Juan José Olaizola planteo al Ministro Rossi posición contraria al art 151 de la Rendición de Cuentas

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció su voluntad de retirar del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo que, según el diputado blanco Juan José Olaizola, evita la realización de licitaciones para las obras de la Corporación Vial del Uruguay (CVU).

Así lo anunció el propio legislador nacionalista tras la comparecencia del ministro ayer en la tarde en la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes. El artículo fue el primer tema abordado en la reunión que se extendió por varias horas. Olaizola dijo que notó la voluntad en legisladores del oficialismo de retirarlo y que el tema será abordado en las próximas reuniones de la comisión.

El artículo era el 151 y establecía que en las concesiones de obras públicas, cuando resultara necesario ejecutar un mayor volumen de obras a las previstas originalmente o nuevas obras conexas no contenidas en el contrato original, se podría alcanzar un acuerdo entre el concedente y el concesionario para su ejecución. Para Olaizola, el artículo hubiera significado esquivar los procedimientos competitivos “a través de negociaciones de despacho” facilitando los acuerdos directos con las empresas y sustituyendo a las licitaciones y las garantías que estas implican. El texto del artículo establecía que “la presente norma es aplicable a las concesiones vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley y a las concesiones que puedan otorgarse en el futuro”. También determinaba que los acuerdos iban a estar sujetos a la intervención del Tribunal de Cuentas, pero para el diputado esto no es garantía suficiente.

Según Olaizola, hasta el momento ya se ampliaron unos 15 contratos por alrededor de US$ 300 millones sin controles de una manera que no cumple con el contrato de 2015 entre el Ministerio de Transporte y la CVU, que concentra más del 80% de las obras viales en Uruguay. “Si lo dejamos con carácter general es tremendo porque supone legalizar el ocultamiento de información”, había advertido Olaizola. Además, entiende el legislador que se estaría violando el artículo 33 del Tocaf, que establece la obligatoriedad de las licitaciones para las obras en cuestión.

La CVU tiene a su cargo 2.679 kilómetros de la red vial. El legislador sostiene que la inversión anual por kilómetro cuadrado está estabilizada en US$ 137.500 desde 2009. El diputado cree también que las cifras de inversión de la CVU han sido “infladas”.

Fuente: El País 

Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios presentado por el Diputado Juan José Olaizola

COMISIÓN DE HACIENDA

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I N F O R M E

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Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado  el  proyecto  de ley de Mercadería en Abandono en Depósitos Intra y Extraportuarios, presentado por el señor Representante Juan José Olaizola el día 10 de junio de 2016  y aconseja al  Cuerpo su aprobación.

La mercadería abandonada en los depósitos aduaneros origina perjuicios para los depositarios, sin haberse conseguido hasta el momento una solución práctica al problema.

Si bien el Código Aduanero uruguayo (CAROU) -en su  artículo 99- establece un procedimiento para las mercaderías en abandono, el hecho de consagrar el producido del remate en un 100% a la Dirección Nacional de Aduanas, provoca por un lado el desinterés de los depositarios de poner  en funcionamiento  dicho mecanismo -ya que no pueden por esta vía cobrar sus honorarios impagos- y por otro que prácticamente   no existan remates de mercaderías en esta situación, privando por lo tanto a la Aduana de percibir ingresos por esta vía.

El proyecto de ley, que ha sido discutido y cuenta con  la  anuencia de la Dirección Nacional de Aduanas, sustituye los numerales 7 y 9 del artículo   99 del CAROU.

El nuevo procedimiento prevé -en el artículo 1º, que sustituye al numeral 7 del artículo 99 del CAROU- que una vez declarado el abandono no infraccional  de las mercaderías, el Juez ordenará el retiro de las mismas en un plazo no mayor a los ciento veinte días de dicha declaración, enviándolas a un depósito  designado  por  la  misma Sede Judicial, y designando un rematador que tendrá a su cargo el remate.

Si transcurridos los ciento veinte días no se hubieran retirado las mercaderías del depósito, el depositario podrá trasladarlas a otro depósito  aduanero,  dando noticia a la Sede Judicial interviniente y tramitando la operación aduanera correspondiente.

Se considerará que el depositario tiene la disponibilidad jurídica  de la mercadería, a efectos de realizar las operaciones aduaneras  necesarias para dicho fin. Los gastos de traslado y los honorarios del nuevo depósito serán de cargo del remate.

