Legado de desencanto.

El domingo pasado se realizó la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, y con ella terminó de concretarse el hundimiento electoral del otrora poderoso Partido de los Trabajadores (PT).

En la primera vuelta, realizada el 2 de octubre, el PT perdió casi dos tercios de las alcaldías que controlaba. La derrota más dolorosa la sufrió en San Pablo, su principal bastión durante años, donde apenas obtuvo el 16% de los votos. Pero el retroceso se produjo en todo el país. Mientras en la primera vuelta de las elecciones municipales de 2012 el PT había obtenido más de 17 millones de votos, en la de 2016 no llegó a 7 millones.

La segunda vuelta, realizada el domingo, se realizó en 57 municipios con más de 200.000 votantes donde ningún candidato había obtenido la mayoría absoluta. Entre esas ciudades había 17 capitales de estado, incluyendo Río de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba y Fortaleza. El PT volvió a sufrir una aplastante derrota. A partir de ahora sólo gobernará en la capital del pequeño estado amazónico de Acre. Esa ciudad es también la única de más de 200.000 habitantes en la que gobernará el PT, que hasta ahora controlaba 17 ciudades de ese porte.

Estas cifras merecen múltiples lecturas. Por lo pronto, parece claro que, a ojos de una contundente mayoría de los brasileños, el PT no es una víctima inocente que deba ser defendida en las urnas, sino un partido desacreditado que merece un duro castigo electoral. Eso pinta un panorama complicado de cara a las elecciones nacionales de 2018.

Pero hay otro aspecto que merece ser colocado en el centro de la reflexión. En cada una de las dos vueltas electorales, la suma de abstenciones, votos nulos y en blanco superó el 40% del total. En las ciudades más importantes, como San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y Curitiba, la suma de quienes se abstuvieron, votaron en blanco o anularon su voto fue mayor que la de quienes votaron al candidato que resultó electo. Es decir: en los sitios de mayor concentración de población, “ganaron” los que dieron la espalda a las elecciones.

Este es el peor legado de los “progresismos” que hoy empiezan a retirarse en la región. Esos partidos llegaron al gobierno enarbolando promesas de pureza política, de transparencia y de honestidad. Se suponía que se abría una época como no había habido otra. Y decenas de millones de ciudadanos les creyeron.

Una década más tarde, todo se ve muy diferente. Los Kirchner resultaron ser la cleptocracia más monstruosa que jamás existió en América Latina; el PT de Lula organizó el mayor operativo de corrupción sistemática que haya conocido Brasil; la chilena Bachelet vive rodeada de escándalos que involucran a miembros de su familia y el Frente Amplio se niega a que sean investigados los negocios con Venezuela de un oscuro monopolio de facto otorgado a un señor que vivía en la casa del presidente de la República.

Que los gobiernos supuestamente progresistas lleguen y se vayan es parte del juego democrático. Lo terrible es la ola de desencanto ciudadano que dejarán a su paso. Millones de personas alimentarán un profundo escepticismo hacia las instituciones, como contracara de la fe que depositaron en promesas que resultaron ser demagógicas.

Esa decepción masiva y potencialmente peligrosa es la gran responsabilidad histórica con la que cargará la “ola progresista”.

Pablo Da Silveira

Futuro en riesgo

La senadora Mónica Xavier salió al cruce de cualquier sentimiento de superioridad que podamos sentir los uruguayos y advirtió que nuestro país no está a salvo de una crisis institucional como la que sufre Brasil. “Lo de Brasil no debe pasar en Uruguay -dijo-. Poder, puede. Las cosas son hasta que dejan de serlo. La democracia no es un maná del cielo”.

Las declaraciones de Xavier suenan tremendistas a corto plazo, pero son muy correctas si se considera un período más prolongado. La estabilidad democrática nunca está asegurada. Los uruguayos ya pasamos por la experiencia de creernos a salvo de las dictaduras que sufrían nuestros vecinos, sólo para descubrir un día que nos había pasado lo mismo que a ellos.

