Diputado Martín Lema promoverá llamado al ministro Jorge Basso por contratación de ambulancias en Bella Unión.

Las respuestas de ASSE sobre la contratación de un servicio de ambulancias por parte de Hospital de Bella Unión, que pertenece a tres directores del organismo, no fueron suficientes, según el diputado nacionalista Martín Lema. “No se nos ha explicado nada de los que consultamos”, sostuvo y anunció que promoverá la comparecencia de Jorge Basso al Parlamento.

El legislador anunció que se convocará al ministro Jorge Basso a la comisión permanente en febrero para que rinda cuentas sobre el tema. “El Ministerio de Salud Pública es un testigo de lujo” de la situación, “no actúa, no interviene, no se expresa”, consideró. La cartera tiene responsabilidad indirecta “producto de que es rector, policía sanitaria y de que debe controlar lo asistencial pero también la administración de los recursos”, agregó.

En De Ocho a Diez, Lema señaló que la respuesta de la administración al pedido de informes no plantea la posición del directorio, no explica el incremento de costos desde la contratación del servicio privado, ni acredita cuántos kilómetros se hicieron en traslados en 2012; tampoco responden por qué las sumas ejecutadas fueron sensiblemente superiores a las adjudicadas, ni las razones por las que se dio información equivocada respecto a que solo se hacían traslados especializados cuando también se adjudicaron traslados comunes.

El legislador sostiene que la administración convalida la irregularidad porque en la respuesta reconoce haber impuesto una sanción a uno de los directores implicados en la denuncia, que luego “premiaron” con la adjudicación de un cargo similar.

Entrevista

Fuente: Radio Uruguay

Diputado Martín Lema denuncia que gastos de Salud Pública se multiplican año a año

Un estudio del diputado Martín Lema indicó que el costo de contratar ambulancias, camas de CTI y otros se disparó desde que rige el SNIS.

“Advertimos que en la Salud Pública se está dando un proceso constante de privatización”. Así dijo a ECOS el diputado nacionalista Martín Lema, con respecto al aumento observado en los gastos de contrataciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la provisión de servicios externos.

Los datos fueron relevados por Lema a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Son, por lo tanto, cifras oficiales.

El período estudiado abarca desde 2008, año que empezó a implementarse el Sistema Nacional Integrado de Salud, y va a hasta 2015, el último en el que hay datos consolidados.

El relevamiento incluyó las áreas en donde ASSE realiza contrataciones externas. En ellas el legislador observó incrementos millonarios.

En la contratación de camas de CTI a privados, el organismo invirtió el año pasado 19 millones de dólares, mientras que al inicio del período estudiado lo hacía por solo 7 millones.

“Nos llama la atención que suceda esto cuando desde ASSE se nos dice que cada año aumentan las camas propias”, dijo el diputado.

Otro sector en donde se observa este fenómeno es en la limpieza. En ese rubro ASSE gastó en 2008 unos 5,5 millones de dólares, pero siete años después la cifra ascendió a 29 millones.

“Se incrementó por más de cinco veces, y aproximadamente por el triple de la inflación”, señaló Lema.

Un caso especial es Maldonado. En los hospitales públicos de ese departamento, el gasto en limpieza fue 770 veces mayor.
En la contratación de ambulancias para traslados ASSE gastó en 2008 1,2 millones de dólares. Pero en 2015, lo hizo por 11,5 millones de dólares.

Lema lo ejemplificó con lo sucedido en Bella Unión, donde el hospital local comenzó en 2013 a contratar los traslados a un empresa conformada por tres directores de centros públicos.

Dos de ellos habían estado al frente del propio hospital. Uno lo era cuando le fue adjudicado el contrato a su empresa. Ese año, las contrataciones se multiplicaron por 14. Al año siguiente por 23.

El caso está siendo estudiado por la Justicia de Crimen Organizado.

En vigilancia, en tanto, ASSE gastó en 2008 poco más de tres millones de dólares, cifra que ascendió el año pasado a 18 millones.

Según Lema, así se explica por qué el directorio de Asse carece de un representante de la oposición. “Conocer estas cifras nos permite entender por qué el Frente Amplio le tiene tanto miedo al control de la gestión”.

25 camas por día

“La vida no tiene precio. Por eso, cuando se requiere una cama de CTI uno no mira el costo”. La frase pertenece a la presidenta de ASSE, Susana Muñiz. La dijo al justificar meses atrás en el Parlamento la contratación externa de camas.

