Senador Javier García presentó proyecto de ley para difundir nombre de procesados por violencia doméstica.

El senador del Partido Nacional, Javier García, presentó un proyecto de ley que busca permitir que se difunda en forma pública el nombre de las personas que hayan sido procesadas por delitos de violencia doméstica.

El legislador explicó a El Observador que este tipo de delitos suelen cometerse aprovechándose del silencio y la intimidad del hogar, ya que ante un procesamiento no se difunde el nombre del violento.

Eso, a juicio de García, se transforma en un amparo para el victimario que, en algunos casos, termina con la muerte de la mujer. Cuando una persona sin antecedentes penales es procesada, los medios de comunicación difunden únicamente las iniciales del implicado.

Al respecto, García dijo que no existe ninguna normal legal que limite la difusión de sus nombres, pero esa costumbre se ha transformado en una práctica común.

El senador blanco señaló que, en caso de prosperar su iniciativa, habrá una señal clara y legal para facilitar la difusión de los datos personales de los violentos.

“La norma proyectada tiene como finalidad garantizar el acceso a los datos filiatorios de aquellos procesados por delitos de violencia doméstica o por incumplir en forma contumaz las medidas cautelares”, explicó la exposición de motivos del proyecto de ley.

“Debemos evitar que se aproveche la reserva que existe actualmente. Que no quede en el silencio de una inicial que nadie sabe quién es”, sostuvo García.

El mismo criterio de difundir el nombre sería utilizado para quienes hayan incumplido en forma reiterada las medidas cautelares de no acercarse a la víctima de las agresiones, por ejemplo.

La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que no hay normas que prohíban la difusión de los datos de los procesados. De todos modos, el órgano considera “de buen criterio” amparar esa reserva a los primarios.

 

Fuente: El Observador

 

 

El gran glotón.

La estafa al Fonasa deja al desnudo un sistema perverso. El socio de todos nosotros, nuestro “gran hermano” presente en cada rincón de nuestras vidas, el amigo Estado, se comió años de robos delante de sus ojos. El BPS, la DGI, el MTSS y cuanta oficina fiscalizadora y recaudadora ande en la vuelta, son implacables.

Conocen cada movimiento que un uruguayo hace, si va al almacén qué consume y hasta la yerba que compra, no hay más secreto de ningún tipo, no ya el bancario, sino hasta el cable que contratamos. Nada se escapa, porque el fin último es recaudar y conocer bien a fondo a cada uno. La privacidad ya no existe porque del resquicio que pudiera quedar se encarga “el Guardián” de conocerlo.

Dirigentes políticos que diseñaron ideológicamente este sistema microscópico, tan celoso de la vida ajena, que socializaron la intimidad de personas y familias, mientras se preocupan por la gente de bien se comen una fenomenal estafa por la ventanilla del fondo. Toda la fuerza está puesta para perseguir al trabajador, al productor, al pequeño empresario; basta levantar la cortina de un kiosco para que en horas nomás, caigan inspectores de todos los colores. Sin embargo creaban empresas truchas con empleados fantasmas, y los dirigentes burócratas de ese Estado policíaco pagaba con plata pública a estafadores contumaces. El celo de las oficinas controladoras no estuvo para perseguir a tiempo a los ladrones, pero es muy hábil con el laburante.

El Fonasa es la quinta esencia de este descontrol. Recauda a mano abierta, tiene un déficit astronómico y todavía paga servicios por aportes que no recibe y empleados que no trabajan porque no existen esas empresas. Es un sistema que además restringe los derechos de los pacientes que solo pueden ejercer su libertad de elección en febrero, por el insólito corralito. Un socio puede estar desconforme con su mutualista, pero no puede irse de ella porque está acorralado, impedido de hacerlo. Paga por su salud pero no puede elegir con libertad dónde atenderse, porque la libertad no se ejerce con calendario. Sin embargo estafadores varios (a no comerse la pastilla del estafador solitario) donde seguramente hay gente de varios lados del mostrador público y privado, diseñaron una estructura simple: de lo único que se aprovecharon es de la falta de controles, no hay ninguna genialidad en la estafa, la única fue darse cuenta que lo que quiere el sistema es recaudar para que los jerarcas hagan conferencias de prensa y digan “aumentaron tanto o cuanto las empresas registradas”. Si eran verdaderas o truchas no importaba porque no lo sabían. Dicen que lo habían investigado pero en la Justicia no había ninguna denuncia. De la tan mentada formalización del trabajo de la cual el ministro Murro hace gala, es bueno destacar que en este caso está constituida por casi 100 empresas que no existen, y él era presidente del BPS cuando se registraban. ¿Alguien puede afirmar que no hay otras como ésta que aún no fueron detectadas?

