Diputado Martín Lema convoca a Ministra Arismendi tras contrataciones directas observadas por el TCR.

Tal como había ocurrido en el mes de marzo de este año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) volvió a observar una serie de contrataciones directas hechas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por ser irregulares y, en algunos casos, inconstitucionales. Pese a eso, los gastos fueron reiterados por decisión de la ministra Marina Arismendi y de la subsecretaria Ana Olivera.

Las resoluciones del TCR observando los gastos por decenas de millones de pesos fueron tomadas desde mediados de 2016 hasta comienzos de 2017, y vienen a sumarse a la decisión del organismo de contralor que objetó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides, que fueron hechas para brindar servicios de cuidados. Aún así, en este caso la cartera también decidió reiterar el gasto.

“Las observaciones del Tribunal son repetitivas en cuanto a contrataciones directas que superan el monto permitido, otras contrataciones directas que no encuadran en las excepciones previstas en el Tocaf, y contrataciones que cuentan con principio de ejecución”, dijo a El País el diputado nacionalista Martín Lema, que solicitó la convocatoria de la ministra Arismendi a la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes.

En este nuevo caso, el Mides hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo para presentar propuestas de acompañamiento social y operativo a los grupos de clasificadores de residuos de Montevideo. El TCR observó ese gasto por casi $ 30 millones en agosto de 2016 y reiteró la objeción en diciembre de ese año. La observación fue por el incumplimiento de dos artículos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que dicen que no podrá omitirse ninguna de las exigencias esenciales requeridas en la base del llamado a ofertas y que una vez abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

Finalmente, el Mides siguió adelante con la adjudicación de cuatro plantas de procesamiento de envases a pesar de que uno de los integrantes de una asociación civil debía aclarar aún si era funcionario público, en cuyo caso no hubiese podido participar del proyecto. Esto, para el TCR es “vulnerar” la disposición del pliego.

Otro de los contratos irregulares es el suscrito con la cooperativa social “Arquitectas en la Vida”, firmado por un año y por la suma de $ 3,5 millones para acompañamiento y cuidado de personas en el Centro Nacional de Discapacidad Visual. En este caso, el Mides sometió el contrato a la intervención del Tribunal de Cuentas después de adjudicado el dinero, contraviniendo el artículo 211 de la Constitución. El contrato se comenzó a pagar el 1 de enero de 2017 y la intervención de la contadora delegada del TCR se autorizó después de esa fecha, según los documentos oficiales a los que accedió El País.

Solidaridad.

Parecido fue lo que ocurrió con la cooperativa social Armonía y Respeto (DAR) a la que se contrató en forma directa por $ 4,7 millones desde el 1 de octubre de 2016. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social autorizó la intervención de la contadora del TCR un mes más tarde.

Otra irregularidad, según el TCR, tiene que ver con el convenio suscrito con la cooperativa de trabajo “Factor Solidaridad” a la que se transfirió la suma de $ 2,8 millones para gestionar un centro nocturno para hombres solos con hasta 40 plazas, ubicado en Gil 1023. Para el Tribunal, la contratación “se debió realizar mediante proceso competitivo” y no en forma directa como se hizo por parte del Mides, “ya que la situación no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 33 del Tocaf”. Como en otros casos, cuando se analizó este contrato directo ya estaba en ejecución, dijo el Tribunal.

El TCR objetó, además, un contrato directo del Mides con la cooperativa de trabajo “Sumando Opciones” por $ 2,5 millones para gestionar otro hogar para mayores en situación de calle, por varias razones. Se dispuso el pago de ese dinero en una sola cuota, algo que el Tocaf impide. “No se invocó por parte del Mides causal de excepción alguna que justifique” la contratación directa, dice el TCR. Dado el monto de la contratación, “el procedimiento debió ser el de la licitación abreviada como dispone el artículo 33 del Tocaf”, según señala la resolución del tribunal. Para Lema, “tras doce años de gobierno, no es aceptable que las irregularidades se fundamenten en razones de necesidad”.