Según cifras oficiales el organismo cuenta con 191 camas, frente a las 80 que poseía en 2008. “Sumado a la complementación en el marco del sistema, nos permitió disminuir los costos”, había afirmado Muñiz.

La jerarca estimó entre 20 a 25 las camas suplementarias diarias que debe contratar ASSE para cumplir con la demanda.

Proyecto de ley del diputado Martín Lema busca facilitar acceso a medicamentos de alto costo no cubiertos por el FNR

BENEFICIOS FISCALES PARA DONACIONES DE EMPRESAS CONTRIBUYENTES DE IRAE CON DESTINO AL MSP PARA EL FINANCIAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO NO INCLUIDOS EN EL FORMULARIO TERAPÉUTICO DE MEDICAMENTOS

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Solicito se curse a la brevedad una minuta de comunicación con destino al Poder Ejecutivo, la que constará de una iniciativa legislativa que recoja el texto o los conceptos fundamentales del Proyecto de Ley cuyo texto se transcribe a continuación:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase al numeral 3) del artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

  1. L) El Ministerio de Salud Pública con exclusiva finalidad de financiar prestaciones y adquisición de medicamentos de alto costo, que no se encuentren incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos según lo dispuesto en el artículo 7 inciso segundo de la Ley Nº 18.335 del 15 de agosto de 2008, y que cuenten con la respectiva prescripción médica.

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2016

 

MARTÍN LEMA

REPRESENTANTE NACIONAL

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud que el art. 133 inciso 2do. de la Constitución exige que las exoneraciones tributarias cuenten con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo es que se solicita se le envíe esta Minuta de Comunicación.

El Proyecto de Ley procura incluir, dentro de las donaciones especiales previstas en los arts. 78 y 79 del Título 4 Texto Ordenado 1996, a las que se destinen al Ministerio de Salud Pública (MSP) con la finalidad de colaborar en la financiación de prestaciones y adquisición de medicamentos de alto costo que deban proporcionarse, según prescripción del médico tratante, pero que no estén incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) previsto en el art. 7 inciso 2do. de la Ley 18.335.

Estas donaciones efectuadas por contribuyentes de IRAE cuentan con un incentivo especial: según lo dispuesto en el art. 78 del Título 4 Texto Ordenado 1996 el 75% del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas se imputará como pago a cuenta del IRAE o IMP PAT, en tanto el 25% restante podrá ser imputado como gasto en el IRAE por parte del contribuyente.

Esto implica un beneficio fiscal cercano al 81% de la carga impositiva del contribuyente de IRAE que realiza la donación (un 75% lo

imputa como pago a cuenta del IRAE o IMP PAT y el 25% restante lo deduce como gasto en el IRAE cuya tasa a su vez es del 25% proporcional).

A su vez, el art. 70 del Decreto 150/007 estableció como tope para este beneficio que el total de las donaciones realizadas en el ejercicio no puedan superar el 5% de la renta neta fiscal del ejercicio anterior (en caso de exceder el beneficio fiscal se aplicará exclusivamente hasta dicho monto).

Además en dicha disposición reglamentaria se dispuso que el beneficio fiscal esté condicionado a que la donación no esté vinculada a la prestación de servicios al donante por parte de la entidad beneficiaria.

El art. 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 establece una serie de instituciones beneficiarias, muchas de ellas pertenecientes al sector privado, por lo que nos parece de estricta justicia incluir en este régimen a la financiación de tratamientos y medicamentos de alto costo no incluidos en el FTM.

Una de las cuestiones que ha venido planteando el MSP para no proporcionar ciertos fármacos no incluidos en el FTM, pese a que el paciente cuenta con prescripción médica, son los problemas de financiación y la escasez de recursos.

Esta disposición legal proyectada procura que el MSP pueda contar con la subvención de empresas privadas y así obtener una fuente de financiación a efectos de poder adquirir y proporcionar tratamientos y medicamentos de alto costo no incluidos en el FTM.

La reglamentación que luego deberá dictar el Poder Ejecutivo respecto a esta disposición, en caso de ser aprobada, determinará los términos y condiciones en que procederá esta donación.

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2016

 

 

MARTÍN LEMA

REPRESENTANTE NACIONAL

Diputado Martín Lema: ASSE paga 60.000 dólares por día por 8 camas de CTI

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) gasta un promedio de 60.000 dólares por día por el alquiler de ocho camas de CTI. En 2015 eran 53.000 dólares por día por 7,4 camas.

