Diputados Martín Lema y Armando Castaingdebat proponen crear Instituto de Bienestar Animal

Presentan un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Bienestar Animal y otorgarle mayor potestad para penar el maltrato animal, ante el “fracaso” de la Conahoba, según explicó el diputado Martín Lema a Montevideo Portal.

Las dificultades en el funcionamiento de la Comisión Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), criticada por varias organizaciones de activistas por los derechos de los animales, provocaron la propuesta de crear un Instituto Nacional de Bienestar Animal por parte de dos legisladores nacionalistas.

Los diputados Martín Lema y Armando Castaingdebat recogieron el planteo de la organización Animales sin Hogar, que advirtió que la Conahoba no cumple los cometidos establecidos por la Ley 18.471 de Bienestar Animal.

“En gran parte esto se da por la estructura de la Conahoba que no tiene jerarquía y es muy heterogénea. Por tanto, es imposible determinar quién es el responsable que se encarga de ejecutar los cometidos que la ley le asigna. De esta forma, el Instituto Nacional de Bienestar Animal es quien deberá encargarse y el director del mismo es el responsable directo del cumplimiento de la ley. El gran problema de las políticas de bienestar animal es que no se cumplen”, dijo Lema a Montevideo Portal.

Juan Echeverría, director de Animales sin Hogar, dijo a Montevideo Portal semanas atrás que la Conahoba “es una comisión que nunca funcionó como debería funcionar”. “Está formada por 11 miembros pero nunca fue efectiva, no generó nada y había miembros que ni siquiera sabían que tenían presupuesto para gastar. Ha sido muy feo el manejo y funcionamiento de la Conahoba, pero no nos parece bien que pase al Ministerio de Ganadería porque no es la idea de una comisión de bienestar animal que esté dedicada a animales de producción. Esperemos que no se vote ese traslado, pero si se queda necesita un gran cambio para comenzar a funcionar”, concluyó.

La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal fue creada a partir de la aprobación de la ley 18.471, cuyo cometido es conservar y mejorar la calidad de vida de los animales, y funcionaba a cargo del Ministerio de Educación y Cultura.

Este nuevo proyecto de ley incluye “confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso, efectuando las comunicaciones pertinentes a la justicia en caso de ser necesario”.

También “aplicar las sanciones establecidas en el artículo 22 de la presente Ley, constituyendo las resoluciones que impongan el pago de una multa, título ejecutivo” y “recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus cometidos, así como denunciar ante la Justicia a los infractores de la presente ley y su reglametación”.

Los motivos expuestos por Lema y Castaingdebat

“El artículo 14 de la Ley 18.471 de fecha 27 de marzo de 2009, denominada Tenencia Responsable de Animales, creó la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, como órgano desconcentrado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por diez miembros, conformados por delegados de diferentes organismos del Estado, así como también de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y de organizaciones honorarias no gubernamentales protectoras de animales con personeria jurídica.

Posteriormente, los artículos 285 y 286 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015, modificaron la denominación, dependencia, integración y cometidos de la referida Comisión, pasándose a llamar Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, como órgano desconcentrado del Inciso 07 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, habiendo visto reducido el número de integrantes, conformándose por cuatro miembros, a saber, un delegado del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que la preside, un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Ministerio del Interior y un representante del Consejo de Intendentes.

Desde la creación de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal ha sido ineficaz su funcionamiento, no mejorándose con las modificaciones introducidas por los artículos 285 y 286 de la Ley 19.355, siendo inoperante al día de la fecha la actividad de la citada Comisión, careciendo incluso de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo tal como mandata el artículo 284 de la Ley 19.355.

Entendemos que para modificar la situación es necesario que los cometidos asignados por la ley, sean desempeñados por una única autoridad responsable, lo cual permitiría una actuación más eficiente y eficaz, y seguramente lograr los objetivos que persigue la ley .

En consecuencia, se entiende necesario modificar la legislación vigente a fin de dotar al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de las herramientas para la regulación y protección que en materia de tenencia responsable y bienestar animal ha adoptado el país.

A tales efectos, se remite el presente proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Bienestar Animal como unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el cual estará a cargo de un director.