De modo que las palabras de la senadora Xavier son un buen antídoto contra la autocomplacencia. En lo que se equivoca por completo es a la hora de identificar dónde está el peligro. A ojos de Xavier, lo que puede desestabilizar nuestra democracia es la acción de una oposición que critica al gobierno y aspira a sustituirlo. Pero eso no puede ser malo para las instituciones, porque es justamente lo que toda oposición debe hacer. Lo que la senadora Xavier no percibe es que la mayor amenaza para nuestra estabilidad institucional reside en la incapacidad de su propia fuerza política para gobernar con seriedad y eficacia, porque eso impide solucionar los problemas que pueden terminar por acorralarnos.

Hagamos una única comparación con ese Brasil que hoy sufre una grave crisis política. Es verdad que la destitución de la presidenta Rousseff ha sido un episodio penoso, como también lo fue la corrupción generalizada de los gobiernos del PT. Pero, así y todo, nuestros vecinos se las han arreglado para tener una política educativa que incluye a grandes masas de alumnos, mejora la calidad y reduce las desigualdades internas (todas cosas que nosotros no hacemos). En el corazón de esa política hay una planificación estratégica que permite alinear las decisiones del gobierno federal con las que toman las autoridades de cada estado, al mismo tiempo que permite controlar el uso del dinero.

Hoy está vigente en Brasil un “Plan Nacional de Educación 2014-2024” que incluye 10 grandes directrices, 20 metas a ser alcanzadas, y un conjunto de indicadores y líneas de base que permiten monitorear avances y evaluar resultados. Cuando se pasa revista al listado de 20 metas para 2024, aparecen aspiraciones bien definidas como “triplicar la matrícula de la educación profesional técnica de nivel medio” o lograr que “al menos el 25% de los alumnos de educación básica” asistan a escuelas de tiempo completo. El grado de cumplimiento de estas metas es permanentemente monitoreado por un instituto independiente de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.

Brasil tiene hoy muchos problemas sociales y una institucionalidad democrática que enfrenta una situación límite. Pero, a pesar de todos los pesares, sus gobiernos han conseguido diseñar y aplicar políticas públicas modernas y profesionales que dan razones para esperar un futuro menos problemático. El partido de la senadora Xavier, en cambio, lleva más de una década despilfarrando recursos y perdiendo oportunidades. Sus políticas son antiguas, ineficaces e inevaluables. Aunque el riesgo no sea inmediato, allí es donde radican las peores amenazas para nuestra democracia.

 

Aprendizajes

Las democracias, como las personas, aprenden a los tropezones. El proceso es lento y a veces doloroso, pero la buena noticia es que se avanza.

Los uruguayos hemos aprendido, por ejemplo, que la llamada “democracia formal”, despreciada por muchos en los años sesenta y setenta, es un factor clave en la protección de nuestra vida y de nuestras libertades. O hemos terminado por admitir que la inflación es mala y debe ser evitada, tras haber convivido largas décadas con ella. O hemos asumido que lo mejor para un país es cumplir con sus obligaciones, lo que hizo desaparecer las pintadas contra el FMI que cubrían los muros en los años ochenta.

Sin duda sigue habiendo gente que se opone a cada una de esas ideas, pero hoy existe un amplio consenso social que las sustenta. También es cierto que estos aprendizajes pueden desvanecerse, pero ese riesgo también existe en nuestra vida personal y esa no es razón para que renunciemos a seguir aprendiendo.

Ya bien pasada una década de gobiernos frentistas, parecería ir llegando la hora de pasar raya e identificar cuatro o cinco cosas que deberíamos haber aprendido. Es bueno que lo hagamos como sociedad, para reducir el riesgo de repetir errores, y sería bueno que lo hiciera la izquierda, para sacar algo útil de sus múltiples fracasos e incumplimientos. Al cabo de estos años deberíamos haber aprendido, por ejemplo, que ni la enseñanza, ni la salud, ni la seguridad ni la protección social se mejoran aprobando leyes cargadas de palabras sonoras, ni creando grandes burocracias, ni gastando plata a manos llenas. Para generar resultados sostenibles no alcanza con anuncios ni con intenciones. Además hacen falta orientaciones estratégicas precisas, objetivos bien definidos y metas evaluables. Dicho de otro modo, hacen falta políticas públicas modernas.También deberíamos haber terminado de aprender que los ciclos económicos existen, de modo que ningún gobierno debe actuar como si la abundancia fuera a durar para siempre. La idea es tan vieja que ya aparece en la Biblia: después de los años de vacas gordas vienen los de vacas flacas. Pero parecería que todavía nos cuesta incorporar el dato.