En 2015 la administradora de los hospitales públicos alquiló 2.736 camas (1.657 para adultos y 1.079 para niños). Por esto pagó 19,5 millones de dólares. Durante los primeros seis meses de 2016 alquiló 1.443 camas (952 de mayores y 491 pediátricas) por un monto de 11 millones de dólares.

El cálculo, hecho por El País, se desprende de los datos brindados por ASSE en las respuestas a dos pedidos de informes realizados por el diputado Martín Lema, del Partido Nacional. El primero, el que contiene los montos, es de agosto de este año. El segundo fue contestado la semana pasada y es el que tiene la cantidad de camas.

En esta última contestación también se detalla por prestador quienes son los que más dinero reciben de ASSE y los convenios de complementación entre los hospitales públicos y los centros privados.

En 2014 se gastaron 21,5 millones de dólares por el alquiler de camas. En 2008, el primer año de la reforma de salud y en el que ASSE comenzó a funcionar por fuera del Ministerio de Salud Pública (MSP), este gasto era de 7,5 millones de dólares.

Mutualistas.

De la respuesta al pedido de informes se detalla que Casa de Galicia, que enfrentó una crisis económica en 2014 que la llevó a desvincular a algunos trabajadores, es la que recibe más dinero por alquiler de camas.

En 2015 la mutualista fue la que más espacios en CTI le brindó a ASSE a nivel de adultos y el segundo en pediatría (el primero fue el Hospital Policial con 222 camas), con 286 y 205 camas respectivamente. Se trata del 18% del total. En dinero esto se traduciría en unos 3,5 millones de dólares. ASSE sostiene que le pagó solo 2,4 millones de dólares.

En cuanto al primer semestre de 2016, Casa de Galicia también fue la que más camas de adultos en CTI alquiló a ASSE, con 127, y también el segundo a nivel de pediatría, con 60 (el primero en este caso fue el Círculo Católico con 70). Se trata del 13%, que equivalen a casi 1,5 millón de dólares.

ASSE suele aducir que el alquiler de camas es parte de un plan de complementación entre el sistema público y el privado, pero lo cierto es que no existe ningún convenio firmado con las mutualistas que le brindan más servicios de CTI a los hospitales públicos.

Complementación.

En el pedido de informes, Lema reclama que “en relación a la modalidad de contratación de servicio de camas de CTI, adjuntar los convenios de complementariedad vigentes desde el mes de enero del año 2015”.

En su respuesta, ASSE documenta solo cuatro convenios: con la mutualista Camcel de Cerro Largo, con la Asociación Médica de San José, con el Círculo Católico y con Gremeda de Artigas.

El diputado nacionalista advirtió a El País que estos datos lo llevan a pensar que “en muchos casos ASSE confunde complementación con privatización”, en referencia a los pocos convenios que hay y a los cuantiosos montos que el organismo paga para cubrir su deficiencia de camas de CTI.

“No solo que en la respuesta adjuntaron solo cuatro convenios vigentes, sino que además no existen convenios con aquellas instituciones a las que ASSE le contrata el mayor número de camas”, añadió el legislador.

La plata que destina ASSE en alquilar camas de cuidados intensivos ha llevado también a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a denunciar que la administradora de los hospitales públicos “financia al sistema privado”. Así lo manifestó semanas atrás en declaraciones a El País TV, el presidente del gremio, Martín Pereira.

El sindicalista sostuvo que si la Administración no alquilara camas de CTI y no comprara otros servicios, como ser análisis de laboratorio y tomografías, “muchas mutualistas estarían cerrando o viendo la viabilidad que podrían tener”.

“Esta es una financiación que se hace a las mutualistas de forma solapada, porque si las mutualistas cierran se generaría un colapso de atención. Pero a su vez vemos que mientras las mutualistas tienen problemas financieros, los directores de estas instituciones tienen sueldos de entre 800.000 y 1.000.000 de pesos mensuales”, añadió el sindicalista.

Denuncia.

Lema, por otro lado, dijo que ya presentó otro pedido de informes, esta vez al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde una explicación sobre “la demora de procesos licitatorios”, por parte de ASSE, para “la contratación de servicios de CTI, ya que se realizan cada tres años y, entre proceso y proceso, se contrata en forma directa”.

“Estas contrataciones deberían ser la excepción y no la regla”, añadió el legislador, que advirtió que “en abril de este año se realizó la apertura de una licitación que aún no se adjudicó”.