La dirección del Instituto a crearse tendrá los cometidos que la Ley 18.471 en la redacción dada por el artículo 286 de la Ley 19.355 y el Decreto Nº 62/014 asignaran oportunamente a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal con las modificaciones correspondientes acorde a su nueva estructura y no obstante una innovación introducida por el presente proyecto, como lo es el otorgamiento de la calidad de título ejecutivo a las resoluciones que adopte el director del Instituto de Bienestar Animal, en las que se impone como sanción el pago de una multa.

A nuestro entender, el carácter punitivo de dichas sanciones requiere la posibilidad de hacer uso de un procedimiento acotado que permita la ejecución a corto plazo de la medida sancionatoria dispuesta”.

Fuente: Montevideo Portal

Diputado Martín Lema cuestiona falta de políticas de salud en asentamientos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó al diputado nacionalista Martín Lema que los programas de cobertura sanitaria para los asentamientos no son su responsabilidad sino de la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En la respuesta a un pedido de informes en ese sentido, documento firmado por el ministro Jorge Basso, el MSP explicó al legislador que la cobertura de los asentamientos está a cargo del Programa de Mejoramiento Barrial (PMB) y del Proyecto Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). “Es una vergüenza que el MSP se lave las manos excusándose en que los Programas que se llevan a cabo en asentamientos son competencia del Mvotma”, sostuvo Lema a El País, para agregar que “se le da la espalda a gran parte de la población que tiene mayor riesgo de contraer enfermedades”.

Otra de las respuestas del MSP fue que “las metas e indicadores del PMB corresponden al Mvotma y se basan en mejoramiento barrial, recuperación de áreas degradadas y fortalecimiento institucional”, por lo cual el seguimiento de la situación “no aplica al Ministerio de Salud Pública”, agregó la cartera.

“Queda claro que no existe una política del MSP para brindar mayor protección a la salud de la población que vive en asentamientos irregulares”, replicó el diputado.

Fuente: El País

Diputado Martín Lema “el Frente Amplio tiene miedo al control de ASSE”

“Lo peor que uno podría hacer en un cargo de estas características es no asumir que tenemos un problema serio, importante”. Así definió el pasado martes en el Parlamento el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, la situación que vive la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El ministro anunció allí que en los próximos días se integrará un grupo de trabajo para realizar mejoras en la gestión, así como una reestructura del organismo. “Es un desafío extraordinario”, sostuvo Basso. Es que las autoridades sanitarias están decididas a hincar el diente en el organismo, para lograr una mejora de los servicios del máximo prestador del sistema de salud del país.

Prácticamente una vez por semana, las autoridades de ASSE se reúnen con las autoridades con un objetivo específico: trazar lineamientos para una nueva gestión. Según manifestó Basso en la Comisión de Salud Pública de Diputados, en las reuniones se analiza qué acciones está llevando adelante la institución y cuáles serán los caminos a seguir.

“En estos nóveles años, ASSE ha venido transitando un proceso de mejoras en gran medida desiguales, con áreas que son equiparables con el sector privado en materia de infraestructura, de instalaciones y de equipamiento en varios lugares del país, y con otras áreas con enormes debilidades desde el punto de vista asistencial, que de alguna forma deben resolverse”, sostuvo el ministro.
“La pregunta que surge es qué ha pasado en estos años “, agregó.

“Resulta imprescindible un análisis sobre el diseño organizacional de una institución de este porte”, subrayó.

Fuentes de ASSE dijeron a El Observador que el plan se está trabajando, además, con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y agregaron que los lineamientos fueron realizados en consonancia con las políticas sanitarias que el MSP planteó el año pasado, a través de objetivos sanitarios concretos.

Auditorías
El ministro fue convocado a esa comisión por el diputado nacionalista Martín Lema, luego de que ASSE le respondiera un pedido de informes sobre auditorías internas y externas. Esas auditorías detectaron desde irregularidades edilicias hasta la contratación de empresas de limpieza tercerizadas que habían participado en casos de corrupción que terminaron con el procesamiento del exrepresentante de los trabajadores, Alfredo Silva, hecho que quedó como una mancha negra en la corta historia del organismo.

Durante la reunión con los legisladores, Basso fue contundente sobre el futuro de ASSE. “Estamos decididos a iniciar un proceso de transformación”, dijo ante críticas de Lema por considerar que dentro de la institución hay “clientelismo o falta de capacidad de atención”.