Al cabo de estos años deberíamos tener bien claro que las instituciones importan. Que los controles judiciales no son un estorbo ni la oposición un dato molesto con el que hay que convivir, sino componentes de un complejo mecanismo que nos permite procesar un debate público inteligente y mantenernos más o menos a salvo de la arbitrariedad y el abuso de poder.

Deberíamos haber aprendido asimismo que temas vitales para el país como la política exterior y el acceso a mercados no deberían basarse en afinidades ideológicas ni en supuestas amistades, sino en una defensa profesional y cuidadosa de nuestros intereses de largo plazo. A la hora de elegir gobernantes, por último, deberíamos tener claro que haber sido perseguido, encarcelado o torturado son hechos atroces que merecen consideración y respeto, pero no dan ninguna lucidez especial. Ni siquiera es seguro que esos padecimientos produzcan gente agradecida hacia quienes fueron solidarios, como lo muestra el patético apoyo de nuestra izquierda a los opresores del pueblo venezolano.

El inmenso desperdicio de dinero y de oportunidades que se ha producido en estos años será todavía más oneroso si no somos capaces de extraer algunos aprendizajes colectivos.

Pablo Da Silveira

Sendic es la táctica

El vicepresidente Raúl Sendic fue el orador en el acto oficial del 25 de agosto. Habló en nombre de todo el gobierno y en presencia del presidente de la República. En ese entorno, se permitió tocar un tema que lo tiene en falta ante los uruguayos: “Reafirmamos el compromiso con la educación de toda la sociedad, con la formación de capacidades, con la investigación científica”.

La pregunta no es si, desde el punto de vista institucional, Sendic puede hablar en nombre del gobierno. Desde luego que puede, porque es el vicepresidente en ejercicio. Nunca nadie puso eso en duda. La pregunta es qué significado político tiene el haberlo elegido, porque obviamente no se designó a sí mismo.

Raúl Sendic es hoy el político peor evaluado en las encuestas.

Eso se debe en parte a la ruinosa gestión de Ancap y en parte al papelón de su supuesta licenciatura. Sendic se presentó ante el país como licenciado y figuró repetidamente con ese título, cuando no con el de ingeniero. Después admitió que no lo era y dijo que jamás había pretendido serlo. Más tarde volvió a presentarse como licenciado y dio diferentes versiones sobre la duración de sus estudios. Hace medio año anunció que estaban por llegar los documentos probatorios desde Cuba. Los papeles nunca llegaron, pero sí llegó una alucinante explicación de la senadora Topolansky, quien sostuvo que una vez vio el título, que era “en una cuestión biológica” y que estaba a nombre de otro.

Cuando los uruguayos todavía se preguntaban por qué un niño mimado del régimen cubano estudiaría con nombre falso, cuando en todo lo demás usaba el verdadero, llegó la noticia de que no se había encontrado petróleo. Y entonces todos recordamos que Sendic había dado por seguro que había gas y petróleo, y se había jactado de escuchar a técnicos a los que nadie había hecho caso.

Si hay un personaje desacreditado en la política uruguaya, ese es Raúl Sendic. ¿Cómo entender que el gobierno lo haya elegido como portavoz, en lugar de recurrir, como es usual, a un ministro? Una explicación plausible es que está aplicando la vieja táctica de sostener las versiones oficiales sin conceder un milímetro, por más inverosímiles que sean y en especial cuando son inverosímiles. Lo que importa no es la verdad sino el blindaje político.

Cuando las cosas se ven de esta manera, lo de Sendic deja de ser un episodio para convertirse en una tendencia. Los uruguayos estamos cada vez más rodeados de explicacio-nes inauditas que se sostienen con cara de piedra. El ministro de economía dice sin sonrojarse que nadie podía prever el enfriamiento económico, cuando ese fue uno de los temas centrales de la última campaña electoral. Altas figuras del gobierno afirman que un refugiado sirio abandonó el país sin que nadie lo notara, pese a que su cara había salido en todos los medios, a que habla árabe y anda con muletas. Hasta hace poco el presidente Vázquez reunía a los expresidentes para discutir qué hacer con los recursos que generaría el petróleo, pero ahora se nos dice que todo está bien porque siempre se supo que la probabilidad de encontrarlo era de apenas el 14%.