Meses atrás cuando la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, fue consultada sobre los montos que se destinan al alquiler de camas de CTI, y en cuanto al crecimiento de estas cifras, la jerarca expresó: “La primera cuestión que hay que establecer es que la vida no tiene precio y por lo tanto cuando se requiere una cama de CTI no se mira en el costo”.

Deben $ 74: por ambulancias

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) debe 74 millones de pesos a empresas que ofrecen el servicio de traslados con ambulancias. La deuda se acumuló desde enero de este año al cuatro de octubre. Los datos los dio la administradora de hospitales públicos en el pedido de informes realizado por el diputado Martín Lema.

El contrato de ASSE con estas firmas está en manos de la Justicia Penal. En 2015 se gastaron 11,7 millones de dólares en empresas que ofrecen el servicio. Prestadores como el Hospital de Bella Unión están en la mira, luego de que saliera a la luz que incrementó por 20 el gasto por ambulancia en los últimos años, cuando la que le vende el servicio es una firma cuyos dueños son tres directores del Pereira Rossell.

Fuente: El País

Diputado Martín Lema: “Es ilógico que el MSP no habilite el IMAE cardiológico en Salto”

La instalación de un IMAE cardiológico en Salto se demora debido a un “capricho” del gobierno, según el diputado Martín Lema, que asegura que el MSP no se prestó al diálogo sobre el tema hasta el momento.

Desde hace años se discute la instalación de un IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada) cardiológico para el norte del país, ya que actualmente los IMAE se encuentran solamente en Montevideo.

De hecho, el jueves pasado la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reconoció en declaraciones a Telemundo 12 que “es un reclamo que tiene la ciudadanía de Salto de hace años” y que se está revisando en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública la viabilidad o no de un IMAE cardiológico en Salto, algo sobre lo que no hay aún una decisión tomada.

El legislador nacionalista Martin Lema estuvo en Salto en las pasadas semanas con el fin de conocer la situación del departamento y saber por qué no se ha autorizado aún la instalación del IMAE.

“En Salto están los equipos, los recursos humanos y todo acondicionado para que comience a funcionar un IMAE cardiológico y a pesar de eso, no funciona porque el MSP no lo habilita, lo que resulta bastante ilógico. Fui a Salto hace unas semanas para conocer de primera mano la situación junto a un cardiólogo asesor y no tengo dudas que debe habilitarse cuanto antes”, dijo a Montevideo Portal.

Lema dijo que la falta de un IMAE en esa zona “provoca gran desigualdad, por ejemplo, entre quienes tienen un infarto en el norte que en el sur”. “No hay motivo para seguir dilatando este tema que lleva años. Hace unos días estuvieron autoridades del MSP y siguen sosteniendo que se está estudiando el tema”, comentó.

El diputado explicó que hace tres semanas solicitó una reunión con el ministro de Salud Pública por este asunto “con la finalidad de que también concurran referentes de Salto que están en el tema”, pero “lamentablemente no ha dado respuesta”, lo que llevó a Lema a analizar otros canales.

“Estoy evaluando todas las posibilidades; previo a eso, tengo previsto volver a Salto y conversar con los que están trabajando el tema. Me preocupa la falta de disposición del MSP para tratar un tema de esta necesidad. La idea era hacer una reunión en la cual pueda conocer su posición y entre todos, junto con quienes trabajan el tema en Salto, buscar la forma de hacerlo viable cuanto antes. El MSP no se prestó al diálogo lamentablemente”, se lamentó Lema.

El legislador señaló que no hay motivo para no instalarlo, más sabiendo que se reclama desde hace años. “Fijate que anunciaron otro IMAE cardiológico en Montevideo y se cayó. No entiendo el capricho de negarles la posibilidad a quienes se encuentran en el interior”, concluyó.

Fuente: Montevideo Portal

Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés proponen la creación del “Defensor del Paciente”.

¿Debe existir un comisionado parlamentario para controlar los sistemas nacionales de salud, como lo hay para las cárceles? La Comisión de Salud de Diputados comienza a analizar un proyecto nacionalista que crea una suerte de “defensor del paciente”.
Así como existe un comisionado parlamentario de cárceles, que controla el cumplimiento de la normativa “supranacional, constitucional, legal y reglamentaria” referida a la situación de las personas privadas de libertad, un cargo similar podría crearse para controlar al Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En octubre, la Comisión de Salud de Diputados tratará un proyecto creado por los representantes nacionalistas Martín Lema y Gustavo Penadés.