El ministro remarcó que están trabajando junto con el directorio de ASSE para llevar adelante un cambio “estratégico en el diseño organizacional”, que implica desconcentrar la gestión, que hoy se centra plenamente en el directorio, con su presidenta, Susana Muñiz, a la cabeza.

32.000 funcionarios trabajan en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El organismo tiene 1,2 millones de afiliados y 900 puestos de salud en todo el país.
El plan incluye que haya responsables de proyectos con presupuesto propio y que el directorio reciba los informes, para tener un mayor control y detectar irregularidades a tiempo.

El cambio en ASSE llegó a nueve años de haberse creado como servicio descentralizado. En ese tiempo, Mario Córdoba, presidente del organismo hasta 2011, renunció a pedido del entonces presidente José Mujica y fue reemplazado por Beatriz Silva, que contaba con el apoyo del gobierno y la oposición, pero no logró satisfacerr las expectativas de los trabajadores médicos y no médicos. Durante su gestión, salió a luz el caso de corrupción que terminó con el procesamiento de Alfredo Silva.

Más críticas
La oposición no es la única que salió a denunciar públicamente problemas en la gestión del prestador de salud. Tanto los trabajadores médicos como no médicos salieron a golpear al organismo y a su presidenta. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) realizó una campaña en la que invitaba a los médicos de hospitales y policlínicas públicas a denunciar a través de una página web las deficiencias que pudieran existir en los centros donde trabajaban.

La situación de ASSE y los reclamos le hicieron perder la paciencia al presidente del gremio de los médicos, Julio Trostchansky, que en un editorial publicado en agosto en la revista Ser Médico fue directo contra Muñiz. “Somos muchos los médicos que nos preguntamos si realmente el gobierno quiere tener un prestador público, porque está claro que en estas condiciones no es viable tenerlo y lo que se está haciendo y dejando de hacer conduce a su degradación total. La situación actual de ASSE es una vergüenza”, escribió y se preguntó: “La doctora Muñiz hará la plancha estos cinco años?”.

Las irregularidades constatadas
Las auditorías internas y externas que el diputado del Partido Nacional Martín Lema solicitó a través de un pedido de informes detectaron problemas edilicios, de aportes patronales y de contrataciones dudosas. Por ejemplo, se concluyó que algunas obras no estaban inscriptas al Banco de Previsión Social, que no se realizó un análisis entre cómo avanzaban las obras y los montos de dinero que se transferían o que no se controlaba que el personal de esas obras fuera a trabajar. Las auditorías también detectaron situaciones de “conflicto de intereses con personal de ASSE” porque ejercían tareas de dirección y supervisión de empresas tercerizadas por las que eran contratadas. Consultado por El Observador, Lema sostuvo que uno de los mayores problemas es que no exista un control dentro del directorio. “El Frente Amplio tiene miedo al control de ASSE y tuvimos que intensificar el control parlamentario. El control no solo es una tranquilidad para la oposición sino que es garantía para la gente y para los usuarios”, dijo. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, reconoció que hay deficiencias pero que “se están subsanando”.

 

Fuente: El Observador

Diputado Martín Lema convoca al ministro de Salud Pública Jorge Basso a Comisión de Salud.

El legislador Martín Lema interrogara hoy al ministro de Salud y le exigirá que “se cumpla lo prometido en campaña o se anuncie el incumplimiento con la misma euforia”.

Hoy martes 7 de junio, a las 13 horas, concurrirán a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, el directorio de ASSE y el Fondo Nacional de Recursos, convocados por el diputado Martín Lema (de Todos).

Las irregularidades de la gestión de ASSE y la posición adoptada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) una vez que se difundieron es uno de los temas que motivaron el llamado.

La “injusticia y desigualdad con la que continúa tratando el MSP el acceso a medicamentos de alto costo” sigue siendo una preocupación para el legislador, que insistirá en que se adopten sus sugerencias para “mejorar el procedimiento abreviado que existe desde diciembre de 2015”.

El diputado insistirá en que se explique a la ciudadanía los motivos por los cuales anuncios realizados durante la campaña electoral por parte del MSP no se han llevado a cabo.