Por su parte, el artículo 2º, que sustituye al numeral 9 del artículo 99 del CAROU, dispone que del producido del remate se destinará hasta un 30% para el pago de los gastos y honorarios de los depositarios, y el resto a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.

La aprobación de este proyecto de ley permitirá rematar una importante cantidad de mercaderías en abandono que existen en los depósitos intraportuarios y en los depósitos aduaneros particulares, permitiendo descongestionar los depósitos y que los depositarios cobren sus honorarios impagos. El plazo de ciento veinte

 

 

 

días agiliza el procedimiento, permitiendo a los depositarios ingresar nuevas mercaderías  en esos espacios.

En el mismo sentido, el incentivo del remate de estas mercaderías, tendrá como consecuencia el ingreso de una importante suma de dinero a la Dirección Nacional de Aduanas, generada por dicho concepto.

Asimismo, permitirá poner en práctica los mecanismos previstos por el CAROU, para  el remate de las mercaderías en abandono.

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda solicita al Cuerpo  la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

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PROYECTO DE LEY

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Artículo 1°.- Sustitúyese el numeral 7 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“7) De no existir oposición, o de desestimarse las opuestas, el Tribunal declarará    el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará su retiro del depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente, todo dentro de un plazo de ciento veinte días a contar desde la declaración de abandono no infraccional.

Si en el plazo establecido en el inciso anterior no se hubiera retirado la mercadería del depósito, el depositario podrá trasladar la misma a otro  Depósito Aduanero, dando noticia a  la  Sede Judicial interviniente  y mediante la tramitación de la operación aduanera que corresponda. Se considerará que  el depositario tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería a los solos  efectos de realizar las operaciones aduaneras necesarias para dicho fin. Los gastos que ocasione este traslado serán de cuenta del remate”.

Artículo 2°.- Sustitúyese el numeral 9 del artículo 99 de la Ley Nº 19.276, de 19 de septiembre de 2014, por el siguiente:

 

“9)  El producido líquido del remate se destinará hasta un 30% (treinta por ciento)   al pago de los gastos y honorarios del depositario y el saldo a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.

 

Sala de la Comisión, 2 de mayo de 2018

 

GUSTAVO PENADÉS MIEMBRO INFORMANTE ALFREDO ASTI GONZALO CIVILA GUSTAVO DA ROSA BETTIANA DÍAZ BENJAMÍN IRAZÁBAL OMAR LAFLUF

CRISTINA LÚSTEMBERG IVÁN POSADA CONRADO RODRÍGUEZ

 

Diputado Juan José Olaizola realiza Pedido de Informes al Ministerio de Economía ante planteos de clientes de de Antel al Area de Defensa del Consumidor sin respuesta a sus reclamos

Con motivo de los cambios realizados por la compañía telefónica estatal Antel en los servicios LTE a partir del 1º de enero del corriente año, un importante número de usuarios presentaron reclamos al sentirse perjudicados por la situación creada ante el Área de Defensa del Consumidor (Adeco), del Ministerio de Economía y Finanzas. El diputado nacionalista Juan José Olaizola (del sector blanco Todos, de Luis Lacalle Pou), envió un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas preocupado por la falta de respuestas de esa dependencia ante los reclamos formulados.

El legislador dijo que ha recibido “varias” llamadas de usuarios que aguardan con preocupación una respuesta del organismo, luego de un mes de vigencia de la nueva reglamentación puesta en práctica por Antel.

En su pedido de informes, Olaizola solicita saber la cantidad de reclamos que se han presentado en el Área de Defensa del Consumidor, el trámite que les ha dado la mencionada dependencia, y además solicita saber si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, Adeco tiene competencia en la materia.

Cabe recordar que el legislador nacionalista presentó a fines del año pasado una iniciativa a fin de crear una Comisión Especial de Protección Integral del Consumidor, en el ámbito de la Cámara de Representantes, iniciativa que está a estudio de esa Cámara.

Como se recordará, los usuarios de Antel comenzaron el 2018 expresando su malestar en las redes sociales por los cambios que la empresa estatal aplicó en los contratos a partir del lunes 1° de enero. Las modificaciones generaron dudas y para muchos son perjudiciales.

