“Relato” y números

Aunque sin llegar a los extremos alcanzados al otro lado del río, también en este país se ha construido un relato. Ese relato dice que el Uruguay gobernado por los partidos fundacionales era un horror de desigualdad y de exclusión, hasta que llegó el Frente Amplio y trajo la justicia social y las políticas inclusivas. Claro que algunas cosas no salieron del todo bien en estos años y todavía hay mucho por hacer, pero eso se debe a los terribles déficits heredados.

Es frecuente que, a la hora de justificar esta historia, se intente apelar a los números. Pero como los números no colaboran, se suele recurrir a algunas estrategias de maquillaje. Una de ellas consiste en comparar períodos cuidadosamente seleccionados. Por ejemplo, a la hora de hablar de la caída de la pobreza se compara con el Uruguay inmediatamente posterior a la crisis de 2002, pero se dejan de lado los datos sobre la primera mitad de los noventa (y desde luego no se dice nada sobre los costos de las respectivas políticas).

Otra estrategia consiste en actuar como si no hubiera datos sobre el pasado. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la educación. Para justificar los horribles resultados actuales en términos de abandono y calidad de aprendizajes, se dice que en estos años la educación hizo un inmenso esfuerzo por incluir. Dado que ingresó al sistema muchísima gente que no ingresaba, es inevitable que tengamos dificultades.

El problema de esta explicación es que es ridículamente falsa. Por eso no se hace la menor alusión a lo que ocurrió en décadas anteriores. La simple razón es que, si lo hacemos, el relato se hace trizas. Veamos algunas cifras oficiales.

¿Estamos en un período de excepcional crecimiento de nuestra enseñanza primaria? La verdad es lo contrario. En el año 1950 había en el país 249.393 escolares. En 1960 había 319.904. Eso representa un aumento de más de 70 mil alumnos en 10 años o, dicho de otro modo, una expansión del 28%. En 1970 la matrícula total había trepado a 396.630, lo que significa se habían incorporado 80 mil escolares más. Esto significa un crecimiento del 24% respecto de 10 años atrás.

¿Qué ha pasado recientemente? La matrícula de primaria, lejos de crecer, se redujo. En 2004 había 367.428 escolares. En 2014 había 323.695, es decir, unos 44 mil alumnos menos o una caída del 12%. Por razones básicamente demográficas, el número total de escolares se ha contraído. ¿Cómo se puede explicar que, en condiciones tan poco desafiantes, casi uno de cada tres egresados de primaria deba repetir en cuanto sale de la escuela?

¿Y qué ha pasado con la educación media, es decir, con la suma de Secundaria y UTU? En 1950 había 44.107 alumnos y en 1960 había 88.413. Quiere decir que la matrícula se duplicó en diez años. En 1970 había 166.939 inscriptos, lo que significa que la matrícula volvió a duplicarse. En cambio, entre 2004 y 2014 el número total de alumnos de la educación media pasó de 306.417 a 339.271 alumnos, lo que representa un modesto crecimiento del 11%, diez veces menor al que se registraba hace unas décadas.

En el Uruguay de los partidos fundacionales, nuestra educación fue capaz de crecer explosivamente al mismo tiempo que aseguraba calidad. Hoy, nuestra educación decrece o apenas crece, al mismo tiempo que se desfonda en términos de calidad.

Eso dicen los números. Lo demás es “relato”.

Pablo Da Silveira

Cacerolas y oídos

Por primera vez en mucho tiempo, en este país hubo un caceroleo. No fue enorme, no fue generalizado, pero existió.

Frente al hecho inocultable, las redes sociales y algunos medios de comunicación se inundaron de respuestas descalificadoras: “fueron cuatro cajetillas de Pocitos y Punta Carretas”, “reaccionaron porque les tocaron el bolsillo”.

Solo que estas respuestas no funcionan. En primer lugar, aunque la protesta no fue general, tampoco se limitó a un par de barrios. Cuando un vecino del Parque Posadas escucha decir que solo se caceroleó en la costa, sabe que le están mintiendo. En segundo lugar, hay que tener presente que en 2004 el Frente Amplio votó muy bien en Pocitos y Punta Carretas. Algo pasó desde entonces. En tercer lugar, hubo otros barrios favorecidos en los que apenas se caceroleó, de modo que la cosa no puede explicarse con una simple referencia al bolsillo.