Mientras lo que importe es sacarle cada vez más plata al que labura con sacrificio, siempre habrá lugar para el estafador. Mucho tiempo invertido en acosar al que trabaja a cara descubierta, a la luz del día, y nada para darse cuenta que con la plata de la gente de bien se les pagaba a varios que usaban antifaz. Persiguen tanto al contribuyente que se olvidaron de los delincuentes.

Javier García

Senador Javier García propone que gobernantes respondan con su patrimonio

El senador Javier García planteó la reglamentación del artículo 25 de la Constitución para que cuando un gobernante produce un daño al Estado responda con su patrimonio, según informó este viernes Informe Nacional.
En conversación con Montevideo Portal, García señaló que existe un antecedente, de un proyecto de Carlos Julio Pereira que logro tener sanción del Senado, pero que no se trató en Diputados.

“Cualquier persona en la vida particular es responsable de sus actos. Es increíble que un gobernante en una decisión cause un daño grave y no sea responsable”, señaló.
García puso el ejemplo del conflicto con el Poder Judicial: “Los trabajadores reclaman lo que legítimamente les corresponde, pero el problema nace por una decisión que tomó el gobierno de Mujica que fue advertido por el Partido Nacional, que eso llevaba implícito un reclamo millonario”.
El legislador señaló que saldar la deuda puede alanzar un costo de 100 milllones de dólares, lo que implicaría unos mil pesos por uruguayo.
En cuanto a las sanciones o las multas que podrían aplicarse, García señaló que “es obvio que nadie tiene un patrimonio así, pero va a operar de freno para que cualquier gobierno antes de causar un daño grave, lo piense dos veces”.
El artículo 25 de la Constitución de la República establece que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

Fuente: Montevideo Portal

Senador Javier García “el déficit del FONASA es muy preocupante y en 2017 alcanzaría los US$ 470 millones”

El senador nacionalista Javier García sostuvo que son pocas las posibilidades de financiar este déficit.  Dentro de las opciones, manejó la posibilidad de recurrir a aumentos tributarios, de generar deuda o la no devolución de los excedentes de aportes al Fondo.

En otro orden, el legislador se refirió a la posibilidad de que la Asamblea General determine o no, la compra del avión presidencial.

 

Entrevista

Fuente: Carve 850AM

Más que la oposición

Durante mucho tiempo se nos preguntaba: ¿para qué interpelan y hacen comisiones investigadoras si ya se sabe el resultado? La respuesta es obvia: porque es el deber que tenemos.

Usamos los mecanismos legales para controlar y fiscalizar. Esos instrumentos no están previstos en la Constitución para usar solo cuando la oposición tiene mayoría parlamentaria, sino justamente para defender a las minorías y poner límites a la mayoría. La semana pasada el trabajo de tanto tiempo demostró que fue útil, y a lo que ya se había logrado con la investigadora sobre Ancap ahora maduró con la que se aprobó sobre la regasificadora. Y ahora se quebró la mayoría parlamentaria automática del FA. Era impensable al principio de este gobierno, pero sucedió. La gota que golpeó la piedra, la insistencia de la oposición en temas importantes, las convocatorias de ministros a sala, las solicitudes de investigadoras, fueron el preámbulo. La última fue impulsada por el diputado Pablo Abdala con seriedad y documentada. No la votó el FA por razones políticas, sobran oscuridades en este tema.