La persona que ocuparía este cargo debe tener al menos 30 años y tener “reconocida idoneidad en la materia”. Uno de los responsables del proyecto, Martín Lema, dijo a Montevideo Portal que quien ocupe este cargo será “una persona que se levante y se acueste pensando en el paciente”. Por ejemplo, “recorriendo instalaciones como las colonias o el Vilardebó, observando los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, estudiando la situación de pacientes que precisen medicamentos y no puedan adquirirlos, escuchando reclamos como el de asociación de Parkinson que solicita que sea declarada enfermedad crónica” y casos similares.

El legislador opinó que la figura del comisionado parlamentario de cárceles “fue un acierto del sistema político”, y con este proyecto se apunta a que esta nueva figura, una suerte de “defensor del paciente”, ayude a mejorar la situación de los usuarios y a enriquecer al sistema de salud en general. “Está claro que no va a solucionar todos los problemas que tiene el SNIS, pero si va a ayudar a resolver muchas injusticias. Es una medida que se nos ocurrió para aportarle al Sistema Integrado de Salud y ayudar en la implementación del Sistema de Cuidados”, dijo.

Las recomendaciones formuladas por el comisionado no tendrán carácter obligatorio, pero “no obstante, la autoridad administrativa o la institución pública a la que hayan sido dirigidas las recomendaciones deberá, dentro de los treinta días de notificadas las mismas, dar respuesta por escrito debiendo indicar expresamente las razones que le asistan para no seguirlas”.

En la exposición de motivos, Penadés y Lema explican que el país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) pero al mismo tiempo, “el Sistema Nacional Integrado de Salud, a nueve años de su creación, ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento, que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del sistema”.

“Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados
medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”, agregan.

A su juicio, la creación de esta figura pretende generar “una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

 

Fuente: Montevideo Portal

Diputado Martín Lema. Tribunal de Cuentas observó contratos en hospital.

El Tribunal de Cuentas observó la contratación de una empresa de traslados por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Hospital de Treinta y Tres, porque uno de sus dueños era funcionario del centro de salud.

En un resolución del 8 de junio de 2016, a la que accedió El País, el tribunal advierte que la contratación de la empresa EM Treinta y Tres S.R.L. está reñida con lo dispuesto en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

La normativa advierte que están impedidos de contratar con el Estado quienes sean funcionarios “de la Administración contratante”, o mantengan “un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma”.

Según figura en la respuesta de un pedido de informes hecho días atrás por el diputado nacionalista Martín Lema a ASSE, la firma EM Treinta y Tres S.R.L. le vendió al hospital servicios por 32.912 pesos en 2015 y 242.454 pesos en el primer semestre de 2016.

El Tribunal de Cuentas tiene pendiente su pronunciamiento con respecto a la empresa Siemm que desde 2013 le viene vendiendo servicios al Hospital de Bella Unión, y que ya efectivizó contratos por la suma de 800.000 dólares.

Siemm pertenece a dos ex-directores del Hospital de Bella Unión, que hoy se desempeñan como jerarcas del Pereira Rossell y el centro Departamental de Salto. El otro dueño, en tanto, también es director del Pereira. O sea que todos tienen puestos de responsabilidad dentro de ASSE. Lema, en un reclamo presentado al Tribunal de Cuentas por este caso, justamente citó el artículo 46 del Tocaf, por el que fue observado el gasto en Treinta y Tres.

 Denuncia.

El diputado Lema, por otro lado, denunció en declaraciones a El País que, según datos extraídos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) “los gastos totales de funcionamiento ejecutados en la unidad 105 de Atención de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado, son aproximadamente cinco veces superiores en el año 2015 que en el año 2011”.

Lema sostuvo que hubo “un aumento del 532% en los fondos destinados a los recursos humanos propios, y un incremento de los Servicios no Personales del 477%”.

“Este es un ejemplo de la constante privatización de la Salud Pública. Es tan preocupante la situación general de ASSE que vamos a solicitar todas las actas y resoluciones del actual Directorio desde que asumió a la fecha”, sostuvo.

 

Fuente: El País

Diputado Martín Lema señala contradicciones entre promesas de Vazquez y actuar del MSP

El legislador Martín Lema hizo un pedido de informes para aclarar las “contradicciones” entre la nueva ordenanza para acceder a medicamentos de alto costo y las expresiones del presidente Tabaré Vázquez y del propio ministro de Salud.

legislador Martín Lema se ha especializado en el área de la salud, con especial hincapié en el acceso a medicamentos de alto costo, debido a que discrepa con la política que ha llevado el gobierno al respecto.