Más plazas en los refugios invernales.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aumentará al doble la cantidad de plazas disponibles en refugios para la atención de personas en situación de calle, adelantó la titular de la cartera, Marina Arismendi. Según recoge la web de Presidencia de la República, la jerarca recordó que los liberados de prisión y las personas con problemas psiquiátricos y de adicciones conforman el grupo prioritario a atender. Arismendi dijo que la contingencia prevista para los meses de invierno es diferente a la del resto del año, por lo que “pensamos duplicar los cupos que teníamos disponibles el año pasado”. En 2016, el Mides había habilitado 1.791 lugares en sus centros para atender a personas en situación de calle. La próxima semana se darán más detalles sobre el plan, puntualizó la ministra. Arismendi señaló que se contará con un móvil de la Junta Nacional de Drogas, en el que un equipo de técnicos especializados atenderá a las personas con consumo problemático de sustancias que se encuentren en situación de calle. En caso de detectarse la presencia de menores, el INAU intervendrá en el tema. En este plan participan, además, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior. Paralelamente, el Mides trabaja de manera coordinada con la Intendencia de Montevideo para detectar situaciones en las que las personas se instalen en espacios públicos. Arismendi atribuyó parte de ese problema a la gran cantidad de sillones que, principalmente en la capital del país, desechan los vecinos y abandonan en las calles.

Fuente: El País

Diputado Martín Lema exhortó al MIDES a dar a conocer todos los convenios y contratos vigentes.

Reclamó que para dar cumplimiento a la ley de Acceso a la Información Pública, la cartera “debería mantener actualizada su página web. Sin embargo, incumple con la normativa, manteniendo informaciones desactualizadas que datan de varios años atrás. Esto sucede entre otros datos con la información referida a convenios y contratos realizados por ese Ministerio”.

Lema declaró a El País que “la ministra (Marina) Arismendi utiliza a la población más vulnerable para fundamentar distintos convenios y contratos”.

El diputado, por otro lado, presentó un pedido de informes a ASSE reclamando los datos sobre el gasto ejecutado en 2016 por el alquiler de camas de CTI, ambulancias para traslados, servicios médicos, y por el pago a empresas tercerizadas de limpieza y vigilancia.

Un informe del MSP, publicado ayer por El País, advierte que entre 2010 y 2015 la contratación de servicios de CTI por parte de ASSE creció a una tasa promedio anual de 13%. El arrendamiento de ambulancias, en tanto, aumentó un 10%.

Fuente: El País

Diputado Martín Lema pone en jaque al MIDES

El diputado Martín Lema elevó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social que llevó adelante 70 contrataciones para cubrir vacantes en servicios de cuidado y educación infantil pese a haber sido observadas por el Tribunal de Cuentas.

Lema señala que las contrataciones se hicieron en forma directa, con distintas personas jurídicas de derecho privado por un monto total que supera lo autorizado para este tipo de transacciones.

Entrevista al diputado Martín Lema

Fuente:  Radio Espectador

ASSE prohibió a los hospitales que contraten publicidad. Diputado Martín Lema denunció gasto excesivo en Cerro Largo.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) prohibió a los hospitales contratar publicidad. Lo hizo luego de que el diputado nacionalista Martín Lema denunciara un gasto de más de seis millones de pesos solo en el centro de Cerro Largo.

En un comunicado se advierte que el Directorio resolvió que “las Unidades Ejecutoras (los hospitales) no podrán realizar contrataciones de empresas de publicidad sin la correspondiente autorización de la Gerencia General”.

El documento, además, alerta que “aquellas contrataciones originadas en procedimientos de licitación” y que estén vigentes, “no podrán ser prorrogadas ni renovadas, debiendo dejarse sin efecto en forma inmediata las contrataciones directas mensuales”.

También instó a que se le informe de “todas las contrataciones correspondientes a empresas de publicidad” vigentes, el tipo de servicio que prestan, el período que hace que trabajan para los hospitales y el monto mensual comprometido por cada una de las instituciones de salud.

Alerta.

Durante la interpelación que hizo el mes pasado el diputado Lema al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el legislador denunció el gasto que se hacía en el hospital de Cerro Largo por concepto de publicidad.

“El Centro Departamental de Cerro Largo gastó en 2008 aproximadamente $ 18.700 en publicidad, y en 2016 $ 1:600.000. ¿Qué tanto tiene que gastar en publicidad el Hospital de Cerro Largo?”, increpó Lema, y dijo que esto implicaba un aumento de 8.600%.

La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, minimizó el gasto y sostuvo que los hospitales ahora se ven obligados a competir con las mutualistas, para no perder usuarios durante la apertura del corralito.