Las cosas que se escuchan desde el gobierno suenan cada vez más difíciles de creer, pero se las presenta como si no hubiera nada que preguntarse. Es la táctica de quienes se sienten tan frágiles que temen que una pequeña fisura tire abajo el edificio.

Aniversario esencial

El 4 de marzo de 1913, José Batlle y Ordóñez, en ejercicio de su segunda presidencia, publicó en el diario El Día sus célebres “Apuntes” de reforma constitucional. Allí propone un Poder Ejecutivo colegiado de nueve miembros, cada uno de ellos con un mandato de nueve años (excepto la primera tanda). Cada año se renovaría un miembro del órgano, en elecciones que se decidirían por mayoría simple.

La propuesta fue denunciada por el Partido Nacional como un intento de consagrar constitucionalmente el monopolio del ejercicio del gobierno en beneficio del batllismo. Para poder desalojar al oficialismo, la oposición debería ganar las elecciones durante cinco años consecutivos. En una situación de estabilidad electoral, la fracción mayoritaria del partido mayoritario podía llegar a colocar los nueve miembros del órgano. En palabras de Alfredo Vásquez Acevedo, se trataba de instalar “la tiranía bajo el disfraz de un gobierno plebiscitario”.

También se opusieron a la propuesta los colorados riveristas, conducidos por Pedro Manini Ríos. Esa doble resistencia obligó a Batlle a avanzar más despacio de lo previsto.

El 1° de marzo de 1915 asumió como presidente Feliciano Viera. Seis meses después se aprueba la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente. En las negociaciones que fueron necesarias para lograr la mayoría parlamentaria, el batllismo aceptó dos cambios a los que se había opuesto durante décadas: el voto secreto y la inscripción previa obligatoria en el registro electoral. Rechazó en cambio la representación proporcional integral.

El 30 de julio de 1916 se realiza la elección de constituyentes, en lo que representa la primera elección con voto secreto en la historia del país. Triunfó el Partido Nacional. El oficialismo resultó vencido en todo el país menos en Artigas. El revés fue tan duro para Bat-lle que nunca llegó a admitir la legitimidad del veredicto popular. Casi ocho años después, en un artículo publicado en El Día, todavía escribía: “El 30 de julio no merece figurar entre las fechas magnas de la República porque lo que ocurrió ese día fue pura y simplemente, que una grande y desvergonzada trapisonda falseó a mansalva la voluntad popular”.

En agosto de 1916, el diputado blanco Duvimioso Terra presentó un proyecto de ley que extendía el voto secreto y la inscripción obligatoria a las elecciones de legisladores. Días después, un bloque de 55 diputados batllistas publicó en la primera plana del diario El Día, entonces dirigido por Batlle, una declaración de rechazo al voto secreto. Entre otras cosas argumentaban que el voto secreto “no constituye una garantía de pureza electoral” porque fomenta “la traición, (…) la intriga y la desorganización partidaria”. La consolidación del régimen de garantías electorales del que después nos enorgulleceríamos los uruguayos exigiría todavía una década de luchas políticas.

El próximo sábado se cumplen cien años de la elección con voto secreto del 30 de julio de 1916. Para conmemorarlo, el Centro de Estudios del Partido Nacional ha organizado una actividad abierta que se realizará el próximo viernes 29, a partir de las 9 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Fue allí donde sesionó la Convención Nacional Constituyente elegida aquel día.

Observe el lector que en todo lo anterior no hay juicios de valor. Solamente hechos.

Pablo Da Silveira.

Desde adentro

Hace exactamente una semana ocurrió un hecho que no fue recogido por los medios de comunicación, pero que hubiera merecido titulares.

Para ser exactos, parte de lo que pasó fue debidamente difundido: el 5 de julio pasado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) dio a conocer los resultados de un estudio que analiza las trayectorias de los alumnos que participaron en las pruebas PISA del año 2009.

