El Espacio Cuarenta celebró su décimo aniversario

El festejo de los 10 años de Espacio 40 colmó las instalaciones del Platense Patín Club. Los liderados por el senador Javier García celebraron con la presencia de todo su equipo y, a su decir, “del futuro presidente”, el senador Luis Lacalle Pou. El acto fue el puntapié inicial de la carrera electoral.

“Tengan claro que atrás de Javier García hay hombres y mujeres que dejarán todo para ganar. El tractor amarillo sale del galpón y va a sembrar esperanza y coraje por todo el país”, aseguró el diputado Sebastián Da Silva. “El Partido Nacional empieza a transitar el camino que llevará a Luis Lacalle Pou a la victoria”, sentenció y fue ovacionado por los asistentes.

El precandidato.

Al grito de “presidente, presidente”, Luis Lacalle Pou tomó la palabra. Fue el último orador del acto.

“No soy muy afecto a hablar del pasado, quiero hablarles del mañana. Somos gente de futuro”, remarcó el precandidato.

“Al gobierno le quedan 580 días. Hace un par de años notamos una falta de rumbo, dijimos que no tenía agenda. Al tiempo le dijimos al presidente que vivía en un mundo paralelo que relataba una realidad que era la que vivían los uruguayos. Hoy ya no es que el presidente no tiene agenda o rumbo, es que no sabemos dónde está”, disparó. “En algunos ámbitos del país se nota que hay tormenta, pero miramos al timón y el capitán no está. Aquí y ahora tenemos que hacer las cosas y proponerlas”, sentenció.

“Empezamos un momento de transición en la gestión política, debemos decirle a los uruguayos qué haríamos”, sentenció y remarcó que el Partido Nacional se unirá en la campaña electoral: “Nos vamos a encolumnar con el candidato que gane para ser gobierno”.

El primer tema.

“Si gana el Partido Nacional, a la delincuencia se le terminó el recreo. Se va a hacer cargo la Policía y el Presidente de la República no se va a borrar”, prometió.

Afinar las cuentas del Estado fue otro de los aspectos que subrayó, y advirtió que para encarar cambios se requerirá “sentido común y coraje” para cambiar estructuras y ayudar a los que más necesitan.

“Los primeros recursos serán para los uruguayos que viven en asentamientos. Ahí estarán nuestras primeras políticas públicas, seguiremos por personas de bajos recursos”, dijo y remarcó que la austeridad debe empezar por el gobierno.

“Tenemos una divina oportunidad. Hoy el Frente Amplio está tratando de quedarse en el poder, no de hacer un gobierno cinco años más para la gente; se les agotó el programa, el proyecto y nada tiene para ofrecer”, disparó. “Todos los que pueden ser candidatos del FA estuvieron en el gobierno y con cualquiera de ellos vamos a discutir. Nos gustaría que en este proceso ustedes puedan tener dos candidatos debatiendo. Menos grito, menos insulto y más debate”, desafió.

10 años.

“Hoy el Espacio 40 ya no es más nuestro, es de todas estas señoras y señores que están acá, de todo Uruguay, sentenció García.

“En Uruguay está pasando algo y se viene una enorme movilización, una fuerza de esas que cambian las cosas”, arengó y afirmó que “el cambio ya empezó con un equipazo que está tratando de construir, pero que por encima de todas las cosas es un equipo de blancos que ama y respeta al Partido Nacional”, dijo y agradeció la presencia de líderes de otros sectores nacionalistas en el Platense.

“Estamos orgullosos del Partido Nacional. Somos un partido que dentro de pocos meses pedirá la bolada, ya la estamos pidiendo”, señaló. “Queremos relanzar el Uruguay”, dijo.

“Hay dos pecados capitales en la vida política, los dos son corrupciones: el primero meter la mano en la lata, el segundo la soberbia, la corrupción del alma que es la que alimenta la corrupción material”.

“Queremos representar a todos, a los que trabajan privadamente, a los dependientes, a nuestros funcionarios públicos”, dijo e hizo un paréntesis en su discurso. “Quiero hacerles un homenaje porque no es verdad que el Estado funciona mal por culpa de los funcionarios públicos, sino por culpa de muchos jerarcas. El Frente Amplio destruyó carreras administrativas, metió gente por la ventana, acomodó contratos, ahí están los problemas, no en la gente que con mucha vocación se levanta para servir al país”.

“Queremos empresas fuertes, que estén bien lideradas, que generen plata y no destinadas a tapar los agujeros negros de la corrupción y las irregularidades. Convocaremos a un pacto por la excelencia”, adelantó.

Y concluyó: “Si la gente decide que nos toque, lo único que se puede hacer es decirle la verdad. Vamos a construir un país donde el gobierno proteja a la gente. Vamos a tener un país donde uno pueda estar tranquilo y en paz. Vamos a enfrentar la dictadura de la violencia que hay en Uruguay y la enfrentaremos protegiendo la libertad de los uruguayos de poder salir tranquilos y sabiendo que van a llegar a sus casas”.