El presidente de la empresa Andrés Tolosa reconoció errores en la comunicación con los clientes.

Fuente: El País

Diputado Juan José Olaizola propondrá la creación del “Defensor del Cliente”


El diputado nacionalista Juan Jose Olaizola propondrá este martes en la Cámara de Representantes, la creación del Defensor del Cliente, según informaron desde el sector.


La propuesta, consiste – a través de las instituciones bancarias y financieras de plaza – la creación del Defensor del Cliente, una figura que actuaría en el ámbito bancario y de las instituciones financieras, cumpliendo una tarea previsora, mediadora y resolutoria de los conflictos entre los clientes consumidores y las empresas.

La creación del Defensor del Cliente está siendo promovida en estos momentos en la República Argentina, a instancias de la Direccion de Defensa del Consumidor del vecino país.

El legislador solicitará profundizar los mecanismos de información a los uruguayos acerca de las tarjetas de crédito, su fecha de su vencimiento, el pago mínimo, el poder facilitar la lectura e interpretación de un estado de cuentas, la fecha del cierre, el crédito disponible y todos los ítems que componen el referido medio de pago, informaron fuentes cercanas a Olaizola.

Asimismo se buca que la población conozca las características del Clearing de Informes, y el ingreso al mismo, así como también de la Central de Riesgo del Banco Central del Uruguay, y sus diferentes categorías.

En lo que tiene que ver con la oferta de préstamos que existe en el mercado, al momento de solicitar un préstamo, que el cliente consumidor disponga de una información suficiente y clara, en cuanto a la cantidad de cuotas, la fecha de vencimiento del mismo, y la tasa a aplicarse en la ocasión.

Fuente: Radio MonteCarlo

Diputado Juan José Olaizola curso pedido de informes al MTOP por carencia de personal capacitado en negociación con UPM.


El diputado nacionalista Juan José Olaizola hizo un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, preocupado por el estado de la infraestructura ferroviaria de cara a las obras de mejora de las vías férreas entre Montevideo y Paso de los Toros, que se encararán para viabilizar la construcción de una segunda planta de celulosa en las cercanías de Paso de los Toros. Olaizola pide que se le informe la nómina de técnicos que integran el equipo estatal que lleva adelante el Proyecto Ferrocarril Central.


Solicita que se detalle el nombre de los funcionarios, su currículum, el organismo al que pertenecen y las funciones asignadas dentro del proyecto mencionado.

Olaizola quiere saber si el ministerio considera que Uruguay cuenta con técnicos calificados capaces de evaluar y tomar decisiones adecuadas “en una negociación compleja como la que se realiza con la empresa UPM”. En caso contrario, pide que se detallen las áreas a cubrir, los perfiles técnicos que se requieren y los procedimientos previstos para contar con el personal necesario. Olaizola quiere saber, asimismo, si la Intendencia de Montevideo ha dado su conformidad al diseño de vías y al viaducto a realizarse frente al puerto de Montevideo. También pidió que se le informe el plazo estimado en que permanecerá cerrado el acceso ferroviario al puerto de Montevideo, debido a las obras de las nuevas vías y el mencionado viaducto. El asunto también preocupa al director blanco de AFE, Alfonso Lereté.

El gobierno presentó las grandes líneas del proyecto el pasado 15 de agosto y asegura que hay una treintena de empresas interesadas. Quiere llamar a la licitación correspondiente antes de que termine el año.

Fuente: El País

Diputado Juan José Olaizola denunció pagos duplicados en ALUR por más de U$S 100.000. La empresa cesa a varios jerarcas y funcionarios

Alcoholes del Uruguay (Alur), integrante del grupo Ancap, destituyó el 19 de noviembre pasado al gerente de Administración y Finanzas, al jefe de la División Finanzas y al asistente de Finanzas de la empresa por la realización de pagos duplicados a una treintena de empresas. La situación no generó un perjuicio a Ancap porque la empresa se contactó, una vez detectada la situación, con los proveedores que en todos los casos restituyeron los fondos. Los pagos habían sido realizados tanto en dólares como en pesos en Montevideo

De todas formas, Alur señaló al diputado blanco Juan José Olaizola, que había hecho un pedido de informes al respecto, que se decidió la remoción de los funcionarios. Los pagos fueron hechos los días 12 y 13 de octubre pero el directorio se enteró de la situación recién el 23 de ese mes por informaciones de prensa “dado que los encargados de realizar los pagos omitieron reportar el incidente a sus superiores jerárquicos”, se reconoce en la respuesta a Olaizola.