También se divulgó que los resultados son desalentadores. En el momento de realizarse la prueba, esos chicos tenían quince años de edad. Quiere decir que todos hubieran debido terminar Bachillerato a fines de 2012. Aquellos que hubieran sufrido retrasos tendrían que haberlo terminado en 2013 o 2014. Pero el estudio revela que, al día de hoy, solo el 44% es bachiller. Un 15% de los evaluados en 2009 ni siquiera llegó a terminar un grado después de los 15 años.

Lo que los medios no recogieron fue lo que ocurrió en el cierre del acto de presentación de resultados. En ese momento tomó la palabra el Director Ejecutivo del Ineed, Dr. Mariano Palamidessi, quien, ante la mirada petrificada de las principales autoridades educativas, dijo algunas cosas muy claras. Por ejemplo, dijo que es falso que nuestra Educación Secundaria sea ineficaz, porque es tremendamente eficaz generando desigualdad. Y dijo también que nuestro sistema educativo está generando “dos razas” de uruguayos. Una integrada por poca gente, que tiene por delante una vida de crecimiento personal y oportunidades, y otra mucho más numerosa, integrada por personas que están condenadas a una vida sin horizontes.

El señor Palamidessi no ocupa ningún cargo político, sino un cargo técnico al que accedió tras presentarse a un llamado internacional. De hecho, ni siquiera es uruguayo. Tal vez por eso tenga la libertad de expresar lo que nuestras autoridades educativas no quieren escuchar.

Mientras todo el tiempo las vemos hacer malabarismos para poder decir que las cosas no andan tan mal, el señor Palamidessi (con un doctorado en Educación y abundante experiencia internacional a sus espaldas) describió la realidad sin cobardía ni meneos políticos.

La importancia del hecho no está en que se haya dicho algo nuevo. En realidad, tanto las conclusiones del informe como las palabras de Palamidessi confirman tendencias conocidas desde hace años. Lo nuevo es que lo haya dicho alguien colocado en el corazón del sistema, como es el Director Ejecutivo del Ineed. A partir del 5 de julio, a las autoridades les resultará un poco más difícil seguir fingiendo demencia. Las voces de alerta ante la debacle de nuestra educación ya no pueden ser descartadas diciendo que se trata de viles maniobras opositoras. Las mismas alarmas empiezan a sonar dentro de la institucionalidad educativa.

El episodio vuelve a confirmar lo mal que estamos, pero también incluye un elemento de esperanza. El señor Palamidessi ocupa su cargo porque las autoridades del Ineed decidieron hacer un llamado internacional y seleccionar con criterios técnicos a quien iba a desempeñar un rol crucial en la institución. Por una vez, el profesionalismo y la búsqueda de la excelencia primaron sobre la cuota política y el amiguismo. Al decir lo que dijo, el señor Palamidessi no se estaba saliendo de tono sino haciendo lo que tiene que hacer un evaluador independiente. Se trata de un paso en el camino correcto.

Pablo Da Silveira

La pata y el lazo

Todo parece indicar que estamos ante el naufragio definitivo de la política educativa del Frente Amplio. Una combinación de malas ideas, torpezas políticas y bloqueos corporativos hacen temer que no pasará nada importante de aquí hasta que termine el mandato del presidente Vázquez. Ya nadie habla de cambiar el ADN de la educación. Ni siquiera se habla de extender a dos años los efectos de la elección de horas en Secundaria, tal como se anunciaba hace menos de un año. No parece existir ninguna voluntad política de cambiar nada importante. Para peor, hay menos plata.

Ante esta oscura perspectiva, en el oficialismo empiezan a escucharse las voces de quienes quieren sacar la pata del lazo. Algunos concentran sus críticas en la ministra Muñoz, diciendo (con razón) que habla de más y no conduce. Otros responsabilizan al MPP, que controla a la enseñanza y bloquea los cambios.

Este festival del “yo no fui” adquiere especial fuerza entre los frentistas moderados. Pero la verdad es que su intento no tiene ninguna verosimilitud: el astorismo y el vazquismo tienen una gran responsabilidad en todo lo que ha ocurrido y en lo que ya no ocurrirá en la enseñanza.