ASÍ LO VIERON ELLOS


JAVIER GARCÍA

“Con unidad todo, sin unidad nada”

“Una vez le preguntaron a Wilson (Ferreira Aldunate) qué era ser blanco y él contestó que era creer, estar convencido de que mi país puede. Nosotros podemos”, disparó el senador Javier García y logró que todos los presentes lo aplaudieran de pie. “Con humildad, muchísima humildad, vamos a pedir la bolada porque hay una fuerza que viene creciendo desde abajo hacia arriba y viene pidiendo un cambio”, advirtió y enfatizó: “Queremos re- lanzar para adelante el país, lo que importa es lo que está por venir. Con unidad, todo y sin unidad, nada”, enfatizó quien remarcó que es un disparate decir que si ganan los blancos se terminan las políticas sociales, “Pero qué atrevimiento, estas son hijas del Partido Nacional y también del Partido Colorado”.


LUIS LACALLE POU

“Corazón caliente y mente fría”

“Las decisiones del Uruguay de los próximos tiempos no son para andar alardeando, requerirán de sentido común y coraje”, arengó Luis Lacalle Pou. “La frazada que dejó el Frente Amplio va a quedar corta, fina y con agujeros y nosotros (en caso de ser electos como el próximo gobierno) vamos a empezar a tapar a los que más tienen frío”, señaló el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional. “Esta tarea política tiene un fin prioritario, que son los uruguayos, un medio que es el Partido Nacional y después viene un sector, una lista, pero primero están los uruguayos. Aún en los peores momentos nosotros disfrutamos estando juntos. Serenamente, con el corazón caliente y la mente fría, nosotros podemos”.

Militantes de todo el país dijeron presente

Unas 2.000 personas tiñeron el Platense Patín Club con globos azules y banderas amarillas para festejar los diez años del Espacio 40 liderado por senador Javier García. Decenas de ómnibus estacionados en las inmediaciones reflejaban la cantidad de seguidores que se trasladaron hasta allí para asistir a las celebraciones. En la vereda, los partidarios que entregaban escarapelas y vinchas “a voluntad, se entreveraban con los compradores del puesto de venta de chorizos al pan. En el hall del local de Daniel Muñoz 2183 un corpóreo (con el número 40) dio la bienvenida a los nacionalistas y fue motivo para decenas de fotografías que tuvieron como fondo el back de “Nosotros podemos” y Espacio 40, Partido Nacional. Con la cancha repleta de sillas, gradas a tope y militantes en los dos niveles superiores del club, la entrada de los dirigentes se hizo sentir con tirada de papelitos, aplausos, bombos y cornetas. La presentación de cada discurso se acompañó no solo por aplausos o silbidos, sino por la participación del público que se animó a gritarle a sus dirige ntes frases como: ¡acordate de los jubilados! o “decí sin pelos en la lengua que este gobierno nos ha robado todo”.

Fuente: El País

Javier García: “El FA nunca quiso hacer de la lucha contra la inseguridad una política de Estado”


El senador nacionalista considera que “hay un problema de crisis de autoridad y eso genera un clima de impunidad”: “El delincuente saca cuentas y ve que el delito no se persigue”.


El miércoles robaron más de dos millones de pesos de una remesa en el cambio ubicado en el Montevideo Shopping. Cuatro delincuentes ingresaron fuertemente armados y amenazaron a los empleados. Es el segundo robo con características similares en 48hs; el martes, robaron una remesa en el estacionamiento del Nuevo Centro. Y en los últimos meses se han registrado varios asaltos con accionar similar.

Los últimos hechos de violencia y robos vienen siendo fuertemente cuestionados por la oposición. El senador nacionalista Javier García en reiteradas oportunidades ha reclamado el cambio de las autoridades del Interior ante la falta de respuestas concretas y efectivas.

El pedido de Bonomi me pareció un atrevimiento porque es parte de una mentira. El Frente Amplio nunca quiso hacer de la lucha contra la inseguridad una política de Estado. Se apoderó de todas las decisiones.

En 2005 la primera decisión fue liberar presos diciendo que eran las víctimas de la pobreza. La gente de bien pasó a ser los victimarios. En 2016 nos convocó el presidente a la Torre Ejecutiva: nosotros llevamos 30 proyectos de ley con propuestas para este tema. Después de seis meses de trabajo, apenas pudimos lograr que el Frente remitiera cuatro proyectos de ley. En el Parlamento, el Frente Amplio no votó esos proyectos. Quien no quiere una política de Estado es el Gobierno.

Hay un problema de crisis de autoridad y eso genera un clima de impunidad. ¿Qué no han hecho las autoridades para llegar a este clima de violencia? Han permitido la falta de autoridad, de límites, de responsabilidad. Hay un discurso que ha propiciado que el delincuente saque cuentas. Las penas no se cumplen, los victimarios terminamos siendo la gente de bien.

El delincuente saca cuentas y ve que el delito no se persigue, que si lo agarran es más negocio estar un tiempo preso y después quedarse con lo que se llevó, o que directamente queda impune. En Uruguay hay una epidemia de homicidios.

 

Fuente: Teledoce.com

Entrevista al senador Javier García en La Mañana de El Espectador.

En entrevista con La Mañana de El Espectador, también sostuvo que “hay un gran carnaval político en ASSE” y analizó las reformas propuestas en materia de seguridad social de los militares.