“Con relación al gasto en publicidad está claro que ASSE es, por lejos, el prestador que menos invierte en publicidad. ¡Por lejos! ¡Esto lo puede ver cualquier ciudadano! ASSE es parte de un sistema en el que los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) pueden elegir su prestador. Esto demuestra que estamos en una situación de competencia, pero no a nivel de publicidad”, sostuvo Muñiz, según figura en la versión taquigráfica de la interpelación.

“Insisto: si analizamos el gasto total ejecutado en 2016 en publicidad, advertiremos que ASSE gastó 0,074% de su presupuesto. Reitero: 0,074%”, enfatizó Muñiz.

Esta semana Lema elevó un pedido de informes a ASSE para pedir detalles sobre los contratos en Cerro Largo. El legislador señala que, “según datos del Sistema Integrado de Información Financiera en relación a montos ejecutados por concepto de publicidad y propaganda, el Centro Departamental de Cerro Largo, no presenta ejecución en el año 2012, en el año 2013 ejecución por un total de $ 1.027.030, en el año 2014 un total de $ 1.756.800, en el año 2015 un total de $ 1.756.800, y en el año 2016 un total de $ 1.610.400”. En todo este tiempo la cifra es $ 6.151.030.

Fuente: El País

Foto: F. Ponzetto

Luego de interpelación del Diputado Martín Lema Asse desvincula a firma de directores del Pereira.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) desvinculó a la empresa de traslados en ambulancia Siemm, que trabajaba desde 2013 con el Hospital de Bella Unión. La decisión se tomó luego de que el Tribunal de Cuentas (TCR) advirtiera que la contratación implicaba una violación a la ley anticorrupción, puesto que la firma pertenece a tres directores de hospitales, dos del Pereira Rossell y el de Salto.

La empresa propiedad de los jerarcas se creó en 2011 y en un documento de diciembre de ese mismo año la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, que en ese entonces era directora de los Centros de 2° Nivel de Atención en el Interior, consideró que la contratación de Siemm “beneficia a la población” y solicitó que esta se llevase adelante. Sin embargo, la firma fue habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) recién en marzo de 2013, pocos días después de que Muñiz asumiera la titularidad de la cartera.

El director del Pereira Ros-sell, Federico Eguren, uno de los jerarcas de Siemm además declaró en la investigación administrativa que hizo ASSE que tuvieron “participación activa” en la creación de la empresa “el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, las autoridades de habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) -que lideraba Muñiz-, el Sistema (Nacional) Integrado de Salud, en ese momento (dirigido por) Elena Clavel, y el (entonces) presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo”.

Tras ser habilitada Siemm ganó una licitación para Bella Unión, y se hizo una inauguración en la que Muñiz cortó la cinta y a la que también asistió la entonces presidenta de ASSE, Beatriz Silva. La primera licitación fue por un monto de $ 2.450.250, pero para octubre de 2013 ya se le habían adjudicado traslados por $ 5.706.370. Según figura en la respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado Martín Lema, hasta el primer semestre de 2016 se le adjudicaron a Siemm trabajos por US$ 825.000.

Tras esto Siemm continuó trabajando en un régimen de contratación directa con el Hospital de Bella Unión, según denunció Lema en la interpelación que le realizó al ministro Jorge Basso el pasado martes.

Consultada por este tema, y por la resolución del TCR, Muñiz dijo durante la interpelación que aún no se había tomado una decisión sobre el tema porque no se había discutido dentro del directorio de ASSE. Sin embargo, fuentes de la administradora de hospitales públicos contaron ayer a El País que ya no se contratará más a Siemm.

Luego del vencimiento de la última licitación, contaron desde ASSE, se abrió una nueva que volvió a ganar la firma, ya que “fue el único oferente”. Pero “como se hizo la consulta al TCR, que dice que no se puede contratar a Siemm, se declaró desierta la licitación”.

Debido a que no se trabajará más con Siemm, la gerencia general de ASSE encomendó que se arme un plan de contingencia. La fuente precisó que hay medidas que se pueden efectivizar para garantizar los traslados en ambulancias comunes y especializadas en Bella Unión. Se planteó la posibilidad de enviar ambulancias propias de ASSE al centro artiguense, hacer un convenio con la mutualista Gremeda o contratar por compra directa a otras empresas de la región. “Los traslados comunes se harán con móviles propios, lo que hay que garantizar son los traslados especializados”, señalaron desde ASSE.