Muchas de las peores decisiones educativas que se tomaron en estos años fueron impulsadas por gente que respondía a Danilo Astori. Tal es el caso de la Ley de Educación de 2009, que instaló a los sindicatos en el gobierno de la enseñanza e introdujo la convocatoria obligatoria a esa exhibición de fuerza corporativa que es el Congreso Nacional de Educación. El principal promotor de esa ley no fue ninguna figura del MPP sino el ex director de Educación del MEC Luis Garibaldi: un excomunista cercano al hoy muy crítico Esteban Valenti, que en aquella época era un estrecho aliado de Astori.

Otra política de consecuencias nefastas, el “pase social” en Primaria, fue amparada por el astorista Héctor Florit. El resultado de esa política de falsa inclusión puede resumirse en dos datos: a lo largo de estos años, la repetición en sexto año de primaria fue cayendo hasta rondar el 1%. Sin embargo, entre 2004 y 2012, la repetición en el Ciclo Básico subió del 25,9 al 32,3%. O sea, mientras muy pocos alumnos repiten el último año de escuela, uno de cada tres lo hacen en cuanto pasan a la enseñanza media. Es el precio de promover aunque no haya aprendizajes.

El presidente Vázquez es políticamente responsable de la Ley de Educación que se aprobó durante su primer mandato y que él promulgó entusiasta. Pero además tuvo una participación personal y directa en varias decisiones destructivas que se tomaron durante este mandato. Por ejemplo, la decisión de mantener a Wilson Netto al frente del Codicen, en un intento por comprar a cualquier precio algo de paz con el MPP. O el doble error de declarar la esencialidad de la enseñanza por primera vez en la historia de la República, para luego no aplicarla. La primera fue probablemente la más nefasta. El día que Vázquez confirmó en el cargo a ese mujiquista experto en guerras burocráticas, el destino de Filgueira y Mir quedó sellado.

Y en medio de todo, por supuesto, está la ministra Muñoz, que no es del MPP ni cayó del cielo, sino que llegó al cargo porque es una persona de confianza del presidente y tuvo el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio. Ese apoyo se mantuvo cuando destituyó a Filgueira y a Mir, y dura hasta hoy.

 

Pablo Da Silveira

No da más

Durante la campaña electoral de 1999, la entonces secretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, atacó al candidato colorado Jorge Batlle insinuando que, si llegaba a ser electo, probablemente moriría en el ejercicio del cargo: “Es un señor muy mayor el doctor Bat-lle. Cinco años es mucho tiempo cuando la gente es tan grande. A mí me pone muy nerviosa que vaya a terminar de presidente un vicepresidente…”.

Después se supo que a Muñoz no le preocupaba mucho la edad de los candidatos. Batlle asumió la presidencia con 72 años de edad. En 2009 Muñoz apoyó a Mujica, que asumió con 74, y en 2014 hizo campaña por Vázquez, que asumió con 75. Pero ese no es el punto. El punto es la extrema brutalidad de sus declaraciones, en un Uruguay que se caracterizaba por un debate público civilizado. Muñoz estuvo en la vanguardia de quienes atentaron contra aquella cultura de discusión. No fue solo Mujica.

Las declaraciones de Muñoz sobre el maestro Juan Pedro Mir no tienen nada de nuevo. En todo caso, lo nuevo es que haya frentistas que se escandalicen. Mientras los denigrados fueron de otras tiendas, todos callaron o aplaudieron. Cuando el ataque se dirige a alguien de la casa, aparece la indignación. Los frentistas que, con razón, hoy critican a Muñoz por lo que dijo sobre Mir, olvidan que una brutalidad es siempre una brutalidad.

A estas horas parecería que el sindicato de magisterio va a terminar por aceptar las disculpas de la ministra, en un gesto de amplitud que, esperemos, se repita si un día hay un ofensor con otro color político. Para algunos, eso cerraría este triste episodio. Pero la realidad no es tan sencilla.