Algunos legisladores del oficialismo denunciaron que atrás de la propuesta había intenciones electorales. Es una acusación que autoincrimina a quien la formula. Si es así eso quiere decir que cuando el Frente Amplio desde la oposición pedía comisiones investigadoras, hasta por gripe fuera de temporada, lo hacía por esas motivaciones. Esa acusación vale solo para quienes tuvieron actitudes diferentes siendo oposición u oficialismo. No le cabe ese sayo a quienes mantuvimos la misma posición cuando se proponían sobre hechos o dirigentes de nuestro partido o sobre partidos o dirigentes ajenos. Los nacionalistas siempre las votamos, mal podíamos tener intenciones electoralistas dirigidas a martillarnos los dedos. Por eso la acusación es inútil.

El Frente Amplio podría decir vengan e investiguen. Las cosas las hicimos bien, podemos meter la pata pero no la mano en la lata como repetía el Dr. Tabaré Vázquez. Pero intentó evitar una investigación que confirme si hubo pata o mano, porque lata seguro hay, según afirmaron en Brasil sobre este caso.

Sin embargo, la mayor derrota no es en el ámbito parlamentario sino en la opinión pública, donde se contrasta el discurso y los hechos. Investigadores en la oposición y ocultadores en el gobierno. El voto del diputado Gonzalo Mujica no es solo de él, seguro representa a mucha gente que votó al FA y se siente defraudada. No tengo dudas que plebiscitada esa actitud dentro de esos votantes saca muchos más apoyos que los que lo llevaron al Parlamento. Eso es parte también de un partido desconectado de la realidad. Lo de Ancap, lo de Pluna, los negocios con Venezuela y la regasificadora colmaron la paciencia seguramente de muchos. La presión de “abajo” es grande.

La oposición podría haberse quedado quieta porque no tenía votos, como nos sugerían, y sentada a esperar otra realidad. Si lo hubiera hecho no merecería nunca llegar a gobernar por frágil, sin convicciones y acomodaticia. Fue efectiva porque fue seria y porque representó a muchos más que a quienes nos votaron, interpretamos a muchos frentistas también. Fueron mayorías que se construyeron desde la minoría. Es más cómodo hablarles a los militantes en un comité, pero los que cambian la realidad son los indignados. Aquí también los hay, a la uruguaya, sin estridencias, como está pasando.

Javier García

Senador Javier García convoca a sala al ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez

El ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez será recibido este mediodía en el plenario del Senado donde informará sobre la globalidad de su área. La convocatoria ha sido del senador nacionalista Javier García, quien tendrá esta instancia de discusión sobre la política de la defensa nacional por primera vez desde la reapertura democrática.

Uno de los ejes de la reunión será el equipamiento de las Fuerzas Armadas. La reunión fue pactada luego de dos accidentes fatales ocurridos a aeronaves de la Fuerza Aérea donde perecieron cuatro pilotos. En 2015, cuando el ministerio de Defensa presentó su Rendición de Cuentas al Parlamento confirmó la crítica situación en materia de equipamiento.

En el caso de la aviación militar se informó que el promedio de antigüedad de flota es de más de 30 años y en las aeronaves C-130 (Hércules) más de 50 años.

La situación en 2015 no ha sido menos crítica en la Armada: navegó 247 días, no alcanzando la meta establecida, que era de 265 días en el año. En cuanto al Ejército, el informe remitido al Parlamento señala una situación de pérdida de capacidades en las misiones de paz, algo por lo que hasta el presente los militares uruguayos han sido muy reconocidos en el mundo.

A la sesión del Senado Menéndez concurrirá acompañado por altos jerarcas castrenses.

Fuente: El País

Entrevista al senador Javier García en el programa Desayunos Informales de Teledoce

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trostchansky, publicó en su cuenta de Twitter que Javier García era presentado como pediatra pero no lo era.

El senador del Partido Nacional, Javier García, dijo en Desayunos Informales que esto era “una enorme canallada” que había surgido porque él se metió en el conflicto de los médicos en Florida y allí se enfrentó a corporaciones poderosas.