“Por ejemplo, el 18 de setiembre de 2014 anunciaron que a partir del 1 de octubre iba a regir un decreto para enfermedades crónicas donde se establecían beneficios para tratamientos prolongados. Este proyecto de decreto lo llego a firmar Susana Muñiz, ministra en ese momento y quedo pendiente la firma de José Mujica. En los hechos solo beneficiaron a cinco medicamentos, incumpliendo claramente lo anunciado en conferencia de prensa el 18 de setiembre”, dijo Lema a Montevideo Portal.

“Era un proyecto de decreto aprobado por unanimidad por la JUNASA. Vamos a reclamar el cumplimiento total del anuncio o que por el mismo medio en que el MSP comunicó y generó expectativa exprese los motivos de tal incumplimiento. Por otro lado, también durante el mes de setiembre de 2014 se anunció públicamente la reforma del Hospital de Clínicas a través de un nuevo plan presupuestal. Paso el presupuesto y hoy en día se están discutiendo otras opciones producto del incumplimiento del anuncio realizado en campaña electoral”, agregó.

Sobre este tema, Lema va a pedir “que cumplan o que expresen con la misma euforia que hicieron los anuncios de campaña los motivos del incumplimiento”.

Con respecto a los medicamentos de alto costo, explicó que realizó sugerencias para mejorar acceso y volverá a insistir. “También dejaremos constancia de cómo en casos iguales el MSP sigue manteniendo distintos criterios tornando el acceso desigual e injusto”, señaló.

El legislador pretende también que se toque el tema de ASSE, ya que las auditorías “expresan irregularidades en la contratación de empresas tercerizadas”. “Pese a eso, ASSE continúa contratando la empresa que fue cuestionada en la época de procesamientos y las auditorías muestran que tuvo muchas irregularidades”, concluyó.

 

Fuente: Montevideo Portal

Proyecto de ley Creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

Proyecto de ley de los diputados Martín Lema y Gustavo Penadés: creación del comisionado parlamentario para el sistema nacional integrado de salud y sistema nacional integrado de cuidados

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El país se encuentra abocado a impulsar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) con el cometido de ofrecer prestaciones a diferentes colectivos de nuestra sociedad a  los efectos de que puedan sobrellevar las situaciones que enfrentan en su diario vivir y que los colocan, muchas veces, en condiciones adversas.

Al mismo tiempo, a nueve años de su creación,  el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha puesto de manifiesto diversos problemas de implementación y funcionamiento,  que lamentablemente han derivado muchas veces en la afectación de los derechos de los beneficiarios del Sistema.

El estado de desarrollo de ambos sistemas es notoria y lógicamente diferente. El SNIC se encuentra en una etapa embrionaria. En efecto, el Poder Ejecutivo impulsó un abanico de acciones que incluyeron la instalación de la Secretaría Nacional de Cuidados y la reciente creación del marco institucional necesario, encontrándose la implementación de las estrategias que habrán de coordinarse con cada Institución recién en los comienzos.

Los loables y ambiciosos propósitos que animan al Gobierno y a todo el sistema político nacional en su conjunto en relación al SNIC, requieren para su cumplimiento, de la participación de una multiplicidad de actores estatales y de la sociedad civil en su conjunto. Al mismo tiempo, exige que los actores dispongan de los correspondientes recursos económicos que habiliten la formulación y concreción de programas y proyectos de gestión. Algunos de ellos implicarán una novedad en nuestro país, en tanto otros – como por ejemplo los que involucran al sistema educativo o al INAU-, tienen ya larga data.

A lo expresado se suma además, la lógica sensibilidad de los colectivos amparados por este Sistema, los que – por su vulnerabilidad y en muchos casos, indefensión-, deben ser protegidos para que puedan gozar efectivamente de los derechos que les fueran otorgados o reconocido. A su vez, serán muchas las instituciones no gubernamentales y sujetos individuales que confluirán con sus esfuerzos a la implementación y concreción de los objetivos trazados por la Administración.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, por su parte, se encuentra consolidado institucionalmente, no obstante lo cual presenta importantes problemas de naturaleza económico-financiera y déficits serios en relación a la atención de sus beneficiarios, lo que ha derivado en que los derechos de los mismos se hayan visto vulnerados en muchos casos .