Ancap contrató al estudio Brum-Costa para que realizase una investigación de tipo administrativo y como resultado de ella “se identificó la ocurrencia de una serie de acciones y omisiones consideradas falta grave, en mérito a lo cual el Directorio de Alur decidió el 19 de noviembre de 2016 desvincular al gerente de Administración de Finanzas, al jefe de División Finanzas y al asistente de Finanzas”, señala la respuesta a Olaizola, que fue entregada en esta semana.

Como consecuencia, Alur tomó la decisión de “reforzar los mecanismos de control interno de la empresa”, agrega.

Este episodio se agregó al verificado en la planta de etanol de Paysandú donde Alur detectó pagos irregulares que también derivaron en destituciones y en una denuncia penal. El diputado blanco de ese departamento Nicolás Olivera había denunciado en marzo de este año que un pago que debió haber sido de $ 100.000 fue de US$ 100.000.

Fuente: El País

Diputado Juan José Olaizola solicitó informes por estado del Puerto de Paysandú

El diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola, elevó un pedido de informes a la Administración Nacional de Puertos (ANP), a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para obtener información respecto a en qué estado se encuentra el muelle de ultramar del puerto de Paysandú. Olaizola quiere saber “si se han detectado desperfectos o roturas en el mencionado muelle” y en caso afirmativo, que se le explicite la entidad de esas roturas, el costo de las reparaciones, y qué medidas se han tomado para subsanar esos inconvenientes.

Olaizola también quiere que se le informe en qué estado se encuentra el área de maniobras del mismo puerto y que se detalle el tipo de piso, el tipo de operaciones que habitualmente se realizan allí y las características de las máquinas que realizan esas operaciones.

También pretende que se le informe si la ANP considera adecuadas las instalaciones mencionadas para las operaciones portuarias que se realizan al día de hoy. En caso contrario pide que se mencionen las obras necesarias, si la ANP tiene un cronograma para la realización de las mismas y si existe una previsión presupuestal a tales efectos.

El legislador blanco pide que se informe si por causa del estado de las instalaciones del puertos sanducero se han perdido días de operaciones. En caso de que así sea pide que se detalle la cantidad de días perdidos y el perjuicio económico generado a los operadores que utilizan esas instalaciones.

Olaizola también pide que se informe si la ANP ha realizado un análisis de riesgos en el puerto de Paysandú, y si lo ha hecho solicita que se facilite copia de ese análisis. En caso contrario, que se expliquen los motivos por los que no se ha realizado el mismo.

La Comisión Administradora del Río Uruguay ha llevado adelante dragados para permitir que puedan llegar hasta allí buques de calado importante. El pasado 1 de marzo la comisión binacional hizo un llamado a empresas interesadas en los trabajos de mantenimiento de los canales en la zona. El sector privado de Paysandú impulsa además que se drague a 23 pies el canal Casa Blanca a un costo de US$ 3 millones.

 En este momento, el puerto sanducero no se encuentra operativo debido al desborde del río Uruguay. Las barcazas que estaban amarradas en el puerto fueron trasladadas al puerto de Fray Bentos. También fueron desplazados los pontones, informó el administrador del puerto sanducero Jorge Granja al diario “El Telégrafo”.
Fuente: El País

Diputado Juan José Olaizola realiza Pedido de Informes por agresiones a ómnibus interdepartamentales en los accesos a Montevideo

 

 

 


Pedido de informes


    Como es de público conocimiento, en los últimos años se han intensificado los ataques con piedras y rapiñas a ómnibus interdepartamentales en distintos accesos a la ciudad de Montevideo. Estos ataques ponen en peligro la integridad de los pasajeros y los trabajadores de las empresas de transporte, quienes a diario se enfrentan a este tipo de situaciones.

En relación a estos hechos,  solicitamos a los citados Ministerios la siguiente información:

  1. Informar el número de ataques y/o rapiñas que han sufrido los ómnibus de transporte interdepartamental –  en los últimos dos años –  en los accesos a la ciudad de Montevideo, señalando dia y hora en que se produjeron.