Ninguno de estos datos le dice nada a buena parte de la izquierda. Para ellos, las únicas respuestas válidas consisten en descalificar y ridiculizar. Y con eso no hacen más que enceguecerse.

Hace ya muchas décadas que nuestra izquierda desarrolló una cultura centrada en la descalificación del otro. Frente a cualquier idea, crítica o interpelación, la respuesta consiste en recurrir al viejo y primitivo “mirá quién habla”. Lo que dicen “esos” no merece ningún respeto porque son pitucos, neoliberales, burgueses, de derecha, defensores del mercado o cualquier etiqueta semejante. Como lo dicen ellos, ni siquiera hay que considerar lo que dicen. Está mal por definición.

Asombra ver hasta qué punto se ha instalado esta compulsión. Una proporción enorme de los mensajes que se leen en las redes sociales, de los comentarios que se escriben en las ediciones digitales de la prensa o de las declaraciones públicas que hacen dirigentes políticos y sociales son variantes de esta reacción elemental.

El problema de esta maniobra es que se funda en un error lógico: la verdad o falsedad de una afirmación no depende de quién la dice, ni de sus intereses, ni de sus intenciones. Esto es algo que tiene claro, por ejemplo, nuestro ordenamiento institucional. Muchas denuncias penales se hacen por los peores motivos, como la envidia o el ánimo de venganza. Pero si el delito denunciado existió, el juez procesa y condena. Lo dicho debe ser evaluado en función de su contenido. Shakespeare decía que la verdad suele hablar por boca de los locos.

Por recurrir a esta falacia hasta el abuso, buena parte de nuestra izquierda ha perdido nivel intelectual. Muchos ya no son capaces de descubrir lo que puede haber de verdad en un argumento ajeno ni de entender los mensajes que están escritos en todas las paredes.

En este país no hubo ningún caceroleo cuando el Frente Amplio creó el IRPF (con el consiguiente aumento de la presión fiscal) ni cuando postergó sus promesas de bajar el IVA. Lo hubo ahora, después de que se patinaran bastante más de 1.000 millones de dólares en Ancap, el Fondes y otras lo- curas, y después de que el presidente y el vicepresidente de la República se dedicaran a hacer juegos de palabras con lo que significa la frase “más impuestos”.

Si la izquierda gobernante no percibe el punto, lo va a pagar muy caro. Pero no habrá sido víctima de ninguna conspiración de la derecha ni de los medios, sino de su propia intolerancia y soberbia.

Pablo Da Silveira

El fin de un mito

La izquierda uruguaya cultivó durante décadas un sentimiento de superioridad respecto de los demás actores políticos. Se suponía que ellos eran inteligentes, honestos y bien intencionados. Los partidos tradicionales eran torpes, corruptos y malévolos. El crecimiento electoral de la izquierda era interpretado como un proceso histórico irreversible que sacaba al país de la oscuridad para llevarlo hacia la luz.

No hay dudas de que ese mito prendió en mucha gente. Eso se debió en parte a que los partidos tradicionales estaban desgastados por sus propios errores y por los costos de luchar contra condiciones económicas cada vez más adversas, pero sobre todo se debió a un hecho simple y decisivo: la izquierda nunca había gobernado. No tenía errores que reconocer ni un pasado del que hacerse cargo. Era puro proyecto.

La izquierda llegó al gobierno en 2005 y durante algún tiempo pareció que podía cumplir sus promesas. Pero cada día resulta más claro que aquello fue un espejismo.

El Frente Amplio tuvo la doble fortuna de asumir el gobierno a la salida de una crisis terrible (lo que volvía favorables todas las comparaciones) y en un contexto internacional que se había vuelto excepcionalmente benévolo. La economía crecía mucho y el presupuesto del gobierno crecía más que la economía. Los gobiernos frentistas gastaron sin medir costos ni evaluar retornos, como si las condiciones favorables fueran a durar para siempre. Era un error que ya se había cometido en el pasado, pero eso no les impidió repetirlo.