En relación a la Concertación, el legislador expresó que su partido debe hacer autocrítica, y tener “una mirada mucho más profunda sobre la realidad de Montevideo”. “Hemos dejado para el final siempre la mirada sobre Montevideo y la designación de candidatos. No le hemos puesto la atención que se merecía. Montevideo tiene una centralidad muy importante, y que un partido político con vocación de gobierno nacional no tenga una propuesta sobre la gestión del lugar donde vive el 40% de los uruguayos, es una carencia muy importante”, enfatizó el legislador.

García propone basar la “estrategia” de la elección nacional en coordinación con la departamental, para “llegar a la elección nacional también con los candidatos de intendentes departamental y a alcaldes”.

“No podemos resistirnos a la matemática, sesenta es más que cuarenta, pero si sesenta vota dividido, cuarenta es mayor. Si no hacemos estas cosas vamos a consolidar un proyecto hegemónico y cultural que se está dando en Montevideo, y vamos a tener un período con treinta años de gobierno del Frente Amplio”, añadió el entrevistado.

En el Partido Nacional existen discrepancias en referencia a la propuesta de García. El diputado Jorge Gandini se manifestó fuertemente en contra de esta posición. En referencia a esto, el entrevistado dijo que es bueno que existan debates internos en el partido, para “enriquecerlo”.

MUSIFEROL:

García también se refirió a los problemas detectados en niños que consumieron dosis excesivas del fármaco “Mulsiferol 600.00 UI/20ml” por un error en el suministro en el hospital Saint Bois.

Al respecto, el legislador dijo que “el problema más grande es la muy mala gestión que hay en Asse (Administración de los Servicios de Salud del Estado)”.

“Este año vamos a cumplir diez años que se aplica el Sistema Nacional de Salud. El presupuesto de Asse es de 1.000 millones de dólares, pero, diez años después ¿uno encuentra un sistema de salud que haya solucionado los problemas cotidianos de la gestión de la salud pública y mutual? No. ¿El especialista llega antes? No. La reforma de la Salud se centró en un tema económico, ‘juntemos plata’, pero no se pensó en lo más importante que es la calidad de la asistencia. Fue una gran lucha de poder para ver a qué sector político le correspondía la Dirección del hospital de tal departamento. Hay un gran carnaval político sobre el Sistema de Salud”, enfatizó.

El diputado fue duro con la directora de Asse, Susana Muñiz, sobre la que expresó que “no ha dado en la talla” de la gestión.

“El doctor Tabaré Vázquez no permitió que la oposición estuviera en la gestión de Asse en este período”, culminó.

REFORMA DE LA CAJA MILITAR:

“Esto es un tema que a partir de medias verdades, que se han convertido en inmensas mentira,se ha camuflado algo que se viste como un impuesto a los soldados retirados, que tiene un objetivo justiciero, cuando lo que hay atrás es una revancha añeja. Este es un impuesto ideológico, no es un impuesto que busca dar justicia, sino que busca revancha”, consideró García.

El nacionalista añadió que la reforma propuesta “no es por justicia, como dicen, porque los retirados militares aportan el IAS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (…) Hay sectores del Frente Amplio, que como todos sabemos, dominan la interna, y tiene una visión de revancha añeja, y utilizan estos elementos para embromar a un sector muy particular, de los funcionarios públicos”.

Por último expresó que hay que reformar todo el servicio de retiro, “porque es necesario reformar la carrera militar, de forma holística, integral y sin prejuicios”.

Escuche la entrevista de La Mañana

Fuente: Radio Espectador

Senador Javier García: “hay que defender el derecho del usuario de salud a elegir”


El senador nacionalista Javier García dijo que “hay que defender los derechos de los usuarios de la salud a elegir algo tan sensible como la institución que cuida de su salud y la de su familia”.


 

Así justificó el llamado al ministro Jorge Basso para que concurra al Parlamento a explicar el cambio en la movilidad regulada, popularmente conocida como “corralito mutual”.

En diálogo con La Mañana de El Espectador, García afirmó que “el gobierno nos reserva a los trabajadores y jubilados una obligación, que es la de pagar el FONASA. Pero se queda con los derechos. Entre ellos el derecho de elegir cual es la institución a la que le vamos a pagar. Debemos pagar pero no podemos elegir”.

El legislador reconoció que “el problema (de la intermediación lucrativa) existe”, pero añadió que la solución encontrada por el gobierno “es mala”.

La humareda. Editorial del senador Javier Garcia


El cambio del ADN de la educación. El puerto de aguas profundas. Aratirí. El petróleo a barriles, tanto que hasta ya se tenía pronto un proyecto para ver cómo se lo administraba con un ente especial.


La regasificadora. El shock de infraestructura de más de 12.000 millones de dólares anunciado pomposamente en 2015. Las reuniones por seguridad en la Torre Ejecutiva durante 2016, donde resta cumplir compromisos asumidos. El TLC con China anunciado con estruendo después de una gira. El TLC con Chile.