Las dificultades que los usuarios deben enfrentar para lograr la efectiva consecución de sus derechos, se presentan en forma permanente. En este sentido, son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de éstos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento (con el consecuente incremento del costo en tickets moderadores), como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales  desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente.

Es fácil comprender, que dada la complejidad de los procesos que implica la puesta en funcionamiento de ambos Sistemas, se hace imperiosa la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria.

La experiencia acumulada desde la instauración del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, ha confirmado el acierto del sistema político al crear la figura; habiéndose erigido esa Institución en una voz ecuánime, certera y por tanto, escuchada por todos.

En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone, pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas.

Al igual que sucedió con su antecesor, con la  creación del Comisionado Parlamentario para el SNIS y SNIC se procura dotar a la figura de los más amplios poderes para el cumplimiento de sus cometidos, a fin de que, con su labor, pueda contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos que los sistemas referidos confieren a la población y lograr así la aceptación general y el apoyo del sistema político con representación parlamentaria.

 

PROYECTO DE LEY DEFINITIVO- COMISIONADO PARLAMENTARIO 

EXPO DE MOTIVOS COMISIONADO PARLAMENNTARIO

Diputados Martín Lema y Gustavo Penadés presentan proyecto de ley para crear Comisionado Parlamentario para fiscalizar los Sistemas de Salud y de Cuidados

Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud

Legisladores blancos proponen crear ombudsman que defienda los derechos de usuarios de los sistemas de salud y cuidados

El diputado blanco Martín Lema es categórico. “Los gobiernos del Frente Amplio han destruido el sistema de salud”, dice sin vueltas. Para Lema, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es “un eslogan”, y según su opinión eso se debe a que las autoridades se “dedicaron a promover titulares sin contenido, cortar cintas por cumplido, generar estadísticas y alimentar egos en vez de gobernar para la gente”.

“Después de una bonanza económica como la que tuvimos resulta sorprendente que lleguemos al absurdo de un sistema de salud colapsado”, afirmó. El diputado nacionalista Gustavo Penadés coincide con el diagnóstico y pone el foco en los “continuos problemas” que tienen los usuarios para ser atendidos y escuchados. Ambos legisladores entienden que la clave para “reconstruir” el sistema es poner al paciente, al usuario, en el centro. Darle una voz. La respuesta que encontraron fue la de crear un canal independiente que traslade los reclamos. “Una de las medidas que definimos es la necesidad de instalar la figura del defensor del paciente para la protección de sus derechos en los hechos y no en los discursos, como viene sucediendo hasta el momento”, dijo Lema.

Los dos diputados blancos (del sector Todos) presentaron el martes 31 de mayo un Proyecto de Ley para la Creación del Comisionado Parlamentario para los Sistemas Integrados de Salud y de Cuidados. En la exposición de motivos, los legisladores mencionan las “permanentes dificultades” que los usuarios deben enfrentar para lograr que se respeten sus derechos. “Son constantes las denuncias efectuadas como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la consulta médica en los tiempos que establece la reglamentación; las excesivas demoras en la coordinación de intervenciones quirúrgicas; la imposibilidad de acceso a determinados medicamentos o el suministro de estos en presentaciones que no logran cubrir un mes de tratamiento, como así también el deterioro en el que se encuentran algunos centros asistenciales desde el punto de vista edilicio, lo que, muchas veces, condiciona la atención que recibe el paciente”.

Dicen que por lo complejo de ambos sistemas “se hace imperiosa” la necesidad de apoyar al Poder Legislativo en su función de contralor de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. “Han existido episodios lamentablemente graves, como el de Hogar de Ancianos que se incendió, que hacen necesario que haya en el Estado una voz independiente a la que se pueda recurrir para presentar quejas, denuncias, y eventualmente solicitar que los errores que se cometan sean corregidos por parte de los prestadores”, argumentó Penadés. Para el diputado “no es nuevo en el mundo que haya un criterio independiente para escuchar las voces de los usuarios y que estos sean defendidos en un sistema en el que a veces el ciudadano parece estar en desguarnecimiento y orfandad”.