Hoy el oficialismo ve con asombro que le están pasando las mismas cosas que antes criticaban. Los errores y fracasos se acumulan y generan un lastre cada vez más pesado. Ni el brutal deterioro de Montevideo (que empieza por la mugre pero va mucho más allá) ni los desastres de Pluna o Ancap pueden ser atribuidos a ninguna herencia maldita. Tampoco pueden achacar a otros el ajuste fiscal que está en marcha, ni las carreteras rotas ni la crisis educativa. Hay procesados por corrupción e indicios de irregularidades muy graves que investiga la justicia. Hay un vicepresidente que ha hecho por sí solo más papelones que los que pueden haber cometido en conjunto muchos políticos papeloneros. En el campo internacional, el FA ha quedado enredado en el apoyo a gobiernos corruptos o a tiranías apenas disimuladas. Hay desgaste, hay pérdida de popularidad, hay conflictos internos.

Puede que todo esto sea malo a corto plazo para el Frente Amplio, pero es bueno para el país. El mito de una izquierda perfecta se está desmoronando. Ni eran tan lúcidos ni eran tan inmaculados. Llegar a esa conclusión es bueno porque nos ayuda a salir del pensamiento mágico.

En ninguna parte del mundo existen partidos políticos perfectos. Todos cometen errores. Todos se ven golpeados por la corrupción. Todos tienen trayectorias cargadas de claroscuros.

Justamente por eso es sana la rotación en el ejercicio del gobierno. Como le gustaba decir a Karl Popper, el primer objetivo de la democracia no es instalar el gobierno perfecto, que no existe, sino lograr que los que están haciendo las cosas mal hagan el menor daño posible. Todo lo demás viene después.

Los múltiples errores y fracasos del FA hacen que la democracia uruguaya se vuelva más madura. No se trata de dejar de soñar. Se trata de actuar con más responsabilidad y menos narcisismo.

Pablo Da Silveira

Siempre frágil

Los sucesos de estas horas en Brasil nos recuerdan una vez más la eterna fragilidad del orden democrático. Lo que está ocurriendo no es bueno. Y, como casi siempre ocurre cuando las cosas se complican, las responsabilidades están repartidas.

Hay, desde luego, una enorme responsabilidad de la oposición, que está utilizando un recurso institucional extremo para librar una batalla política. El juicio parlamentario al presidente está previsto en la Constitución del Brasil y puede ser aplicado cuando el titular del Ejecutivo incurre en un “crimen de responsabilidad”. Así ocurrió en 1992 con el presidente Collor de Mello, al que se le probaron graves actos de corrupción. Pero es materia de debate que pueda decirse lo mismo de Dilma Rousseff. Una cosa es criticar la gestión de un presidente y restarle apoyo político, pero otra muy distinta es probar un delito específico. Peor todavía es votar a favor de un “impeachment” invocando a Dios, los parientes o una supuesta voluntad del pueblo.

También la presidenta Rousseff tiene responsabilidad. Puede que el debidamente probado maquillaje de resultados fiscales no sea un “crimen de responsabilidad”, pero es un acto inaceptable en términos políticos, jurídicos y morales. A eso se suma su actitud de franco encubrimiento ante las múltiples denuncias de corrupción que involucran a su partido, cuya máxima expresión fue el nombramiento como ministro del expresidente Lula. Actuando de este modo, Dilma aniquiló la confianza de millones de brasileños, no solo en ella misma y en su gobierno sino en las propias instituciones políticas. Si a eso sumamos la actitud displicente que los gobiernos del PT han tenido hacia el Congreso, es inevitable concluir que Rousseff se encargó de poner un arma cargada en manos de sus enemigos. Eso no justifica que la hayan utilizado, pero el punto es que no hubieran podido hacerlo si no la tenían. No es usual que el 72% de una cámara de diputados vote en contra del presidente en ejercicio.

También hay responsabilidad de parte de los muchos simpatizantes que todavía tiene Dilma, tanto dentro como fuera de Brasil. Hablar de golpe de Estado es insostenible y solo ayuda a agravar las cosas. El juicio político es un instituto previsto en la Constitución, y al menos hasta ahora se vienen respetando todos los procedimientos. Es falso entonces hablar de golpe de Estado. Pero, además, ese uso imprudente del término solo ayuda a erosionar la cultura cívica.