García presentó el título de Doctor en Medicina y explicó que cursó tres años de pediatría pero perdió la monografía final. De todos modos, ejerció como pediatra, ya que no es necesario haber finalizado el posgrado. El senador puso como ejemplo un llamado del Casmu finalizado el viernes 17, que responde al SMU, en el que convocaban a pediatras recibidos o estudiantes.

El legislador también recordó casos en los que aclaró que no era pediatra recibido y puso como ejemplo una vez que Juan Miguel Carzolio lo llamó para un informe de Las Cosas en su Sitio en el que le dijo fuera del aire que no estaba recibido como pediatra.

Fuente: Teledoce

Es la familia o la mafia.

Los diagnósticos están todos hechos. Las tribunas del estadio son un emporio de tráfico de drogas y transas de todo tipo, administrado por mafiosos que tienen vínculos con el poder. Lo sabe un niño de escuela y lo sabe, más que lo sabe, el ministro del Interior. Si tiene dudas que pregunte en su casa.

Si no paran con la violencia es porque no quieren. No es un tema de sistemas de vigilancia, de análisis sociológicos ni de hacer mucho seminario sobre la violencia en la sociedad y toda esa cantinela de boliche. A esta altura si no paran con los mafiosos simplemente es porque no quieren o porque si tiran de esa piola no saben dónde termina. Vamos a dejarnos de tantos rodeos. La violencia también es una mercancía y deja dinero. Y hay mafiosos que tienen tomado por asalto el fútbol para hacer plata, conquistar mercados de droga y hacer contactos, tienen silencios cómplices y tienen códigos, el que más usan es el de Omertá.

El Estadio Centenario en un partido medianamente importante, junta más gente que varias ciudades y capitales departamentales. A nadie se le ocurriría en su sano juicio sacar a la Policía de las ciudades para que administren su seguridad con guardias privados. Ningún ministro medianamente serio y con las manos libres para tomar decisiones plantearía dejar a la Policía en la radial de entrada de una ciudad y decir “avísenme si pasa algo”.

En el fútbol donde se juntan miles de personas la orden es que la Policía quede en la “radial” de los estadios. Estamos todos locos.

El Gobierno no toma decisiones porque está comprometido y no quiere enfrentar a las mafias. No lo quiere. Sabe quiénes son, los conoce, la Justicia los investiga, les pincha los teléfonos, los dirigentes contratan a algunos, les dan entradas para comprar paz, están en negocios conexos a los clubes; ahora nos enteramos que hasta reciben plata por dejar filmar una película de unos de los cuadros grandes a 60.000 mil dólares. ¿Andan con dudas de lo que tiene que hacer? El tema no son ni las cámaras famosas de identificación facial ni ocho cuartos.

En los partidos de Uruguay, como el del jueves, en el Centenario no pasa nada porque esas mafias no tienen mercado en esos partidos. Es un tema económico: allí va la familia y los mafiosos no tienen para transar ni la protección de estructuras que le permitan terreno libre para actuar y adueñarse de puertas, tribunas y baños que se usan como supermercado de drogas y cancha de duelos criollos y ajustes de cuentas de barrabravas y criminales del deporte. Saben quiénes son, dónde viven, su cédula de identidad y ¿nadie los agarra? ¿Desde cuándo un espectáculo donde concurren decenas de miles de personas es un espectáculo privado que se autorregula? ¿Tienen derecho a entrar los mafiosos?

O se defiende a las familias o a las pandillas, o se le entrega el poder a la gente de bien o se lo da a los delincuentes para que hagan sus negocios. Alcanza con mirar para el costado y dejarles las tribunas libres y sin policías. Y para resolver esto, antes que fuerzas especiales y cámaras de seguridad y toda la tecnología, lo que se necesita es voluntad política, que es lo que falta.

La vinculación del deporte y de los delincuentes, llamados “barrabravas”, con el poder y la protección política, es lo que pudrió el fútbol. Ese es su pase libre. Lo saben en el Gobierno, es su caballo de Troya y además lo protegen.

