El Uruguay que no ven.

Todavía no se cumplió el primer año de gobierno pero parece que ya estuviera en su final. El desgaste en estos primeros meses es tal que en los propios frenteamplistas cunde el desánimo y la rabia con sus dirigentes, empezando con el hasta hace poco intocable Vázquez.

Muchas veces desde nuestras propias filas preguntaban, ¿dónde está la oposición? Seguramente desde filas opuestas preguntarán hoy ¿dónde está el gobierno? Cambió el humor, quizás por razones de la economía, pero no solo por ello. Frente a los ojos de todo aquel que quiera ver hay una sociedad preocupada, con incertidumbres, con preguntas y con reclamos que desde el oficialismo no ven. El primer reclamo es el trabajo, la incertidumbre por mantener el que se tiene, cuando se lo tiene y el de encontrar uno pronto, cuando se lo perdió. En el medio de la tormenta no hay una sola voz del gobierno que hable con sinceridad sobre este tema, que está arriba de la mesa familiar. La incertidumbre de quedar sin trabajo o la angustia por conseguir uno.

Y como si fuera poco se agrega la incertidumbre por la integridad de la familia y de uno mismo. Parece de otro planeta que en el medio de la mayor ola de inseguridad, donde la gente mira perpleja que hasta entran a robar a los cuarteles, el ministro Bonomi diga que estamos mejor que antes. Que nos quiera convencer que mejoramos en seguridad, que podemos estar más tranquilos que antes. Es una payasada, realmente su discurso es payaso. No hay cosa que moleste más a una persona que se lo quiera tratar de bobo. Usted que ha sido rapiñado, que fue hurtado, que conoce la violencia porque la sufrió, que vive en un país donde se mata a una persona por día, donde el narcotráfico administra zonas inexpugnables e imparte una “justicia” criminal, usted debe festejar porque estamos mejor. Pero, ¿qué se cree este señor, que su triunfo es convencer de estupideces? No ve y si ve no entiende.

Esto es el país real, no la Disneylandia oficialista, por no agregar que si un gobernante fuera a la feria se enteraría de lo que se alarma cualquier uruguayo medio que compra fruta o verdura a precio de boutique, y de lo que aumentan los precios todas las semanas. Pero no, están en otra y así les va. La calentura de la gente se explica fácil: estoy preocupado por el trabajo, por la jubilación, no me da la plata, vivo con miedo por mi familia, la peleo como un titán y todavía me meten la mano en el bolsillo y me sacan un dineral para tapar el escandaloso agujero negro de Ancap y me quieren convencer que la administraron brillante, con honestidad y transparencia, y que la culpa la tengo yo por no aplaudir a Sendic, a Martínez y la comparsa que la hizo trizas. Tengo que cerrar mi negocio porque los números no dan, las tarifas son un robo, me “arrancan las muelas” con los impuestos, Fonasa, Irpf y otras yerbas, y todavía me tengo que bancar que Sendic se vaya diez días a… la feria del libro de La Habana, en medio de la investigación de Ancap, huyendo despavorido hacia la nueva meca del turismo progresista que es aquella isla donde reposan los revolucionarios incomprendidos.

No hay peor cosa que no ver la realidad, este es el problema del FA, no solo no haber hecho bien el trabajo cuando la economía fluía, sino empaparse de soberbia y muchas veces de corrupción sin acordarse de que no hay mal que dure cien años, ni pueblo que se lo banque.

 

Javier García

Ancapeanos ¡qué zoncera!

La ridiculez a veces es el paso en falso de lo sublime, pero generalmente es simplemente zoncera. Lo de la ministra Cosse en la conferencia de prensa donde se anunció la capitalización de Ancap, es lo segundo en su grado máximo: “los ancapeanos van a saber resolver el problema”.

Esta frase antológica esconde el problema de fondo de la administración pública y de las empresas de este dominio en términos generales. A la elite burócrata frentista no se le ocurre pensar que la administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos y no de los funcionarios. Esta tontería de creer que existe una categoría llamada “ancapeanos”, que participan de un don especial sobre el resto de los uruguayos, y que quieren a la empresa pública frente a la inmensa mayoría que la “ataca” exigiendo buena gestión y transparencia, solo se le puede pasar por la cabeza a la ministra, ancapeana, Cosse. La administración pública pertenece, según esta novedosa interpretación de la propiedad estatal, a unos seres particulares: los anteleanos de Antel, los uteanos de UTE, los anpuerteanos de la ANP, o los oseanos de OSE.