Quienes hablan de golpe olvidan que el propio PT participó del proceso de destitución de Collor de Melo y que intentó iniciar varios juicios políticos contra los presidentes Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. En aquellas ocasiones, el propio Lula y otros dirigentes del PT decían que el impeachment era un instrumento legítimo de la voluntad popular. Ahora es golpismo. Del mismo modo, muchos de los que hoy se indignan ante lo ocurrido en Brasil justifican las barbaridades de Nicolás Maduro en Venezuela. Parecería que las instituciones se usan bien o mal según quién tome las decisiones, no según lo que se haga.

La institucionalidad democrática sólo consigue sostenerse en el tiempo cuando todos los que participan en el combate político saben que, además de adversarios, son socios en el esfuerzo de proteger un patrimonio común. Eso es lo que está en juego en Brasil y en toda América Latina.

Pablo Da Silveira

Sendic y el bloqueo.

El vicepresidente Raúl Sendic ordenó en estos días que se le siga dando trato de “Licenciado”. Y muchos se preguntan cómo pudo haber tomado tal decisión.

La situación de Sendic respecto de su supuesto título es desesperada. Durante años dijo haber hecho una licenciatura. Luego dijo que no. Después lo reafirmó y anunció que presentaría pruebas. Pero las pruebas no aparecieron. Y aun si mañana llegara desde Cuba un papel que acreditara una licenciatura de un año de duración más dos de práctica, nadie que tenga alguna experiencia universitaria lo tomaría en serio.

¿Por qué insistir entonces? Para algunos puede tratarse de torpeza. Otros hablarán de autodestrucción. Pero tal vez estemos ante la aplicación, ciertamente anacrónica y torpe, de una estrategia que Sendic vio usar en esa Cuba donde se formó políticamente. Para considerar esta posibilidad basta con recordar el caso del bloqueo.

Hace más de medio siglo que el régimen cubano viene explicando sus problemas económicos en función del bloqueo impuesto por Estados Unidos: si Cuba no puede mejorar la calidad de vida de sus habitantes es porque se lo impiden desde Washington. Pero la verdad es que el famoso bloqueo solo duró seis días: del 22 al 28 de octubre de 1962. Desde entonces Cuba no sufre ningún bloqueo. Lo que hay es un embargo.

Un bloqueo es una acción militar que consiste en aislar una ciudad, puerto o región para impedir todo intercambio con el exterior. El Derecho Internacional lo considera un acto de guerra.

Un embargo no es una acción militar contra otros, sino una restricción comercial que un país impone a sus propias empresas. La restricción puede ir desde la prohibición de exportar ciertas mercaderías a un destino específico (por ejemplo, armas a una dictadura) hasta la prohibición general de comerciar con un país. El artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas incluye al embargo entre las medidas que el Consejo de Seguridad puede recomendar cuando se trate de aplicar sanciones “que no impliquen el uso de la fuerza armada”.

Estados Unidos bloqueó a Cuba durante la crisis de octubre de 1962. El objetivo era impedir la llegada de barcos soviéticos cargados de misiles. Lo que siguió existiendo después es un embargo general que (con muchas excepciones) prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Cuba. La medida es tan acotada que, en 1996, la Ley Helms-Burton intentó agregar algunas restricciones a las empresas extranjeras que comercien a la vez con Cuba y Estados Unidos, pero con poco efecto.

El embargo es una de las medidas más torpes que Estados Unidos tomó en toda su historia: primero empujó a Cuba hacia el mundo socialista y luego proporcionó a los Castro una excusa para sus fracasos. Pero no es una medida que impida comerciar con el mundo. Si Cuba no exporta miles de millones de dólares a Alemania, Singapur o Sudáfrica, es solo porque no tiene qué venderles.

Pese a que las cosas están muy claras desde el punto de vista conceptual, hace más de medio siglo que el régimen cubano habla del bloqueo. Y la reiteración de la falsedad ha dado sus frutos. Los dirigentes de la izquierda uruguaya que denuncian el bloqueo saben que no existe, pero muchos militantes lo creen porque lo vienen escuchando desde que nacieron.