Javier García

Senador Javier García pide que se declare emergencia sanitaria en Florida

El 4 de octubre de este año, 21 pediatras que trabajaban en la Cooperativa Médica de Florida (COMEF) presentaron su renuncia. A más de un mes de esa fecha, el conflicto de falta de pediatras sigue sin resolverse y está operativo un “plan de contingencia” que pretende asegurar la atención a los niños.

“La renuncia masiva terminó significando que hay una atención irregular, de contingencia. Los niños son atendidos por médicos de adultos, son derivados en unos casos al hospital o a otro departamento. Hay una carencia importante en todo Florida, en públicos y privados”, sostuvo el senador del Partido Nacional, Javier García.

Es por eso que planteó que el Ministerio de Salud Pública debe “poner un límite” porque lo que está en juego es la atención de los niños del departamento.

“Si no se hacen cargo quienes deberían resolver esto, el MSP como organismo regulador y rector de la salud o tiene que promover la declaratoria de la esencialidad o tiene que declarar la emergencia sanitaria”, sostuvo García.

En la tarde de ayer comparecieron ante la Comisión de Salud del Senado el Sindicato Médico del Uruguay, autoridades de COMEF, Sociedad de Pediatría, los médicos renunciantes y representantes de usuarios de la mutualista.

El presidente de la mutualista Comef sostuvo que están ante una “situación de cobertura de emergencia” que “está funcionando bien” a través de la complementación de servicios con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Sin embargo, desde la comisión representativa de afiliados de la institución aseguraron a El Observador que la situación es de “total incertidumbre” y que existen situaciones donde se incumple con el plan de contingencia.

En ese sentido, el secretario médico del SMU, Alejandro Cuestas, reconoció que “no son y no eran las condiciones” que deben existir para atender a los niños.

“Lucha de poder”

Tanto el senador del Partido Nacional, Javier García, como el presidente de Comef coincidieron en que se trata de un conflicto gremial que no implica reivindicación salarial.

“Hay una lucha de poder, gremial, corporativo, que está poniendo en riesgo la atención de los niños en Florida. No es justo que las peleas de adultos la terminen pagando la atención de la salud de los niños”, sostuvo el senador blanco. En tanto el presidente de Comef planteó que “hay un impedimento a nivel nacional de los gremios para que los médicos trabajen en Comef”. “Es clarísimo. Estamos en un conflicto gremial. Ese es el problema”, dijo.

Consultado el responsable de la mutualista acerca de las perspectivas con respecto a la complementación de servicios, sostuvo que no están de acuerdo con algunos detalles del acuerdo, porque aseguran que de esa manera la institución puede perder capacidad de gestión. El MSP, ASSE y la mutualista negocian un acuerdo de complementación entre la institución privada y el sistema público para reestablecer los servicios de atención a los pacientes.

 

Fuente: Observador

Senador Javier García “Uruguay ya perdió soberanía, se perdieron cuatro vidas”

El senador nacionalista, Javier García, respondió a las críticas del Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, sobre su propuesta de investigar mediante organismos internacionales los accidentes en los que fallecieron cuatro pilotos de la Fuerza Aérea: “Uruguay ya perdió soberanía, se perdieron cuatro vidas”, sentenció.

El legislador del Partido Nacional, criticó los resultados de la investigación sobre la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea, fallecidos en accidentes aéreos el 12 y el 16 de agosto. Luego de 50 días de investigación, la conclusión de las causas de los accidentes son “indeterminadas”.  “Como no sabemos las causas, no podemos prevenir que no se vuelva a repetir en otras circunstancias”, alertó.

Además, criticó la sanción verbal que aplicó Menéndez al jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, por sus declaraciones sobre las posibles causas de estos accidentes, al sostener que la situación de “incertidumbre laboral” pudo tener incidencia al momento de desempeñar su tarea como pilotos. “No comparto que el ministro mire por televisión las declaraciones y después diga que no me gustaron, porque el que tenía que estar dando las declaraciones era el ministro”.

El Ministerio de Defensa sancionó con una “observación verbal” al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, quien relacionó la existencia de “incertidumbre” laboral de los aviadores con los últimos accidentes aéreos que le costaron la vida a cuatro pilotos.

Fuente:  Espectador