El desastre de Ancap es fruto, además de todo lo sabido, de esta patología nacional que demuestra la frase de Cosse: la corporación de los mandos medios y gerenciales que manejan las empresas sin el riesgo de ser afectados por sus malas decisiones, ni funcional ni patrimonialmente. Están tranquilos en sus cargos sin rendir cuentas, y además algunos, como pasó en Ancap, saltan de sus cargos a las direcciones políticas y multiplican su capacidad corporativa. Ese es el sueño “ancapeano”: ser el emperador corporativo que el actual presidente Coya logró.

La zoncera aumenta exponencialmente cuando, ante estos argumentos, los fundidores de empresas públicas nos dicen: ustedes quieren privatizarlas. Y ahí se reciben no de “ancapeanos”, sino de bobos. Sin embargo esta semana presenciamos sí una forma de privatización oculta: las decisiones estratégicas en la empresa más poderosa del país (y monopólica) las seguirán tomando un grupo reducido (“los ancapeanos”) liderados por Sendic y Cosse (antes Martínez), pero las pagaremos nosotros con las tarifas, con deuda y con impuestos. Este grupito ama a la empresa, a pesar de que la fundió. Amores que matan. Decisiones de unos pocos, pero las deudas, públicas. Y vienen con la monserga de la privatización. ¡Por Dios!

Entre lunes y martes, en apenas 24 horas, decisiones políticas nos endeudaron por 350 millones de dólares más. Es la nueva herramienta de la politiquería, patear para adelante la pelota de la gestión y las responsabilidades. Comprometen con plata ajena, endeudándonos y tapando con el bolsillo de otros los desastres de gestión, las irregularidades y la corrupción. De Ancap vamos a tener que poner US$ 520: de un bolsillo, y mediante deuda US$ 250 millones más, y a partir del pacto entre Martínez y Novick otros US$ 100 millones más en la IMM que se sumarán al agujero negro de la Intendencia y que pagaremos con impuestos. Dirigentes que endeudan, pueblo que paga.

Ni ancapeanos, ni que ocho cuartos. Los contribuyentes somos los que pagamos el pato de la boda de los desastres de malos administradores y malos políticos, ancapeanos o pluneanos. La corrupción no es sólo meter la mano en la lata: es también creerse con el derecho a meterla, impunemente, en el bolsillo de la gente. Feliz 2016.

 

Javier García

Javier García sobre El Guardián: tiene que haber una ley”

Ayer quedó habilitado el protocolo de acción de El Guardián para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos mediante autorización del Poder Judicial. Sin embargo, desde la oposición se reclamó un marco legal que mejore las garantías para casos en que se habilite el espionaje de personas.

Según dijo el senador del Partido Nacional Javier García a En Perspectiva, la ley a partir de la que se regula esta actividad “tiene algunos años”, por lo que el protocolo que se difundió ayer es insuficiente y da una respuesta “muy parcial” al tema.

 

EMILIANO COTELO (EC) —El sistema El Guardián, del Ministerio del Interior (MI), quedó habilitado ayer para interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos mediante autorización del Poder Judicial.

El protocolo de actuación fue firmado por la fiscalía de Corte, el MI, y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El Guardián es muy potente: puede intervenir en forma simultanea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y monitorear además correos electrónicos y redes sociales.

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, aseguró que esta tecnología va a dar más garantías porque permite centralizar la investigación de comunicaciones, que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país.

Desde que trascendió en la prensa la noticia de la compra que había realizado el MI de esta herramienta, a mediados de 2013, el asunto ha generado mucha polémica. Desde la oposición se ha planteado una serie de preocupaciones en cuanto a la utilización de esta tecnología.

Ahora que el tema se ordena, El Guardián se presenta públicamente y se pone en funcionamiento, ¿qué dice, por ejemplo, el senador del Partido Nacional Javier García? Vamos a averiguarlo.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Cómo vio el protocolo que se firmó ayer? ¿Da ahora las garantías que usted y otros dirigentes de su partido estaban reclamando?