Tal vez Sendic tenga la esperanza de que ocurra algo similar con su título. Si es así, se está equivocando feo.

 

Pablo Da Silveira

Becas que no son.

La ministra María Julia Muñoz salió al cruce de algunas propuestas de política educativa formuladas por el senador Luis Lacalle Pou, diciendo que todo lo sugerido estaba en ejecución desde inicios de 2016.

Un análisis punto por punto revela, sin embargo, que esa afirmación es insostenible. No es verdad que la incertidumbre generada en torno a la última elección de horas en Secundaria haya sido superada. Tampoco es cierto que la relativamente buena inscripción que tuvieron este año los centros de formación docente represente alguna clase de mejora, porque el problema grave no está en el ingreso sino en el egreso. De manera muy clara en ambos casos, el senador Lacalle Pou estaba señalando problemas que siguen pendientes de solución.

¿Al menos tuvo razón la ministra cuando dijo que la propuesta de becas realizada ya existe? La respuesta es nuevamente negativa. El planteo de Lacalle Pou tiene una magnitud y una lógica muy diferentes de las que caracterizan a los actuales programas de becas. Por lo pronto, ninguno de ellos incluye el compromiso posterior de trabajar cierta cantidad de años en la actividad docente.

El debate es instructivo en varios sentidos, pero además encierra una sorpresa. A la hora de enunciar los programas de becas que se están ejecutando actualmente, la ministra habló de “becas de trabajo para estudiantes de Magisterio”. ¿A qué se refería exactamente?

Con esta frase algo críptica, la ministra aludía a una novedad que ha pasado inadvertida. El 2 de febrero pasado, el Codicen autorizó la creación de 30 “becas técnicas” a ser distribuidas entre estudiantes avanzados de magisterio y de educación inicial. Quienes obtengan una de esas becas pasarán a trabajar 30 horas semanales, durante un período de un año, en una escuela dependiente del Consejo de Educación Primaria. Allí podrán hacer trabajo de aula (aunque sin tener un grupo a su cargo) y realizar diversas tareas administrativas. También podrán mantener entrevistas con padres, impulsar proyectos recreativos, acompañar procesos de aprendizaje, contribuir al estímulo de la lectura y “colaborar en todas aquellas tareas pedagógicas que la dirección estime pertinente” (sic).

En una palabra, los “becarios técnicos” van a hacer todo lo que hace un maestro, solo que sin serlo. Esto nos pone como mínimo al borde de la legalidad, ya que la Ley de Educación vigente exige título habilitante para ser docente en educación inicial, primaria y media básica. Pero todavía hay algo más. La resolución no alude a ninguna estrategia de formación docente en la que se inscriba esta iniciativa. No se fijan objetivos, no se especifican formas de evaluación ni se explica cómo se articulará esta experiencia con el plan general de formación de cada becario. Tampoco se dice por qué esta oportunidad se ofrece a una proporción tan baja del total de quienes asisten a los institutos normales.

Todo indica que la “beca técnica” creada a principios de este año no es realmente una beca, sino una reacción desesperada de las autoridades educativas para compensar el déficit de maestros que se viene acumulando desde hace casi una década. Las cosas se han hecho tan mal que el número de maestros titulados por año cayó de unos 1.400 a unos 700. Entonces hay que recurrir a soluciones de emergencia. Pero, como no se quiere reconocer el fracaso, se las disfraza de otra cosa.

Pablo Da Silveira

No estaba superado

El 2 de marzo pasado, el senador Luis Lacalle Pou propuso al gobierno un paquete de medidas urgentes. En ese marco pidió al presidente Vázquez que ejerza liderazgo y brinde su apoyo político a las autoridades educativas, con el fin de eliminar toda incertidumbre sobre la elección de horas realizada el año pasado.

Al ser consultada sobre las propuestas educativas realizadas por Lacalle Pou, la ministra Muñoz declaró que “el gobierno las ha superado apenas comenzado el 2016. El senador seguramente está desinformado. Capaz que el parpadeo de la asesora fue muy largo”. Respecto de la elección de horas, Muñoz dijo: “ya empezaron en marzo, ya están trabajando en las bipartitas (…) es un proceso que está en marcha”.