Según el diputado, los canales con los que los usuarios cuentan hoy para vehiculizar sus denuncias “no son independientes”. “Además esto tiene otro objetivo, que es la realización de un informe anual obligatorio por parte del comisionado para poner en conocimiento de la Asamblea General cuál es la situación y el nivel de funcionamiento de estos sistemas”.

Comisionado carcelario como espejo.

La figura del comisionado parlamentario para el sistema carcelario sirvió como inspiración para esta suerte de ombudsman de la salud que propone el Partido Nacional. En el proyecto, los legisladores subrayan que la experiencia acumulada desde la instauración del comisionado para las cárceles “ha confirmado el acierto del sistema político” al crear una figura que se consolidó como “una voz ecuánime, certera y, por tanto, escuchada por todos”. “En un mismo sentido, la creación de la figura que se propone pretende generar una institución sólida desde el punto de vista técnico, que resulte política y socialmente respetada y que contribuya al ejercicio y respeto pleno de los derechos de los beneficiarios de ambos sistemas”.

El texto del proyecto propone varias atribuciones para el comisionado parlamentario de los sistemas de salud y cuidados. Además de recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los usuarios, podrá formular recomendaciones a las autoridades para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de la normativa vigente.

Además podrá solicitar información a las autoridades respecto a las condiciones en las que se están prestando los servicios de salud y de cuidados en los respectivos sistemas integrados y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar los derechos de los usuarios.

También podrá realizar inspecciones de carácter general, en coordinación con las autoridades, a los centros de salud y de cuidados. En las instituciones públicas podrá ser sin aviso previo. Si se trata de una institución privada, las inspecciones estarán condicionadas a que las autoridades de esos prestadores resuelvan la autorización. “No obstante, el comisionado parlamentario podrá realizar las acciones constitucionales y legales pertinentes, así como las denuncias que correspondan, si considera que la institución privada no está cumpliendo con la normativa vigente en la materia o si se presume la existencia de lesión o peligro de lesión a los derechos de los usuarios”, dice el proyecto.

El defensor del paciente deberá remitir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. “El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, podrá brindar un informe extraordinario”.

Según el proyecto, el comisionado parlamentario tendrá autonomía técnica y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad excepto de la Asamblea General.

Fuente: Semanario Búsqueda
Jueves 2 de junio de 2016

Entrevista al diputado Martín Lema en el programa En Perspectiva con Emiliano Cotelo

Incendio en hogar de ancianos: No se entiende la ausencia de la ministra de Desarrollo Social ayer en el Senado; los residenciales están bajo su órbita, dice diputado Martín Lema.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso y el director nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, comparecieron ante la comisión del ramo de la Cámara de Senadores a raíz del incendio en un hogar de ancianos que el lunes dejó 8 muertos. En diálogo con En Perspectiva, el diputado nacionalista Martín Lema, que concurrió como invitado, aseguró que se debería evaluar si la coordinación entre el Mides y el MSP para realizar un control de las residenciales es buena y mejoró las condiciones de los ancianos.

Audio:

Nota: En Perpectiva

Martín Lema: “El Sistema Nacional Integrado de Salud es un eslogan”

El diputado nacionalista realizó una recorrida sorpresa por hospitales de Montevideo y encontró problemas edilicios y de seguridad.

 

 

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, realizó junto a dos asesores una recorrida nocturna el 5 de mayo por los hospitales Maciel, Español, Pereira Rossell, Pasteur y del Cerro, en la que encontró problemas de seguridad y edilicios.

El legislador, que integra la comisión de salud del Parlamento, señaló que no ve que sea un sistema que haya “cambiado para bien”, que está desintegrado y que esto lo constata cada vez que hace recorridas.

Lema destacó que tras su recorrida hubo dos reacciones diferentes: una fue la de ASSE y el Frente Amplio, que lo criticaron, porque a su juicio, tienen temor al control. Pero también hubo una “buena”, según el legislador, que fue la de un director, a quien prefirió no nombrar, que le preguntó como lo había visto. “Me quedo con esa reacción”, sentenció.

Fuente: Teledoce

Diputado Martín Lema advierte ineficacia en la erradicación de cantegriles.

La erradicación de la pobreza, o al menos de sus aristas más agudas, ha sido una de las preocupaciones más predicadas por el Frente Amplio desde que llegó al gobierno.