JAVIER GARCÍA (JG) —Creo que la posibilidad de hacer escuchas telefónicas es una herramienta fundamental en la investigación del crimen. Me parece que en la medida que aumentan las posibilidades tecnológicas, con esta potencia que ustedes mencionaban -con centenares de teléfonos, correos electrónicos, etcétera- también tienen que aumentar las garantías para el individuo. El peligro es que el Estado tenga mayores posibilidades de introducirse y espiar la vida de las personas y que las personas no tengan protegidos sus derechos humanos, su intimidad, la libertad de expresión y de conciencia.

Esto que se hizo ayer es un paso, igual no es una garantía total ni nada que se le parezca. Yo estuve leyendo la reglamentación, todo el sistema opera sobre tres pilares: el software, el sistema de interceptación de datos que es El Guardián; un sistema de comunicación entre el Poder Judicial, el MI y las fiscalías, para la autorización de las interceptaciones legales; y después todo el que opera el MI, que es el procesamiento de datos. El protocolo es sobre una de las partes, pero la preocupación no es sobre lo que se hace legalmente sino sobre lo que hay posibilidades de hacer ilegalmente. Si hay una orden judicial eso es claro, hay un procedimiento, un expediente, alguien que se hace responsable. El problema es cuando existe un sistema tan poderoso que puede ser utilizado por fuera de lo que manda la justicia. El problema no es lo que es legal sino la utilización ilegal.

Ahí yo creo que tiene que haber una ley que establezca el marco regulatorio y las garantías cuando se habilita el espionaje de personas.

RA —El presidente de la SCJ ayer fue bastante tajante en ese punto, señaló que si hay una escucha hecha fuera del marco de la Constitución, de la ley y de este protocolo, se va a considerar un acto delictivo, una violación a los derechos humanos fundamentales. Por ese lado él dio las garantías, pero usted dice que no es suficiente.

JG —Yo tengo otra interpretación de lo que dijo. Él dijo: si existiera alguien que lo hiciera por fuera de la ley eso sería un delito. Lo que está diciendo es que hay posibilidades de que se haga por fuera de la ley. Coincidimos. Dice: si alguien lo hace por fuera de este protocolo lo está haciendo ilegalmente. Eso es lo que me preocupa a mí, la posibilidad de que se haga ilegalmente, justamente. Esas declaraciones del doctor Chediak demuestran que, independientemente del protocolo, hay una posibilidad de que se haga por fuera de la ley y el que lo haga está cometiendo un delito, claro, siempre que se descubra que lo está haciendo.

Por eso creo que tiene que haber un marco legal. Actualmente se hace a partir del artículo quinto de la ley número 18.494 de lavado de activos, ese es el artículo que utiliza el juez para autorizar o decidir el espionaje a una persona. Es una ley que tiene algunos años, la tecnología ha avanzado mucho y las posibilidades de seguir avanzando son aún mayores, ilimitadas, por lo tanto me parece que hay que preservar y ser muy cuidadoso.

Este es un tema que se está discutiendo actualmente en muchos países: paralelamente a las posibilidades de la justicia de espiar la vida de personas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, etcétera, tiene que haber un aumento de las garantías para la inmensísima mayoría de los ciudadanos, que somos personas de bien.

Este instrumento no garantiza en absoluto, desde mi punto de vista, ese marco de garantías que puede haber porque, como bien dijo Chediak ayer, puede existir gente que lo haga por afuera. Yo quiero aumentar ese marco de garantías para disminuir al mínimo la posibilidad de que haya gente que actúe fuera de la ley sea donde sea, un funcionario del MI, de una telefónica o lo que fuera.

RA —En ese sentido hay un aspecto novedoso que plantea el protocolo que es la auditoría: “El Poder Judicial y el Ministerio Público auditarán la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los magistrados penales y las cumplidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones”. ¿Usted dice que eso tampoco es suficiente?

JG —Eso está dentro del cupo de lo que se hace legalmente. Eso va a estar a la vista. A mí me preocupa aumentar las garantías para achicar al mínimo las posibilidades de que este sistema sea usado por fuera de ese protocolo para intervenir o espiar la vida de las personas.

RA —¿Y cómo se podría aumentar esas garantías? ¿Cuál entiende que podría ser la solución?