¿Se equivocó Lacalle Pou? Para saberlo hay que contestar dos preguntas. ¿Existe incertidumbre sobre el alcance temporal de la última elección de horas? Y, en caso de que exista, ¿se ha hecho algo por eliminarla?

Para lo primero alcanza con hacer memoria. El 3 de noviembre pasado, el Consejo de Secundaria aprobó una resolución que extendía a dos años los efectos de la elección de horas que estaba a punto de empezar. La medida se aplicaba a los grados altos y era llamativamente coincidente con una propuesta recién presentada por el propio senador Lacalle. Pero esa es otra historia.

Los sindicatos se opusieron a la medida e iniciaron negociaciones que llevaron a la firma de un documento conjunto. El texto, conocido el 9 de noviembre, dejaba claras tres cosas: se creaba una comisión bipartita, esa comisión debía decidir antes de agosto si las horas elegidas en 2015 “se ratificarían” (en condicional) por más de un año, y en caso de no llegar a acuerdo la elección solo tendría efecto por un año.

Todo indicaba que las autoridades habían dado marcha atrás: la duración de los efectos de la elección de horas quedaba en manos de una comisión donde los sindicatos tenían poder de veto. Para que no quedaran dudas, en diciembre se reunió el Congreso de Fenapes y resolvió rechazar la extensión a dos años. Esa sería la posición a llevar ante la comisión anunciada en noviembre.

Pese a la contundencia de estos datos, las autoridades de Secundaria afirmaron que la elección por dos años se mantenía. Y lo repitieron públicamente ya iniciado el año 2016. De modo que, al día de hoy, nadie sabe por cuánto tiempo se eligió el año pasado. Las autoridades dicen una cosa y los sindicatos dicen otra. Hay incertidumbre.

Podría estar ocurriendo, claro, que la comisión estuviera trabajando en reserva y se estuviera logrando un acuerdo. Pero los sindicatos lo negaron siempre y, si hacía falta una prueba, acabamos de tenerla.

El viernes pasado hubo una reunión entre representantes sindicales y autoridades de Secundaria. En el acta que se labró al final, quedó planteada “la necesidad de constituir lo antes posible la Comisión de Trabajo para la elección de horas por más de un año”. O sea: la Comisión anunciada en noviembre nunca se reunió, porque todavía no ha sido constituida. Las declaraciones de la ministra Muñoz no solo fueron irrespetuosas hacia dos legisladores, sino que confundían a quienes la escuchaban. El tema de la elección de horas no está superado, ni está en marcha, ni tiene nada que ver con la duración del parpadeo de nadie. Su versión fue desmentida en un documento firmado por las autoridades de Secundaria y los sindicatos.

Pablo Da Silveira

Peor que un crimen

Cuando el país empezó a tomar conciencia del desastre de Ancap, su expresidente Raúl Sendic acumuló una serie de explicaciones inverosímiles y contradictorias. La culpa era del tipo de cambio, del Ministerio de Economía que no lo dejó ajustar tarifas y hasta (insólitamente) de los estacioneros. El único que no tenía responsabilidad era él. Las explicaciones consideradas más lógicas por el resto de los observadores (por ejemplo, los negocios ruinosos con ALUR) no figuraban en su repertorio.

Cuando el país se enteró de que Sendic no tiene nada parecido a lo que en el mundo se llama una licenciatura, su reacción fue todavía más extravagante. Primero admitió públicamente que no era licenciado; luego dijo que había hecho una licenciatura de dos años; luego se supo que le había contado a Daniel Martínez que no tenía título; finalmente afirmó que hizo una licenciatu- ra de un año más dos de práctica (algo que no existe en ninguna universidad seria del planeta). Una vez más se sucedieron las contradicciones, así como la tendencia a esquivar la responsabilidad y culpar a los demás (en este caso denunció una conspiración de la prensa y “la derecha”, que es la etiqueta que usa el oficialismo para referirse a lo que en el mundo democrático se llama “oposición”).

Si Raúl Sendic fuera un ciudadano privado, la única conclusión relevante es que no es la clase de persona a la que conviene comprarle un auto usado. Pero ocurre que no es un ciudadano más, sino un importante dirigente político y el vicepresidente del país. De modo que también hay aquí una dimensión política y una dimensión institucional.

