen que por lo complejo de ambos sistemas “se hace imperiosa” la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. “Han existido episodios lamentablemente graves, como el de Hogar de Ancianos que se incendió, que hacen necesario que haya en el Estado una voz independiente a la que se pueda recurrir para presentar quejas, denuncias, y eventualmente solicitar que los errores que se cometan sean corregidos por parte de los prestadores”, argumentó Penadés. Para el diputado “no es nuevo en el mundo que haya un criterio independiente para escuchar las voces de los usuarios y que estos sean defendidos en un sistema en el que a veces el ciudadano parece estar en desguarnecimiento y orfandad”.

Según el diputado, los canales con los que los usuarios cuentan hoy para vehiculizar sus denuncias “no son independientes”. “Además esto tiene otro objetivo, que es la realización de un informe anual obligatorio por parte del comisionado para poner en conocimiento de la Asamblea General cuál es la situación y el nivel de funcionamiento de estos sistemas”.

Comisionado carcelario como espejo.

La figura del comisionado parlamentario para el sistema carcelario sirvió como inspiración para esta suerte de ombudsman de la salud que propone el Partido Nacional. En el proyecto, los legisladores subrayan que la experiencia acumulada desde la instauración del comisionado para las cárceles “ha confirmado el acierto del sistema político” al crear una figura que se consolidó como “una voz ecuánime, certera y, por tanto, escuchada por todos”. “En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

El texto del proyecto propone varias atribuciones para el comisionado parlamentario de los sistemas de salud y cuidados. Además de recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los usuarios, podrá formular recomendaciones a las autoridades para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de la normativa vigente.

Además podrá solicitar información a las autoridades respecto a las condiciones en las que se están prestando los servicios de salud y de cuidados en los respectivos sistemas integrados y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar los derechos de los usuarios.

También podrá realizar inspecciones de carácter general, en coordinación con las autoridades, a los centros de salud y de cuidados. En las instituciones públicas podrá ser sin aviso previo. Si se trata de una institución privada, las inspecciones estarán condicionadas a que las autoridades de esos prestadores resuelvan la autorización. “No obstante, el comisionado parlamentario podrá realizar las acciones constitucionales y legales pertinentes, así como las denuncias que correspondan, si considera que la institución privada no está cumpliendo con la normativa vigente en la materia o si se presume la existencia de lesión o peligro de lesión a los derechos de los usuarios”, dice el proyecto.

El defensor del paciente deberá remitir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. “El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, podrá brindar un informe extraordinario”.

Según el proyecto, el comisionado parlamentario tendrá autonomía técnica y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad excepto de la Asamblea General.

Fuente: Semanario Búsqueda
Jueves 2 de junio de 2016

El Toba

Héctor Gutiérrez Ruiz -el Toba- fue un gran blanco herrerista y luego wilsonista, un gran ciudadano oriental, un gran ser humano.

A pesar que la diferencia de edad que me separó de él impidió tratarlo personalmente, las referencias que tuve siempre sobre su persona y las semblanzas que de su figura he leído, me permiten hacer la afirmación anterior.

Que fue un gran blanco herrerista y wilsonista dan cuenta sus acciones al servicio del Partido Nacional, durante toda su vida.

Como herrerista primero, por su admiración a Herrera y acción a su servicio desde sus años jóvenes, por su afán de colaboración política con el sector al fundar, junto con Diego Terra, Alberto Zumarán y otros jóvenes, el Movimiento 8 de abril, en 1962, como homenaje al Caudillo muerto en igual día de 1959 y, entre otros gestos, al asumir la dirección colegiada de El Debate en 1970 junto al nombrado Terra y a Juan Carlos Furest.

Como wilsonista después, al vislumbrar -como tantos herreristas de cuna- que el camino del triunfo del Partido al servicio de la Patria se recorría acompañando a la figura emergente de Wilson en 1970.

Que fue un gran ciudadano oriental tenemos pruebas -entre otras- que surgen de su actuación como legislador y como luchador contra la opresión militar que nos birló la Libertad, lo que le costó la vida.

Que fue un gran ser humano lo dicen los innumerables testimonios de quienes se honraron de su amistad y el amor que lo unió a Matilde Rodríguez Larreta, con quien formó una familia ejemplar.

El recordado Enrique Schwengel es un referente que siempre dio idea de la dimensión humana del Toba. Lo acompañó en el emprendimiento comercial del exilio en Buenos Aires: una provisión que llamaron “Treinta y Tres Orientales”. De ese local, el “Negro” Schwengel rescató -con riesgo para su vida- la bandera alusiva al nombre del comercio al poco rato de enterarse que habían secuestrado a su amigo. Era el homenaje que su amistad exigía.