JG —Creo que tiene que haber un marco legal mucho más completo que el que existe actualmente que prevea este avance tecnológico que no tiene límites (por suerte la innovación y la tecnología también aumentan sin límite; el conocimiento en el mundo se duplica cada cinco años, mire si habrá posibilidades en el mundo tecnológico), que ampare los derechos de las personas y limite al máximo la intervención del Estado o los individuos por fuera de los marcos legales establecidos para introducirse en la vida de las personas. ¿Aumentan las posibilidades de introducirse en la vida de las personas? Entonces aumento las garantías que tiene que dar la ley para proteger a las personas y sus derechos humanos.

RA —¿Nos puede mencionar algún ejemplo que entienda que debería contemplarse específicamente?

JG —Yo cité al ministro [del Interior, Eduardo] Bonomi hace dos o tres meses en la Comisión de Seguridad por este tema y pedimos los protocolos de actuación -no las características técnicas del software porque eso tiene que estar reservado- y no hubo ninguna contestación. Los servicios de inteligencia, ¿pueden disponer de este sistema? Claro, me dijo, por supuesto. Todo ese tipo de cosas, de capacidades que aumenta el Estado, los servicios del Estado para introducirse en la vida de las personas, tienen que tener un marco legal.

Esto se está discutiendo en Estados Unidos y en Europa actualmente porque allá, con todavía muchas más posibilidades tecnológicas, las posibilidades de introducirse en la vida de las personas son aún mayores todavía. Yo creo que el artículo de la ley de lavado de activos que hoy establece el espionaje telefónico para perseguir al crimen requiere actualización.

RA —Y con este protocolo que se difundió ayer usted entiende que no es suficiente

JG —No, creo que es muy parcial, el protocolo habla sobre la posibilidad de que la justicia tenga acceso a una de las “patas” de todo este sistema, el formulario electrónico, pero no participa ni del software ni del sistema que tiene el MI para el procesamiento de datos.

RA —¿Qué es lo que piensan hacer ustedes desde su partido ahora que se conoce esta nueva noticia y que efectivamente El Guardián empieza a operar? ¿Tienen prevista alguna medida en concreto? ¿Ya lo han charlado?

JG —Como lo adelanté, creo que hay que trabajar sobre el marco legal que habilita el espionaje telefónico agregándole en vía legal, no administrativa…

RA —¿Van a presentar ustedes alguna iniciativa parlamentaria en ese sentido?

JG —Vamos a trabajar en este tema. Yo anuncié hace dos meses, cuando vino el ministro, que voy a trabajar en este tema. Obviamente que este no es un tema fácil en el Parlamento porque faltan elementos que puede tener la administración, pero creo que nadie va a dejar de ayudar para establecer un marco legal que habilite perseguir al crimen y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos y la vida de las personas.

 

Transcripción: Andrea Martínez

Fuente: En Perspectiva

 

Macri por la positiva.

Ganó Macri y lo políticamente correcto obligaría a decir que es un tema de los argentinos. Será correcto, pero para los uruguayos decir eso también es infantil y hueco. Que ganara Macri o que lo hiciera el kirchnerismo a través de Scioli no era lo mismo. Esto último significaba seguir siendo perjudicados en nuestro comercio, nuestro turismo, nuestra navegación, empujados al delirio político que lidera el eje bolivariano encabezado por el presidente-pajarito, e ignorados en el Mercosur. Sin embargo ahora tenemos la esperanza de empezar a tener relaciones normales. Parece poco ambicioso ponerse contento por tener un vínculo con nuestro vecino que aspire, no ya a ser beneficioso, sino simplemente “normal”. Pero era tanta la patología de esas relaciones, que el aspirar a que se normalicen ya es una avance tremendo, radical.
Frecuentemente, y no sin razón, se dice que el mejor ministro de Economía que tuvo el Frente Amplio fue el kirchnerismo en sus dos versiones. Fue tal el enfrentamiento que aquel gobierno tuvo con los sectores productivos, que divisas e inversiones cruzaron el Río de la Plata para encontrar acá su reposo. Pero eso es solo aparentemente bueno y además momentáneo, porque depende de la inestabilidad emocional de un presidente vecino y no de nosotros mismos y nuestras virtudes; depende de lo malo ajeno y no de lo bueno propio. Quizás las garantías jurídicas y políticas que se esperan del gobierno de Macri reviertan ese beneficio momentáneo del que nos beneficiábamos, pero ganaremos en estabilidad y en un mejor clima político con aquellos que están ahí, apenas abrimos la ventana. Es mucho mejor que gobierne gente seria y no una patota rentada llamada La Cámpora, nacida y ahogada en los efluvios del poder y el dinero estatal.