En el campo político, no hay que olvidar que Sendic integró una fórmula que prometió traer certezas a los uruguayos. ¿Cuál es la coherencia entre ofrecer tales certezas y llevar como candidato a un hombre que se contradice todo el tiempo y es incapaz de asumir sus propios errores? ¿El doctor Tabaré Vázquez, que es universitario y sabe lo que cuesta obtener un título, ignoraba esta situación? ¿No lo sabían aquellos que hoy atacan agresivamente a Sendic, pero hace poco más de un año militaban con la misma agresividad a favor de la fórmula que él integraba?

Estos cuestionamientos políticos son válidos, pero empalidecen ante el problema institucional. Porque quien rehúye responsabilidades, oculta errores y da explicaciones inverosímiles es el vicepresidente de todos los uruguayos y el encargado de presidir las sesiones del Senado de la República. Si quien ocupa ese cargo no es capaz de inspirar confianza, el tejido institucional se debilita.

Hasta este fin de semana, el Frente Amplio tenía la posibilidad de reaccionar con madurez y sentido democrático. Pero el Plenario y el propio presidente Vázquez eligieron el camino opuesto. No solo cerraron filas en torno a Sendic, sino que recurrieron a la peor retórica del chavismo y del kirchnerismo: según ellos, el problema es que hay un complot desestabilizador. Si los uruguayos creíamos estar a salvo de esas locuras tropicales, nos equivocamos feo. Pero más se equivocaron el Frente Amplio y el gobierno, al abrazarse a una causa indefendible y al defenderla de ese modo.

La pregunta es cuánto demorará el oficialismo en calibrar el tamaño del problema en el que se ha metido. Para recordar la irónica frase de Fouché, lo que acaba de hacer “es peor que un crimen, es una estupidez”.

Pablo Da Silveira

Romper todo

Si en este país se quiere encontrar una institución parecida al Ejército, nada mejor que Educación Primaria. Las dos instituciones se dividen en unidades territoriales sometidas a un mando nacional (la diferencia es que en un caso se habla de regiones o divisiones, y en el otro de inspecciones).

Las dos tienen una estructura jerárquica piramidal (solo que en un caso se habla de comandantes y jefes de estado mayor, mientras que en el otro se habla de consejeros e inspectores). Las dos cuentan con un aparato burocrático que permite trasladar órdenes desde la cúpula hacia las unidades periféricas y recabar información en sentido inverso.

Estas coincidencias no son fruto de la casualidad, sino resultado de la historia. Cuando el país quiso darse una red de escuelas estatales que tuviera un funcionamiento constante y asegurara resultados homogéneos en todo el territorio, el único modelo disponible era el Ejército.

Este origen ayuda a entender por qué ambas instituciones han tenido siempre características similares. Ninguna de ellas es un ejemplo de organización altamente flexible ni innovadora. Ninguna de las dos ha buscado la excelencia ni la eficiencia en todas las áreas de su desempeño, porque ambas han priorizado el control interno sobre otras posibles virtudes institucionales. Pero las dos han tenido éxito en asegurar cierto orden, cierta homogeneidad de criterios y un funcionamiento continuo a lo largo y ancho del país. Ambas, además, han estado a salvo de la gran corrupción.

Esta es una de las grandes diferencias entre Primaria y Secundaria. A Primaria se la puede criticar por su alta burocratización, por un apego excesivo a las rutinas o por ser un ámbito poco amigable hacia los innovadores. Pero siempre se le reconoció la capacidad de movilizar diariamente a una gran cantidad de gente sin caer en el caos ni en la arbitrariedad. En Secundaria, en cambio, las cosas han sido más imprevisibles y desordenadas.

Este es el contexto en el que hay que evaluar la filtración de información en el reciente concurso nacional para maestros y directores de Primaria. El episodio es muy grave porque pone en cuestión lo poco bueno que nos iba quedando.

En el correr de los últimos años, la calidad de los aprendizajes en Primaria se desplomó como consecuencia del “pase social” y otras políticas irresponsables. Dos evidencias son los pésimos resultados en las pruebas PISA (nuestros estudiantes demuestran no saber cosas que hubieran debido aprender en sexto de escuela) y el brutal salto de la repetición entre el último año de Primaria y el primero de la enseñanza media.