Muñoz no solo denigró al magisterio en su conjunto, sino que se ensañó en forma personal con dos antiguos subordinados. De Mir dijo que es un “pobre muchacho” y un “resentido social” (una expresión que suelen usar personas muy alejadas de la imagen que los frentistas tienen de sí mismos). Sobre Filgueira dijo que lo nombró por sugerencia de su hijo. Con esas palabras no solo ninguneó a un técnico de larga trayectoria, sino que hizo un reconocimiento implícito de lo que muchos sospechábamos: el Frente Amplio no tenía ningún plan para la enseñanza, ni había realizado los nombramientos con ninguna clase de cuidado. Todo se hizo a los ponchazos y con enorme frivolidad.

Pero todavía hay algo más. Al ser consultada sobre el pedido de renuncia formulado por los maestros, Muñoz declaró que está dispuesta a considerarlo por una sola razón: “es habitual que los partidos de oposición pidan la renuncia de ministros, pero que (lo haga) un gremio al cual aprecio y defiendo tanto como el magisterio me hace pensar”.

O sea: que los representantes de la ciudadanía le digan que tiene que irse, es algo que no le merece a la ministra la más mínima reflexión. En cambio, que se lo pida una corporación que, como todas las corporaciones, defiende intereses particulares, le parece mucho más relevante porque a ellos los quiere. Difícil encontrar un mayor desprecio hacia las reglas de juego democrático y una ausencia más total de ecuanimidad. Por lo visto, a Muñoz no le han advertido que es ministra de todos los uruguayos.

Lo de Muñoz es a esta altura impresentable. Pero a no confundirse: si está en el cargo, es porque la apoyan el presidente Tabaré Vázquez y toda la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

 

Pablo Da Silveira

Palabras y horrores.

Comparar es un arte difícil, sobre todo si intentamos hacerlo entre tiempos y contextos muy diferentes. Pero algo de lo que está ocurriendo en la región parece inscribirse en una larga historia de infamia.

En el inicio de esa historia está el nazismo. Una de las razones por las que este régimen llegó a convertirse en algo así como el paradigma del mal es que no solo hizo cosas horribles, sino que las dijo. Basta leer algunas páginas de Mein Kampf o casi cualquier discurso de Hitler para saber que se está ante un fanático xenófobo y racista.

Más o menos al mismo tiempo, los llamados “socialismos reales” dieron un giro. Mao, el histórico líder comunista chino, mató a mucha más gente que la que mató Hitler. Sus políticas demenciales y sus prácticas represivas llevaron a la muerte a una cifra que oscila entre 50 y 70 millones de personas. Para tener un punto de referencia, la Segunda Guerra Mundial llevó a la muerte a unos 50 millones, considerando la población civil y las bajas de todos los bandos. Las muertes causadas por Stalin son todavía objeto de debate, debido a la dificultad para acceder a la información. Pero las estimaciones más moderadas rondan los 20 millones.

A diferencia del nazismo, los crímenes cometidos por los “socialismos reales” no iban envueltos en un lenguaje repugnante, sino en un lenguaje admirable que hablaba de libertad, justicia y paz mundial. Esa innovación trajo enormes réditos a aquellos tiranos. Mucha gente fue engañada en su buena fe. Otros tuvieron más fácil la tarea de justificar durante décadas lo que era absolutamente injustificable.

Este quiebre entre lo que se hace y lo que se dice parece repetirse ahora en nuestra región. Con la diferencia de que las palabras bonitas ya no se usan para tapar masivos crímenes de sangre, sino para esconder la peor corrupción. El chavismo en Venezuela, el PT en Brasil y el kirchnerismo argentino construyeron su llegada al poder, y se mantuvieron largos años en él, apoyados en una retórica que hablaba de justicia, de inclusión social y de derechos humanos. Pero hoy hasta el más distraído sabe que detrás de esas palabras se había montado el sistema de latrocinio más gigantesco y sistemático que conoció América Latina. La corrupción existió siempre en nuestro continente, pero estos gobiernos progresistas la sacaron de su fase artesanal y la industrializaron. El costo, desde luego, lo están pagando los más pobres.