Vamos a tener encuentros y desencuentros con el gobierno de Macri, pero vamos a tener diálogo y no esta cosa enfermiza de estos años donde pasábamos de estar casi al borde de la guerra a pasar a mi “querido Pepe” de CFK, mientras nos metía una puñalada por la espalda bendecida por nuestro presidente que se deleitaba con el tuteo traicionero de la “compañera Cristina”, sin darse cuenta del frío cuchillo con hoja de acero en las entrañas.

Esta semana, pero aquí en Uruguay, Daniel Supervielle, lanzó su libro “Por la Positiva”, sobre la campaña de Luis Lacalle Pou. Gerardo Caetano lo presentó desde la distancia que da el no ser votante del Partido Nacional, apenas dos días después de las elecciones argentinas. Por encima de lo que dijo, que fue muy bueno, podía llamar la atención que se lo hubiera invitado a él a analizar el libro y no a un blanco, con los riesgos que tiene la crítica del adversario. Eso de que haya pensamientos diferentes con los que se pueda compartir una mesa y la política no sea una guerra, que se pueda debatir y criticar sin insultos, que haya más República y no más patota y corporaciones, fue también “la Positiva” de la campaña de Macri, como dijo en su discurso triunfal, para gobernar bien y “ahora”, (gobernar bien y gobernar ahora ¿se acuerdan de esa frase?), frente a la campaña por la negativa y de miedo kirchnerista. El camino elegido lo va a ayudar. Macri, como corresponde, va a defender los intereses argentinos y esperemos que aquí empiecen a defender los nuestros. Eso es lo normal y no la zalamería ideológica que nos entregó, de rodillas, durante años.

Javier García

Senador Javier García: presentan proyecto de ley para incluir el rotulado Braille en los medicamentos

En entrevista con “Pase lo que Pase” (LaCatorce10) el senador del Partido Nacional Javier García brindó detalles sobre el proyecto de ley “Rotulado de Medicamentos en Sistema Braille”. Escuche la entrevista.

 

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a personas con discapacidad visual a la información imprescindible sobre los medicamentos que le sean prescriptos.

 

Fuente: La República

Ministro de explicaciones

Se le paga el sueldo hace seis años como ministro de explicaciones, en eso anda bien. Bonomi se ha especializado en decirles a los uruguayos cuáles son las causas de la violencia, es idóneo en sociología del delito.

Explica, pone nombres, los cambia, todo con sesudo gesto. Cita a conferencias de prensa al solo efecto de decirnos, al pasar, que los homicidios -también- aumentaron en su gestión, para enseguida rebautizarlos: ya no son por “ajustes de cuentas” su nueva clasificación es por “disputas de territorios”.

Con un nombre o con otro los asesinatos aumentaron, en Montevideo e interior (y aumenta también la autoría de adolescentes en estos homicidios). ¿Son menos importantes por esa causa? Es decir, según su interpretación ¿son menos homicidios? Demos por válido la explicación, aunque veremos que es más un agravante que un atenuante. Si así fuera es porque se instalaron mafias, que además de asesinar, roban, trafican, secuestran. Aumentaron entonces porque aumentó la cantidad y “calidad” de la violencia, quiere decir que por una razón o por otra es la consecuencia de un país más inseguro, más violento, más impune para muchos que saben que hay un ministro que diagnostica lo que hacen, pero que no los enfrenta.

Si hay “disputas de territorios” hay territorios dónde el delito manda, el Estado está ausente y no se ejerce la autoridad. Cuando los delincuentes arreglan a balazos sus temas es porque ahí no hay nadie para impedirlo. Es de cajón, Bonomi, la explicación es peor que admitir el fracaso, porque confirma que los uruguayos estamos regalados y el Ministerio del Interior es de autoridad parcial, limitada a algunos territorios. Se ha sustituido la autoridad del Estado en uno de sus fines primarios por la de bandas que resuelven con su ley mafiosa las diferencias. Es el reconocimiento del fracaso del Estado de Derecho, de la democracia para enfrentar la violencia, de quien se resigna a cederle a las bandas mafiosas territorio y autoridad de ajusticiamiento, para traficar, extorsionar y prostituir. Y eso no es culpa de los delincuentes sino de los que le ceden espacio y diagnostican y explican, pero no tratan.