También estamos asistiendo a una crisis del magisterio como nunca se conoció en la historia nacional. Hace casi una década que el número de maestros que se titulan por año está por debajo de lo necesario y de lo que era habitual. Por primera vez en más de medio siglo, hoy hay dificultades para poner un maestro titulado al frente de cada grupo.

Frente a tanto desastre, al menos podía quedarnos el consuelo de que Primaria seguía siendo una estructura prolija y confiable, que garantizaba que ciertas cosas no iban a pasar. Pero la reciente filtración de un concurso para el que los maestros se preparan durante meses demuestra que no es así.

Como en Ancap, los gobiernos del Frente Amplio están consiguiendo romperlo todo, incluso lo que siempre anduvo bien.

Pablo Da Silveira

De cal y de arena.

El gobierno está cerrando el año con una victoria y una derrota en la enseñanza.

La victoria es que, finalmente, los docentes de Secundaria agremiados en Fenapes aceptaron el convenio salarial propuesto. En lo esencial, ese convenio establece incrementos salariales anuales del 3,5% por encima de la inflación, para un horizonte de dos años.

Esto es un doble logro para el gobierno. Primero, porque permite mantener el gasto educativo dentro de una línea general de austeridad (en abierta contradicción, eso sí, con las promesas electorales). En segundo lugar, porque el convenio incluye una “cláusula de paz”, esto es, el compromiso de no tomar nuevas medidas gremiales por motivos salariales durante su vigencia.

Este último aspecto es crucial, porque el Frente Amplio ya pasó por la experiencia de firmar un convenio salarial con los sindicatos docentes y al poco tiempo enfrentar nuevos paros. La justificación esgrimida en aquel entonces fue que, si bien había un convenio vigente, el texto no incluía una “cláusula de paz” explícita. Ahora, ese hueco se cerró. Si los sindicatos cumplen con la palabra empeñada, el gobierno puede aspirar a dos años con menos conflictividad que los anteriores.

Pero, casi al mismo tiempo que daba este paso, Fenapes anunciaba que no aceptará extender a dos años los efectos de la reciente elección de horas docentes. La opaca razón esgrimida es que “no están dadas las condiciones”, pero en realidad se trata de una nueva batalla en la pulseada por decidir quién manda en la enseñanza.

Esta decisión de Fenapes es una muy mala noticia para las autoridades de Secundaria, porque no sólo echa una inmensa sombra sobre su capacidad de gobierno sino también sobre su credibilidad.

A principios del mes de noviembre, los uruguayos asistimos a un verdadero sainete protagonizado por las autoridades de Secundaria. Ante la propuesta del senador Lacalle Pou de extender a dos años los efectos de la elección de horas, la directora Celsa Puente salió a decir de manera destemplada que eso ya estaba vigente. Pero enseguida quedó claro que no había ninguna decisión tomada, lo que puso en cuestión el valor de su palabra.

Dos días después se anunció una decisión del Consejo de Secundaria, homologada en tiempo récord por el Codicen, en la que sí se tomaba la medida sugerida por Lacalle Pou. Pero pocas horas más tarde se firmó un acuerdo entre el Consejo de Secundaria y los sindicatos en el que se desandaba el camino y se trasladaba la decisión a una comisión bipartita que actuaría en 2016.

En aquel momento, la directora Puente y el consejero Javier Landoni hicieron un raid mediático diciendo que nada había cambiado y que la elección se mantenía por dos años. Para todos los demás, el texto firmado decía otra cosa. Ahora, el anuncio de que Fenapes se opondrá en la comisión bipartita a extender a dos años los efectos de la elección de horas deja las cosas bien claras. Una vez más, la palabra de las autoridades de Secundaria ha quedado en entredicho.

Pero esta decisión no sólo es mala para las autoridades, sino para el país entero. La victoria que acaba de tener el gobierno sólo concierne lo salarial. El convenio aceptado por los sindicatos no habla de educación sino de dinero. La única decisión que aspiraba a modificar algo en el terreno educativo es la que quedó sin efecto. Se termina otro año, y el bloqueo sigue intacto.

Pablo Da Silveira