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El polémico caso de la empresa Siemm.

Siemm se formó en abril de 2011, según figura en el Diario Oficial de mayo de ese año. El director del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; el del Hospital Pediátrico de la misma institución, Rodrigo Barcelona; y el del Hospital de Salto, Marcos García, figuran como socios titulares. Cuando se formó la empresa Eguren era director del Hospital de Bella Unión y Barcelona se desempeñaba como pediatra.

En julio de 2013 Siemm gana la primera licitación en el centro de Bella Unión por un monto adjudicado de $ 2.450.250 por traslados comunes y especializados. Cuando se hizo el llamado García se desempeñaba como director de la institución (Eguren dejó el cargo en 2012). Luego de adjudicada la licitación García cedió su parte de Siemm a Eguren y Barcelona.

En julio de 2014 Siemm volvió a ganar una licitación, esta vez para hacerse cargo de tareas administrativas, por lo que recibió poco más de 5.000 dólares. Y a fines del mismo año ganó otra para llevar adelante el servicio de ambulancia, por un total de casi 300.000 dólares. En septiembre de 2014 García dejó su cargo en el hospital. Un tiempo después Eguren y Barcelona le devolvieron su parte de la empresa.

Siemm volvió a ganar en 2016 una licitación en el Hospital de Bella Unión por servicios de ambulancias, por un monto superior a los 250.000 dólares. Así que en total viene cobrando del Estado más de 825.000 dólares.

El caso Bella Unión fue protagonista de la interpelación del martes del diputado Martín Lema al ministro Jorge Basso. El legislador acusó a la cartera de defender a “los compañeros”, ya que Eguren y García forman parte de la 711, del vicepresidente Raúl Sendic.

 

Fuente: El País

Diputado Martín Lema interpela al ministro de Salud Pública

El jerarca deberá responder sobre cómo la cartera cumple su “rol fiscalizador” con los contratos “irregulares” que hace la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y también será cuestionado por la negativa de la secretaría a que se instale un IMAE cardiológico en Salto.

Lema interpelará al ministro luego de realizar una serie de denuncias sobre la contratación de empresas de ambulancias, referentes a un aumento del gasto en tercerizadas y a directores que forman parte de las firmas a las que contratan (el caso más escandaloso es el del Hospital de Bella Unión, que contrata a Siemm, cuyos dueños son tres directores, dos de ellos del Pereira Rossell).

“Perseguimos el objetivo de terminar con el sentimiento de impunidad y amiguismo que predomina en ASSE y el de concretar acciones de cercanía y habilitar el IMAE cardiológico del norte del país. De nada sirven los eslóganes como gobierno de cercanía si en los hechos no se toman acciones para disminuir las desigualdades”, sostuvo Lema a El País.

“Hoy el MSP sigue con idas y vueltas, utilizando anuncios y posteriormente excusas, en vez de tomar una posición clara y simple”, añadió el diputado, que adelantó que el Partido Nacional “no va a pedir censuras ni sustituciones, pues ya se sabe que el gobierno no tiene margen para eso, puesto que está condicionado por sectores del Frente Amplio”.

Fuente: El País

Diputado Martín Lema convocará al ministro Basso a comisión para que explique anuncio no concretado

“Basta de sanata con este tema”, dijo el diputado Martín Lema, que pidió al gobierno “coraje” para explicar al norte por qué no instala un IMAE cardiológico como anunció.