La lista puede seguir. El presidente Vázquez está molesto con la oposición porque le señalamos que no tiene agenda. Dijo esta semana que sí la tiene y que no vende humo. Si no lo vende, lo regala, porque el listado parcial de más arriba, con temas de este período y alguno del pasado, es la comprobación de promesas e imprudencias de anuncios que no tenían sustento. Poco serio, nada profesionales. El del famoso sistema petrolero fue más parecido a un sistema de engaño político y distracción, que a otra cosa.

El presidente perdió la seriedad que lo caracterizaba en su primer período. Está metido en una carrera alocada de política menor. Ahora, violando todas las normas constitucionales, habla como dirigente del FA en redes sociales y medios de ese partido; se ríe, le parece poco importante la prohibición del artículo 77 de la Constitución. Hace propaganda electoral notoria. En eso es lo único que no está atrasado, ya empezó la campaña. Puso el aparato de presidencia, recursos y personal contratado, a hacer una campaña para enfrentar a la oposición y querer desmentir su falta de agenda, sacando cataratas de tweets desde la cuenta oficial presidencial con el hashtag #AgendaDeGobierno.

Es una persona muy inteligente, pero la ira política le ha ganado y cierra sus ojos y embiste contra la oposición una y otra vez. No habla con los demás partidos pero está pendiente de cada intervención y la contesta. Insiste con los show mediáticos de los Consejos de Ministros “abiertos” de los que nada queda, donde baja de un helicóptero habla con la prensa, dirige un espectáculo artístico supuestamente espontáneo con muchas túnicas y muchos discursos prefabricados, y se sube al helicóptero para volver a Montevideo.

Hasta este momento esta es una presidencia a la que le sobran años y le faltan ideas y rumbo. Pero todavía falta mucho, casi otro tanto de tiempo. A nivel internacional no somos nada. Ni Mercosur, ni regionalismo abierto, ni un faro de prestigio internacional perdido en el abrazo a Venezuela, y estamos perdiendo a pasos agigantados el peso político por nuestra participación en misiones de paz. Ni eso se cuidó.

Muchos nos dicen que la próxima elección no se puede perder. Están equivocados, seremos testigos de la multiplicación millonaria de recursos públicos puestos al servicio del FA. Sin pudor. Y además gritarán “se viene el cuco”. Ya ayer Vázquez empezó con eso: ojo que si ganan los blancos empiezan los recortes. Viene el cuco blanco y se lleva los planes sociales, (de la educación no habló porque ahí hay poco para llevarse).

Esta semana un senador del FA dijo que los empresarios tienen que ser oficialistas. Lo dijo uno que fue ministro de obras públicas. La afirmación es gravísima. Es lo que piensan: del lado de enfrente solo la oposición. Por eso la próxima es una elección entre la República o el poder sin límite. Y ahumado.

Javier Garcia

Senador Javier García calificó de inoportuno el aumento para asesores del Ministerio de Defensa.

Califican de inoportuno y llamativo que el Ministerio de Defensa aumente las partidas presupuestales para sus asesores, en momentos en que se habla se austeridad.

Así lo afirmó el senador blanco Javier García, quién sostuvo que sólo hay déficit para la jubilación de los soldados, y que ha su juicio la “austeridad” solo corre para algunos.

El tema será planteado este lunes cuando el Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, concurra a una comisión del Senado para informar sobre el estado de situación de la compra de equipamiento en las Fuerzas Armadas.

Fuente: Radio Montecarlo

 

Senador Javier García: “El FA financió con empresas públicas a los capitalistas de la salud”

Cada vez son más los recursos que se trasladan desde los hospitales públicos a las mutualistas. Entre 2010 y 2015 la contratación de servicios de CTI por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) creció a una tasa promedio anual de 13%. El arrendamiento de ambulancias, en tanto, aumentó un 10% por año.

Los datos se desprenden de un informe interno del Ministerio de Salud Pública (MSP) titulado “Desempeño económi- cofinanciero de los prestadores integrales del Seguro Nacional de Salud”, al que accedió El País. Este también señala que en el caso de la contratación de tratamientos por parte de ASSE a prestadores privados, el crecimiento fue de un 20% anual.

El documento, que es de octubre de 2016 y es el último análisis que hizo la cartera de los prestadores de salud, señala que la cantidad de usuarios de ASSE a diciembre de 2015 era de 1.312.298. En diciembre de 2010, en tanto, eran 1.226.422, según consigna la página web del organismo. Es decir que aumentó el dinero que se transfirió al sector privado para contratar camas de CTI, tratamientos y ambulancias; pero también creció la cantidad de usuarios en los hospitales públicos.

Incrementos.

De 2010 a 2015 el mayor aumento que tuvo ASSE fue el los servicios asistenciales contratados. Esos “crecieron a una tasa promedio anual de 10,8% y cerraron el período con un aumento total de 66,3% en valores constantes”, precisa el documento del MSP.

En total, en todos estos años, el crecimiento en lo gastado en ambulancias fue de 55,7%, en profesionales y técnicos 22,7%, en camas de CTI 79,6%, en estudios clínicos 53,3%, en tratamientos 136,6%, en servicios de internación 92,1% y en el rubro “otros servicios contratados” 70,9%.