Queda por saber si estos regímenes progresistas son los únicos que montaron este gigantesco operativo de corrupción, o si lo mismo pasó en otros países de la región. Pero hay un efecto que está claro: las palabras nobles que estos regímenes usaron hasta el cansancio sufrieron una inevitable devaluación. La expresión “derechos humanos” ya no suena en muchos oídos como sonaba antes de que quedara envuelta en el discurso envenenado de Hebe de Bonafini. La expresión “justicia social” ya no suena como cuando Lula la usaba hace veinte años. La palabra “dignidad” se vuelve ridícula cuando es pronunciada por Nicolás Maduro.

Esta consecuencia parece poca cosa al lado de los miles de millones de dólares que fueron robados en la región durante la “era progresista”. Pero el problema es más grave de lo que parece. Nuestro próximo riesgo es que grandes masas de latinoamericanos se hundan en una ola de feroz escepticismo hacia la política.

Pablo Da Silveira

180 años.

Este es un año muy especial para la democracia uruguaya. Los dos partidos fundacionales (o tradicionales, o históricos) cumplen 180 años de vida.

Como siempre ocurre, la exactitud de la fecha puede dar lugar a discusiones. El Partido Nacional ha contado tradicionalmente a partir del 10 de agosto de 1836, cuando el presidente Oribe estableció la divisa “Defensores de las leyes”. Pero sus orígenes pueden rastrearse hasta la cruzada de 1825, o aun antes si se tiene en cuenta que los blancos son herederos del federalismo artiguista. Los colorados pueden, asimismo, rastrear los orígenes de su propia tradición hasta etapas bastante tempra- nas de la trayectoria de Fructuoso Rivera. Pero lo cierto es que, cuando ocurre la batalla de Carpintería, el 19 de setiembre de 1836, ya estamos ante dos bandos organizados que tienen identidad propia y expresan diferentes sensibilidades políticas.

Lo asombroso no es que esos partidos hayan nacido tan temprano, sino que se hayan mantenido vivos y gravitantes hasta hoy. Muy pocas democracias en el mundo cuentan con partidos tan antiguos que sigan vigentes. A eso se suma el inmenso impacto acumulado que han tenido sobre la vida del país. Como suelen decir los politólogos, la política uruguaya es “partidocéntrica”. La solidez institucional que nos distingue y de la que nos sentimos orgullosos es el resultado de un complejo juego de enfrentamiento y cooperación entre los dos viejos partidos. También tiene ese origen la civilizada tradición de coparticipación que tanto nos diferencia de los países vecinos.

Uruguay es un país de partidos viejos y gravitantes. A los dos partidos fundacionales se sumó hace 45 años el Frente Amplio, que entre nosotros parece relativamente nuevo pero sería considerado antiguo en muchas partes del mundo. El Frente Amplio prolonga las tradiciones cívicas típicamente uruguayas mucho más de lo que aparentan creer algunos de sus dirigentes y muchos de sus militantes.

Por estas y otras razones, este aniversario no debería ser resaltado únicamente por blancos y colorados, sino por todos quienes se interesan en nuestra vida política e institucional. Por eso es llamativo (y una señal de muchas cosas) que el mundo académico no haya tomado nota. No hay anunciadas publicaciones ni eventos que convoquen a una reflexión sobre el tema, mientras se presta atención a asuntos menores. Tampoco ha habido ninguna reacción ante el otro gran aniversario que se celebra en julio próximo: los cien años de la elección de constituyentes de 1916, primera votación nacional con voto secreto. A esa rareza académica se suma una política. Es llamativo que en un país con tradiciones partidarias tan sólidas, haya quienes llamen a diluir a los partidos como camino para construir un Uruguay mejor. No es que los partidos estén libres de fallas ni de errores, pero son de las cosas que a los uruguayos nos han salido mejor. Ni la actividad económica ni la cultura nos han dado un lugar tan destacado en el mundo como el que nos ha dado nuestro sistema político “partidocéntrico”. Proponer echar por la borda esa formidable acumulación sugiere mucha ignorancia acerca de quiénes somos y puede convertirse en un acto de irresponsabilidad histórica.

Desde luego que hay que buscar nuevos horizontes. Pero las personas y las sociedades mejoramos apoyándonos en lo que sabemos hacer bien, nunca destruyéndolo.

Pablo Da Silveira