En agosto del 2016, el ministro de Salud Pública había anunciado que “revisaría” y aplicaría algunas modificaciones a la ordenanza 882, que estableció un nuevo protocolo para el acceso a medicamentos de alto costo que no están incluidos en el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

En junio Lema interpeló al ministro Jorge Basso a raíz de la “injusticia y desigualdad con la que continúa tratando el MSP el acceso a medicamentos de alto costo”.

El 26 de agosto se modificó efectivamente el “procedimiento administrativo abreviado” para acceder a estos medicamentos, que mandata a la Comisión Técnica Asesora a elaborar el Informe respectivo considerando los beneficios clínicos pero incluyendo un análisis sobre los costos con el fin de que “no comprometan la viabilidad y sustentabilidad del Sistema de Salud”.

Sin embargo, Lema considera que esta nueva ordenanza entra en contradicción tanto con lo expresado por el presidente Tabaré Vázquez, en respuesta a una inquietud de Luis Lacalle Pou, como con lo respondido por el ministro Basso a una consulta suya. Por ello mismo decidió elevar un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública.

“Lo expuesto se contradice con lo expresado por las autoridades del MSP, dado que en respuesta a un pedido de informes que cursáramos, el señor ministro de Salud Pública expresó que en el año 2015 se realizó una excepción, otorgando un medicamento no incluido en el FTM, lo cual ‘obedeció a criterios clínicos’. Asimismo fundamenta el no otorgamiento de más excepciones porque ‘la situación puntual del paciente no se configuraban dentro de los parámetros clínicos que ameritaban acceder a la excepción'”, indica Lema en la exposición de motivos.

“En los casos en que el Ministerio de Salud Pública no ha accedido a esta práctica (otorgar excepciones) es porque la situación puntual del paciente no se configuraba dentro de los parámetros clínicos que ameritaban acceder a la excepción”, fue la frase íntegra de Basso en aquella ocasión, para explicar cómo se resolvían las excepciones para otorgar medicamentos muy caros que no están en el formulario disponible.

Además, Lema cree que la ordenanza “no contempla la exigencia de considerar, en el informe a elaborar por la Comisión Técnica Asesora, las opiniones emitidas por las cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República”. “Sin embargo, el señor presidente de la República, en respuesta a una misiva elevada por el senador Luis Lacalle Pou, expresó que ‘se harán las consultas debidas con quienes tienen autoridad para opinar y aconsejar al respecto que son las correspondientes cátedras médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Las directivas que de ellas emanen, serán respetadas'”, recuerda el legislador.

El artículo 5 de la ordenanza “incorpora un concepto nuevo a utilizar por la Comisión Técnica Asesora al analizar la petición, sobre la posibilidad de considerar la situación económica del peticionante, a los efectos de evaluar diferentes alternativas de financiamiento”, dice además Lema.

“Por todo lo expuesto y considerando que la Ordenanza 692/16 modifica el procedimiento administrativo abreviado, el cual fuera creado para peticiones que representan excepciones a prestaciones no comprendidas en el PIAS (Plan Integral de Atención en Salud) y el FTM (Formulario Terapéutico de Medicamentos), es que solicitamos al ministro de Salud Pública se sirva informar:

1. Motivos por los cuales la Ordenanza Nº 692/2016 incorpora el concepto de que los beneficios clínicos deben relacionarse con los costos incrementales respecto de alternativas de atención y cuidado, considerando los informes de Fármaco-economía.

2. Razones para no incluir opiniones de las cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en clara contradicción con las expresiones del señor presidente de la República.

3. Explique cuál es el sentido de que exista un procedimiento abreviado, si se van a utilizar los mismos criterios que para incorporar o no medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos.

4. Indique el procedimiento con detalle de los datos que se relevarán a los efectos de evaluar la situación económica del peticionante y explique en qué casos la Comisión Técnica Asesora considerará la mencionada situación y con qué criterio se utilizará el análisis para rechazar, aceptar o evaluar alternativas de financiamiento”, concluye el pedido de informes.

Lema señaló a Montevideo Portal que no tiene ningún sentido que los requisitos para brindar excepciones sigan siendo económicos, teniendo en cuenta que la inclusión de un medicamento en el formulario implica de por sí la utilización de un criterio económico. “Esto no es para que no se otorguen excepciones necesarias sino para que todos tengan las mismas oportunidades con reglas claras, señaló.

 

Fuente: Montevideo Portal