 

  1. Detallar la cantidad de pasajeros o empleados de las empresas que han sido lesionados en esas circunstancias, así como la entidad de las lesiones, y los daños materiales que sufrieron las unidades de transporte en cada caso.

 

  1. Informar si estos incidentes han producido daños o lesiones a terceros que no viajaban en las unidades de transporte. En caso afirmativo, especificar el tipo de daños o lesiones.

 

  1. Informar que medidas se han tomado para evitar estos incidentes, y si esas medidas han sido efectivas, logrando un abatimiento real del número de agresiones a las unidades de transporte interdepartamental de pasajeros

 

 

 

Proyecto de Ley. Multas por tirar residuos desde vehículos del diputado Juan José Olaizola.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Introducción

En los últimos años se ha avanzado en la legislación referida a la preservación de los espacios públicos; a pesar de ello, es habitual ver personas que transitan por las calles, y no tienen reparos en tirar desperdicios y deshechos en la vía pública, provocando un desmejoramiento de la calidad ambiental.

Por esa razón, se hace necesario incrementar los controles y desalentar aquellas conductas que afecten el medioambiente y los espacios libres.

Siendo el Estado quien tiene la capacidad y obligación de controlar, y el ciudadano quien tiene la obligación de preservar y proteger el medio ambiente, entendemos que la tipificación de conductas específicas es herramienta útil a la hora de combatir más eficazmente el daño medioambiental.

El derecho medioambiental está enmarcado dentro de los derechos humanos de tercera generación, derechos que han tenido una evolución continua en los últimos años a nivel internacional, y nuestro país no ha sido ajeno a ese proceso.

2.- Política educativa

En el mismo sentido, solicitamos al Poder Ejecutivo la implementación de una política educativa en la materia, tendiente a concientizar a la población de las graves incidencias que tiene la contaminación.

Entendemos que no sólo el incremento de los controles y la aplicación de penas en los casos que corresponda, podrán mejorar la calidad medioambiental de nuestro país, sino que es menester incrementar las políticas educativas en escuelas, liceos y otras instituciones, con el fin de que la contaminación sea la excepción y no la regla.

Por otra parte, consideramos beneficiosa la implementación de campañas publicitarias masivas abordando esta temática. Uruguay tiene antecedentes positivos de campañas masivas que han logrado desalentar conductas perjudiciales: ejemplo de ello es la campaña contra el tabaquismo, que ha logrado disminuir de forma significativa el consumo del mismo.En síntesis, una campaña educativa complementada por una campaña publicitaria masiva, pueden ser la fórmula necesaria para lograr espacios públicos más limpios y con una mejor imagen, tanto para los uruguayos, como para los turistas que visitan nuestro país.

3.- Dinero recaudado

Como complemento de todo lo expresado anteriormente, y en atención al cuidado ambiental, consideramos que el producido por concepto de multas por arrojar residuos (conductas previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 364 del Código Penal) debe ser volcado a la recolección de residuos.

De esta forma, los recursos obtenidos por el mencionado concepto se volcarán íntegramente a mejorar la calidad medioambiental de las distintas ciudades y localidades de nuestro país.

Por todo lo precedentemente expuesto, es que presentamos el siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Modificase el artículo 364 del Código Penal, en la redacción dada por el artículo 4 de la ley 19.120, del 28 de agosto de 2013, por el siguiente :

“ARTÍCULO 364.- Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario o multa de 5 a 20 U.R.:

1. (Infracción de las disposiciones sanitarias relativas a la conducción y enterramiento de cadáveres).- El que infringiere las disposiciones sanitarias, relativas a la conducción e inhumación de cadáveres

2. (Arrojar basura en lugares no habilitados).- El que arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos específicos.

3. (Vandalismo con los depósitos de basura).- El que provocare deterioro, rotura o incendio en los depósitos de basura”.

4. (arrojar basura desde vehículos).- El que arrojare residuos, cualesquiera sea su naturaleza, desde vehículos en movimiento o detenidos en la vía pública.

En caso de reincidencia la multa o su equivalente en trabajo comunitario, podrá ser elevado al doble de la cantidad expresada en el primer inciso.

En los casos previstos en los numerales 2 y 4, lo recaudado en concepto de multas, será volcado al área de recolección de residuos del departamento donde se cometió la falta.