Cómo se puede trabajar en un almacén o una estación de servicio esperando la rapiña o el balazo. Cómo se puede vivir en un país dónde una madre y una hija salen de su casa y terminan volviendo luego de que se paga un rescate, cómo se puede admitir que es normal que desde una moto se le vacíe un cargador a una persona y justificarlo en “disputas de territorio”. En esos “territorios” vive gente que tiene derecho también a no tener que encerrarse en su casa para no ligarse un balazo como sucede todas las semanas.

Bonomi y J.Vázquez están atornillados a sus cargos por razones políticas. El primero porque Mujica lo sostiene y el otro porque además maneja información privilegiada para el presidente. El gobierno le da más importancia a las razones de política interna del Frente Amplio que a la seguridad humana. Durante la campaña electoral Tabaré Vázquez se comprometió a bajar 30% las rapiñas, pero con Bonomi aumentaron 60% y este año también aumentarán. Aumentan los homicidios, con el nombre que quieran pero aumentan. Aquí no pueden jugar a la mosqueta, hay un solo Frente Amplio, el de Mujica y Vázquez, el que sostiene a Bonomi y al gran hermano. Aquí no hay “disputas de territorio”, lo administran juntos.

Javier García

Senador Javier García acusa al ministro del Interior Eduardo Bonomi de intentar “justificar su incapacidad con versos”

Para el legislador nacionalista el ministro del Interior “repite diagnósticos, pero no puede mostrar una disminución de la violencia” y reiteró que la gestión de Bonomi “ha sido un fracaso”.

Para el senador nacionalista Javier García el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, intenta “justificar su incapacidad para enfrentar la violencia a puro verso”.

Las duras críticas del legislador blanco surgen tras una conferencia de prensa que Bonomi realizó más temprano este jueves, donde reconoció que en 2015 aumentó el número de homicidios, al tiempo que defendió una mejora en el accionar policial, que se ha visto enfrentado a una “pelea mucho más grande” que es la lucha de delincuentes por territorios o mercados.

“Ha habido un aumento de los homicidios este año que no llegan a lo que fue el 2012 pero con respecto al año pasado ha habido un aumento, fundamentalmente en Montevideo”, señaló el jerarca.

García, en una serie de tuits, calificó a Bonomi de “gran diagnosticador” y dijo que si bien ahora los homicidios crecieron por disputas de territorios, recordó que antes lo hacían por ajuste de cuentas, por lo que entendió que “con los dos nombres, aumentan sin parar”.

Finalmente, García afirmó que con Bonomi al frente de la cartera de Interior “siempre aumentó” la violencia en Uruguay, por lo que calificó de “fracaso” la gestión ministerial.

 

Fuente:  El País

Vázquez vs. Vázquez. Editorial del senador Javier García

Vivimos en democracia y elegimos autoridades cada cinco años con partidos políticos libres. El gobierno del Frente Amplio es legítimo, como sus mayorías.

Todo esto es el origen. Sin embargo está claro a esta altura que el gobierno tiene prácticas que no tienen legitimidad democrática, si por esto se entiende que la vida del país es mucho más amplia que los límites del Plenario del Frente Amplio (como ejemplo nos fuimos del TISA por el Plenario del FA, no por el gobierno). En Uruguay además de frenteamplistas hay blancos, colorados, independientes populares y mucha gente sin partido. Representamos a medio país a pesar de que el oficialismo actúe con pensamiento monopólico. Eso no solo no es legítimo sino antidemocrático.

Los principales dirigentes del FA, empezando por Vázquez, le tienen alergia al pensamiento diferente, les molesta el pluralismo. Les molesta el Poder Judicial cuando lauda en contra de sus intereses, les molesta la Corte Electoral si dice que en Venezuela no hay garantías y también el Tribunal de Cuentas que impide que se compre un avión para el presidente a un amigo del presidente. Por eso no les da un peso en el Presupuesto.

Les da alergia que incluso haya de los suyos que discrepen, porque ahí también los altera lo diferente. Escuchan solo su voz. Todos tienen que decir que la educación está maravillosa y obviamente, al decir de la inefable ministra Muñoz, que no está en crisis.