La oposición suele denunciar que la contratación de servicios por parte de ASSE al sector privado se debe a una financiación encubierta de las mutualistas que están en aprietos económicos (ver nota aparte).

Recursos.

El documento del MSP también hace un análisis de la situación de los prestadores privados. Estos dan cobertura a 2.145.229 usuarios, lo que corresponde al 65% de la población del país. El 90% es parte del Fonasa. En el caso de las instituciones de Montevideo “el resultado ajustado por inflación fue deficitario en -0,18%, alrededor de $ 61 millones. A nivel operativo el resultado fue también deficitario en -0,48% de todos los ingresos operativos”.

Son solo dos las mutualistas de Montevideo que presentan resultados ajustados a inflación deficitarios. Y una de estas instituciones muestra resultados deficitarios desde el año 2008, según el trabajo de la cartera.

En lo que refiere al ítem “Liquidez y solvencia del sector”, se señala que en 2015 el pasivo del sector ascendió a alrededor de US$ 714 millones. En términos reales la deuda crece 8,3% respecto al ejercicio anterior, explicado por el aumento del pasivo corriente en 10,4%. El crecimiento del pasivo se acelera respecto a lo observado en el ejercicio anterior”.

La deuda se concentra en tres instituciones, las dos que presentaron déficit con los resultados ajustados a inflación, más otra. Estas “representan el 46% de la deuda del sector y 63% del pasivo de las instituciones con sede principal en Montevideo”.

El documento también señala que mientras “el 90% de la deuda de las instituciones del interior es de corto plazo”, en Montevideo “solo 66% es pasivo corriente”.

“Los principales rubros de endeudamiento sectorial son las deudas comerciales y diversas de corto plazo, en particular los Laboratorios de medicamentos y otros proveedores, y las deudas financieras no corrientes (Préstamos bancarios y Obligaciones a corto plazo)”, concluye.

DENUNCIA DE JAVIER GARCÍA.

“FA financia capitalistas de la salud”.

Para el senador nacionalista Javier García el incremento del dinero que se traslada desde los hospitales públicos al sector privado, para contratar ambulancias o camas de CTI, entre otras cosas, “denota claramente la gestión catastrófica que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)”.

“Multiplicó su presupuesto, disminuyó en gran medida los pacientes a atender, y sin embargo se terminó transfiriendo dinero por mala gestión al sector privado”, denunció García.

El senador advirtió que “el Frente Amplio habla mucho de capitalismo, pero financió con empresas públicas a los capitalistas de la salud. Esto es producto de la catastrófica gestión que tuvo ASSE”.

“Lo otro preocupante es el déficit que hay en Montevideo”, continuó García. “Y to-do esto genera una triste conclusión: el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es deficitario, la tercera parte es deficitaria, y terminó siendo un descontrol por mala gestión, la cual también está probada por la megaestafa de la que nos enteramos en estos últimos días”.

Fuente: El País

Proyecto de ley. Responsabilidad patrimonial de los gobernantes. Senador Javier García – Diputado Rodrigo Goñi

Proyecto de ley Responsabilidad civil de los gobernantes por daño causado al Estado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.- No se debe olvidar que los ciudadanos son los dueños de los recursos que las instituciones públicas administran. La Administración es la cara visible del Estado para los ciudadanos: es allí donde se aprecia la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la función pública en el uso de los dineros públicos.-. El desempeño de la Administración Pública incide en que el sistema democrático gane o pierda credibilidad.-
Los funcionarios, por muy alto cargo que tengan, no son más ni nada menos, que gestores de intereses ajenos, por lo que no puede admitirse una administración de los recursos públicos que no estén orientados a satisfacer el interés general.-

2.- Existe consenso en el Derecho Público moderno, en el sentido de reconocer a la buena administración como regla de derecho, como deber de la Administración y como derecho ciudadano.-
Administrar bien o administrar mal los recursos públicos no es una opción dentro de la legitimidad: sólo es legítimo el actuar conforme a las reglas de la buena administración, o en otras palabras, la buena administración es el único terreno de lo legítimo ( ya no es un tema de mérito sino de legitimidad)
La buena administración implica elegir los medios adecuados para obtener el fin legal establecido, y obtener los resultados procurados con el menor costo posible, con transparencia y probidad.-
Los gobernantes deben servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno al derecho, y actuando con eficacia y eficiencia. No pueden hacerlo arbitrariamente, ni por intereses ideológicos o particulares.-
Por otra parte, los ciudadanos tienen el derecho de exigir un ejercicio de la administración eficiente, de calidad y transparente.-

3.- Si los gobernantes provocan daño al Estado ( material o moral) por un actuar doloso o culpable grave, incurren en responsabilidad y deben reparar los daños causados.
La responsabilidad en sus más diversas dimensiones, es un elemento fundamental entre los gobernantes y los gobernados representados por el Estado. Los gobernantes deben someterse al control y juzgamiento de sus actos y consecuencias.-
La responsabilidad de los gobernantes puede ser de distinto tipo: política (cuando su gestión es inconveniente o ilegítima en opinión del Parlamento), administrativa o disciplinaria ( sanción ante una conducta contraria al reglamento), penal (cuando cometen delito), civil o patrimonial: cuando causan daño