El Toba es un ejemplo de los que dieron su vida por la demencia de las Fuerzas Armadas de la época, nunca mejor expuesta que en las palabras del general Ibérico Saint Jean, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla: “Primero mataremos a los subversivos, después a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, después a los que permanezcan indiferentes”.

Con respeto y admiración, hago mías -como mi humilde homenaje al Toba- alguna de las palabras de aquella memorable carta que enviara Wilson a Videla el 24 de mayo de 1976, cuatro días después de su muerte cruel, absurda y criminal:

“Héctor Gutiérrez Ruiz es -porque eso no puede quitárselo nadie- el Presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay. Representa en ella al Partido Nacional, a pesar de un comunicado expedido desde Montevideo por quienes se ceban, como algunos animales inmundos, en los propios cadáveres.

”La condición de integrante del Partido Nacional, de blanco, como decimos los orientales, la damos y quitamos los blancos mismos, y no está al alcance de los enemigos de su patria y de su partido.

”Tenía 43 años y presidía una maravillosa familia cristiana que integraban con su mujer y sus cinco hijos”.

 

Gustavo Penadés

La vitalidad de la sociedad civil

Jubilar, Impulso, Providencia, Espigas, son los nombres de centros educativos que cada vez más atraen la atención de la sociedad. Siendo privados, están abiertos a todo el público, con una oferta educativa y de formación diferente. Los logros de los estudiantes son la única oportunidad que tienen niños y jóvenes para superar situaciones complicadas en lo social, afectivo y económico.

Más allá de las investigaciones sobre los resultados educativos de esos centros en relación a otros -en poco tiempo se dará a conocer un nuevo estudio al respecto- cualquiera puede advertir que en ellos existe una manera distinta de trabajar.

Son ejemplos de lo que son las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país, desde las épocas del Hospital de Caridad los ciudadanos se han organizado para desarrollar acciones dirigidas a satisfacer necesidades que de otro modo no se podrían cubrir. La infancia, la salud y la vejez son preocupaciones que estuvieron siempre presentes.

En el presente siguen naciendo sociedades con el objetivo de obtener respuestas a demandas que el Estado no brinda. En muchos casos las autoridades públicas no tienen conciencia de la problemática o, teniéndola, no vierten para su atención los recursos requeridos, o, si los vierten, lo hacen de forma ineficiente.

A pesar de la multiplicidad de experiencias exitosas de instituciones sociales, religiosas o filosóficas, persisten sectores que ven en la actividad privada una usurpación de competencias que tienen la convicción de que le pertenecen en exclusividad al Estado o a los sectores gremiales.

Los centros educativos referidos demuestran que es necesario y posible un cambio en la gestión de la educación pública. Existen muchas escuelas y liceos públicos que son ejemplares, pero no es el caso de la generalidad. Los especialistas enumeran un conjunto de factores para explicar las dificultades, pero coinciden en que las dimensiones del sistema público y la gran centralización son elementos determinantes. Dicen que se necesitan centros dotados de mayor grado de autonomía, con equipos multidisciplinarios permanentes, muy integrados al barrio y que incluyan a las familias en el trabajo. Esto requiere una institucionalidad diferente, para enmarcar y potenciar el trabajo de los educadores.

El Frente Amplio ha sido contrario a cambios en la institucionalidad de la Educación. Esta mantiene, con algunos agregados, la estructura básica desde antes de la dictadura. La presencia gremial no aportó ningún cambio sustancial, sino que ambienta alianzas y conflictos político-gremiales que terminan por sacar a los niños y jóvenes del centro de atención.

No obstante, el FA ha generado un instrumento muy poderoso para contribuir al financiamiento de las instituciones privadas, como lo es el de las Donaciones Especiales. Este régimen permite a muchas organizaciones acceder a financiamiento que, de otra manera, estaría fuera de su alcance y se extiende también al sector público en materia de enseñanza, investigación y atención de la minoridad.

En definitiva, son necesarios más institutos como los referidos. Son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se pone inteligencia, cariño y genuino interés al servicio del progreso y bienestar de los demás.

 

Gustavo Penadés

 

¿Hasta cuándo el Estado paralelo?

Una de las cosas que permitió comprobar la investigación de ANCAP es la creciente importancia de lo que se ha dado en llamar “Estado paralelo”. Es decir, el complejo entramado de sociedades comerciales y de instituciones públicas no estatales que desarrollan actividades propias de las administraciones públicas.