La demora en la instalación de un IMAE cardiológico en Salto, tal cual se anunciara en 2012, provocó que el diputado nacionalista Martín Lema presentara un pedido de informes meses atrás.
En octubre del 2012, el gobierno anunció la instalación de dos IMAE cardiológicos en Tacuarembó y Salto. El entonces ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, informó que su cartera trabajaba intensamente en este tema para “romper los históricos desequilibrios entre la capital y el interior del país en el acceso de equipos médicos de mediano y alto porte”.
Como el anuncio no se concretó, Lema presentó el pedido de informes, que fue respondido en los últimos días. En la respuesta, el ministro Jorge Basso explica que para saber las causas de la demora se consultó al Fondo Nacional de Recursos, que respondió “no haber recibido solicitud de habilitar un IMAE cardiológico en Salto”.
Con respecto a si se instalará o no, y en caso de una negativa cuáles son los motivos, el MSP replica que esperan proyectos de prestadores del interior que “no pasen por incrementar el número de IMAEs en el país, dado que con los actuales existe ya capacidad ociosa sostenida en el tiempo”. “Es necesario seguir avanzando en proyectos que distribuyan mejor los recursos existentes”, prosigue la respuesta.
Lema dijo a Montevideo Portal que la respuesta que se le dio “es infantil, poco seria y totalmente desconsiderada con las 570.000 personas que viven al norte del Río Negro”. “Que el MSP haya consultado al Fondo de Recursos cuando sabido es que están al tanto de la situación es una maniobra infantil. Que no se sanatee con estetema”, pidió Lema, que este miércoles viaja a Salto para realizar nuevas reuniones que le permitan avanzar en el tema.
El legislador recordó que en 2012 el gobierno hizo el anuncio y que en octubre del 2016 la subsecretaria Cristina Lustemberg dijo públicamente que se evaluaba el tema. “El ministro no puede desentenderse del anuncio de su propia fuerza política”, remarcó.
Lema dijo que el MSP tiene dos opciones: o confirma que se habilita e indica la fecha o por el contrario rinde cuentas y da la cara para explicar por qué no. “El MSP debe terminar con la sanata para la población que vive en el norte. No tiene el coraje de ir allí y explicar qué pasó. Los políticos no tienen que ser valientes para buscar votos, sino para rendir cuentas. Y el MSP tiene una cuenta pendiente”, opinó.
Aseguró además que los argumentos que se le dieron para justificar la no instalación del IMAE no son sólidos y que el ministro deberá explicar si hay intereses o algo que incida para que no se tome la decisión. Y si hay un argumento, no comprende “por qué se hizo el anuncio en 2012 pero luego no se hizo otro explicando la marcha atrás”.
Lema recordó que Basso rechazó en setiembre un pedido de reunión para conversar este tema y que por lo tanto el 24 de enero lo convocará a comisión permanente (la comparecencia será probablemente en la primera quincena de febrero). “Hay siete IMAEs ubicados en la capital y ninguno en el norte. Lo de gobierno de cercanía es otro eslogan para ir de visita el interior. En el norte no se precisa el circo del Consejo de Ministro sino un IMAE cardiológico”, concluyó.

Diputado Martín Lema y Carlos Albisu reclaman al MSP que cumpla con IMAE Cardiológico en Salto tal como fue anunciado

Dos horas. Ese es el tiempo máximo que tiene una persona que sufrió un infarto para poder sobrevivir. Sin embargo, los siete centros que pueden atender a un paciente con esas características están en Montevideo, por lo que hay cientos de miles de uruguayos a más de dos horas de la capital que están en desventaja. Si bien hay en Salto un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) no lo habilitó aún, por lo que el equipo no puede ser utilizado y todos los pacientes del norte del río Negro tienen que ser trasladados a Montevideo.

En 2012 el gobierno anunció la instalación de dos IMAE, uno en Tacuarembó y otro en Salto. En octubre de ese año la página de Presidencia daba cuenta: “El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, informó que su cartera trabaja intensamente en la instalación de dos Institutos de Medicina Altamente Especializada, uno en el Hospital de Tacuarembó y otro en una institución privada de Salto.
Esto se enmarca en el propósito del MSP, de romper los históricos desequilibrios entre la capital y el interior del país en el acceso de equipos médicos de mediano y alto porte”.

El diputado nacionalista Martín Lema hizo un pedido de informes en diciembre pasado para conocer el estado de situación de esa promesa. El Ministerio de Salud Pública le respondió en un documento, firmado por el ministro Jorge Basso y el director de Salud Jorge Quian, que “el Fondo Nacional de Recursos (…) respondió no haber recibido la solicitud de habilitar un IMAE Cardiológico en la ciudad de Salto a la fecha del presente informe”.

“Que el MSP me diga ahora que no está el trámite hecho, como forma de vacío de contestar la pregunta, me parece poco serio”, dijo Lema a El Observador.

En su respuesta el MSP señaló que “se han mentenido reuniones con diversos prestadores del interior estando pendiente por parte de los interesados enviar proyectos que no pasen por incrementar el número de IMAE existentes en el país, dado que con los actuales existe ya capacidad ociosa”.