4.- En el campo de la responsabilidad civil o patrimonial de los funcionarios públicos y gobernantes, hay que distinguir cuando el daño se causa a un tercero, de los casos que el daño se causa al propio Estado.-
El supuesto de producción de un daño a terceros – ajenos a la Administración-, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección, se encuentra regulado por los artículos 24 y 25 de la Constitución y reglamentado por algunas disposiciones de nuestro Derecho positivo.
No se puede soslayar que junto a la responsabilidad civil del funcionario por los daños causados a terceros y exigidos por el Estado a través de la acción de regreso, hay otros casos de responsabilidad por daños y perjuicios causados al Estado o Personas Públicas no Estatales que merecen regulación especial de la ley, para impulsar la acción del Estado con la finalidad de lograr la reparación de los mismos.

5.- El presente proyecto de ley tiene como objetivo abordar el caso que no se encuentra expresamente regulado en la Constitución, de la responsabilidad civil de los jerarcas o ex jerarcas de toda Administración, Ministros de Estado , Directores de Empresas Públicas y Directores de las Personas Públicas no Estatales por daño causado al Estado o Personas Públicas no Estatales, en su caso.-
Sólo indirectamente se alude genéricamente a las acciones por responsabilidad en el artículo 211 literal C) de la Constitución, respecto de las cuales debe pronunciarse el Tribunal de Cuentas al dictaminar e informar sobre las rendiciones de cuentas; y por otro lado, también se refiere genéricamente en el art 213 de la Carta a las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervinieren en la gestión del patrimonio del Estado.
Tampoco existe regulación legal para este campo de la responsabilidad civil excepto en los artículos 137 y siguientes del TOCAF para los casos de responsabilidad financiero contable de los funcionarios públicos con tareas vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado.

Por otra parte, no puede olvidarse las normas nacionales (Ley Nº 17.060 y sus reglamentaciones) e internacionales (Convención Interamericana contra la Corrupción) destinadas al combate de la corrupción.
Es, pues, contrario al Estado de Derecho soslayar la responsabilidad patrimonial de los gobernantes, cuando el damnificado es el erario público. Por ende se impone como requisito axiológico la exigencia a los jerarcas de un obrar diligente y coherente, no sólo respecto a terceros, sino también frente al Estado mismo, por estar representados aquí los intereses de la colectividad. Ello contribuye a revalorizar la función pública, en el marco del principio de legalidad y el deber de buena administración.-
CASSINELLI enseñaba que “…para que el Estado de Derecho sea realmente tal no basta con que se proclame la regla de que los actos de los gobernantes deben adecuarse al orden jurídico y tengan que fundarse en una norma jurídica para ser legítimos. Es necesario además, establecer procedimientos que tiendan a asegurar la efectividad de esta regla, es decir, medios eficaces de garantía de que los actos de poder público no se desbordarán de los cauces jurídicos”.
Los gobernantes son agentes responsables del sistema democrático. Debe existir una política estatal en asuntos tales como proteger derechos, prevenir perjuicios, efectuar investigaciones sobre prácticas de corrupción. En la medida que el Estado o Personas Públicas no Estatales, en su caso, sufran un daño, aquel debe tener la legitimación y el deber de reclamar la reparación al gobernante que lo haya ocasionado.-

6.- En consecuencia, consideramos necesario innovar con legislación que propenda a ejercer estas acciones, entre otras razones porque el sistema democrático no se compatibiliza con la irresponsabilidad de los gobernantes en ninguno de los ámbitos. Resulta ineludible abordar el tema de cuáles son los requisitos formales y sustanciales para reclamar la responsabilidad civil de los jerarcas.
Aunque parte de la doctrina y jurisprudencia han entendido que en estos casos la Administración se encuentra habilitada para demandar su reparación patrimonial sin necesidad que el perjuicio haya sido causado por culpa grave o dolo – requisito establecido por la Constitución cuando el Estado repite contra los funcionarios por daños causados a terceros-, este proyecto recoge el mismo fundamento de las normas constitucionales, exigiendo igual gravedad en el incumplimiento.
Se entiende que el sistema de responsabilidad irrestricta, lejos de ser una fórmula que garantice en forma eficaz el funcionamiento del Estado, constituye de por sí, una circunstancia inhibitoria y paralizante en el accionar de los gobernantes, por temor a verse enfrentados a futuros juicios.-
En tal sentido, corresponde responsabilizar a los jerarcas y ex jerarcas por su participación en la producción del daño con culpa grave o dolo, no alcanzando la responsabilidad patrimonial a los casos de error o negligencia excusables.-

7.- En otro orden, también corresponde innovar en relación a la forma de determinar internamente cuando, cómo y quién debe promover la acción de responsabilidad civil contra los gobernantes, asegurando la defensa debida de los investigados.
En tal sentido, se establece la intervención de la JUTEP como solución para resolver adecuadamente los casos en que los jerarcas de la Administración se encuentren involucrados en los hechos generadores de la responsabilidad, con las garantías del debido procedimiento que les permita su defensa antes de la promoción de las acciones judiciales que pudieran corresponder.-