Sin embargo, desde el Partido Nacional se afirma que en ese asunto, como en otros, la izquierda fue protagonista de una “década perdida” en la que se dejó pasar la oportunidad de terminar con buena parte de los viejos cantegriles, ahora llamados asentamientos irregulares.

 

Según el diputado blanco Martín Lema (lista 404), estos datos surgen de la respuesta a un pedido de informes que realizó al Ministerio de Vivienda en donde se admite que desde 2012 no se terminó de regularizar ninguno de los asentamientos existentes pese a que en febrero de 2014 se firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$ 100 millones de dólares.

“Preguntamos sobre los proyectos finalizados en el marco de ese convenio y se nos respondió con los datos del último relevamiento que, se afirma, fue en el año 2012. Allí no se nos muestra ni un solo proyecto concluido”, dijo Lema a El Observador.

El parlamentario sostiene que en el oficialismo hay “inconsistencia de informaciones” ya que el Ministerio de Vivienda dice que el último relevamiento es del año 2012 en tanto que un informe técnico del Programa de Mejoramiento de Barrios proporciona los mismos datos pero señala que el relevamiento es de 2011.

En la respuesta al pedido de informes, el Ministerio de Vivienda sostiene que, para concluir un proyecto de erradicación de un asentamiento irregular, se precisan aproximadamente tres años. Sin embargo, en el detalle que se presenta existen proyectos que desde el 2012 están en etapa de formulación. El diputado Lema sostiene que las informaciones vuelven a contradecirse si se toman los datos contenidos en los informes de Memoria anual del Programa Mejoramiento de Barrios de 2012 y 2013, e Informes semestrales del año 2014, en los que se afirma que, en los úlitmos cuatro años, se han concluído proyectos en 12 asentamientos.

De este total, nueve corresponden al departamento de Montevideo en donde existen 332 asentamientos según los datos proporcionados. En todo el país, los asentamientos irregulares son 598 y allí viven unas 165 mil personas. Lema dijo que en sus recorridas por asentamientos irregulares pudo confirmar que el discurso del Frente Amplio sobre políticas sociales es solo eso, un discurso.

“El resultado obtenido en relación con el mejoramiento de asentamientos irregulares es un ejemplo más de la década perdida por el Frente Amplio. Aún contando con bonanza económica, no profundizaron en mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos”, dijo Lema.

“Si solo consideramos el monto del gasto del despilfarro de ANCAP, con ese dinero se financiaba el plan Asentamiento O, que propuso Lacalle Pou”, agregó.

El parlamentario, que integrala Comisión de Salud de Diputados, consideró preocupante el riesgo sanitario con el cual conviven muchas personas debido a las malas condiciones ambientales y de vivienda, que predominan en los asentamientos.

En los próximos días, Lema presentará un nuevo pedido de informes debido a la “falta de información e imprecisiones” que existe en las páginas web del Ministerio de Vivienda y del Programa de Mejoramiento de Barrios.

En ese nuevo pedido se preguntará, entre otras cosas, acerca de la fecha en la que se va a realizar el próximo relevamiento de asentamientos, los motivos de los atrasos en las etapas de los proyectos, y la duración promedio de cada etapa de erradicación de cantegriles.

Fuente: El Observador

Diputado Martín Lema. El Partido Nacional asegura que resultados en ASSE son “nefastos”

Desde el Partido Nacional señalaron que los resultados de la auditoría en ASSE son nefastos y llamaron a concientizar una política para que los usuarios “no paguen los platos rotos”.

El diputado Martín Lema dijo a El Espectador que existen razones para entender que no se están llevando a cabo los relevamientos correctos por la prestadora de salud. Para Lema hay que recordar que se tratan de recursos públicos que el Estado debe administrar adecuadamente y no como lo viene haciendo actualmente.

El diputado recordó que dentro de los usuarios de ASSE están los sectores más vulnerables y analizó ciertas irregularidades como por ejemplo el mal registro de datos. Lema manifestó que no existe un registro discriminado por departamento de los atendidos por la prestadora de salud y eso dificulta un análisis correcto de los números.

El nacionalista finalizó recordando que la auditoría realizada sobre ASSE dejó entrever las supuestas irregularidades.

Entrevista en Radio El Espectador