La variedad de campos que abarcan las referidas instituciones es enorme.  Pueden ser instituciones financieras usadas en negocios internacionales; o sociedades propietarias de centros de atención telefónica;  productoras de biocombustibles y azúcar; o un fideicomiso para explotar el Estudio Auditorio del SODRE.  Cabe decir que esta práctica no es exclusiva de la administración central y autónoma, sino que también se la puede encontrar a nivel de la  UDELAR, ya que son varias las fundaciones dependientes de las facultades.

Estas fundaciones auspician proyectos y contrataciones que, naturalmente, se rigen por el derecho privado. Cabe reconocer que el proceder referido no es nuevo, pero, sí lo es el impulso fenomenal que le dio el Frente Amplio desde 2005.   Esto resulta sumamente paradójico, porque, si por un lado el Frente Amplio sostiene a capa y espada la defensa de un Estado   controlador y todopoderoso, por el otro es el primero en actuar fuera del Estado.  Se ve muy claro esto cuando consideramos lo que viene sucediendo en relación al Tribunal de Cuentas. Mientras se complejiza la estructura de compras del Estado y se le exige al Tribunal de Cuentas que disminuya los plazos de actuación, por otro lado, se genera una red de negocios que están por fuera de todo control. Ni el Tribunal de Cuentas ni  ningún otro órgano de contralor puede dictaminar sobre las contrataciones de una sociedad anónima dependiente de un ente autónomo, ya que dichas sociedades actúan sin que reciban otra supervisión que la que supuestamente deberían ejercer quienes las crearon.

En definitiva, con este proceder el Frente Amplio sigue demostrando que no quiere abordar el problema de fondo.  Este consiste en la definición de un nuevo estatuto que actualice el funcionamiento del Estado. Como no quiere asumir ese costo, ya que las resistencias internas y de los sindicatos serían fuertes, lo que hace es mantener la apariencia de que se preocupa por mejorar el funcionamiento de la administración pública, pero, al mismo tiempo promueve el crecimiento del Estado paralelo.

Este estado de cosas, de nuevas agencias, institutos, sociedades anónimas y fideicomisos, abrió el espacio para una nueva clase de funcionarios públicos –  lo son en un sentido amplio, en tanto la finalidad de su trabajo es alcanzar una finalidad pública a través de la administración de bienes públicos-. Estos nuevos funcionarios públicos serían los responsables de algunas de las cosas negativas que se han visto en ANCAP.  ¡Y, justamente, una de las defensas esgrimidas por el Frente Amplio es que no serían responsables en tanto se trata de empleados de una sociedad anónima…! Estos funcionarios acceden a sus trabajos por designación directa; no están alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades propias de los funcionarios públicos, reciben mejores salarios y no están sometidos al   contralor de los organismos especializados.

Es así entonces, que después de décadas de despotricar contra “las prácticas neoliberales” el Frente Amplio está generando una gran cantidad de entidades que se rigen por el derecho privado, que están al frente de proyectos de enorme magnitud, y que dan pie a cosas muy oscuras como las que pasaron en ANCAP.

El Partido Nacional viene, desde hace años, denunciando este estado de cosas, pero también proponiendo marcos regulatorios, pero sin que hasta el presente se lo haya escuchado.

De continuarse en este camino, Uruguay terminará manteniendo la tradicional administración pública y, junto a ella, existirá un complejo entramado de   entidades de derecho privado que serán patrimonio del partido de gobierno. Al final, quien terminará perdiendo será la sociedad. Malos servicios, más costos y un escenario propicio para la corrupción.

Gustavo Penadés

Pedido de informes del diputado Gustavo Penadés sobre presencia de pesticidas en carne destinada al abasto de la población

El diputado Gustavo Penadés presentó un pedido de informes por el que se pretende conocer cuáles son los controles que  realiza el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para detectar la presencia de pesticidas y productos similares en la carne destinada al abasto de la población.

Penadés dijo que “según se le informó existe un período en el que los animales tratados con ciertos productos, como los garrapaticidas,  no pueden ser faenados por lo que se quiere saber si esos plazos son respetados”.

Al mismo tiempo, el legislador nacionalista pregunta cuáles son los controles que tanto el Ministerio de Ganadería como las intendencias municipales realizan sobre los productos químicos que se usan en la producción y comercialización de las hortalizas.

El tema fue objeto de atención pública ya que se publicitó a través de la prensa que fueron rechazada en Estados Unidos carne uruguaya que presentaba resto del pesticida etion.

Pedido de Informe Gustavo Penadés