8.- En cuanto a la pertinencia y oportunidad de aprobar este proyecto para facilitar los mecanismos para responsabilizar civilmente a los gobernantes cuando actuando con dolo o culpa grave causan daño al patrimonio estatal, cabe destacar que la realidad nos muestra que en la práctica no es común ni usual se promuevan las acciones de responsabilidad patrimonial correspondiente.-
Dicha situación genera una sensación de irresponsabilidad de los gobernantes que por un lado provoca un creciente malestar en la ciudadanía y por otro, un incentivo perverso para buenos y malos funcionarios.
En este contexto se considera entonces que este proyecto es pertinente y necesario porque la normativa existente parece no ser lo suficientemente clara y precisa para exigir la responsabilidad patrimonial de los gobernantes en los casos que estos causan un daño al Estado.
Con esta iniciativa, se pretende promover el control ciudadano y del propio Estado en relación a las acciones que causan un daño al patrimonio estatal, facilitando la concreción de acciones de reparación contra los gobernantes y funcionarios.
Convencidos que facilitar el ejercicio de la responsabilidad patrimonial contribuirá además a prevenir el despilfarro o uso irracional de los recursos públicos y a mejorar los estándares de administración y ética en la función pública, en cuanto que posibilidad cierta del reclamo de reparación, obligará al gobernante a analizar con más cuidado las distintas alternativas posibles del uso de los recursos, las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y a medir mejor sus consecuencias, lo que es esperable se traducirá en una reducción de los riesgos de improvisación, voluntarismo y arbitrariedad, al constituir un incentivo para “recordar” y hacer efectivo el deber de buena administración.

9.- En conclusión, el presente proyecto de ley procura:
a) establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una conducta de mayor diligencia, minimizando riesgos de uso irracional o arbitrario.
b) evitar que el erario público y los habitantes se vean afectados patrimonialmente por la conducta o hechos realizados por los gobernantes, que causan daño al propio Estado o Personas Públicas no Estatales en su caso, a través de mecanismos que facilitan la acción reparatoria
c) fortalecer la institucionalidad democrática y el combate a la corrupción, en la medida que posibilitará un mayor control y transparencia a la forma de administración de los recursos públicos con el consiguiente impacto positivo en la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus gobernantes
Como lo ha expresado DURÁN MARTINEZ la tesis de la irresponsabilidad de los gobernantes es un resabio del absolutismo, lo que ha permitido que hayan adquirido una sensación de invulnerabilidad y gracias a esa impunidad hayan ocasionado daños a la Administración estatal o no estatal que pudieron haberse evitado.
Este proyecto de ley pretende evitar, como dice DELPIAZZO, reductos de irresponsabilidad, y aspiramos a que permita la realización integral del Derecho con mayor trasparencia y una adecuada comunión entre la ética y el Derecho.
Una interpretación contextual de la Constitución teniendo en cuenta la noción de buena administración incluida en el artículo 311 de la Carta conduce a sostener que la acción civil resarcitoria contra los gobernantes que han actuado con culpa grave o dolo, es un acto debido, pues no debemos olvidar nunca que la Administración no administra un patrimonio propio sino ajeno. Conforme RODRÍGUEZ ARANA, la buena administración y el buengobierno son derecho fundamentales de todas las personas.
Uno de los cinco principios que constituyen la base de una buena gobernanza y de los cambios propuestos en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (2001) de la Comisión de las Comunidades Europeas, es precisamente el que propugna que: “las responsabilidades deben ser clarificadas de modo que cada actor responda por su obrar”.

10.- El proyecto reconoce en su artículo primero el principio general de responsabilidad civil de los gobernantes cuando su accionar doloso o gravemente culpable provoca un daño al Estado, definiendo el alcance subjetivo en la persona de los jerarcas máximos de toda Administración, Ministros de Estado y Directores de las Empresas Públicas no Estatales. En cuanto a los primeros se imputa la responsabilidad por el daño utilizando el mismo criterio que la ley ha adoptado para la definición de quién es ordenador primario de gastos (artículo 26 del TOCAF), lo que servirá a su tiempo para despejar posibles dudas interpretativas que pudieran ocasionarse. Se ha dejado a salvo, sin embargo, la responsabilidad de los integrantes de los órganos jerarcas colegiados que hubieran manifestado por escrito su oposición.
El artículo segundo tiene como objetivo establecer una solución legal precisa para habilitar al Estado a demandar la reparación cuando sus gobernantes lo hayan perjudicado patrimonialmente, regulando el procedimiento, las formas de iniciación, las competencias para la instrucción y posterior demanda judicial, los plazos, las garantías de la debida defensa, etc.-
El artículo tercero alcanza a ex funcionarios o terceros que hayan causado daño al Estado, sometiéndolos al mismo régimen de responsabilidad, la que se mantendrá por el tiempo de prescripción regulado en el artículo cuarto, que no se aparta en el caso de los términos fijados por las normas generales en materia de responsabilidad. También regula el cómputo del término de prescripción cuando los imputados deban ser sometidos a juicio político, adoptando la misma solución que el TOCAF.
El artículo cinco determina el destino de las sumas provenientes de las condenas obtenidas judicialmente a un sector de actividad que exhibe necesidades crecientes e insatisfechas como es la educación.
Finalmente, y a los efectos de hacer posible la intervención de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el artículo sexto amplía sus competencias mediante el agregado de tres numerales al artículo 2° de la Ley Nº 19.340 de su creación:
El numeral 9) le confiere poderes destinados a la prevención y erradicación del daño, así como potestades de instrucción y sancionatorias, y mediando orden judicial, habilita el examen de las cuentas y papeles de los indagados mediando orden judicial, así como otros elementos de prueba como podría ser declaraciones de testigos, en solución que ya reconoce antecedentes en nuestro Derecho.
Los numerales 10) y 11) le asignan legitimación activa para accionar judicialmente en los casos regulados por la presente ley y las acciones de repetición en los supuestos del artículo 25 de la Constitución.
Entendemos que la ampliación de la competencia de JUTEP asignándole legitimación procesal para accionar, cumple con el principio de eficacia administrativa, que se vincula al de buena administración. GIORGI lo ha caracterizado como la adecuada elección de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se quiere satisfacer. Concentrar en la entidad especializada todos los poderes jurídicos hasta la satisfacción efectiva de los perjuicios causados contribuirá sin duda a la eficacia administrativa.