Para el FA, Bonomi es el campeón Mundial de la seguridad pública. El detalle de que bajo su mandato las rapiñas hayan aumentado 60% no parece decir nada de su gestión y los homicidios cambian de carátula pero no bajan. Ahora dejaron de ser “ajustes de cuentas” para en la nueva nomenclatura ser “disputas entre delincuentes”. El ministerio del Interior se ha transformado en una agencia de publicidad donde no destaca su eficacia pero si su ingenio.

El presidente está cada vez más solo y soberbio y se altera cada vez más seguido. Vive enojado con el Partido Nacional. Se ha “kirchnerizado”. Lo ofusca la baja en su popularidad y se aísla. Empezó una dinámica peligrosa, la de dirigir el ataque político al Partido Nacional. Esa fórmula de burlarse de los opositores y de agraviar ya la usó Cristina Kirchner, y así le va a ir en pocos días. Vázquez cometió la imprudencia de meterse en la campaña argentina apoyando a Scioli y advertido del error luego de la primera vuelta llamó a Macri, que no lo atendió “porque estaba en una reunión”. Lo ignoró como respuesta a su apoyo al peronismo. El problema para Uruguay es que en pocos días puede ser presidente argentino. Un papelón. Vázquez está desconectado de la gente, viaja al exterior pero abandonó hace meses el contacto con los uruguayos. No sale de gira, no se lo ve. Teme la crítica popular y para peor cada vez que viaja, Mujica le organiza una contragira para competirle en la atención de los medios. Como si fuera poco, Maduro le tomó el pelo. Cobró la plata del petróleo pero no paga los alimentos uruguayos como se comprometió. Las empresas lácteas confiaron en la negociación de Vázquez con el venezolano y ven que éste lo embromó No se reúne con el Poder Judicial, lo emplazó el plenario del FA, ataca mal a la oposición, mete la pata apoyando a Scioli y lo embroma Maduro. Y la economía complicada. El presidente nos preocupa y todavía falta mucho.

 

Javier García

El ADN, otro verso

El Ácido Desoxirribonucleico, ADN, es la matriz genética, nuestra marca de origen. De las clases de biología, saltó en los últimos días a los primeros planos políticos utilizado cansinamente como muletilla.

El presidente Vázquez lo adoptó y repite día tras día que va a cambiar “el ADN de la educación”. Proclamada durante la campaña electoral como fundamental en el programa de gobierno, la reforma educativa sería de tal magnitud que cambiaría su “ADN”. Lo único que ha cambiado hasta ahora es el director de educación y el subsecretario, a ellos sí que le cambiaron el ADN, ya no están más en el gobierno.

Vázquez se defiende y dice que apenas van 8 meses de gobierno y que no se le puede pedir resultados mágicos ni inmediatos. Error. El Frente Amplio en el gobierno lleva 128 meses. De ellos este presidente ya se consumió 68 meses, más los 60 de Mujica. Tiempo suficiente para ver resultados. En su primer período este mismo presidente fue autor intelectual y material de la vigente ley de educación, madre de todos los problemas políticos en su conducción. El “ADN” es el que él le imprimió y es la madre de todos los problemas. Allí sentenció a generaciones de muchachos a ser rehenes de una educación de cuarta calidad, de país subdesarrollado y con vocación de petiso. Esto lo sembró el actual jerarca.

El que se dice gobierno progresista, es el gran privatizador de la enseñanza pública. En sus gobiernos se multiplicó la matrícula de los colegios privados. Es el que obligó a miles de familias a hacer esfuerzos económicos inmensos para que sus hijos fueran a la enseñanza privada con un fin primario, básico: que tengan clases. En los gobiernos progresistas los niños y los jóvenes que van a escuelas y liceos públicos tienen, de pique, un mes menos de clases que los que van a los privados. Los padres de éstos van a trabajar tranquilos mientras están cuidados en sus clases. La inmensa mayoría de los padres sin embargo, en el gobierno progresista, tienen que ir a trabajar sabiendo que sus hijos estarán solos en sus casas, sin hacer nada, aburridos jugando en una computadora o en la calle expuestos, porque no se dictan clases. Por eso terminan egresando de la escuela miles de chiquilines que son analfabetos funcionales, a quienes este gobierno los toma como objetos para vestir estadísticas sin que les importe su formación real para que luego tres de cada cuatro jóvenes no termine el liceo.