Desde el Departamento de Administración Documental y Mesa de Entrada del MSP se informó que la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto (SMQS) empezó los trámites de habilitación en 1998, pero el expediente fue archivado en 2015.Mil muertes al año

“Uruguay tiene aproximadamente entre 2.300 y 2.500 infartos al año”, dijo a El Observador Enrique Soto, actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y exvicepresidente de ASSE, aunque aclaró que es una estimación porque Uruguay no lleva un registro de infartos. Sin embargo, no todos los casos están cubiertos, ya que alrededor de mil uruguayos mueren cada año por esa causa.

Según explicó Soto, “hay dos técnicas para desobstruir el vaso: la angioplastia primaria, que es lo que recomiendan todas las guías como la más efectiva, o los fibrinolíticos, fármacos que disuelven el coágulo”. Como en el interior del país no hay IMAE habilitados no se pueden hacer angioplastias, así que los pacientes son tratados con el segundo método y si sobreviven, se los traslada a un centro de hemodinamia capitalino.

El Sanatorio Uruguay de Salto instaló el equipo necesario en 2015, pero en este momento lo están utilizando solo para análisis periféricos, como el estudio de arterias de los brazos o de las piernas. “Cuando nos habilitaron (el MSP) a comprar el angiógrafo, lo hicieron en el entendido de que se iba a
hacer un IMAE”, dijo a El Observador Arturo Altuna, el presidente de la SMQS.

La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, declaró en octubre pasado: “Estamos revisando en conjunto con el FNR y el MSP la viabilidad o no de un IMAE cardiológico en esta ciudad (por Salto)”. Lustemberg explicó entonces que el FNR financia los procedimientos. “Desde lo que significan los IMAE, tenemos que tenerlos bien en claro con los estudios de acuerdo a costos, efectividad”, sostuvo.

Lema agregó que también hay que tener en cuenta lo que se gasta hoy en traslados en ambulancias especializadas. “¿Cuál es el costo-beneficio del paciente que te infarta en Artigas o en Rivera y te sale más de $ 100 el kilómetro para traerlo a Montevideo?”, afirmó.

En 2011, cuando se analizó la viabilidad del IMAE en Salto (y Soto era el vicepresidente de ASSE), uno de los requisitos que se le exigía era tener apoyo de cirugía cardiovascular. Altuna dijo al respecto que “las complicaciones que pudieran requerir cirugía son ínfimas, menos del 0,5%” y que esa posibilidad no estaba contemplada.

Un IMAE regional
Este centro debería atender a pacientes de todo el norte del país, tanto públicos como privados. “No solo sirve tener un centro de hemodinamia para la ciudad de Salto, no tendría sentido, tendría que tener un enfoque regional”, explicó Enrique Soto. El presidente de la SMQS está de acuerdo con este punto y dijo que este IMAE podría cubrir Artigas, Bella Unión, Paysandú, Young y hasta parte de Fray Bentos o Mercedes.

 

Fuente: El Observador

Diputado Martín Lema quiere beneficio para los voluntarios.

Con el fin de estimular la práctica del voluntariado social y de “recompensar en parte ese espíritu altruista” que inspiró para el desarrollo de esta tarea, el diputado del Partido Nacional Martín Lema presentó un proyecto de ley para que en llamados o concursos para ingresar a la función pública, se otorgue puntuación extra a quienes hayan realizado ese tipo de tareas.

Lema indicó a El País que “es oportuno otorgarle cierto beneficio en los concursos o llamados cuando que se postule dicho voluntario social”.

La forma jurídica que plantea es insertar un inciso segundo al art. 4 de la ley 17.885, que es del 12 de agosto de 2005, por la que regula la actividad del voluntariado social manteniendo la previsión de no generación de derechos para ingresar a la función pública, pero sí, en caso de que el voluntario social se postule en un concurso o llamado, que cuente con un reconocimiento por la tarea realizada, “que además implica la certificación de haber generado cierta experiencia laboral a valorar en el proceso de selección”, explicó Lema.

Según el diputado del sector Todos, se debe valorar el voluntariado social porque “dignifica al ser humano que oficia de voluntario social en tanto se siente importante para la sociedad”, y además “se contribuye ostensiblemente a mejorar y estimular valores de solidaridad, humanidad y justicia social que el Estado debe propender e inculcar mandatado por normas programáticas constituciones, legales e internacionales”.