Proyecto de Ley de Responsabilidad civil de los jerarcas por daño causado al Estado

Artículo 1º.- Los jerarcas máximos de toda Administración, los Ministros de Estado y los Directores de las Personas Públicas no Estatales serán civilmente responsables del daño causado al Estado o alas Personas Públicas no Estatales en su caso, cuando se comprobare su participación con culpa grave o dolo en el hecho o acto dañoso.
Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados, que se hubieren opuesto al acto y dejado constancia escrita de su oposición.
Artículo 2º.- El procedimiento administrativo para la determinación de la configuración del daño y las personas responsables podrá iniciarse a petición de parte o de oficio, mediando o no denuncia, ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
Dentro del plazo de noventa días la Junta instruirá el asunto y producirá un informe del que se conferirá vista a los jerarcas o ex jerarcas involucrados por el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación personal.
Evacuada la vista o transcurrido el término sin haberlo hecho, si de las resultancias administrativas derivaran indicios de participación de los investigados con culpa grave o dolo, la JUTEP, previa intervención del Tribunal de Cuentas cuando corresponda -artículo 211 literal C) de la Constitución- promoverá las acciones de responsabilidad civil correspondientes.
Artículo 3º.- El cese en sus funciones no exime de responsabilidad al ex jerarca. La renuncia o la separación del cargo del jerarca responsable, no impiden ni paralizan el examen de sus cuentas y gestión en el manejo de bienes y fondos públicos ni las acciones civiles de resarcimiento que correspondan.
Artículo 4º.- Las responsabilidades emergentes en materia civil a que refiere la presente ley prescriben a los diez años, a contar de la fecha del acto o hecho que diera origen a las mismas
En caso que los responsables deban ser sometidos al previo juicio político, el término de la prescripción comenzará a contarse a partir de la separación del cargo dispuesta por la Cámara de Senadores.
Artículo 5º.- Las sumas provenientes de las condenas de resarcimiento obtenidas judicialmente se destinarán a la Administración Nacional de Educación Pública.
Artículo 6º.- Agréganse al artículo 2º de la Ley Nº 19.340, de 28 de agosto de 2015, los siguientes numerales:
9) Prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas administrativas que causen daño al Estado o a las Personas Públicas no Estatales en su caso, para lo cual podrá dirigirse a cualquier repartición pública a fin de obtener los documentos y demás elementos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. Podrá, asimismo, previa orden judicial, examinar las cuentas, papeles, documentos y demás elementos de las personas investigadas que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido.
10) Promover las acciones civiles de resarcimiento del daño causado al Estado o Personas Públicas no Estatales, contra los jerarcas o ex – jerarcas responsables ante la jurisdicción competente cumplidos los presupuestos y procedimientos administrativos correspondientes de acuerdo a la ley.
11) Promover la acción de repetición prevista en el artículo 25 de la Constitución ante la jurisdicción competente contra los jerarcas o ex jerarcas de toda Administración que hubieran causado daños a terceros con culpa grave o dolo previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 400.7 y 401.7, en su caso.

Senador Javier García – Diputado Rodrigo Goñi

El senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, presentan Proyecto de Ley: “Responsabilidad Civil de los Gobernantes”

El senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, legisladores blancos del Espacio 40 (Sector Todos), presentarán hoy un proyecto de ley para responsabilizar civilmente a los gobernantes cuando estos —actuando con dolo o culpa grave— causen daño al patrimonio estatal. Los legisladores anticiparon que el proyecto procura “establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos”. Por otro lado, dijeron que se pretende evitar que el erario y los habitantes se vean afectados patrimonialmente por la conducta de los gobernantes, a través de facilitar la acción reparatoria.

El proyecto de ley de García y Goñi en su artículo 1º establece que “los jerarcas máximos de toda administración serán civilmente responsables del daño causado al Estado en caso que se comprobare su participación con culpa grave o dolo en el hecho o acto dañoso”.

Fuente: El País