Serán pobres y marginados, eso sí hijos de la educación progresista.

El “ADN” de la educación frenteamplista es el que pone al frente del órgano rector al señor Netto, que no se sabe lo que piensa en la materia, al que le decretan la esencialidad y se entera por los diarios y le ocupan su oficina y se apura en aclarar que él no pidió que la desalojaran. Ejerce la misma responsabilidad que tuvieron Pivel Devoto y Germán Rama. Todo dicho.

Al Prof. Mir que era el director de Educación del ministerio, lo echó el propio Vázquez. Cometió el pecado de no mentir, dijo la verdad: en este período no va a cambiar nada.

Vázquez, antes, eligió excluir de la dirección de la enseñanza a la oposición. Quiso una enseñanza “de partido”. Ahora achicó más, ya no es de partido, es de sector y de las corporaciones.

Dice que no se le pueden pedir resultados tan rápido y no advierte que ya los tuvo, son espantosos y son todos suyos, que se haga cargo de ese ADN.

Javier García

Una carta y su respuesta

El presidente tuvo la oportunidad, pero no quiso aprovecharla. Pudo corregir un signo de su presidencia que lamentablemente ya es sello de origen, su aislamiento, pero prefirió seguir en su burbuja. Eligió la ironía y en buena medida la burla. No dio la talla.

Nuestro compañero, el diputado Martín Lema, se puso al hombro un tema importante: el financiamiento por el Estado de los medicamentos de alto costo. Estos fármacos se utilizan para enfermedades como el cáncer y otras crónicas degenerativas que implican un deterioro muy serio. La gravedad de estas enfermedades lleva de la mano la alta tecnología que implican los fármacos que se utilizan, y por eso son muy caros. Inaccesibles para casi todos los pacientes y sus familias. Saber que se está muy enfermo, que hay un medicamento que puede ayudar, quizás no curar, pero sí prolongar la vida significativamente o mejorar su calidad y que no se pueda llegar a él, es otra tragedia que se suma a la enfermedad. Es como un castigo por no ser rico, porque solo siendo rico se pueden pagar estos tratamientos. Por lo tanto, es una fuente de injusticia y desigualdad, que en este caso es una cuestión de vida o muerte. Liso y llano.

Nadie dice que los dineros públicos sean infinitos, sino que racionalmente la sociedad debe poner prioridades y decidir adónde destina recursos. Y esa es una decisión que se toma desde la política, como toda decisión democrática. Debe ser una decisión objetiva, genérica, no puede haber un criterio para decir sí a unos y no a otros, debe ser transparente y con garantías. No puede además someterse a una persona enferma a recorrer juzgados, tribunales de apelaciones y contratar abogados, porque no hay derecho a agregar sufrimiento y trabas a quien ya tiene bastante dolor encima. Y tampoco es razonable que se impida, con una argucia legal, ir a la Justicia si es el último recurso para ampararse ante una decisión que cree arbitraria. No es en una ley de Presupuesto que se resuelven estas cosas, porque no es cuestión de números, sino de razones, de políticas de salud y de cobertura de un sistema que se enfrenta a una revolución tecnológica que no la va a parar un artículo de la ley de Presupuesto. No es para discutir metido en el medio de 750 artículos que van desde el Instituto de Meteorología hasta los juegos de azar o el Ministerio de Turismo.

Es un debate profundo y un desafío de la bioética al que nos enfrentamos. Para tener profundidad en este debate y respeto a las personas que están sufriendo, es que Lacalle Pou le pidió al Dr. Vázquez retirar estos artículos de la ley de Presupuesto. La respuesta no tardó, lo cual está bien, pero su contenido no es propio de quien ejerce la Presidencia de la República. Quizás se enojó porque le recordó su condición de oncólogo que lo debería sensibilizar y no justamente encerrarse en una posición que limita derechos a personas enfermas y las condena a no acceder a medicamentos que seguramente él debió haber indicado alguna vez, pero a los que la mayoría no accede.

Además perdió la oportunidad de romper ese círculo de soledad y soberbia que le impide dialogar con dirigentes políticos que merecen tanto respeto como él, aunque pensemos diferente a él. No se ironiza ni hay lugar para burlas como las que escribió, cuando de enfermedad de gente se habla. Es una pena pero el presidente, cuando ejerce así, no es presidente.

Javier García