“El voluntariado social también determinará cierta capacitación a quien lo ejerza, contando luego con mejores herramientas para su inserción en el mundo laboral”, consideró el diputado.

Y agregó que en especial en el caso de “las personas jóvenes sirve como instrumento para estimular hábitos de trabajo y desplegar actividades que determinen la erradicación de ciertos vicios sociales y prácticas ociosas que el Estado y la sociedad en general pretenden combatir”.

 

Fuente: El País

Diputado Martín Lema quiere incentivar el voluntariado social.

BENEFICIO A PERSONAS QUE DESARROLLEN

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 17.885, de 12 de agosto de 2005, regula una actividad que entendemos muy importante estimular y desarrollar como es el voluntariado social, donde las personas físicas pueden colaborar, inspiradas en una finalidad solidaria, altruista y de bienestar general, en diversas actividades a desarrollar por instituciones públicas o privadas.

Concebimos al voluntariado social como una herramienta muy importante desde varios aspectos:

1) Dignifica al ser humano que oficia de voluntario social en tanto se siente importante para la sociedad, teniendo presente que puede ser útil en diversas áreas y con sus acciones significar una ayuda para otros sectores sociales que lo necesitan.

2) Se contribuye ostensiblemente a mejorar y estimular valores de solidaridad, humanidad y justicia social que el Estado debe propender e inculcar mandatado por normas programáticas constitucionales, legales e internacionales.

3) El voluntariado social también permite cierta capacitación a quien lo ejerza, contando luego con mejores herramientas para su inserción en el mundo laboral.

4) En especial en el caso de las personas jóvenes sirve como instrumento para estimular hábitos de trabajo y desplegar actividades que determinen la erradicación de ciertos vicios sociales y prácticas ociosas que el Estado y la sociedad en general pretenden combatir.

5) Implica una muy importante colaboración para organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro que contribuyen con el Estado, dado que cuentan con una mano de obra sin necesidad de erogación alguna (art. 2 de la Ley 17.885).

Nos parece adecuada la previsión establecida en el art. 4 de la Ley 17.885 en cuanto a que, el voluntario social, por su actuación, no genera derechos al ingreso a cargos de la Administración Pública.

No obstante, a efectos de estimular esta práctica y de recompensar en parte ese espíritu altruista que inspiró al voluntario social para el desarrollo de esta tan importante tarea, entendemos oportuno otorgarle cierto beneficio en los concursos o llamados a los que se postule.

Para eso proponemos insertar un inciso segundo al art. 4 de la Ley 17.885, manteniendo la previsión de no generación de derechos para ingresar

a la función pública, pero sí, en caso de que el voluntario social se postule en

un concurso o llamado, cuente con un reconocimiento por la tarea realizada, que además implica la certificación de haber generado cierta experiencia laboral a valorar en el proceso de selección.

El máximo de puntaje a asignar en el proceso de selección en un llamado o concurso será determinado en las bases del mismo, pero deberá guardar relación con la duración del voluntariado (horas, días, meses, etc). Dicha tarea deberá acreditarse fehacientemente mediante certificado original expedido por la institución pública o privada en donde haya prestado funciones el voluntario social.

Entendemos que se debe dejar librado a cada Administración la determinación precisa del puntaje a otorgar en el concurso o llamado a las tareas de voluntariado social, dado la heterogeneidad de los cargos a proveer en toda la Administración Pública.

A pesar de ello, en caso de aprobarse esta iniciativa, será obligatorio que en todos los concursos o llamados para ocupar cargos en la Administración Pública, las bases del mismo contemplen un puntaje extra a quienes han desarrollado las tareas de voluntariado social al amparo de la Ley 17.885.

PROYECTO DE LEY

BENEFICIO A PERSONAS QUE DESARROLLEN

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Artículo único.- Agrégase al artículo 4 de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 2005, el siguiente inciso:

No obstante a lo dispuesto en el inciso anterior, en todos los concursos y llamados a provisión de cargos en la Administración Pública, deberá adjudicarse un puntaje extra a quienes hayan revestido el carácter de voluntario social, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley. El puntaje a otorgar será determinado en las bases del llamado o concurso y guardará relación con la duración de la actividad de voluntariado social, la que deberá acreditarse debidamente con el certificado emitido por el organismo o institución respectiva”.

Martín Lema

Representante Nacional

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